Trenes Turísticos
La abogada de familias desalojadas de la región indico que, en distintas áreas del gobierno, se las reconoce como legales propietarias de los espacios. Independientemente de las declaraciones realizadas por el ministro de Turismo provincial, la Justicia Federal reafirmó su competencia y ordenó al Estado informar detalladamente el alcance alcance de las obras proyectadas que estarían avanzando sobre más propiedades privadas.
La letrada local, Alejandra Cejas, informó que en distintas áreas del gobierno se reconoce que las familias desalojadas por las obras del tren son legítimas propietarias de las tierras.
Además, dio a entender que el litigio por estos espacios continuará en el fuero federal.
El conflicto por el tren eléctrico de la Quebrada, los hoteleros que protestan por espacio y las familias que denuncian haber sido desalojadas por este emprendimiento, suma un capítulo más al reconocerse, desde distintas áreas del gobierno, que los ocupantes son propietarios legítimos de los espacios en litigio.
Lo informó la abogada representante de la familia Chiliguay, Alejandra Cejas, quien dijo que “no solamente los detuvieron; los desalojaron, los despojaron, les robaron y rompieron bienes. Les utilizaron las tarjetas de crédito. El daño que hace esta gente que dice que es del gobierno es de una mafia que utiliza recursos del Estado. Tenemos la prueba fundamental, una documental donde el denunciante, Emiliano Rodríguez, dice que la familia es propietaria, que la Agencia de Bienes del Estado reconoce la titularidad, que no podía ser desalojada”.
"Les rompieron su casa, les robaron sus propiedades y la Justicia federal emitió dos resoluciones: provincia pidió que vuelva todo a la Justicia jujeña, les dijo que no, y les dieron 48 horas para informar dónde están construyendo, porque las vías del tren son las vías, y un metro al costado, las propiedades. Donde están avanzando son de Ferrocarriles Argentinos, que fueron vendidas y adquiridas por sus legítimos propietarios registrales, con escritura, posesión y todo lo que implica el derecho privado".
Además de las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público Fiscal, Cejas confirmó un nuevo doble revés judicial para las pretensiones ferroviario-inmobiliarias del gobierno jujeño, ya que se había solicitado el retorno de la causa al fuero provincial, hecho que fue rechazado y dio lugar a una intimación para que "en 48 horas informen donde están construyendo, porque las vías alcanzan hasta un metro a sus costados", siendo que las propiedades donde están realizando demarcaciones serían propiedad de Ferrocarriles Argentinos. Este holding estatal vendió, décadas atrás, esos inmuebles a las familias actualmente despojadas.
La resolución de Esteban Eduardo Hansen, titular del Juzgado Federal N°2 va en la misma línea que lo resuelto por la jueza en primera instancia Carina Inés Gregoraschuk, quien no solo había aceptado la competencia, si no que había dado lugar al recurso de amparo solicitado por la abogada mencionada junto a su colega Silvana Llanes. Un recurso de no innovar que a la luz de las pruebas demuestra el incumplimiento adrede del Ente Autárquico del Tren turístico, es decir del Estado provincial.
Como puede verse a continuación en el EXP. FSA-74/2024, las abogadas patrocinantes de la familia Guerrero incluyeron registros fotográficos de la flamante demarcación, que en caso de avanzar las obras implicaría un perjuicio de tránsito, no solo para vecinos particulares del barrio Radio Estación Tilcara, también afectaría a los empresarios de una zona apreciada por sus atributos turísticos regionales.
Indignación con el ministro Federico Posadas
Lorena Chiliguay, integrante de una de las familias damnificadas por los hechos de avasallamiento oficial ocurridos a principios de año, se apersonó durante la mañana en las oficinas del MPA para ampliar la denuncia contra el Estado, indignada tras las declaraciones realizadas recientemente por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, donde acusaba de los acusaba de "usurpadores", al tiempo que minimizaba las actuaciones que se han desarrollado desde febrero en la justicia federal, cuando el fiscal Carlos Colonnese aceptó la competencia en el asunto a dirimir.
Posadas había reducido el delicado conflicto a "uno o dos actores que están oponiéndose... Toda la gente que se había instalado en la Estación, se le ha conseguido una casa... Son 30 años que no funciona el tren, pero si se instalan en un terreno que no es de ellos, tarde o temprano lo van a perder... Es totalmente ilegal". La versión sobre acuerdos y reubicación sería desmentida por la vecina quien insistiría en el daño sufrido.
"Ayer me indignó escucharlo a Posadas, como miente, no nos dieron viviendas, nada. Somos más de 6 familias en Radio Estación, querían que firmemos pero no me fui voluntariamente de mi casa. Es de público conocimiento como nos hicieron daño, nos sacaron y robaron nuestra casa", afirmó Lorena Chiliguay, quien debió improvisar su nuevo hogar en un garage alquilado en la vecina localidad de Maimará debido a la insuficiencia de sus ingresos.
Un presente similar al que atraviesan el resto de las familias. Se que este señor es de Salta, habrá venido como turista de paso, porque realmente no sabe nada de lo que nos pasa...La justicia provincial miente e hizo todo para sacarnos, esperamos que se expida la justicia federal, sabemos que esas tierras eran federales
Con la documentación respaldatoria en mano, confirmó a JujuyalMomento que su padre por ser jefe ferroviario, había accedido a un acuerdo con la empresa estatal que administraba los ferrocarriles para la compra del inmueble. Este hecho incluso fue reconocido en diversas instancias judiciales por el denunciante original, Emiliano Rodríguez, actual gerente de operaciones del Ente Autarquico Tren Solar de la Quebrada, en un hecho que reviste una clara contradicción al admitir que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fue el órgano interviniente en la transacción.
La prueba irrefutable de los vicios en el proceso de desalojo aparece en la documentación que volverá a presentar la familia Chiliguay, donde se advierte un petitorio para excluir a Jesús Chiliguay de la orden judicial para el desalojo por haber “celebrado un convenio de transferencia con el Ferrocarril, conforme surgía de la cédula parcelaria de la A.A.B.E.
En razón de ello entendemos que no corresponde la prosecución de la acción penal en contra de los mismos”. ¿Por qué fue ignorada esta solicitud ante la orden de desalojo inminente dictada por el juez de Control N°3 Salvador Ortiz? Un misterio que propios y ajenos todavía ignoran.JujuyalMomento.com
