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Hay tragedias que no entran cómodas en un discurso político ni se resuelven con una consigna. El suicidio es una de ellas. Es una emergencia de salud pública que deja familias quebradas, comunidades en silencio y trabajadores expuestos a escenas para las que nadie debería estar preparado. En los ferrocarriles metropolitanos —y también en el corredor Once–Moreno de la línea Sarmiento— esa realidad impacta de lleno sobre conductores, guardas, personal de estaciones, equipos de emergencia y pasajeros.
Primero, una aclaración necesaria ante el gráfico que circula en redes con una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes para 2025: no alcanza con una placa viral para afirmar que se trata de una serie oficial cerrada y comparable. Las estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), la fuente sanitaria central para medir causas de muerte, tienen como último dato consolidado 2023: ese año se registraron 3.488 muertes por suicidio, una tasa de 7,5 por cada 100.000 habitantes. En 2020 y 2021 había sido de 6,3; en 2022, de 7. Son cifras graves, pero no habilitan a mezclar sin explicación registros policiales preliminares con certificados de defunción consolidados. La prevención empieza también por no fabricar datos a los golpes.
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La comparación con la pandemia y con el actual gobierno exige la misma seriedad. Durante 2020 y 2021 no se produjo, en los datos consolidados de DEIS, un salto de la tasa nacional: incluso descendió respecto de años anteriores. En 2023 hubo una suba, pero atribuirla linealmente a Javier Milei sería falso: la presidencia de Milei comenzó el 10 de diciembre de 2023 y las estadísticas anuales describen procesos sociales mucho más complejos y de más larga duración. La salud mental no se explica por un solo presidente, una sola medida ni una sola noticia. Pero eso no absuelve a ningún gobierno de su responsabilidad: desempleo, endeudamiento, angustia económica, ruptura de redes familiares, consumos problemáticos, violencia, soledad y dificultades para acceder a atención psicológica y psiquiátrica son factores que deben ser monitoreados y atendidos con políticas públicas concretas.
La Organización Mundial de la Salud es clara: el suicidio tiene causas múltiples —sociales, culturales, económicas, biológicas, psicológicas y ambientales— y no es un destino inevitable. A nivel mundial, más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año; es la tercera causa de muerte entre los 15 y los 29 años. La depresión, los trastornos por consumo de alcohol, una tentativa previa, el dolor crónico, una pérdida, la violencia, la discriminación, el aislamiento y una crisis económica o afectiva pueden elevar el riesgo. Pero ninguna persona es una estadística condenada: la escucha temprana, la atención profesional y el acompañamiento cambian desenlaces.
En Argentina, el perfil estadístico también obliga a mirar de frente. Cerca de ocho de cada diez muertes por suicidio corresponden a varones y aproximadamente una de cada cuatro víctimas tenía menos de 25 años, según el análisis de los registros de DEIS realizado por el Observatorio de Salud de la Universidad ISALUD. No se trata de “gente débil”, ni de una decisión caprichosa, ni de un asunto privado que deba esconderse detrás de una persiana. Es sufrimiento extremo, muchas veces acumulado y no atendido a tiempo.
La cabina de conducción también es una escena de trauma
Cuando una persona ingresa a las vías, el conductor no maneja un auto: conduce una formación de decenas o cientos de toneladas, con una distancia de frenado que no se borra por voluntad. La impotencia aparece antes que cualquier explicación. Y después del hecho llega otra carga: declaraciones, pericias, interrupción del servicio, la imagen que vuelve, el temor de regresar a la cabina y, en algunos casos, síntomas de estrés postraumático.
No es una impresión ni una concesión sindical. La Resolución 558/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce expresamente que los arrollamientos, choques y descarrilamientos pueden provocar estrés postraumático en conductores y demás personal ferroviario. La norma obliga a activar evaluación psicofísica inmediata, intervención de salud mental y seguimiento. Es decir: el Estado ya admitió hace años que quien presencia un hecho de esta magnitud puede quedar lesionado psíquicamente por su trabajo.
El conductor Lucas Iglesias, entrevistado por El Día en 2024 tras años de trabajo en el sistema ferroviario, lo resumió sin grandilocuencia: “Uno no se acostumbra nunca”. Describió impotencia, nerviosismo, malestar físico y el peso de volver a trabajar después de una situación que no pudo evitar. Su testimonio es importante porque corre el foco de la mera demora del servicio: detrás de cada “persona en zona de vías” hay una vida perdida y trabajadores que pueden necesitar atención, licencia y acompañamiento real.
No hay, al menos de manera pública y accesible, una estadística oficial actualizada que permita asegurar cuántos suicidios ocurrieron específicamente en el tramo Once–Moreno o afirmar que los maquinistas de la línea Sarmiento los ven “todos los días”. Publicar esa frase como hecho sería irresponsable. Lo que sí corresponde reclamar es transparencia: Trenes Argentinos, la CNRT, el Ministerio de Salud y las áreas de seguridad deben producir y publicar datos desagregados de arrollamientos, intentos, accidentes, intervenciones, tiempos de respuesta y asistencia posterior a los trabajadores. Lo que no se mide bien se administra a ciegas.
Una política pública, no un parte policial
La respuesta no puede ser únicamente mandar patrulleros después de una tragedia o suspender un servicio hasta que el drama salga de la vista. Hace falta prevención sostenida: equipos de crisis en estaciones y zonas de mayor incidencia, capacitación para trabajadores ferroviarios, protocolos de intervención rápidos, señalización y diseño seguro de accesos, articulación con hospitales y servicios de salud mental, campañas de comunicación responsables y seguimiento de quienes atravesaron una crisis o una tentativa.
También hay una discusión de país. Si la economía castiga, si el trabajo se vuelve incierto, si una persona no consigue un turno de salud mental o si pedir ayuda sigue siendo vivido como vergüenza, el Estado no puede limitarse a contar muertos una vez por año. La austeridad no puede convertirse en indiferencia. Una sociedad seria protege la vida antes de que la angustia llegue al borde de una vía.
Hablar de suicidio con cuidado no significa ocultarlo. Significa no describir métodos, no romantizar ni buscar culpables fáciles; significa informar, escuchar y ofrecer ayuda. Si una persona está en peligro inmediato, debe llamar al 911 o dirigirse a una guardia. En Argentina, la línea 135 brinda asistencia ante crisis emocionales y riesgo suicida. Pedir ayuda no es molestar: es el primer acto de salida. PalermoOnlinePaís.com
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