Privatizaciones
La salida de Grupo México de la licitación de los ferrocarriles de carga que opera Belgrano Cargas y Logística abre una etapa de incertidumbre para el proceso en Argentina.
El esquema del proceso fue el principal argumento de la compañía para retirarse. Se trata de un modelo de desintegración vertical, que separa la infraestructura de vía, los talleres, el material rodante (que se remata) y la explotación. A eso se suma el acceso abierto (open access), que permite a cualquier operador inscripto correr sus trenes pagando un peaje por el uso de la infraestructura.
En un comunicado del 22 de octubre, Grupo México cuestionó el open access: “Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto, incrementa los costos y precios a los clientes y requiere de subsidios públicos para mantenerse”. Según trascendidos, el grupo habría planteado una inversión de hasta US$3.000 millones si resultaba adjudicatario del contrato de Belgrano Cargas y Logística.
De acuerdo con el contador público y experto en biocombustibles y ferrocarriles Claudio Molina, esa cifra no es suficiente para poner en condiciones una red muy deteriorada. Además, dijo a BNamericas, las obligaciones de inversión en los pliegos “son muy bajas” para el estado de la red.
De los casi 44.000 km de red ferroviaria que llegó a tener Argentina, hoy hay unos 18.000 km activos y no más de 12.000 operables, según Molina. El ferrocarril participa en menos del 4% de la carga total.
Construir un kilómetro de vía nueva demanda más de US$2 millones, afirmó el experto. Según Molina, el proceso abarca más de 7.500 km, de los cuales más de la mitad está “en condiciones deplorables”.
El Gobierno intentó atraer interesados con la posibilidad de aplicar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero solo sobre las inversiones en infraestructura. Aun así, dijo Molina, “hundir capital a cuatro décadas, a cinco décadas, es complicado en este país”.
Para Molina, la salida se enmarca en la ausencia de una política de Estado para el sector. “[El Gobierno nacional] no tiene una política de Estado para con los ferrocarriles”, afirmó. Según el experto, para el Estado nacional la licitación es una forma de achicar el déficit de corto plazo, pero no existe una mirada sobre el sistema de transporte ferroviario del país. “No hay una mirada de las externalidades positivas que genera el ferrocarril”, agregó.
Qué esperar
Para Molina, “puede haber algún cambio en los pliegos” ante la falta de apetito. Sobre el calendario electoral, consideró que pesa menos que en otros sectores, porque lo decisivo es quién invierte en infraestructura.
Con la salida de Grupo México, Molina ve posibles interesados en dos grupos: los exportadores de granos, aceites y harinas proteicas, y las mineras, que necesitan transportar su propia carga.
Según La Nación, el principal interesado que queda en carrera es un consorcio de agroexportadoras integrado por ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company.
Molina también mencionó a empresas que administran talleres ferroviarios y a operadores históricos de negocios con el Estado, que podrían entrar y renegociar las condiciones cuando cambien los vientos políticos.
El problema, advirtió, es que los interesados lo están solo en corredores específicos y no en la totalidad de los ramales licitados. Si se presentan, podrían mantener únicamente los ramales que necesitan y el resto quedaría fuera de servicio. Bnamericas.com

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)


