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19 de agosto de 2025

Javier Milei y Toto Caputo se olvidan de la emergencia ferroviaria: sólo invirtieron el 20% de lo previsto

Nota de Opinión

Por Antonio Rossi (Para LetraP.com)

Ejecutaron un quinto de lo presupuestado entre 2024 y 2026. Problemas de gestión y menos fondos de Economía para obras; más plata para congelar tarifas.

A 14 meses de haber declarado la "emergencia pública ferroviaria", el gobierno de Javier Milei destinó sólo el 20% de los fondos que se comprometió a invertir hasta mediados de 2026 en las obras ferroviarias destinadas a garantizar las condiciones de seguridad operativa que requieren los servicios de pasajeros y cargas.

Tras el choque de trenes de pasajeros de la línea San Martín registrado en Palermo en mayo de 2024, que dejó más de 90 personas heridas y evidenció el estado crítico del sector, la administración libertaria respondió con la puesta en marcha del mecanismo legal para declarar a los ferrocarriles en “estado de emergencia” por un plazo inicial de dos años.

El nuevo marco normativo de emergencia para las operadoras estatales y privadas de trenes de pasajeros y de carga quedó aprobado a comienzos de junio del año pasado mediante el DNU 525/24 y el decreto 526/24.

La emergencia ferroviaria de Javier Milei

Tras aplicar en los primeros seis meses de gestión la motosierra para recortar subsidios y reducir personal, Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, resolvieron habilitar una partida presupuestaria específica de casi $1,3 billones para afrontar, durante el período bianual de la emergencia, las obras e inversiones prioritarias destinadas a garantizar la seguridad operativa de los servicios ferroviarios.

Según lo anunciado, del monto total previsto se destinarían hasta $350.000 millones en el segundo semestre de 2024 para reactivar obras paralizadas y licitar los proyectos más urgentes que estaban en carpeta.

El encuadre legal de la emergencia también dispuso la transferencia al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) de los recursos del Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas (Simpac), el fondo fiduciario que beneficiaba a las personas afiliadas al gremio de Camioneros liderado por Hugo Moyano.

De esta manera, el sector ferroviario recuperó el 17,5% de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que percibía hasta 2022, cuando la gestión de Alberto Fernández resolvió detraerle un 6,5% para financiar a los camiones de Moyano.

Según datos oficiales difundidos por la Secretaría de Transporte, a cargo del empresario mendocino del sector asegurador Luis Pierrini, hasta ahora los desembolsos efectuados para las obras incluidas en la emergencia ascienden a $260.000 millones.

Este monto representa apenas una quinta parte de las inversiones comprometidas para el período 2024-2026 y no alcanza a igualar lo previsto para la segunda mitad del año pasado.

Trabajos "urgentes", pero no tanto

El programa bianual de trabajos “indispensables y urgentes” para revertir la degradación y las deficiencias de los servicios ferroviarios contempla 226 obras, de las cuales cerca de 60 están en ejecución, según datos del área de Transporte.

Especialistas del sector consultados por Letra P atribuyeron la ralentización de las obras e inversiones anunciadas a dos factores. Por un lado, a los problemas de gestión y a los escollos administrativos que enfrentan las empresas ferroviarias estatales para concretar contrataciones. Por otro, a los recortes sucesivos en las partidas específicas del sector que aplica el ministro Caputo, con el objetivo de sostener el superávit fiscal.

En el caso de la SOFSA, la operadora estatal de trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de los servicios regionales y de larga distancia, el plan de inversiones prevé el reinicio de obras en señalamiento, comunicaciones, reparación de vías y estaciones, mantenimiento de puentes y viaductos, instalación del sistema de frenos automáticos ATS y construcción de subestaciones transformadoras eléctricas.

El programa también contempla la ejecución de mantenimientos livianos y pesados postergados en las formaciones de todas las líneas metropolitanas (Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur), la adquisición de tres nuevas locomotoras diésel, 50 coches motores triples y un conjunto amplio de maquinarias para ampliar la capacidad de los talleres de reparación de material rodante.

Hasta ahora, se puso en marcha menos del 30% del paquete total de obras incluidas en el programa bianual de emergencia. Los trabajos iniciados se concentran en la renovación de vías en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, la instalación de frenos ATS y el recambio de ruedas de coches de pasajeros.

En cambio, no se registraron avances en la ampliación y modernización de las formaciones, la compra de repuestos para coches eléctricos ni en la incorporación de mejoras tecnológicas en los talleres.

Tarifas congeladas

Para justificar la declaración de emergencia ferroviaria, el Gobierno señaló, entre otros factores, el nivel alto de subsidios que requerían los boletos de pasajeros, que alcanzaban el 90% del costo real de operación.

Lejos de revertir esa situación, la gestión libertaria mantuvo congeladas las tarifas de los trenes del AMBA, con subsidios operativos que cubren entre el 90% y el 95% del costo de cada pasaje.

El último aumento en los boletos se aplicó el 16 de septiembre del año pasado; desde entonces, la tarifa de la primera sección se mantiene en $280.

De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), en los primeros siete meses de 2024 los subsidios operativos para los trenes metropolitanos ascendieron a $329.183 millones.

En el mismo período de este año, las compensaciones tarifarias giradas a SOFSA llegaron a $514.379 millones, lo que representa un aumento nominal del 56% y una suba real del 2%.

12 de agosto de 2025

Confirman que privatizarán los trenes y presentan un portal para "agilizar" trámites

Privatizaciones

El Gobierno salió al cruce de las versiones que en las últimas horas circularon sobre una supuesta paralización de la privatización de los trenes.

Fuentes de la Secretaría de Transporte aseguraron que esas versiones son “falsas” y confirmaron que el proceso de privatización sigue su curso.

“SOF S.A. se encuentra en pleno proceso de ingreso de capitales privados que apunta al modelo de concesión de las diferentes líneas ferroviarias del AMBA, larga distancia y regionales”, indicaron las fuentes.

Y añadieron que “específicamente, se trata de abrir al mercado líneas ferroviarias cuyos recorridos cuentan con atractivos para inversiones privadas, ya sea por sus destinos o potencial de tránsito de pasajeros. Se está avanzando en un modelo de concesión por cada una de las cinco líneas que opera SOF S.A. (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur), más regionales y larga distancia”.

“En este sentido -apuntaron- se busca concesionar la administración y el mantenimiento de la infraestructura, es decir, administrar los derechos de paso”, lo que significa que “una empresa le cobrará un peaje a quien opera el tren. Y, complementariamente, otro capital privado administrará los talleres y el mantenimiento de las formaciones”.

Destacaron, además, que “en el último mes, la operadora ferroviaria pasó de contar con cuatro gerencias generales a dos. Y se eliminó la Jefatura de Gabinete. Una disminución de la estructura que apunta a reducir costos".

En el mismo sentido, la cantidad de empleados actual es de 20.779, habiendo disminuido casi mil personas en los últimos 50 días. En diciembre de 2023 el total de empleados era de 23.834 personas.

“Como parte del proceso de transformación que se lleva adelante tanto Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura alcanzaron la categoría de Sociedad Anónima en el último mes, llamándose cada una SOFSA y ADIFSA respectivamente”, remarcaron.

Explicaron que “las autoridades de Trenes están impulsando un proceso de eficientización de los recursos comerciales de la empresa. Tal es así que en el último mes se están analizando los contratos de concesión en estaciones y el aprovechamiento de los locales comerciales”.

Por otra parte, afirmaron que “se está llevando a cabo la ejecución de obras esenciales, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para recuperar el estado de abandono heredado del sistema en general: como la renovación de 40 y 18 kms de vías en la línea Mitre y Roca que no se realizaban hace 40 y 55 años respectivamente; avance en la compra de material rodante y repuestos tras 9 años de inacción; y obras de señalamiento en diferentes ramales que hoy tienen un sistema con más de 100 años de antigüedad”.

Portal para "agilizar" privatizaciónes

El Gobierno formalizó hoy una nueva herramienta digital para manejar las licitaciones y concursos vinculados a las privatizaciones de empresas públicas que figuran en la Ley Bases.

Se trata de una plataforma incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la cual quedó oficializada hoy en el Boletín Oficial (BO), con el objetivo de agilizar los trámites y asegurar que se realicen con transparencia, competencia y amplia participación, según se indicó.

Permitirá concretar de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar en los nuevos procesos sin volver a registrarse, mientras que el resto de los interesados deberá crear un usuario en la plataforma y validar su identidad.

También tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.

El nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen para otros procesos dentro de CONTRAT.AR. En el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta.

Por la Ley Bases, quedaron habilitadas a privatizarse de manera total Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); Energía Argentina (Enarsa); Intercargo; Corredores Viales; Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos).

Para privatización parcial, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, tiene planificado que durante este semestre queden listos los pasos administrativos para concretar distintas privatizaciones y publicó una serie de avances administrativos para pasar a manos privadas firmas como Intercargo, Corredores Viales, Aysa y las acciones de Enarsa.DiarioPopular.com

1 de julio de 2025

Los planes del gobierno para la privatización ferroviaria: concesiones, venta de activos y recorte de personal

Privatizaciones

Trenes Argentinos Carga y Trenes Argentinos Operaciones son dos de las compañías en las que se avanzará más rápido con el retiro del Estado. Nuevas definiciones sobre inversión privada y el destino de lo recaudado por subasta de material rodante

El Gobierno de Javier Milei avanza de manera decidida en la privatización de las ocho empresas que quedaron sujetas a ese proceso con la sanción de la Ley Bases. Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) y Belgrano Cargas y Logística (BCYL) son dos de los casos que están más próximos a iniciar el proceso de retiro del Estado, según reconocieron a Infobae fuentes oficiales.

En el caso de BCYL, el Poder Ejecutivo tomó una definición central: avanzar con una desintegración vertical de la empresa, que implica separar actividades y bienes de cada unidad de negocio. Se trata de un activo estratégico para el transporte de los principales cultivos del campo argentino y también para el desarrollo de las mineras.

La compañía opera 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional. El proceso es liderado por Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El Gobierno planea licitar la infraestructura de vías y concesionar el uso de talleres del BCYL, mientras que el material rodante se ofrecerá en venta a través de un remate público. Serán licitaciones abiertas a jugadores nacionales e internacionales. Este procedimiento abarcará a la totalidad de los tramos operados actualmente por las líneas General Belgrano, General Urquiza y General San Martín.

El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, por lo que el concesionario que se quede con la administración de las vías deberá permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar sus cargas. En las últimas semanas empresas como la gigante Río Tinto, entre otras, o las principales cerealeras -Cargill, Cofco, Bunge- manifestaron su interés en el proceso.

La determinación técnica exacta de los activos en juego depende de un relevamiento en curso, que evalúa el estado de las vías, talleres y otras infraestructuras, según se desprende del informe de gestión que presentó la semana pasada en el Senado el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Francos planteó que el objetivo es atraer inversión privada, superar la situación de emergencia declarada en el servicio ferroviario y lograr mejores condiciones de calidad y seguridad. Según consta en la respuesta oficial, el remate del material rodante y los ingresos que genere ingresarán a un fondo fiduciario dirigido a financiar prioritariamente obras de infraestructura ferroviaria y medidas de seguridad. El documento aclara que los contratos en vigor continuarán en ejecución, incluso en los casos en que cambie la forma societaria o la composición accionaria de las empresas como resultado de este proceso privatizador.

Mientras avanza la elaboración del pliego y el relevamiento de los tramos operativos, el Gobierno no maneja una política para la reactivación inmediata de aquellos sectores de las líneas que se encuentran actualmente clausurados. La eventual vuelta a funcionamiento de esos tramos clausurados requerirá estudios sociales y urbanísticos que, según indicaron en despachos oficiales, “exceden el plazo y el objetivo del proceso de privatización”.

En cuanto al impacto sobre el empleo, el plan gubernamental implicará una reducción adicional de 1.900 puestos de trabajo en Trenes Argentinos -SOFSA-, según documentos internos oficiales y declaraciones recogidas por Infobae. Desde la llegada de la gestión actual, 2.300 empleados salieron del sistema entre retiros voluntarios, jubilaciones y desvinculaciones por cierre de servicios. La nueva meta apunta a profundizar ese ajuste. Las autoridades indicaron que revisan contratos y dotaciones en cada área, en paralelo con la puesta en marcha de los mecanismos licitatorios.

La empresa opera casi todas las líneas urbanas (Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur), las de larga distancia y regionales. En el último año, ya se implementó una serie de recortes que permitieron reducir gastos por más de$60.000 millones y ahora esperan acelerar ese proceso. El caso de este sector es más difícil, porque los operadores privados querrán cobrar tarifas a los usuarios y eso puede generar impacto en el bolsillo de los pasajeros, algo que por ahora el Gobierno no está dispuesto a convalidar.

Entre las novedades operativas del proceso de privatización en marcha figura la decisión de mantener en análisis la situación social en cada localidad afectada, particularmente donde cierre de talleres o líneas pueda tener impacto socioeconómico. El Gobierno informó al Senado que el proceso licitatorio definirá, en cada caso, cuáles serán los bienes subastados, cuáles las infraestructuras puestas en concesión y en qué condiciones los privados deberán garantizar ciertos estándares de calidad o proceder a obras de puesta a punto.

Sin embargo, el foco de la gestión está actualmente puesto en los planes específicos de privatización total, parcial, o concesión para cada una de las ocho compañías que quedaron sujetas a esos procesos tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

El Gobierno espera que la venta de activos, concesiones de servicios vigentes o nuevos y privatizaciones impliquen un ingreso de dólares en la economía. En los próximos días se conocerán los pliegos de la licitación de las represas del Comahue -esperan un ingresos de USD 500 millones- y se delegará a la Subsecretaría de Energía Eléctrica la confección los pliegos de las primeras obras de un plan para reforzar el sistema de alta tensión -con inversiones proyectadas por más de USD 6.000 millones-.Infobae.com