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Redacción Crónica Ferroviaria
Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución expresando Repudio por la privatización de diversas empresas del sector ferroviario.
Dicho trámite recayó en el Expte. 5350-D-2023 del 22 de Febrero del corriente año, siendo los firmantes de dicho Proyecto de Resolución los siguentes Diputados Nacionales: Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria - Entre Ríos), Nancy Sand (Unión por la Patria - Corrientes), Hugo Yasky (Unión por la Patria - Buenos Aires), Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria - Tierra del Fuego), Eduardo Toniolli (Unión por la Patria - Santa Fe), Julio Pereyra (Unión por la Patria - Buenos Aires), Andrea Freites (Unión por la Patria - Tierra del Fuego), Eugenia Alianiello (Unión por la Patria - Chubut), Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria - Corrientes), Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria - CABA), Adolfo Bermejo (Unión por la Patria - Mendoza), Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria - Chaco), Pablo Yedlin (Unión por la Patria - Tucumán), Mónica Litza (Unión por la Patria - Buenos Aires) y Tomás Ledesma (Unión por la Patria - Entre Ríos).
FundamentosEl Gobierno Nacional, desde sus comienzos ha tenido intenciones de implementar un plan de desregulación de amplísimo alcance. El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2023 presentado con fecha 20/12/2023, que se encuentra actualmente en vigencia en forma irregular, incumpliendo con la Ley 26.122 que establece los plazos para que la Comisión Bicameral Permanente se expida acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento; plazo que se encuentran totalmente excedidos al día de la fecha.
El decreto establece como uno de los objetivos la modificación jurídica de las empresas públicas como Sociedades del Estado hacia Sociedades Anónimas y, de esta manera, lograr que “desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado”. La norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional tiende a una reorganización general de las empresas públicas, para alcanzar una supuesta mejora en la eficiencia del funcionamiento del sector pública nacional; a su vez, se basan en la concepción respecto a las iniciativas privadas en el mercado económico como “el mejor recurso para la contención social, a través del empleo y la generación de bienes y servicios” (DNU 70/2023, Considerandos); asimismo, el mencionado Decreto de Necesidad y Urgencia plantea la declaración de diversas emergencias públicas, entre estas, la administrativa y fiscal, como también promueve la desregulación del Estado nacional y asegurar la libre competencia y declara, como actividades de “importancia trascendental” al transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías (DNU 70/2023, Arts. 1°, 2° y 97).
De las empresas sujetas a privatización, como se apreció en el debate en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el periodo extraordinario en enero y febrero de 2024, se abordaron las empresas del sector ferroviario argentino, entre estas, se cuentan Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Playas Ferroviarias Sociedad Anónima, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
Las empresas públicas del sector ferroviario tienen funciones sustanciales para la gestión, la administración y la preservación del transporte ferroviario nacional, entre ellas se encuentra la de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas y del mantenimiento del material rodante.
Reconocemos que el Estado nacional como la sociedad argentina mantienen una vinculación histórica con los ferrocarriles que se remonta al presente. Cientos de ciudades, pueblos y parajes en la extensión de la República Argentina se fundaron y lograron la conectividad por los ferrocarriles, al igual que la relevancia que ostenta la red ferroviaria nacional para la producción económica nacional y el transporte de bienes hacia los puertos y los centros de consumo.
Tras el fomento de las inversiones ferroviarias por parte de empresas privadas principalmente de capital británico a fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, en 1947 la nacionalización de los ferrocarriles se produjo en el transcurso del primer gobierno del Presidente Juan Domingo Perón. Hacia la década de 1960 surgen los primeros debates sobre el rol del Estado, la eficiencia del transporte ferroviario y la inversión y la promoción del transporte ferroviario.
En la década de los noventa, las privatizaciones llevadas a cabo por el gobierno nacional determinaron el destino de la red ferroviaria, consagrando el cierre de talleres, ramales y el desuso del material rodante, generando consecuencias nefastas para la sociedad y la economía argentina (RASCOVAN: 2024)1. En 2013, el Poder Ejecutivo nacional decide la recuperación del sistema ferroviario nacional, la modernización de sus líneas urbanas de transporte de pasajeros y la revitalización de la infraestructura ferroviaria para el transporte de cargas en vistas de una mejor y más profunda soberanía nacional sobre el territorio argentino.
Desde entonces, a excepción del interregno de los años 2016-2019, la gestión estatal y la inversión en el sistema ferroviario nacional se sostuvo de manera creciente, logrando una recuperación progresiva en materia de ramales, de incorporación de unidades nuevas y la reactivación de talleres mecánicos en distintas regiones del país. Sin embargo, el financiamiento público en el sistema ferroviario es determinante para el funcionamiento del transporte de pasajeros y de cargas, el mantenimiento y la construcción de la infraestructura y la gestión de los y las trabajadores y su capacitación continua en la gestión del transporte por trenes.
Entendemos que es determinante mantener en posesión del Estado nacional y del Pueblo argentino al sistema ferroviario, cuya funcional social es decisiva para la conectividad de los extensos territorios de nuestro país con cientos de parajes.
localidades y ciudades con los grandes centros urbanos. Un ejemplo de ello es la cifra de que en el año 2023 se realizaron 335 millones de viajes ferroviarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tal privatización provoca la destrucción definitiva de los ferrocarriles argentinos, así como también la privatización de la infraestructura ferroviaria, significando la liquidación de los terrenos ferroviarios con criterio inmobiliario y mercantilistas, causando un daño irreparable al potencial del sistema de transporte. Esta subasta del patrimonio común constituye un despojo de los recursos del Estado y una afrenta al pueblo argentino en su totalidad.
En mi provincia, Entre Ríos, el ferrocarril de transporte de cargas recuperó su recorrido por el ramal Urquiza y cumple una función estratégica en el transporte de bienes exportables hacia los puertos públicos provinciales. Asimismo, no podemos dejar de considerar los bienes muebles - terrenos, edificios públicos e infraestructura ferroviaria- que usufructúan decenas de localidades, ciudades y sus vecinos, asentadas a la vera de las estaciones de trenes; en este sentido, nos preocupa sobremanera la intención de privatizar las empresas del sector cuyas responsabilidades son las de administrar estos bienes, como la operación ferroviaria de cargas.
Es inentendible el desprecio y la desvalorización de lo realizado en materia de gestión pública, de la inversión en el sistema ferroviario, la capacitación técnica de los trabajadores ferroviarios que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país, como la representación cultural que significa en nuestra historia y presente como argentinos y argentinas como usuarios de los ferrocarriles. En un momento como el actual, donde nos encontramos con la necesidad de los trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario de realizar una medida de fuerza de debido a la ausencia de negociaciones paritarias, en medio de una inflación agobiante, situación que afecta a trabajadores de diversas áreas, se suma además un incremento del 70,69% en las tarifas del transporte de pasajeros impuesto por el Gobierno Nacional, es que resulta necesario reafirmar la importancia de un Estado presente que defienda los intereses del Pueblo Argentino.
