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31 de enero de 2024

Cuáles son las 6 cuestiones más urgentes que deja pendientes Guillermo Ferraro y que deberá afrontar Luis Caputo

Nota de Opinión

Por: Antonio Rossi (para IProfesional.com)

En la nota de opinión del periodista Antonio Rossi escribió para el medio IProfesional.com con el título "Cuáles son las 6 cuestiones más urgentes que deja pendientes Guillermo Ferraro y que deberá afrontar Luis Caputo", desde Crónica Ferroviaria vamos a publicar lo que corresponde a los ferrocarriles y a la obra pública paralizada.

Trenes

En los que respecta a los trenes de cargas, tiene que definir si regulariza o vuelve a licitar las concesiones de Ferroexpreso Pampeano (la ferroviaria del grupo Techint); de Nuevo Central Argentino (controlada por Aceitera General Deheza de la familia Urquía) y de Ferrosur Roca (manejada por cementera Loma Negra del grupo brasileño Camargo Correa). Las tres concesionarias privadas tienen sus contratos vencidos y prorrogados de manera provisoria hasta fines de 2024. A ellas se suma la estatal Belgrano Cargas y Logística (BCYL), que opera las redes de las ex líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y ha quedado incluida en la lista de las empresas a privatizar que contempla la Ley Ómnibus.

En cuanto a los trenes de pasajeros, Caputo deberá resolver qué hace con las concesiones provisorias de Metrovías (la operadora de la línea Urquiza controlada por el grupo Roggio) y Ferrovías (la concesionaria de la línea Belgrano Norte que maneja el grupo local Emepa). Tras haber amagado en varias ocasiones con la posibilidad de que esas líneas metropolitanas volvieran a ser operadas por el Estado; la administración anterior prorrogó las concesiones hasta el segundo semestre de este año.

Por el lado de la SOFSE –la empresa estatal de 23.839 empleados que opera los trenes de pasajeros del AMBA, regionales y de larga distancia y que arrastra un déficit operativo anual de $342.080 millones cubierto con subsidios estatales—, la demora en la designación de sus nuevas autoridades y la falta de pago a proveedores han comenzado a impactar en la prestación de los servicios. En la línea Sarmiento, se eliminaron 25 trenes eléctricos diarios de lunes a viernes y 17, en los ramales diésel los fines de semana. En el Mitre, se quitaron 32 trenes diarios por "razones estacionales". Y en la línea Roca, se suspendieron 70 servicios diarios.

Obras públicas

Una de las cuestiones más calientes deberá afrontar el nuevo ministro de Economía e Infraestructura es la vinculada con las obras públicas. La hoja de ruta que Ferraro no pudo implementar la había anticipado el propio Caputo cuando anunció su primer paquete de medidas a los pocos días de haber asumido. En ese momento anunció que se iban a suspender las adjudicaciones, cancelar las obras licitadas que no hayan comenzado, renegociar las que están curso y dejar las nuevas a cargo del sector privado debido a que el Estado ya no tenía más plata, ni financiamiento para llevarlas a cabo.

Actualmente, según los números de la Cámara de la Construcción (Camarco), hay alrededor de 3.500 obras paralizadas y una deuda por certificados atrasados de $300.000 millones. Hasta ahora, las áreas de Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial no tienen nombrados los subsecretarios, ni los titulares de las empresas estatales que intervienen en la licitación y ejecución de las obras viales y de infraestructura.

En Vialidad Nacional, Raúl Bertola espera hace más de un mes que salga su designación oficial y tiene todas sus obras nuevas y repavimentaciones en autopistas y rutas paralizadas. Una situación similar se registra en Corredores Viales (la concesionaria estatal del acceso Riccheri y las rutas nacionales con peajes), donde José Luis Acevedo aguarda ser nombrado para poder retomar las obras de mantenimiento. En la ADIF -la empresa encargada de las obras ferroviarias que también se encuentran frenadas-, recién en la última semana fue nombrado como nuevo presidente Alejo Maxit, exfuncionario en la administración porteña y ex director de Telecom.

Además de las empresas indicadas anteriormente, Caputo tendrá dentro de su nuevo organigrama el funcionamiento y el destino de los siguientes organismos y entes estatales: Correo Oficial, ARSAT, Ferrocarriles Argentinos (FASE), DECAHF, Playas Ferroviarias, EANA, Intercargo, AySA, ERAS, Acumar y los entes binacionales de túneles de Baja Altura del Ferrocarril Trasandino Central (Ebifetra), Paso del Agua Negra (Ebitain) y Paso Las Leñas (Ebileñas).

El listado se completa con el Instituto Argentino del Transporte, la Unidad Ejecutora del Soterramiento Línea Sarmiento, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Junta de Seguridad en el Transporte, el Ecovina, la ANAC, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el ORSNA, Vialidad Nacional, el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el Enohsa; el ORSEP y el Instituto Nacional del Agua (INA).

26 de enero de 2024

Línea Mitre: Preocupación por la obra fundamental que se posterga

Actualidad

Una obra muy importante para la Línea Mitre sufrió una nueva postergación y hay incertidumbre en el sector ferroviario.

Trenes Argentinos Infraestructura informó que reprogramó una vez más la fecha de presentación de ofertas de precalificación para la obra de renovación y electrificación de un tramo de la línea Mitre. Cabe recordar que el plazo original era el 10 de noviembre, extendido posteriormente hasta el 7 de diciembre y ahora prorrogado nuevamente.

Trenes Argentinos Infraestructura confirmó la postergación de una obra fundamental para la línea Mitre de trenes. La empresa comunicó la decisión a través de una circular en la que extendió la fecha límite hasta el próximo 23 de febrero; cuyo plazo original tenía como fecha original el pasado 10 de noviembre, prorrogado luego hasta el 7 de diciembre.

Cabe destacar que la obra cuenta con financiamiento externo asegurado, gracias a un crédito del Banco Mundial, y en teoría no se vería afectada por la eliminación de la obra pública que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei. De todos modos, la incertidumbre rodea a esta renovación y electrificación ya que no hay certezas respecto al futuro del sector ferroviario. 

Esto se debe a dos cuestiones primordiales: por un lado la posible privatización de los trenes, estipulado en la ley ómnibus que la semana próxima comenzaría a debatirse en el Congreso; y por otro la demora en la designación de autoridades en las empresas ferroviarias estatales por parte del gobierno de Milei. Esta obra estaba incluida en el proyecto de Presupuesto 2024 que preparó el gobierno saliente y que no llegó a tratarse.

Alrededor de veinte empresas nacionales e internacionales se habían mostrado interesadas en competir por la licitación de la electrificación y renovación del tramo Victoria - El Talar que cuenta con un crédito del Banco Mundial de casi 350 millones de dólares. En ese sentido, esta obra forma parte del megaproyecto de modernización de la línea Mitre, que también incluye la renovación de las parrillas de vías de Retiro y la renovación integral del ramal Tigre, así como también otros aspectos aún no licitados.

Qué incluye el proyecto licitado

* Renovación integral de vías entre Victoria y El Talar: se sumará una nueva vía con riel largo soldado sobre durmientes de hormigón. Renovación de pasos a nivel y aparatos de vía y se remozarán o eliminarán obras de arte. Se mantendrá la actual disposición de vía doble entre Victoria y Schweitzer y de vía simple entre Victoria y El Talar.

* Electrificación entre Victoria y El Talar: se electrificará la traza con tercer riel de aluminio con superficie de contacto de acero inoxidable. A la vez, se montarán cables de media tensión e interconectores y se construirán dos nuevas subestaciones rectificadoras en Schweitzer y El Talar.

* Señalamiento: se renovarán los sistemas de señalamiento con enclavamiento electromecánico y se colocará sistema de frenado automático ATS, entre otras intervenciones.

* Reconstrucción de estaciones: las estaciones Victoria, Schweitzer y El Talar serán reconstruidas. Las mismas contarán con andenes elevados de 150 metros de longitud. En ese sentido, se destaca que El Talar tendrá una reformulación total, ya que deberá ser adecuada para convertirse en estación de transferencia a los servicios diésel a Capilla del Señor, que ya no partirán desde Victoria.ElDestape.com

6 de diciembre de 2023

Se paralizó la obra pública de la Circunvalación de la Ciudad de Santa Fe

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Ya hace unos días publicamos en Crónica Ferroviaria sobre el despido de trabajadores de parte de la empresa BTU S.A. de la obra de renovación de la infraestructura de vía del Ramal C8 de la Línea Belgrano en estación Las Cejas en la Provincia de Tucumán, por la paralización de dicha obra que se realiza con financiación del Estado Nacional.


Ahora, nos llegó la información que desde hace unos días también se encuentra paralizada la importante obra pública de la Circunvalación de la Ciudad de Santa Fe donde los trenes de carga dejarán de circular por dentro de la ciudad.

Según declaró el Intendente de la Municipalidad de Laguna Paiva al diario UnoSantaFe.com que "aquí teníamos en marcha el plan Circunvalar, estaban trabajando a pleno y días atrás recibimos la noticia de que se paraba la obra, se paralizaba hasta tanto y en cuanto no vean cuáles son las nuevas medidas del gobierno. Se paralizó una obra que es muy necesaria que está financiada con fondos de origen chinos por medio de un acuerdo con el gobierno nacional".

27 de noviembre de 2023

Empezaron a despedir trabajadores en Tucumán por paralización de obra pública en Ramal C8

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Tal como lo informara en todos los medios el presidente electo, Javier Milei, que apenas asuma el 10 de Diciembre se paralizará la obra pública, algunas empresas constructoras comienzan a tomar medidas con anticipación.

La primera señal del ajuste se produjo el pasado viernes en la Provincia de Tucumán, según informa el diario Ámbito.com, con el despido de 21 trabajadores de la empresa nacional BTU S.A. que es la encargada, junto con la empresa Mercovial S.A., de la obra de renovación de la infraestructura de vía y obras de arte del Ramal C8 de la Línea Belgrano en Las Cejas (Tucumán), que se realiza con financiamiento del Estado nacional, en el noreste de la provincia. 

Obra de renovación de la infraestructura de vía en el ramal C8 de la Línea Belgrano en Las Cejas (Tucumán)

La empresa BTU S.A. tiene por delante un año más de actividad en la zona, al menos, pero ante pagos atrasados y la casi certeza de imposibilidad de cobrar la certificación del mes de Noviembre, al menos en el corto plazo, decidió tomar la drástica decisión, de acuerdo a consultas de este medio. 



Fotografías gentileza gremio UOCRA

"Algunos compañeros se pusieron en contacto con nosotros y sólo firmaron cuatro la desvinculación, veremos qué sucede con el resto porque este lunes haremos una presentación ante la Secretaría de Trabajo de la provincia para ver si se puede revertir la situación", sostuvo a Ámbito el secretario general del gremio de la construcción, UOCRA, filial Tucumán, David Acosta.

24 de noviembre de 2023

Quedaron algunos proyectos y obras ferroviarias sin terminar en la Línea Belgrano Sur. ¿Los continuará el próximo gobierno nacional?

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Si bien se han realizado muchos proyectos ferroviarios durante los cuatro años que lleva la administración del presidente de la Nación, Alberto Fernández, también hay que decir que algunos quedaron sin ejecutar o en ejecución y que también son muy importantes.

Hoy nos vamos a dedicar a la Línea Belgrano Sur

Entre ellos, podemos contar la prolongación del tren de pasajeros que hoy se cumple entre González Catán y Lozano cuyo destino final sería Navarro (Ramal G4) y que faltaría muy poco para que se lleve a cabo. 

Estación Navarro

Otro de los principales, y cuya obra se encuentra en ejecución, es el de hacer llegar el servicio de pasajeros hasta la estación Plaza Constitución desde estación Dr. Antonio Sáenz a través de un viaducto. Obra importantísima

Obra viaducto desde estación Antonio Sáenz hasta Plaza Constitución

También, tenemos la prolongación del servicio de pasajeros entre González Catán y Salto llegando en una primera etapa hasta estación Tres Sargentos (Ramal G) y que todavía se encuentra a la espera de ser habilitada.

Tren de prueba en estación Gouin 

Asimismo, hay otra obra en ejecución como la renovación total de la vía entre Tapiales y Marinos del Crucero General Belgrano (Ramal M) y el viaducto sobre las vías de la Línea Roca en estación D'Elía del ramal Haedo - Temperley. Otra de las obras que son muy importantes.

Obra viaducto sobre vías del ramal Haedo - Temperley de la Línea Roca

El motivo de esta nota y nuestra preocupación, son las palabras que vertiera durante esta semana el presidente electo, Javier Milei, en el programa de Alejandro Fantino sobre la obra pública y las fuentes de trabajo. Al respecto fue contundente y respondió: "No hay plata". "Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos".

Lamentablemente, creemos que de llevarse a cabo lo que pronostica Milei, los privados, seguramente, no se van hacer cargo de las obras públicas, por lo que sería un terrible error que las mismas queden paralizadas hasta vaya a saber cuándo.

Así las cosas, esperemos ver en definitiva cuál es el proyecto de país que el presidente electo presente el día 10 de Diciembre para de ahí sacar definitivas conclusiones. Porque todo, en estos días, cambia hora a hora.

20 de agosto de 2020

Se delega facultades y obligaciones al Ministerio de Transporte de la Nación

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Mediante Decreto Nro. 683/2020 de fecha 19 de Agosto de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha, donde en su Artículo 1º expresa que se delega en el Ministerio de Transporte de la Nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 13.064, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública en materia aeroportuaria, ferroviaria, portuaria, fluvial y marítima, y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas.


En su Artículo 2º, se autoriza al Ministro de Transporte de la Nación a subdelegar las facultades de que se trata en los Secretarios y Subsecretarios de su jurisdicción competentes en la materia.

En el Artículo 3º se instruye al Jefe de Gabinete de Ministros para que dicte todos los actos administrativos y ordene las diligencias que estime menester, a efectos de asegurar la ejecución de las obras públicas autorizadas por normas particulares o en curso de ejecución que se encuentren en la actualidad a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación.

En el Artículo 4º se deroga el Decreto N° 375 del 18 de Febrero de 2016.

13 de marzo de 2020

Solicitar al PEN enviar el reporte final elaborado por el "Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato por la Obra Soterramiento Línea Sarmiento"

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias para enviar el reporte final elaborado por el "Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública, Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo de la Obra Soterramiento de la Línea Sarmiento".

Dicho trámite recayó en el Expte. 0216-D-2020 del 04 de Marzo del corriente año, siendo la firmante de dicho Proyecto de Resolución la Diputada Nacional: Graciela Camaño (Consenso Federal - Buenos Aires).


Fundamentos

Ante la gravedad de los hechos que se investigan en la justicia, específicamente pago de sobornos, direccionamiento de obra y existencia de sobreprecios por parte de la Constructora Odebrecht, la administración saliente creó un equipo de trabajo interministerial que elaboró un informe del que no se tiene conocimiento ni fuera puesto a consideración pública, pero según trascendidos habría establecido que no hubo irregularidades en la contratación.

Según la resolución del Ministerio de Transporte N° 413-E/2017 el ex Sr. Procurador debía observar “…todos los expedientes de los que surja los antecedentes referidos a las licitaciones, adjudicaciones, modificaciones de los contratos, redeterminaciones de precios, transferencia, órdenes de pago, actuaciones relativas a sanciones por incumplimientos y cualquier expediente administrativo, notas u otro dato referido a operaciones o actos relacionados con aquella firma y sus vinculadas, desde el año 2003 en adelante”.

Dichos antecedentes servirían a fin de detectar cualquier irregularidad en la contratación pública y deslindar responsabilidades específicamente en la adjudicación y ejecución de trabajos en el marco del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Si bien no fue puesto a consideración pública, fuentes periodísticas aseguraron que el equipo de investigación cerró la pesquisa y elevó el informe correspondiente a las autoridades solicitantes.

En el transcurso de la investigación administrativa, la empresa más cuestionada de toda América Latina, acordó desprenderse de su participación en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en nuestro país.

Odebrecht que tenía el 33% del consorcio que ganó la licitación para la construcción del soterramiento, vendió su parte a la constructora italiana Ghella, que detentaba el 37,4% del paquete accionario.

Ghella en toda esta operación pasó a controlar con un 70% el consorcio encargado de la construcción del soterramiento. El resto del paquete accionario corresponde a la empresa Sacde, de Marcelo Mindlin, quien se quedó con los activos que pertenecían a IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del ex Presidente Mauricio Macri.

La empresa Ghella se instaló en nuestro país a fines de 2006. Su primer socio en la República Argentina fue Ángelo Calcaterra con quien constituyeron ODS, holding que tenía entre sus controladas a IECSA, la empresa constructora que el Sr. Franco Macri vendió conjuntamente con Creurban. Este último acuerdo incluía un compromiso por el cual IECSA pagaba a SOCMA la suma de 14 millones de dólares por “Futuros Negocios” de la empresa.

Durante la gestión como Jefe de Gobierno de Macri, Ghella con IECSA asociadas en ODS fueron las encargadas de realizar el entubamiento del arroyo Maldonado, una de las primeras obras de envergadura de la ciudad de Buenos Aires.

Por ello, Ghella no es un jugador extraño en el negocio de la obra pública y el evidente pasamanos que buscaba generar transparencia para diluir las sospechas de corrupción en la adjudicación no está surtiendo esos efectos.

En 2017 y en el marco de las investigaciones por el pago de sobornos de Odebrecht, el fiscal a cargo de la investigación Franco Picardi, ordenó el allanamiento de las oficinas de Odebrecht, IECSA y Ghella.

En el dictamen emitido por el Sr. Fiscal advertía que “entre 2006 y 2014, hubo un habitual complejo e ilícito modus operandi de empresa de origen extranjero y socios locales para el pago y cobro de sobornos con la obra pública”.

Como medidas de prueba además de los allanamientos, el Sr. Fiscal solicitó que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en el que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Está visto que la última solicitud del Sr. Fiscal no fue puesta en consideración por las autoridades de ese momento y tomaron el camino de crear un equipo de investigación tripartito integrado por representantes del Ministerio de Transporte, de Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.

Debemos tener en cuenta que en los expedientes judiciales de la República Federativa del Brasil y las investigaciones que se abrieron en la Justicia de los Estados Unidos, concluyeron que la empresa Odebrecht habría actuado de manera ilícita entre los períodos 2007 y 2014 en diferentes partes del mundo y la República Argentina, a fin de asegurarse la celebración de contratos con los Estado Nacionales contratantes.

Por ello, urge la necesidad de conocer el resultado del informe administrativo impulsado por la Procuración del Tesoro, teniendo en cuenta que las investigaciones judiciales llevadas a cabos en diferentes países del mundo, han expuesto una clara matriz de corrupción en las contrataciones realizadas con ODEBRECHT.

18 de septiembre de 2019

El Gobierno reconoció el fracaso de las obras de PPP

Actualidad

Admitió que se reevalúa el calendario de iniciación

En el mensaje de remisión al Congreso del proyecto de ley de Presupuesto para 2020, el Gobierno reconoció el fracaso de las obras que iban a ejecutarse por medio de contratos de Participación Público Privada ( PPP).

"Debido a las dificultades para la obtención de financiamiento de las empresas perjudicadas por el deterioro del contexto macroeconómico que afectó a la economía local, en 2019 no resultó factible alcanzar las inversiones previstas para este año", admitió el oficialismo en el texto enviado al Palacio legislativo.


"Se está reevaluando el calendario de iniciación de los proyectos previstos originalmente", continúa la ley de leyes del año que viene.

Originalmente, el Gobierno había planeado este mecanismo como una forma de mantener el ritmo de obra pública sin aumentar el gasto o el endeudamiento, al desligar a los privados la búsqueda de financiamiento para llevar adelante los proyectos.

Es por eso que las constructoras que ganaron los corredores viales licitados bajo PPP descuentan que el próximo presidente deberá renegociar esos contratos y ofrecer al Estado nacional como garante, al tiempo que los consorcios tendrán que aportar los fondos para la construcción y mejora de las rutas, las cuales insumirán inversiones millonarias en la zona más productiva del país.Fuente: BAE

4 de febrero de 2019

Sigue cayendo la obra pública. En 2018 lo hizo un 24% y en el mes de Enero de 2019 casi no hubo licitaciones

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Redacción Crónica Ferroviaria

Se sabía que tarde o temprano la obra pública se pararía por los graves problemas y mal manejo de la economía del país por parte del Estado Nacional.

Resultó prácticamente nulo los llamados a licitación para la obra pública en todos los niveles (Nación, provincias y municipios) durante Enero de 2019.

"Es cierto, casi no hubo llamados a licitaciones durante Enero consecuencia del recorte del 30% en los fondos del sector", reconoce una fuente de la Casa Rosada al diario El Cronista. "Pero la obra pública representa el 25% del total del sector, los constructores deberían empujar el sector privado", señaló.

"Casi no hubo licitaciones en Enero y además nos están pagando atrasado. Depende del comitente tenemos un promedio de 60 a 90 días de atraso después del plazo de pago de 60 días. Si no tenés espaldas financieras es muy difícil sostener las obras", se quejó un constructor.


Lo mismo sucede en las provincias con obras en donde el costo se comparte entre la Nación y los estados provinciales. Tres ministros de economía de diferentes estados provinciales aseguraron al diario El Cronista que "la nación está muy retrasada con los pagos y si queremos que las obras continúen y que no haya que despedir gente nos tenemos que hacer cargo de la parte de ellos".

En cuanto a las fuentes sindicales, la UOCRA informa que "el promedio de despidos en los últimos tres meses ronda los 5.000 puestos por mes a nivel nacional". Es decir, la construcción suma 15.000 puestos de trabajo menos sin contar los despidos de la semana pasada por la decisión de frenar las obras del Soterramiento de la Línea Sarmiento.

5 de enero de 2019

Soterramiento del Sarmiento: Denuncian al consorcio por evadir para pagar sobornos

Actualidad

La AFIP consideró que existen indicios suficientes como para sospechar que las empresas que integraron ese consorcio -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- dibujaron sus balances por US$10,3 millones, de los cuales US$4,5 millones se giraron al Principado de Andorra para, desde allí, pagar sobornos a los entonces funcionarios argentinos involucrados.

La denuncia de la AFIP suma así un nuevo eslabón en la cadena de evidencias e indicios que se acumulan desde Brasil, la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, España y el Principado de Andorra sobre cómo habría sido la ruta del dinero para que el consorcio manejara ese proyecto, valuado en US$1500 millones.

El trabajo de la AFIP comenzó a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi , que requirió su colaboración para desarrollar una auditoría integral de las empresas que conformaron ese consorcio entre 2008 y 2015, período en el que Odebrecht ya admitió en Brasil que se pagaron coimas.


Durante ese análisis, AFIP detectó dos transferencias sospechosas por un total de US$4.495.250 dirigidas a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de la consultora "Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA", más conocida por las siglas "DSC" o "DSC Workshop".

Los responsables de "DSC Workshop" se victimizaron. Afirmaron que fueron "engañados y utilizados" por Odebrecht, una empresa de la que "nadie sospechaba" y con la que "todos querían trabajar" por aquellos años. "El estudio ha servido de puente sin saber qué había detrás de esos pagos", adujeron desde Madrid.

Esa pregunta -qué hubo detrás de esos pagos- es la que también le planteó la AFIP a las cuatro empresas consorcistas para soterrar la Línea Sarmiento cuando las intimó a explicar por qué giraron US$4,5 millones a la cuenta de "DSC" en Andorra.

Las respuestas del consorcio fueron, como mínimo, insuficientes. Alegaron que no podían aportar demasiado porque la documentación ya la tenía la Justicia argentina porque había allanado sus oficinas.

Esa compleja trama delictiva integra la "Operación Pernambuco", según surge de un informe de la Policía de Andorra que delineó cómo el consorcio recurrió a los servicios de la casa de cambio Giovinazzo, en Buenos Aires, y a cuatro sociedades offshore controladas por el estudio uruguayo Belhot, González Lerena (BGL).

Esas cuatro sociedades -Convergence Capital, Natland Financiering, Lion's Soul y Klienfeld Services Ltd- sirvieron como trampolines para girar millones de dólares otros destinos. Entre otros, a Sabrimol Tra. Canal26.com

20 de diciembre de 2018

Por la suba del riesgo país y la imposibilidad de financiarlos, el Gobierno suspende los programas de obras de PPP

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La desconfianza de los mercados obligaría a las empresas adjudicatarias a tomar fondos a tasas de interés que harían inviable la operación.

Por las dificultades en el acceso al crédito ante la suba del riesgo país, Mauricio Macri decidió suspender las obras no iniciadas de los programas de Participación Público-Privada (PPP), una de las herramientas con la que el Gobierno buscaba reactivar la economía y mostrar gestión en el próximo año electoral, pese a que el Presupuesto 2019 se elaboró con la mira puesta en eliminar el déficit fiscal primario.

“Se posponen los proyectos hasta que el costo sea razonable para el país”, confirmó a Clarín una fuente del ministerio de Hacienda, luego de que el Presidente reuniera en la Quinta de Olivos para una reunión de seguimiento de los PPP a Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich (Transporte), Francisco Cabrera (titular del BICE) y Javier González Fraga (su par del Nación) y funcionarios vinculados al área.



La planificación y el control del sistema de PPP había pasado este mes de Hacienda a la jefatura de Gabinete, un cambio que se había interpretado como una ratificación de la centralidad de Marcos Peña durante la campaña en una herramienta para la puesta en marcha de las obras. El funcionario también absorbió el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas, que era controlado por el ministerio del Interior.

La decisión de continuar con los seis corredores viales y otros programas ya en ejecución y suspender los proyectados repercutirá en los planes de los gobernadores, que en algunos casos habían apelado a esa modalidad para suplir los recortes de la obra pública en el Presupuesto, para cumplir con la reducción del déficit acordada con el FMI. Una parte pasará a redefinirse con el esquema tradicional, aunque todavía sin precisiones de tiempos.

El proyecto que estaba a punto de salir a licitación es la Línea de Transmisión de Alta Tensión que se iba a tender entre Río Diamante (Mendoza) y la localidad bonaerense Charlone.

La serie de obras iniciadas suma una inversión de US$8.058 millones en rutas y autopistas (US$6.035 millones en construcción y $2.023 millones en mantenimiento) y había proyectadas tres etapas con un total de 7.277 kilómetros. La primera comprendió la licitación de corredores viales en rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Desde el ministerio de Transporte a su vez marcaron como último hito el inicio de la autopista entre Mercedes y Suipacha, por más de US$1.100 millones.

El riesgo país alcanzó este martes 787 puntos, el nivel máximo de la gestión de Macri. Además de las dificultades para acceder al crédito en condiciones más favorables, los programas de PPP ya habían sufrido el impacto de la llamada causa de los cuadernos: los bancos pusieron reparos a adelantar fondos a las compañías que habían quedado involucradas en los pagos ilegales a ex funcionarios kirchneristas. Aun así en la Casa Rosada se habían propuesto reactivar el sistema para la campaña y para empujar la economía, y a principios de este mes un ministro mostraba expectativa en un eventual crecimiento del 10% en la obra el año próximo si avanzaban los proyectos. Fuente: La Nación

11 de octubre de 2018

PPP: Obra pública, deuda y negocio privado

Actualidad

El gobierno creó una Subsecretaría de Participación Público Privada (PPP). Este régimen fue diseñado por el Banco Mundial para privatizar la obra pública. En este esquema el Estado asume todos los riesgos, puede tomar deuda pero no queda registrada en los balances públicos y a cambio garantiza a las empresas condiciones laborales flexibles. El mecanismo ya fue aplicado por otros gobiernos neoliberales de la región con la fantasía de que permite reducir el déficit fiscal. A fines de este mes se lanzan las primeras licitaciones PPP en el país

El gobierno puso en marcha la Subsecretaría de Participación Público Privada (PPP). La triple P es un dispositivo aconsejado por el Banco Mundial para que los Estados otorguen al sector privado la construcción de infraestructura económica, e incluso la edificación de hospitales y cárceles, a cambio de ceder autonomía impositiva y regímenes laborales laxos. El ministro Luis Caputo dejo trascender que las hipotéticas controversias serán litigadas en los tribunales de Nueva York. Por último, la PPP es pura contabilidad creativa: el gobierno puede tomar deuda pero no requiere registrarla en las arcas públicas. De esa manera, para los organismos internacionales, Argentina reduce, aunque sea una fantasía, su brecha fiscal. Las penas son de nosotros, las rutas son ajenas.


Sus iniciales son simpáticas: APP (Asociación Público Privada), las mismas letras que identifican las aplicaciones en el mercado electrónico. Sin embargo, las APP, rebautizadas en Argentina como PPP (Participación Público Privada), portan, más bien, una buena dosis de humor negro. Fueron diseñadas por el Banco Mundial para que los Estados puedan descargar un ambiguo dispositivo de privatización de la obra pública. El mecanismo ideado por los organismos internacionales de crédito genera lo que, en la técnica del mundo financiero, se conoce como magia contable. Los gobiernos contraen deuda para respaldar el financiamiento privado que tomará el control en la construcción pública de puentes, carreteras e, incluso, de escuelas y hospitales. Sin embargo, esa deuda no es registrada en los balances públicos.

Hasta el momento, fuentes del ministerio de Finanzas dejaron trascender que el gobierno quiere “desconsolidar” del balance del Tesoro Nacional los más de 26 mil millones de dólares de deuda que se tomarán en los próximos cuatro años vía PPP. De esa manera, tanto ahora en Argentina, como previamente en los gobiernos neoliberales de la región que adoptaron dicho mecanismo, las administraciones cumplen con las metas de reducción fiscal fijadas por el FMI y el Banco Mundial. A cambio, el contorno del modelo productivo del país y las urgencias edilicias de los servicios públicos quedan sujetos al interés de corporaciones extranjeras generalmente interesadas en negocios extractivistas o cortoplacistas.

Pero eso no es todo. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y su nobel Subsecretario de Participación Público Privada, José Morea, ya tranquilizaron a los hipotéticos inversionistas con una promesa que es música para los oídos de los fondos buitres: las controversias que pudieran derivarse por alguna cláusula no respetada en el contrato de origen PPP serán dirimidas en el tribunal de New York. Eso dista de ser una original prerrogativa. Chile, Perú, México, Colombia, países pioneros en la región el manejo de las políticas PPP –por cierto, se trata de gobiernos suscriptos al eje librecambista financiero de la Alianza del Pacífico– también han establecido ese acuerdo de jurisdicción extraterritorial con los grandes jugadores del mercado que entran a sus países a tender rutas y líneas de transmisión eléctrica.

Recapitulando, la APP puede ser vista como una plataforma donde el Estado privatiza su infraestructura pública a cambio de toma de deuda. A su vez, por la experiencia de las naciones latinoamericanas que han seguido ese camino, pero también por lo sucedido en países europeos como España e Inglaterra, los gobiernos suscriben riesgosos contratos con el sector privado. Generalmente, la línea de costos pactada originalmente va incrementándose con el paso del tiempo en los proyectos de largo plazo, algo que suele suceder en los corredores viales, lo que deriva en más exenciones desde el Estado hacia el sector privado: ya sean impositivas o laborales.

Pero los Caputo boys están exultantes. Esmerilados por la bruma electoral, la primera línea de Finanzas acaba de anunciar sin mucho rebote periodístico que a fines de este mes se lanzan las primeras licitaciones PPP en el país. El ministerio Luis Caputo estará a cargo de generar los marcos legales y financieros. Luego, cada ministerio suscribirá la letra chica del contrato con los inversionistas. En principio, la cartera de Guillermo Dietrich aspira a anunciar el próximo mes la construcción de 2800 kilómetros de autopistas y 4000 kilómetros de ruta bajo esta modalidad asociativa.

Pablo Quirno, Jefe de Gabinete en Finanzas, le puso palabras, en un reciente acto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), a la nueva aplicación privatista del macrismo: “Estamos ante el plan de infraestructura más grande de nuestra historia. El PPP va a crear el puente necesario con los grandes jugadores del mercado para saldar la deuda que tenemos en rutas y hospitales. El esquema de PPP nos va a facilitar disminuir el riesgo argentino y ganar confianza a nivel internacional”. A su turno, los popes de la CAC saludaron los dichos de Quirno con una extraña parábola histórica que fue celebrada con risas por los asistentes: “Celebramos el plan PPP porque esto retrotrae al país a las buenas políticas desarrolladas a principios de siglo. Nos referimos, claro, al siglo XX”. Por lo visto, el populismo, como suele decirse, podrá atrasar medio siglo pero el neoliberalismo, al parecer, es mucho más vintage.

La Triple Privatización

Nuestras Voces habló con Patricia Miranda, de la Fundación Jubileo Bolivia, especialista en la temática de las APP y Juan Valerdi, estudioso de las guaridas fiscales y consultor de la red global Tax Justice Network, para darle un marco conceptual a la nueva ingeniería privatista que recorre a la región.

“Esta modalidad está siendo cada vez más promovida como una fuente de financiamiento para cerrar las brechas fiscales Las APP no son nuevas en el mundo, países en Europa ya llevan décadas de implementación con consecuencias preocupantes como que el Estado garantiza al sector privado una rentabilidad y, si algo sale mal durante el proyecto, esto puede generar pasivos contingentes. Al inicio del proyecto, el Estado no registra en la hoja del balance del presupuesto los pasivos, puesto que no requiere ningún desembolso mientras se construye el proyecto pero, una vez concluido, las deudas sí se registran y pueden ser más altas que haber realizado un proyecto de forma tradicional con inversión pública”, advierte desde La Paz Patricia Miranda.

Miranda, a su vez, pone un ejemplo regional para significar los riesgos asumidos desde el sector público. “En Perú el precio de una carretera APP que conecta al país con Brasil pasó de 800 millones de dólares a 2,3 mil millones de dólares en pocos años. En general, más de la mitad de los proyectos originados en el formato citado son renegociados en el camino y, en la mayor parte de ellos, los resultados suelen quedar a favor del sector privado, generando un mayor costo al Estado”.

Juan Valerdi, entrenado en el oficio de detectar fondos especulativos o buitres, opina que las APP sólo atraen capitales caranchos, más apetitosos por litigar y acrecentar sus ganancias en un tribunal que en terminar la carpeta asfáltica prometida. “El directorio de un fondo comprometido en un proyecto APP puede preferir litigar al Estado por alguna controversia en la línea de costos pactada, aunque eso implique que se prolonguen los plazos de la obra, porque entienden seguramente que el fallo los va a favorecer, y eso multiplicará sus ganancias. En síntesis, con las APP no se genera un diálogo de socios. El Estado asume los riesgos, y el sector privado se la lleva en pala”, esgrime Valerdi.

En paralelo, Juan Valerdi suma una dimensión geopolítica al nuevo chiche privatista del Banco Mundial: “El nuevo tablero político y productivo regional, donde grandes actores empresariales, caso Odebrecht, hoy están en declive, presupone la entrada de nuevos jugadores concentrados de la economía. Claro, se trata de fondos provenientes de Estados Unidos o Europa que aprovechan el formato de las APP para entrar en acción en la región. Es evidente cómo detrás de la avanzada judicial contra Odebrecht también se está perpetrando una avanzada geopolítica. Las potencias prefieren intervenir directamente en los grandes proyectos de infraestructura que diseñan el modelo productivo latinoamericano y no dejar ese espacio regalado a las multinacionales chinas que, lógicamente, invierten en la región para redireccionar la inserción internacional de la región hacia donde apetece Beijing”.

La PPP promete ser la nueva muletilla narrativa del orden económico macrista. La obra pública ya no sería controlada por funcionarios grises ávidos de coima y prebendas. La obra pública, directamente, ya no sería pública. Volvimos a un siglo atrás. Cambiamos.Nuestrasvoces.com

30 de septiembre de 2018

Por la crisis, hay dudas sobre la plata para el soterramiento del Sarmiento

Actualidad

La obra avanza con presupuesto nacional. Los bancos demoran los US$ 1.100 millones comprometidos.

A casi un año del anuncio oficial sobre una oferta de crédito internacional de US$ 1.100 millones para avanzar con el soterramiento de la Línea Sarmiento, los bancos demoraron la aprobación del préstamo. Y todavía no aportaron el dinero para financiar la obra.

El Gobierno había quedado hace un año en emitir un dictamen sobre cómo fue la asignación de la obra, por las sospechas de corrupción durante la etapa anterior. Pero todavía no emitió ese reporte. Y ahora la demora se genera por la incertidumbre que genera la actual situación financiera del país, por las investigaciones judiciales sobre la gestión anterior de la obra y por las dudas que generó el avance de la causa de los Cuadernos de la Corrupción en la obra pública.


En principio, según lo anunciado, el dinero lo iban a aportar los bancos HSBC, Intesa y Deutsche Bank, con respaldo de la Agencia Italiana de Crédito Externo, cuyos representantes hicieron visitas a las obras. Pero esa propuesta de financiamiento quedó en suspenso, por las fuertes sospechas de corrupción sobre la licitación y las irregularidades en la concreción del soterramiento del Sarmiento.

El comienzo de la obra, en realidad, se demoró varias veces. Arrancó en 2006. Néstor Kirchner la asignó dos años después a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa. En un momento la gestión quedó a cargo de Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-. Pero luego, a cargo de la misma UTE quedó la brasileña Odebrecht, con el apoyo financiero del Banco Nacional de Desarrollo de ese país. En esa época fue notorio, para ese cambio, el respaldo del ministro de Planificación Federal K, Julio De Vido. La obra volvió a paralizarse por no concretarse el aporte del BND, ante la falta de crédito internacional para la Argentina.

Y Odebrecht tuvo que dejar esta gestión por el escándalo de las coimas que estalló en Brasil y que se expandió por decenas de obras y emprendimientos en toda América latina. Esta empresa ya reconoció que pagó "al menos" US$ 35 millones en coimas por tres obras públicas en la Argentina, entre 2007 y 2014. Las causas principales por las que se investiga a Odebrecht en Argentina, además del soterramiento, son AUSA y gasoductos.

En cuanto al soterramiento, está bajo investigación la participación del ex ministro De Vido -afronta allí una de sus múltiples causas- y de su operador Jorge "Corcho" Rodríguez. Además, Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, declaró ante la justicia brasileña que le dio US$ 2,9 millones a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento.

Al asumir el nuevo Gobierno nacional en diciembre de 2015, con Mauricio Macri en la presidencia, se decidió darle un nuevo impulso a la obra del soterramiento del Sarmiento. El Consorcio del soterramiento ahora se llama G&S. Está formado por la italiana Ghella, con el 71%; y la local Sacde (ex Iecsa, ahora propiedad de Marcelo Mindlin), con el 29%. Pero los bancos internacionales demoran el dinero comprometido con los desarrolladores, por lo menos hasta que el Gobierno certifique que no hubo irregularidades en la licitación ni en la ejecución de las obras de ese megaemprendimiento.

Cuando se hizo el anuncio del crédito, en septiembre del año pasado, el Ministerio de Transporte difundió un comunicado afirmando que había recibido una "propuesta de financiamiento". Y que, "a partir de esta oferta, de aproximadamente 1.100 millones de dólares, se garantiza el financiamiento para el avance de la obra".

Ahora, ante la consulta de Clarín, una fuente oficial señaló que "el financiamiento internacional no está congelado, sigue en tratativas". Y relativizó el anuncio de hace un año: "Cuando se hizo el anuncio, no era algo cerrado. El contexto internacional no ayuda para que sea algo rápido de concretar".

Pese a todo, la falta de financiamiento internacional no impide que siga avanzando el soterramiento del Sarmiento, con dinero del Presupuesto nacional.  La obra arrancó en octubre de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo. En la actualidad, hay 1.000 personas trabajando, ya se hizo poco más del 30% del túnel (a 22 metros de profundidad) y se colocaron las dovelas de hormigón por donde pasará el tren.

Fuente del Consorcio G&S señalaron que ese túnel ya tiene 5,5 kilómetros y pasa por las localidades de Haedo, Ramos Mejía y Ciudadela. Además se iniciaron tareas en seis estaciones. El plan oficial es eliminar en total 52 pasos a nivel. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que, una vez que esté finalizada la obra, "beneficiará a más de 200.000 pasajeros que hoy viajan en tren" y permitirá "integrar a los partidos del conurbano y los barrios del Oeste de la ciudad de Buenos Aires que hoy están divididos por las vías".

El soterramiento del Sarmiento tiene un presupuesto total de 3.000 millones de dólares, que van a ser aportados por el Estado nacional. El Gobierno había anunciado que destinaría 8.940 millones de pesos este año y la misma cifra hasta el 2022, para terminar las obras ese año.

Pero habrá que ver si se cumplen los plazos establecidos para terminar el soterramiento del Sarmiento, sobre todo ahora por el atraso de los US$ 1.100 millones que iban a aportar tres bancos internacionales. Además, hay cada vez más restricciones presupuestarias en el gasto público por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se plasmaron en el proyecto de Presupuesto para el 2019.Clarín.com

4 de septiembre de 2018

El presupuesto 2019 recortará en más de 50% la obra pública

Actualidad

En la previa a que el proyecto de Presupuesto Nacional llegue al Congreso de la Nación y en medio de un fuerte parate en la industria, consecuencia de la ausencia de precios, el sector de la obra pública conoció ayer que el Gobierno nacional propondrá un recorte superior al 50% en términos reales en los fondos destinados para el sector en 2019.

El ahora denominado ministro de Economía, Nicolás Dujovne, explicó ayer que para la meta de déficit cero para el 2019 será necesario un fuerte ajuste que, en el caso de la columna de Gasto Primario, recae fuertemente en el ítem gastos de capital.


Según el trabajo presentado ayer en conferencia de prensa el ítem gastos de capital -fondos que se destinan para la obra pública- contará con $ 160.202 millones lo que mostrará una caída de 27% en términos nominales pero, si se tiene en cuenta que la inflación podría rondar el 35% la merma en los fondos oficiales para el sector, ascenderían a más de 60%.

Esta caída se suma a la que arrastra el sector desde este año que en la columna "Inversión en Infraestructura", el Tesoro Nacional incrementará su inversión de $ 180.000 millones en 2017 a $ 210.000 millones para el 2018, lo que significa una suba de 16,67%, casi cinco puntos por abajo de la inflación estimada por el Palacio de Hacienda.

Además, el último Presupuesto de éste período presidencial será el que la cuenta de gastos de capital contará con menos fondos de los cuatro años de gobierno de Cambiemos.

Con estas cifras ya a la vista la discusión sobre el futuro de la obra pública para el 2019 y su rol como motor de la economía quedaría reducido a la mínima expresión. "El problema de esto es que sabíamos que íbamos a tener un fuerte recorte que iban a intentar resolverlo vía los contratos de Participación Público Privada (PPP) pero que claramente no alcanzará para suplantar lo que dejarán de invertir", explicaron a El Cronista desde una de las empresas dedicadas al sector que supo florecer en los últimos años.

En el entorno del ministro de Interior, Obra Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, entienden que la cifra "no es tan mala" como observan los privados. "Habrá que ver cuanta inflación hay el año que viene, pero en principio es un buen número en este contexto porque te garantiza terminar las obras iniciadas", explicaron. "Este número en este contexto de esfuerzo fiscal es razonable. Decían que íbamos a estar sin obras, pero por lo visto vamos a tener para terminar todo antes de octubre", señaló este funcionario que ya piensa en un 2019 complejo y con un acto electoral en medio.

Entre las empresas no logran salir del asombro. Al estancamiento que vive la actividad y el constante aumento de los insumos, se le suma el retraso de los pagos de parte del Estado y en los últimos días se conoció que se incrementarán las multas por infracciones.

Según la Resolución 30/2018 del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción publicada la semana pasada en el Boletín Oficial se le aplicará una tasa de interés de financiamiento del 1% mensual determinado según el sistema francés, a los planes de facilidades de pago que se otorguen hasta en 60 cuotas por multas impuestas desde el 31 de julio de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2019 inclusive. Para el caso que el plan de pago sea en 24 cuotas, la tasa se fijó en 0,5 por ciento.ElCronista.com

10 de agosto de 2018

Según el Gobierno Nacional la obra pública continuará, pero no dicen cuál

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Redacción Crónica Ferroviaria

El Ministerio de Transporte de la Nación informa que junto al secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, y al Secretario de Participación Público Privada, José Luis Morea, se reunieron esta mañana en el piso quinto del edificio de Hacienda. Estuvieron los bancos más importantes del país: HSBS, ICBC, BICE, Citi, UBS, Banco Mayorista, Santander, Itaú, Supervielle, Banco Francés y Banco Galicia.


Ahora bien, lo que no especifica el Ministerio de Transporte de la Nación es que obra pública es la que seguirá adelante, y cuál quedará suspendida.

18 de junio de 2018

La construcción alerta por los recortes que puedan haber en obras públicas

Actualidad

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, advirtió que si el Gobierno aplica recortes en la obra pública continuarán los "problemas" de cloacas, rutas y ferrocarriles. Un sector que genera 430.000 empleos y donde una parte "significativa" de esa cantidad "corre peligro de tener menos trabajo" en el caso de que se aplique un ajuste desde el Ejecutivo.

"El Gobierno nos ha dicho que va a convocar a la oposición en el Congreso para discutir dónde cortar los gastos, pero nos anticiparon que lo más fácil, directo y rápido es la obra pública", sostuvo Weiss.


Destacó que ese recorte afectará, además, al "personal indirecto", como el vinculado con las fábricas de insumos para llevar adelante obras públicas.

"Esos empleados también corren riesgo porque si hay menos demanda de materiales, habrá menos trabajo", puntualizó en declaraciones radiales y según NA.

Así, el empresario insistió: "Nos parece injusto que nuestro personal pueda correr el riesgo de perder su trabajo".

"Por ahí, hay sectores muy privilegiados de los tres niveles del Estado, que innecesariamente están ocupando puestos de trabajo, como por ejemplo, las pensiones por incapacidad que en muchos casos, según se comenta, no son tales, nos parece una profunda injusticia", cuestionó.

Resaltó que si el Gobierno aplica el recorte en la obra pública, "van a seguir los problemas de cloacas para la población, de rutas anticuadas para el transito de hoy y ferrocarriles que no funcionan".

"Además de eso, el país va a seguir sin tener el nivel de inversiones en infraestructura económica y social necesaria que viene de décadas de poca inversiones", analizó.BAENegocios.com

23 de junio de 2016

Obra pública: se anunció una inversión de $ 98.000 millones

Actualidad

Se informó ayer en el boletín oficial, en momentos en que vienen saliendo a la luz los manejos turbios de funcionarios ligados a la obra pública.

Cerca de la mitad del dinero -$ 45.000 millones- se destinarán al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra anunciada al menos 6 veces durante los gobiernos kirchneristas y que el presidente Mauricio Macri había prometido reactivar en febrero de este año, cuando visitó Haedo en compañía del Primer Ministro italiano Renzi. La visita del Premier se debió a que la empresa a cargo de la obra es la italiana Ghella, a la cual está asociada el primo del presidente Ángel Calcaterra, uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante los últimos años. Calcaterra se quedó en 2006 con el control de las empresas Iecsa y Creaurban del Grupo Macri, y en 2007 creó la compañía ODS cuando entró Ghella como accionista. Todo queda en familia.


El mismo día en que se conocieron estos anuncios el juez Sebastián Ramos procesó a Ricardo Jaime y a Julio De Vido por su manejo de los ferrocarriles durante los gobiernos kirchneristas. El motivo que aduce Ramos es que son responsables de que no se hayan llevado adelante los procedimientos que correspondían para renegociar la explotación de las líneas ferroviarias metropolitanas, dando lugar a un festival de subsidios sin control sobre la realización de obras por parte de los prestadores. La falta de mantenimiento y el estado de abandono de las vías y las formaciones ferroviarias provocaron diversos accidentes de gravedad, siendo el peor el ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación de Once, cuando fruto de esta verdadera política criminal (decir desidia sería alivianarlo) fallecieron 51 personas y cientos resultaron heridas. Tanto De Vido como Jaime se encuentran ya procesados por distintos hechos de corrupción durante su gestión; recientemente el ex ladero de Jaime Manuel Vazquez fue detenido mientras intentaba esconderse en un placard.

Metrobus, bicisendas, estaciones subterráneas y rutas

Las inversiones anunciadas ahora por el gobierno responden en gran parte a planes que ya llevan muchos años postergándose, como el ya mencionado soterramiento del Sarmiento. Otra parte corresponde a políticas del macrismo en materia de transporte, como continuar desarrollando el sistema Metrobus; está proyectado que se invierta en los corredores de Lanús, Morón, 3 de febrero, Mar del Plata, Córdoba, Corrientes, Rosario y Neuquén. Hay que recordar que hay numerosas denuncias de los sobreprecios que se vienen pagando en ciertos tramos a las empresas que construyen los refugios y colocan los materiales que separan los carriles exclusivos para el transporte público, y que el macrismo ha sido criticado por privilegiar la inversión en este tipo de sistemas en vez de invertir más dinero en un medio de transporte como el subterráneo, que permite una velocidad y descongestión de las ciudades muy superador del transporte sobre tierra.

Otras de las inversiones proyectadas, por un total de $ 1.100 millones, es en ciclovías y bicisendas, así como la construcción de estaciones subterráneas que interconecten distintas líneas ferroviarias en la ciudad de Buenos Aires. A esto se agrega el trabajo sobre puentes y tramos de algunas rutas nacionales y una inversión de $ 15.030 millones para construir las estaciones centrales Obelisco y Constitución, que pasarían a ser grandes centralizadoras de parte del transporte urbano que confluye en dichas zonas.

Obra pública: fuente de enriquecimiento de funcionarios y empresarios

Los anuncios del gobierno se dan cuando la corrupción ligada a la función pública viene siendo tema de debate en todos los medios desde hace algunos meses. Además de las denuncias, procesamiento y hasta detención de empresarios fuertemente ligados al gobierno anterior como Lázaro Báez, el gobierno de Mauricio Macri se vio manchado por los datos que afloraron con los Panamá Papers, donde el propio presidente quedó involucrado. Frente al “sinceramiento” impulsado por el gobierno para que empresarios y funcionarios que tienen dinero sin declarar lo hagan, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman (PTS) explicó que “lo que se busca es blanquear la estafa que significan el dinero de los López, los Jaimes y los De Vidos, que no podrían existir sin el concurso de los empresarios de la construcción y de todos los capitalistas que vivieron del Estado durante todos estos años, como los Rocca, los Lázaro Báez, los Eurnekian, los Calcaterra y tantos otros empresarios que hace décadas se enriquecen a costa de la obra pública del Estado”. 

Con López, De Vido y Jaime en el centro del huracán en estos días, es fácil sospechar que en el futuro próximo habrá noticias sobre hechos similares protagonizados por funcionarios del macrismo, que ya durante su larga gestión en la ciudad de Buenos Aire dio sobradas muestras de su voluntad de beneficiar a familiares y empresarios cercanos con obras millonarias que en muchos casos no llegaron a terminarse.LaIzquierdaDiario.com

23 de julio de 2015

Puente Santa Fe - Paraná: empresarios piden que se considere la conexión ferroviaria

Actualidad

Representan al sector productivo de la región metropolitana de ambas capitales manifestaron su preocupación por la falta de información sobre los datos para definir la traza.

Hace un mes se cumplieron dos años del anuncio presidencial del puente Santa Fe - Paraná y ya pasaron 16 meses de la licitación para la realización de los estudios de traza y elaboración del proyecto ejecutivo de este nuevo enlace vial. Desde el sector empresarial y productivo de ambas provincias se reunieron para evaluar sus miradas, canalizar dudas y finalmente decidieron iniciar acciones conjuntas para lograr ser escuchados por los ministerios de Obras Públicas correspondientes y por la consultora a cargo del proyecto.


Consideran que se debe atender a los intereses regionales, nacionales e internacionales, al considerar que este puente también es parte del corredor Bioceánico. Es en este sentido que plantean la necesidad de contemplar también la conexión ferroviaria, en un pliego que solo habla de conexión vial. 

En un desayuno de trabajo, entidades productivas, empresariales e industriales de Santa Fe y Paraná se convocaron este jueves en la Cámara Argentina de la Construcción de la ciudad para abordar el estado del proyecto. "Nosotros no estamos un conocimiento claro de aquello que se está estudiando en ese diseño de traza, nos juntamos hoy a ver qué camino seguir para, por lo menos, poder dar nuestra opinión", dijo a Diario UNO el titular de la Cámara Argentina de la Construcción en Santa Fe, Roberto Pilati quien insistió en la necesidad de "ser escuchados". 

Por su parte, la presidenta del Concejo Empresario de Entre Ríos que además forma parte del Foro de Empresarios de esa provincia, Patricia Popelka dijo: "Estamos preocupados e interesados en poder escuchar lo que vienen consultando, que seguramente tiene mucho fundamento, pero queremos poder hacer el aporte que estimamos, puede ser valioso desde nuestro lado".

En este contexto, las organizaciones determinaron realizar una reunión con los ministros de Obras Públicas de ambas provincias que según confirmaron se concretará en dos semanas, en Paraná. "Lo que buscamos es avanzar con el tema y ver si podemos llegar luego a la consultora", aclaró Pilati.

Dos años para la licitación de obra

La licitación para la realización de los estudios de traza y elaboración del proyecto ejecutivo de este nuevo enlace vial interprovincial fue de 95 millones de pesos y se encuentra en curso. La consultora a la cual se le adjudicó el pliego tiene un plazo previsto hasta noviembre donde debería presentar las tres trazas que serían expuestas en una instancia de consulta pública, para luego definir una; pero ya desde los órganos oficiales habían adelantado una prórroga y desde el sector empresarial también saben que los tiempos son otros. 

"Los tiempos son bastantes mayores. La consultora tiene sus plazos, pero muchas veces entrega una parte del estudio que están haciendo y Vialidad se toma uno o dos meses en contestar y en ese tiempo se neutraliza el plazo de la consultora. Concretamente acá hubo gente que dijo que el proyecto definitivo para licitar hay que pensarlo para dentro de dos años", adelantó Pilati. 

Respecto del pedido concreto de los empresario de ser consultado por quienes realizan estos estudios, la presidente del Concejo de Empresarios de Entre Ríos explicó que "la consultora es Argentina, pero no es de la zona y no tiene dentro de sus tareas tener una representación regional. Esto se licitó el año pasado y entiendo que esta consultora fue la única que se presentó y fue adjudicataria del estudio. Nosotros estuvimos reunidos con gente de Vialidad Nacional y entendemos que ellos están evaluando un montón de datos de distinto orden pero lo que nosotros sí sabemos es lo que podría significar para la producción y queremos asegurarnos que esté bien considerado". 

Traza ¿ferrovial?

En esta primera reunión las trazas no fueron discutidas aún, pero sí se planteó una necesidad que desde el sector se observa: la consideración de una conexión ferroviaria. 

"Hoy por hoy, el pliego de la construcción condición de la consultora es solamente vial. Nosotros estamos, por todos los medios, tratando de incorporar que sea ferrovial. No es simple  porque el ferrocarril necesita de otras pendientes, mucho trabajo y es más complicado; pero vamos a tratar de imponerlo porque esto no es para 10 o 20 años", sostuvo Pilati.

En este sentido la traza suma más variantes y al respecto el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Santa Fe, dijo que "hay que tener en cuenta que la provincia está bregando por su nuevo Puerto y este dato no se puede dejar de tener en cuenta. Una de las trazas que se están analizando pasa cerca de donde estaría el Puerto, pero no tendría conexión con este, y a esto hay que estudiarlo”.

También consideró que "no es simple determinar la traza". "Hay que ver las incidencias socioeconómicas, ambientales, el costo de obra, el impacto económico que va a tener el puente y además ponernos de acuerdo con Paraná", indicó. 

Integración bioceánica

"Lo que nosotros no sabemos es la evaluación que está haciendo esta consultora de lo que va a significar el impacto económico de esta obra en la región y no solo acá, esto es parte del Corredor Bioceánico; acá hay intereses entre las dos ciudades las dos provincias, la región y asimismo de Brasil, Argentina y Chile.

Hay provincias del oeste del país que también están opinando. Realmente toca intereses y pude ser una obra que potencie un ámbito muchísimo más amplio que el local", analizó Popelka resaltando que es en este plano en el cual toma valor el aporte que pueden hacer las entidades que representan la producción de ambas provincias y volvió a reclamar una "instancia de diálogo previo a la definición de la traza". DiarioUNO