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La renuncia del presidente de Sofse, administradora del servicio, esconde un escándalo de inconsistencias, irregularidades e internas dentro de la empresa
Se ha vuelto todo tan habitual que los ferroviarios no hablan de “escándalo”. Aunque lo sea. El lunes, último día en funciones de Luis Adrián Luque, el directivo que acaba de renunciar a la presidencia de Sofse, administradora de Trenes Argentinos, llegó al Palacio de Hacienda una factura de 250 millones de pesos para que se le pague a un proveedor por haber cortado el pasto al borde de las vías en mayo. Un viejo ardid, dicen en el sector: que esta compañía, el empleador N°1 del país, no tenga un solo jardinero entre los más de 30.000 trabajadores a los que les paga el sueldo y deba contratarlo afuera.
Los tiene, en realidad, admiten en el Ministerio de Economía, porque hay personal afectado específicamente a esa función. Pero la proliferación de gastos sin control ha sido en los últimos años la costumbre de un servicio que, de milagro, no terminó con muertos el último 10 de mayo, cuando dos de sus formaciones chocaron sobre las vías del San Martín. Eso alertó a sus autoridades de lo obvio, que el servicio estaba desinvertido, y llevó al Gobierno a declarar la emergencia ferroviaria y a entregarle un presupuesto de 350.000 millones de pesos para revertir el deterioro.
Pero ese fue también el principio de tironeos internos que terminaron de estallar esta semana, con la renuncia de Luque, un abogado que viene de la administración anterior y que pertenecía a un elenco de funcionarios que no se renovó con Milei y que milita desde hace muchos años dentro del Frente Renovador. De hecho, Luque fue concejal por el massismo en San Miguel.
Al contrario de lo que se pensaba, la declaración de la emergencia no apaciguó las discusiones. Al contrario. Desencadenó, por lo pronto, una puja entre los más de 700 proveedores por conseguir cobrar algo de la enorme deuda que la empresa tiene con ellos desde los tiempos de Massa. Algo más de 100 millones de dólares acumulados. En realidad, el pasivo grueso es con unos 70 contratistas cuya acreencia supera el millón de dólares. Los primeros en enterarse de esto fueron gerentes regionales del Macro, el banco que se fue convirtiendo en los últimos años en financiador de varios proveedores y que intentaba cobrar créditos que había otorgado contra las facturas. ¿Cómo te voy a pagar si el Gobierno no me paga?, contestaban los deudores.
Es evidente que algunos vieron en la presión y la escasez un negocio. O al menos es la queja que llegó al Gobierno: más de un proveedor llegó a oír propuestas extrañas. Por ejemplo, que para tener una certificación de deuda debería dejar en alguna ventanilla lateral un 25% del monto. O, para cobrar, un 15%. Según admiten los empresarios, el servicio de pago venía con una explicación textual: “No hay plata y lo escaso tiene un costo”. Travesuras que acaso haya acelerado el proyecto de privatizar el servicio, incluido en la Ley Bases.
La Secretaría de Transporte acaba de encargar una amplia auditoría para los gastos y la deuda. Y le pidió la semana pasada la renuncia a Luque, aunque con otro argumento público: quería darle a la empresa una administración de carácter más técnico. No está claro qué se le dijo exactamente, pero sí la reacción que el presidente de Sofse tuvo, no bien oyó la orden: no se iría y, en todo caso, lo haría llevándose a unos cuántos consigo. ¿Lo estaban haciendo responsable de todos los desmanejos? ¿También de las irregularidades? “No se olviden que soy abogado”, lo escucharon decir.
Luque tuvo una conversación franca con Franco Mogetta, secretario de Transporte. Pero quien le había dado antes la noticia era alguien más cercano, Fabián Carballo, un empresario de ferias al borde del andén que ha cobrado una relevancia inusitada, se mueve internamente con la autoridad de un funcionario y tiene una antigua y muy buena relación con Massa. Carballo no sólo fue candidato a intendente de José C. Paz en 2015 por el Frente Renovador, sino que apuntaló varias campañas de ese espacio y le prestó en muchas ocasiones el helicóptero al exlíder de Tigre. Y, según una investigación de Maia Jastreblansky e Iván Ruiz en LA NACION, le alquiló 17 vuelos entre 2014 y 2019 a través de una empresa de su propiedad, Fusion Blue Services Aéreos SA.
El año pasado, mientras ocupaba el cargo de director de Contralor de Transporte Aéreo bonaerense, puesto al que llegó por la influencia massista en el gabinete de Kicillof, Carballo se acercó también a la Libertad Avanza. Lo hizo a través de dos dirigentes con llegada al poder: Carlos Romo, concejal de San Miguel por ese partido, y su hijo Agustín Romo, diputado provincial. Eran todavía tiempos de campaña en los que muchos candidatos de la provincia de Buenos Aires pasaron de uno a otro lado. El caso más emblemático fue Sergio Raúl “Nono” Vargas, actual senador bonaerense de la Libertad Avanza, exsocio de Guillermo Michel en el sector privado y todavía de licencia como consejero técnico de Fiscalización y Operativa de la Dirección de Aduana de Ezeiza.
Todo ese universo se jacta de tener muy buen vínculo con Santiago Caputo, asesor de Milei y el más influyente en el área ferroviaria. O el más citado dentro de la compañía ante eventuales discusiones. De hecho, durante el lapso de siete días en que se negó a dejar el cargo, Luque repetía que sólo se iría si se lo pedían: “Cualquiera de los Caputo, Karina o el Peluca”. La resistencia duró hasta la mañana de este martes, cuando el directorio le aceptó la renuncia. La incógnita es ahora si, más allá de los nombres, viene o no una nueva etapa. Por: Francisco Olivera para el Diario LaNación.com
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