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Una de las
querellas pidió ante la
Cámara Federal que la Presidenta para que diga si estaba al tanto de la
situación de los trenes y que el Ministro de Planificación sea investigado como
jefe de una asociación ilícita.
¿Por qué los
funcionarios del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de
Transporte no controlaron los subsidios de más de 3 mil millones de pesos que
recibió TBA? ¿Cómo es que esos mismos funcionarios nunca efectuaron denuncia
alguna sobre el uso de los fondos transferidos desde el 2000 hasta que se le
retiró la concesión a TBA? Esas son dos de preguntas que una de las querellas
de la Tragedia
de Once quiere que responda la presidenta Cristina Kirchner.
El abogado
Gregorio Dalbón presentó hoy, ante la Sala II de la Cámara Federal , un
pedido para que la
Presidenta sea citada a declarar como testigo en el marco de
la causa por el choque de tren de Once en el que murieron 51 personas y más de
700 resultaron heridas. También para que el ministro de Planificación, Julio De
Vido, sea llamado a indagatoria e investigado como jefe de una asociación
ilícita.
La querella
de Dalbón, que representa a unas 400 víctimas del choque, sostiene que De Vido
es el jefe de una asociación ilícita formada por funcionarios del Estado,
empresarios y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que
formaron “una cadena de la felicidad” destinada a aumentar sus ganancias.
La
investigación de la causa, en manos del juez Claudio Bonadio, ha
“desenmascarado una maniobra de magnitudes inimaginables e insospechadas,
poniendo al descubierto mecanismos a través de los cuales multimillonarias
sumas transferidas por el Estado Nacional durante años, que debían haber sido
utilizadas para que la empresa concesionaria (TBA) mejore la infraestructura
del servicio ferroviario (…) fueron, en realidad, utilizadas para el
enriquecimiento ilícito de los directivos de dicha empresa ante la absoluta
pasividad de los funcionarios públicos que tenían la obligación de controlar
que ello no sucediera”, dice el escrito que solicita que se cite a Cristina
Kirchner como testigo.
Dalbón
solicitó a los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah que
procese por asociación ilícita a todos los funcionarios públicos involucrados en
la causa y que sume a Julio De Vido como jefe y no sólo a los dueños de TBA.
En octubre
pasado, el juez Bonadio dictó el procesamiento de los dos primeros secretarios
de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, pero por el
delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario
público por no haber controlado debidamente el modo en que TBA explotaba el
Sarmiento. Y a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa,
por manejar una asociación ilícita destinada a utilizar en su provecho los
subsidios. Los procesados apelaron esa decisión y ahora Dalbón le pidió a la Cámara Federal que
los incluya a todos dentro de la figura de la asociación ilícita.
Su querella
pidió desde el comienzo que De Vido sea imputado y citado a indagatoria. “Hay
plena responsabilidad del Estado en la tragedia. No coincidimos con el juez en
la calificación que les ha dado a estos señores. Si hay asociación ilícita,
como bien señaló Bonadio, el Estado tiene que ser parte de esa organización. Si
millones de pesos en subsidios eran despilfarrados por el concesionario, el
concedente, el Estado, tenía que controlar. El ministro de Planificación no
puede estar al margen”, dijo Dalbón y solicitó que se lo investigue de igual
manera que a los dueños de TBA.
Por otra
parte, la querella también pidió que se revoque el sobreseimiento del
maquinista Marcos Antonio Córdoba por considerarlo “partícipe necesario del
hecho porque manejaba el tren” y porque “tenía pleno conocimiento de las graves
fallas” de la formación de la línea Sarmiento que chocó en Once y que nunca
reportó. Córdoba se subió a ese tren sabiendo que “tenía anulado un dispositivo
de freno de emergencia”, dice la presentación. Según la querella, esas
circunstancias fueron determinantes para que la tragedia se produjera.
También
solicitó que se revoque el sobreseimiento de Antonio Eduardo Sícaro,
interventor de la
Comisión Nacional de Regulación de Transporte -desde fines
del año 2007 hasta agosto pasado- por considerarlo parte de la asociación
ilícita, tal como había planteado el fiscal Federico Delgado.
Dalbón
también solicitó la marcha atrás de la falta de mérito de Antonio Cirigliano,
asesor administrativo financiero de TBA ya que no podía ser ajeno “a los
manejos espurios de los fondos asignados a dicha empresa”, en referencia a los
subsidios.
Por último,
pidió que se abra una causa en paralelo, con otro juez, que investigue ese tema
para no mezclarlo con el accidente. “Sólo la pericia contable tiene 26
cuerpos”, ejemplificó Dalbón. “Está muy bien que se investiguen los subsidios y
vamos a acompañar esa causa como querella, pero que no se mezclen los temas.
Las víctimas necesitan Justicia ya”.Clarín