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29 de enero de 2024

Línea Roca: Demoras, sobreprecios y objetivos incumplidos en el proceso de electrificación período 2015 - 2017

Actualidad

La Auditoría General de la Nación analizó el periodo 2015- 2017. Observaron que el servicio tarda más que lo proyectado entre estaciones, que no se ejecutaron todas las obras previstas y que se gastó al menos un 30% más que el estimado.

La transformación del humo gris de viejas locomotoras a un tren eléctrico limpio de combustión tardó décadas en hacerse realidad. La electrificación de los trenes de la línea General Roca fue uno de los trabajos de infraestructura ferroviaria más importantes del país, una obra que se proyectó durante más de 40 años y que recién se concretó en los últimos 10. 

La línea General Roca, la más extensa de la provincia de Buenos Aires, está compuesta por siete ramales suburbanos de los Ferrocarriles Metropolitanos de Buenos Aires. Todos conectan localidades del Sur del AMBA. Desde marzo de 2015 es operada por la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones. 

Uno de los servicios que presta la línea es el ramal que une la estación de Constitución con la de La Plata, parando en localidades de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.  El trayecto se terminó de electrificar en 2017 y hoy, entre cabeceras, demora 70 minutos. Que deje de ser un servicio diésel y sea eléctrico permitió que viajen más pasajeros por día, que el viaje sea más corto, bajar el número de accidentes y reducir la contaminación. 

La Auditoría General de la Nación realizó un informe en el ámbito del Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Transporte, Comisión Nacional de Regulación Del Transporte, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado referido a la obra de electrificación del ramal. Auditaron desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2017, salvo los análisis estadísticos del servicio ferroviario del ramal Plaza Constitución-La Plata que incluyeron hasta el 31 de diciembre de 2018.

Para realizar la electrificación del ramal se tomó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S1.200 millones. La obra se dividió en dos tramos: Constitución - Berazategui y Berazategui - La Plata. En el informe de la AGN se destaca que "el proyecto se ejecutó en forma distinta a lo originalmente planificado", en especial en lo que hace a la secuencia y tiempos de ejecución.

Demoras y costos elevados

La AGN observó incumplimientos a lo que estaba establecido en el Régimen Nacional de Inversiones Públicas (Ley 24.354). Además encontraron que la ejecución del proyecto difirió de su planificación original y, en ese contexto, las previsiones para completar las obras y alcanzar los objetivos a finales de 2018 no se cumplieron, incrementándose los costos y plazos involucrados.

Durante el periodo auditado, la Auditoría verificó la "falta de ejecución de componentes y subcomponentes que formaban parte del proyecto", entre ellos el sistema de señalamiento y telecomunicaciones, la renovación y mejoramiento de vías, los cercos perimetrales, reparación de algunas obras de arte y el paso bajo nivel de La Plata. 

Por otra parte, se informó que el presupuesto vigente para finalizar el proyecto era de "un 30,72% superior al presupuesto original". Esto se produjo por la incorporación de obras no previstas en el contrato de préstamo, contratación por precios superiores a los presupuestados y retrasos que dieron lugar a redeterminaciones. 



Sobre cómo se seleccionaron las empresas que fueron contratadas para la ejecución de las obras, la AGN halló que "no fue considerado el principio de libre competencia” y en lo que refiere a plazos de ejecución, a la finalización del periodo auditado, se presentaban ampliaciones para la culminación de los contratos que iban del 118% al 204%. Los plazos se extendieron en algunos casos por razones de fuerza mayor, en otros por problemas de ejecución o provisión de materiales. 

Entre los trabajos que se realizaron con un gasto mayor al previsto, en el informe se señaló la readecuación de estaciones y material rodante, además de incluir a las estaciones del ramal Vía Circuito que no estuvieron contempladas en el contrato original. El excedente fue del 17% y si no fue mayor porque se ahorró en la no ejecución de la obra de adecuación de puertas y escaleras. 

No superó todas las metas

Entre las metas pautadas en el proyecto de electrificación del ramal La Plata - Constitución se enumeraron: incorporar 60 mil pasajeros adicionales por día hábil; ahorrar tiempo de viaje (20 minutos entre cabeceras parando en todas las estaciones y más aún en los servicios expresos y semiexpresos); reducir la cantidad de accidentes asociados al movimiento de trenes debido a la diferencia de nivel entre la plataforma de las estaciones y el piso de los coches (al momento de diseñar el proyecto se registraron 95 heridos y 5 muertos en 16 meses) y construir túneles para el tránsito automotor en los cruces.

El informe de auditoría concluyó que, si bien el Plan de Seguimiento y Evaluación del Proyecto estableció un conjunto de metas que debían realizarse a fines de 2018, al 31 de diciembre de ese año sólo se había alcanzado la que estaba vinculada a la reducción de accidente de pasajeros asociados al movimiento de trenes. En este punto se indicó una baja del 82,5%.

Con respecto a la disminución del tiempo de viaje, al momento de la auditoría se tardaba un 14% más que lo previsto; mientras que los tiempo de espera entre trenes era de un 76% por encima de lo que se esperaba. Tampoco se realizó la cantidad de túneles proyectada.

“En síntesis, la ejecución del proyecto siguió una secuencia distinta a la establecida en el contrato de préstamo, en coincidencia con el retraso de algunas obras y la decisión de incorporar el servicio del nuevo material rodante eléctrico adquirido por fuera del mismo. Así se incorporaron, ampliaron y adelantaron algunas obras y se postergaron otras. Esto llevó, fuera del periodo auditado, a solicitar una primera ampliación del plazo de desembolsos del préstamo hasta el 13 de diciembre de 2020 y un nuevo préstamo (BID 2982/OC-AR-Modificatorio 3) con el objetivo de finalizarlas”, concluye el informe. 

¿Cómo fue la evolución para la electrificación del Roca?

El primer estudio de ingeniería para electrificar la línea Roca se realizó en 1973. En una primera etapa contemplaba la electrificación de los tramos Constitución - Temperley y Temperley - Ezeiza. Tal como se detalla en una nota previa de El Auditor.info, esa obra se inició varios años más tarde, siendo el primer tramo electrificado el ramal a Ezeiza. Durante la década del 80, el proyecto quedó suspendido y posteriormente siguió frenado con las concesiones ferroviarias de transportes de pasajeros. 

En 2002 se electrificó la vía descendente entre Glew y Alejandro Korn, lo que permitió prolongar algunos servicios eléctricos hasta esta última estación. Dos años más tarde, en 2004, se completó la electrificación de una parte del ramal Temperley - Villa Elisa, precisamente entre Temperley y Claypole. Así comenzaron a ofrecerse servicios directos entre Plaza Constitución y Claypole, en 2009. Luego se proyectó la obra de electrificación del Ramal La Plata.Fuente: https://elauditor.info/informes-de-auditoria/tren-roca--demoras--sobreprecios-y-objetivos-incumplidos-en-el-proceso-de-electrificacion_a65a6dfc83dc8962a25e5ebec

13 de noviembre de 2023

La AGN salta la grieta y cuestiona la venta de terrenos a la Ciudad en la era de Mauricio Macri

Nota de Opinión

Por: Antonio Rossi (para LetraP.com)

La Auditoría, con Pichetto incluido, objetó el traspaso de inmuebles y tierras durante el gobierno de Cambiemos. Irregularidades y pérdidas para el Estado. Dietrich y Ramón Lanús, mal parados.

Tres de las principales iniciativas de infraestructura que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta llevó adelante con recursos nacionales durante la presidencia de Mauricio Macri quedaron en la mira de la Auditoría General de la Nación (AGN). Fue tras detectar irregularidades en el mecanismo de financiamiento y falta de control de los fondos transferidos a la Ciudad para el pago de las obras.

Con el visto bueno de los auditores de Juntos por el Cambio y las firmas de los representantes del kirchnerismo y el massismo, la AGN aprobó un informe con cuestionamientos duros a la enajenación de terrenos e inmuebles ferroviarios en la Ciudad que llevó adelante el gobierno macrista, para financiar las obras porteñas del Paseo del Bajo y los viaductos de las Líneas Mitre y San Martín.

Al analizar la gestión desplegada por Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entre 2016-2019, la AGN constató que las ventas de los terrenos de origen ferroviario de Empalme Norte para la construcción del Paseo del Bajo y de la Playa Colegiales “resultaron perjudiciales para el Estado Nacional”.

El informe confirmó los cuestionamientos y objeciones que, oportunamente, recibió la decisión del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich de delegar la licitación y el pago de esas obras con recursos nacionales a la administración de Larreta. La auditoría también dejó mal parado al intendente electo de San Isidro, Ramón Lanús, quien estaba al frente de la AABE durante el gobierno macrista.

Tres iniciativas bajo la lupa

Uno de los proyectos que quedó bajo sospecha es el denominado Paseo del Bajo, el enlace vial para camiones y ómnibus de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia, 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata. Inauguradas parcialmente en mayo de 2019, las obras fueron blanco de varias denuncias por irregularidades y direccionamiento de los contratos más abultados a favor de la constructora IECSA que controlaba Angelo Calcaterra, primo de Macri.

Por el lado ferroviario, son dos los proyectos observados. Uno es el Viaducto de la Línea Mitre-Ramal Tigre; una obra de casi cuatro kilómetros de extensión, cuya licitación y construcción quedó bajo la órbita de la empresa estatal porteña AUSA. El otro, el Viaducto de la línea San Martín de cinco kilómetros de extensión, entre Palermo y Paternal, que fue inaugurado de forma parcial antes de las elecciones de 2019.

El gobierno porteño dejó sin concluir y cerradas las estaciones elevadas de Villa Crespo y Paternal que habían sido adjudicadas a las firmas Green y Rottio; dos constructoras afines al macrismo que, tras cobrar la mayor parte de las obras, incumplieron los contratos. Esas estaciones las terminó construyendo y equipando la Nación por medio de la empresa estatal ADIF.

Pérdidas millonarias para el Estado

El informe de la AGN advierte que la ABBE “no ejecutó las políticas y procedimientos que rigen la administración y disposición de los bienes inmuebles del Estado Nacional conforme a los criterios de eficacia y equidad. Eso se fundamenta principalmente en la doble ausencia de un relevamiento previo e integral de los inmuebles ociosos o subutilizados y de datos actualizados, completos y confiables que permitan efectuar una selección de los inmuebles para su venta y posterior afectación del producido a las políticas del Estado Nacional”.

Firmado por el titular del organismo, Jesús Rodríguez y el cuerpo de auditores que integran Alejandro Nieva, Francisco Javier Fernández, María Graciela De la Rosa, Gabriel Mihiura Estrada, Juan Ignacio Forlón y Miguel Ángel Pichetto; el informe constató la existencia de “una baja participación de oferentes en las subastas que generó un impacto directo en la formación de los precios de los inmuebles, a lo cual se sumó el hecho de que la AABE habilitó a participar de las subastas públicas a oferentes que no cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”.

De acuerdo con los cálculos de los auditores, la comparación entre los “valores venales de los inmuebles y los valores a los cuales se terminaron adjudicando a los compradores” arrojó una pérdida de ingresos al Estado Nacional de casi US$ 62 millones.

Informe con lupa

Entre otras conclusiones, el trabajo de la AGN resaltó el tratamiento altamente favorable que tuvo la ABEE con la administración porteña entre 2016 y 2019. El 77,14% de las ventas de inmuebles de ese período se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires con la transferencia posterior de los fondos recaudados a obras de la jurisdicción porteña.

“En el caso de los inmuebles afectados al proyecto ‘Catalinas Norte II’ y cuyos valores se transfirieron para el Paseo del Bajo, se comprobó que la ausencia de un precio base debidamente justificado y la baja participación de oferentes generó que los inmuebles fueran adjudicados por montos inferiores al del valor venal con una diferencia negativa US$ 56.787.498”, se puntualizó en el informe.

Asimismo, se advirtió que en los inmuebles subastados para financiar los viaductos Mitre y San Martín “se verificaron errores de cálculo del monto de las transferencias del producido de las ventas que impactaron negativamente en $ 426 millones en los importes que debían ser transferidos al Estado Nacional”.

La AGN también aseguró que “se detectaron transferencias de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires bajo el concepto de 'dación en pago' que contravinieron el marco legal vigente y sobre los cuales la AABE tampoco ejerció el control pertinente respecto de la contraprestación asumida por el gobierno porteño”.

La conclusión de la Auditoría es que tanto las ventas como las transferencias de terrenos estatales para pagar obras de la Ciudad “no respetaron los criterios de fomento de desarrollo urbano conforme al principio de equidad, ni fueron realizadas conforme a las políticas de ordenamiento territorial plasmadas en el Plan Estratégico Territorial”.

12 de abril de 2022

¿Sobrevivirá el tren?

Actualidad

Se cumplió un año de que el entonces ministro Meoni relanzara Ferrocarriles Argentinos, luego de cinco años de inactividad. Hoy las empresas que lo componen siguen tratando de articularse, mientras el fantasma del boicot ronda sobre algunos descarrilamientos.

El pasado 8 de marzo, se cumplió el primer aniversario del relanzamiento de Ferrocarriles Argentinos. Hace un año, el entonces ministro de Transporte Mario Meoni encabezaba la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa, en la estación Plaza Constitución. El acto, más allá del hecho puntual de dotar a la compañía de una sede propia de la que hasta entonces carecía, simbolizaba la decisión política del entonces ministro de reactivar su funcionamiento tras cinco años de parálisis.

Ferrocarriles Argentinos había sido (re)creada en 2015, tras la aprobación prácticamente unánime por parte del Congreso de la ley 27.132, con el objetivo de “articular todo el sistema ferroviario nacional” y de “integrar y articular” a las tres empresas ferroviarias que el Estado había ido acumulando desde el resquebrajamiento de las privatizaciones del menemismo: la operadora (SOFSE), la división de infraestructura (ADIF) y la de cargas (BCyL), que habrían de convertirse en unidades de negocio especializadas de la empresa ferroviaria nacional. Por su parte, una “cuarta” empresa, ARHF/DECAHF, habría de fusionarse con la SOFSE. Esta política seguía el ejemplo explícito de la reunificación de la red ferroviaria francesa.

Todo para atrás 

Pero el cambio de gobierno ocurrido a fines de ese año truncó ese camino. Durante la gestión macrista la empresa Ferrocarriles Argentinos fue desactivada. La inactividad de Ferrocarriles Argentinos y la falta de coordinación entre las empresas ferroviarias fueron observadas por diversos organismos de control, siendo reprochada por sendos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Ese fue el escenario que se encontró Meoni al poco tiempo de asumir a cargo de Transporte, en diciembre de 2019.

Con el correr de los meses, el ministro advirtió que de continuarse con la política heredada del macrismo, de mantener a Ferrocarriles Argentinos en el freezer y a sus subsidiarias trabajando sin coordinación, la capacidad de acción del Estado en materia de política ferroviaria se quedaría a medio camino y a merced de toda clase de intereses de terceros.

El relanzamiento de Ferrocarriles Argentinos se tradujo en principio en un incremento del perfil público de la empresa.

Se diseñaron nuevos perfiles en redes sociales, se recuperó el logo histórico en una versión “aggiornada” y la empresa comenzó a dar señas de una mayor actividad, aún con el limitado personal y el escaso presupuesto del que fue dotada.

Sin embargo, el hoy ministro de transporte, Alexis Guerrera, dio detalles acerca de las expectativas para este año, con especial énfasis en las obras infraestructurales.

El funcionario destacó que el Gobierno proyecta "más de 800 obras estratégicas" para la modernización del sistema de transporte y afirmó que el "mayor desafío" de su cartera es "modernizar la red ferroviaria del país".

"Pese a la pandemia, las obras ferroviarias se continuaron. Tenemos en marcha cerca de 80 mil millones de pesos en ejecución y una proyección para los próximos años que duplica este número", afirmó.

Asimismo, destacó que las mayores inversiones del 2021 se concentraron en el tendido ferroviario. "Hicimos ampliaciones en recorridos, frecuencias y trabajamos muy activamente en las estaciones", explicó.

Guerrera, sostuvo que "la recuperación por parte del Estado del control de las vías entre Buenos Aires y Rosario, que antes estaba en manos de una concesionaria", constituye "una primera experiencia" de un plan de gestión hacia el futuro. A su vez, detalló que el interés del Gobierno nacional radica en darle importancia a los trenes, por lo que, según explicó, trabajarán en ese objetivo.

No obstante, las inversiones en el tendido ferroviario no son las únicas obras que actualmente está llevando a cabo el ministerio de transporte. "Tenemos obras importantes estratégicas en puertos, en por lo menos cinco o seis aeropuertos distribuidos en distintos lugares del país, y en más de una veintena de puertos, no sólo fluviales sino también marítimos", detalló el pintense.

Entrevista a Contreras 

Por su parte, el flamante presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), Damián Contreras, planteó la necesidad de considerar al sistema ferroviario como una “política de Estado”, con la sanción de una ley que garantice acciones en pos de “la recuperación histórica de los trenes”.

Contreras propuso para el “mediano y largo plazo dejar plasmado un proyecto de sistema ferroviario que tenga que ver con la recuperación de kilómetros de vías, que tenga más que ver con los casi 50 mil kilómetros que alguna vez tuvimos”.

El funcionario asumió a principios de febrero pasado la conducción de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), en reemplazo de Rodrigo Rufeil.

– ¿Cómo se genera un sistema ferroviario federal que sirva y sea eficiente para el país?

– Debemos tomar conciencia y proponer la discusión, sincera, abierta, sin sectarismo, de si realmente consideramos al sistema ferroviario como una política de Estado. En la discusión deberían estar todos los actores, sectores del Estado, las universidades, los sectores políticos, para, precisamente en la diversidad, discutir entre todos y ponernos de acuerdo respecto a cuál es el rumbo, cuál es el objetivo, a que plazo, en cuanto tiempo y de qué manera y aun cambiando los actores de la política, que esa política se puedan seguir llevando adelante.

– ¿Cómo se llega a eso?

– Para eso se necesita de un gran acuerdo, con todos los actores. Hay actores muy importantes dentro del sistema ferroviario que entienden, que son preparados, muchos con rango académico y esa gente tiene que estar sentada en esa mesa.

– ¿Sería mediante un proyecto de ley presentado en el Congreso?

– A quien hoy le toca conducir la Cámara de Diputados de la Nación y lidera el espacio político en el que actúo políticamente -Sergio Massa-, es un hombre de consensos, que piensa en la unidad y en políticas a mediano y largo plazo. Con él en algún momento se podría plantear esta posibilidad, que para el sistema ferroviario una oportunidad histórica.

El ferrocarril le ha dado vida al país, las localidades se construyeron alrededor de las estaciones. Es una historia muy fuerte la de nuestro país con el sector ferroviario, por eso es que no es loco pensar en esto de que realmente se lo pueda reparar históricamente y por ahí esa es nuestra tarea, la de impulsar esa posibilidad y se reconocerá este aporte nuestro en el paso por esta función.Fuente: SemanariodeJunín.com

12 de enero de 2021

Reconstruir y reorganizar el descalabro institucional de los ferrocarriles no es difícil y no requiere de dinero, sino de una firme decisión política

Nota de Opinión

Por: Marcelo Merlino (para CRÓNICA FERROVIARIA)

Bajo mi punto de vista, la grave situación institucional imperante en Ferrocarriles Argentinos, no hace falta una gran inversión económica, sino una decisión política a partir de hacer cumplir la Ley General de Ferrocarriles N° 2.873, y la nueva Ley  27.132/2015, ambas vigentes, en particular esta última, que fundó la empresa Nuevos Ferrocarriles Argentinos, y una derogación y/o modificación del decreto reglamentario de la misma, el N° 1.027/2018 promulgado por Macri-Dietrich, que la desnaturalizó por completo, en clara violación al Artículo 99 inciso 2° de la Constitución Nacional.

Recientemente, tanto la Auditoría General de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, emitieron sendos informes que no constituyen ni un secreto ni una sorpresa para nadie, y menos aún, para los que estamos en el tema ferroviario, los cuales arrojan luz sobre el descalabro institucional de nuestros ferrocarriles, informes estos que lamentablemente no han tenido aún los efectos esperados.

Vista de los talleres ferroviarios Remedios de Escalada y la demarcación de la posible entrega de los terrenos que pertenecían a la ex Ferrobaires

La conducción ferroviaria en nuestro país está descabezada, desarticulada y descoordinada porque la Ley Nacional 27.132/2015, votada unánimemente por todos los bloques legislativos del Congreso Nacional en Abril del 2015, -inclusive por el PRO- no se cumple, y Ferrocarriles Argentinos es hoy una cáscara vacía.

Esta empresa estatal, pese a tener un presidente, un vicepresidente y  un directorio, no existe, al punto tal que el logotipo de "F.A." fue borrado tanto del material rodante como de la papelería comercial, con nula actividad e injerencia en la gestión del sistema ferroviario nacional, y no cumple actualmente con su papel rector en la conducción ferroviaria, porque no coordina, ni cumple con su función de articuladora entre las empresas Trenes Argentinos Infraestructuras (ADIFSE), Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), Trenes Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y Logística) y Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y Playas Ferroviarias Sociedad del Estado (dependiente de la AABE), a las que teóricamente controla.  

Todas ellas tienen un presidente, un vicepresidente y un directorio de los cuales dependen a su vez de numerosos gerentes, lo cual es todo un despropósito, un inútil dispendio de fondos públicos y un exceso administrativo. En otras palabras, la empresa Ferrocarriles Argentinos es hoy una entelequia, fragmentada, atomizada y constituida por seis (6) "kioscos" que orbitan entorno a una cáscara vacía.

Tanto la Auditoría General de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, han sido lapidarias en sus informes, al expresar que: ".....la falta de coordinación entre quién ostenta la infraestructura ferroviaria, ADIFSE, y quién opera sobre ella, SOFSE, es total... ; "....y Ferrocarriles Argentinos, en tanto controlante de ambas, no cumple con su función de integrar y articular las distintas funciones y competencias que tienen asignadas SOFSE, ADIFSE, y Belgrano Cargas & Logística.....";

Todas estas anomalías son consecuencia de la política del ex Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, al punto que las Administraciones de la SOFSE, de la ADIFSE, como de Trenes Argentinos Cargas, Trenes Argentinos Capital Humano, muy frecuentemente toman decisiones contradictorias entre sí, sin reportar a su superior y se pisan mutuamente sus competencias, sin que ninguna de ellas se haya adecuado al modelo establecido por la vigente Ley Nacional N° 27.132/2015.

Como si eso fuera poco, el Decreto N° 1.027/2018, (Boletín Oficial del 8/11/2018), promulgado por Macri y refrendado por Dietrich, reglamentario de la Ley 27.132/2015-, agravó las cosas, puesto que violentando el Artículo 99 inciso 2° de la Constitución Nacional, va a contrapelo tanto de la letra como del espíritu de la Ley mencionada a la que se supone debe reglamentar, y no alterar ni derogar, puesto que contradice las pautas centrales adoptadas por ésta, por lo cual, a esta altura del nuevo gobierno nacional, no se entiende cómo es que todavía no fue derogado o modificado en sus partes substanciales.

Mientras tanto, el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Dr. Martín Ferreiro, a casi un año de instalado el nuevo gobierno y proviniendo de la gestión macrista, inexplicablemente continúa aún en ese cargo. Este funcionario respondió a las objeciones técnicas precedentemente expuestas, recurriendo a citas del Manual de Derecho Administrativo de Roberto Dromi, de triste memoria en los años 90, cuando pergeñó la política de privatizaciones y desguace del Estado Nacional, increíblemente argumentando que ".....las empresas controladas por Ferrocarriles Argentinos, detentan una individualidad jurídica, operativa y patrimonial propia, conservando su autonomía funcional, y por tal motivo, ejerciendo sus competencias sin injerencia de FA......." ;  (!!!!!!).

Este cuadro de fragmentación y hasta de anarquía institucional, se completa con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tópico que merece Capítulo aparte. Este extraño y repentinamente devenido en poderoso organismo por la discrecionalidad y arbitrariedad con que manipula y decide sobre el patrimonio inmobiliario fiscal en general, y de los ferrocarriles en particular,  fue creado por los inconstitucionales Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1.382/2012, (B.O. del 9/8/2012), su ampliatorio el 1.416/2013, (B.O. del 18/09/2013), y el decreto reglamentario de ambos, el 2.670/2015, del 01/12/2015).

Este inconstitucional organismo, que bajo la conducción de su ex presidente durante la gestión macrista, Dr. Ramón María Lanús, cometió severas irregularidades en materia de desafectación y venta de inmuebles ferroviarios operativos, motivó que el Presiente de la Nación, Alberto Fernández, promulgara los decretos N° 145/2020 y 149/2020 del 13 y 14 de Febrero de 2020, respectivamente, con la finalidad de poner fin a estos abusos y revisar las ventas y cesiones ilegales de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual, su actual presidente, el Dr. Martín Cosentino, expresó que su gestión iba a poner fin a estas situaciones anómalas, en razón de que la AABE, “…….se había convertido en una inmobiliaria de los bienes inmuebles del  Estado……”. Sin embargo, poco y nada se ha avanzado en tal sentido.

En efecto, el mencionado funcionario,  cuya demora y virtual parálisis en la tarea de devolver inmuebles ferroviarios operativos a su legítimo titular que es Ferrocarriles Argentinos, tal como lo dispone la Ley General de Ferrocarriles N° 2.873 y cuya desafectación fue dispuesta jurídica e inconstitucionalmente por Decretos de la gestión anterior, cuando debió haber sido por Ley del Congreso Nacional conforme al Artículo 75 inciso 5° de la Constitución Nacional, no admite  justificación alguna, por lo cual, la actual política que ya se parece mucho a la anterior de la gestión macrista, requiere una urgente rectificación.

Entre otros, se impone proceder a la devolución y regularización de los inmuebles ilegalmente desafectados donde se encuentran situadas las playas ferroviarias de Retiro (Mitre), cuya venta afortunadamente no se concretó por falta de compradores, aunque lo intentó Ramón Lanús durante su gestión, como:  Colegiales, Liniers, Caballito, Martín Coronado, estación Buenos Aires, Estación Federico Lacroze y otras, y las 28 hectáreas de la Cooperativa de los Talleres Ferroviarios de Junin, (COOTAJ). 

A este respecto, dable es destacar que esas 28 hectáreas de las fue despojada nuevamente el ferrocarril, y ahora a cargo de esta Cooperativa, y cuya posesión detenta actualmente la Municipalidad de Junín, a quién Dietrich y el ex presidente de la AABE durante el anterior gobierno cedió en clara violación a la legislación vigente, son imperiosamente imprescindibles para reparar el material ferroviario, pues hay allí naves, tornos, herramientas pesadas e instrumental indispensable para que esos talleres cumplan su cometido, conforme a expresas instrucciones presidenciales de recuperar el ferrocarril en nuestro país.

A ello se le suma la reciente información originada en el diputado provincial y referente del Frente Renovador del partido de Lanús, Nicolás Russo, quién ha motorizado el proyecto de ceder unas 4 hectáreas ocupadas actualmente por el depósito de locomotoras de los Talleres de Remedios de Escalada de la Línea Roca, que fuera asiento de la ex Ferrobaires, a la Universidad Nacional de Lanús. 

Esta Universidad ya fue beneficiada tiempo atrás por la cesión de otra importante porción de ese mismo predio ferroviario, por lo  cual, el actual proyecto está siendo observado y juzgado por el mundo ferroviario y por sus gremios, como un nuevo despojo al ferrocarril. Tal descabellada iniciativa, está causando estupor en el medio ferroviario en general, y en los gremios del sector en particular, quienes se muestran actualmente preocupados e indignados por tal motivo, y exigen una urgente rectificación por parte de los organismos competentes.  

Sin ninguna duda, ante la reciente reapertura de nuevos servicios ferroviarios de larga distancia, será imperiosamente necesario disponer de esas naves y talleres estratégicos, que cuentan con una superficie cubierta de 5.200 m2, con 8 vías de alistamiento y reparación de coches y locomotoras que cuenta de 110 metros de largo cada una, de las cuales 3 cuentan con una fosa de inspección, y otras 4 con plataforma para rápido y cómodo acceso al material a reparar. 

Cuenta además con diversos aparejos electrónicos para facilitar el movimiento y montaje de órganos de parque, y anexo al cuerpo principal. También se encuentran allí diversas dependencias administrativas, entre las cuales hay un almacén de repuestos e hidrocarburos, un laboratorio de análisis clínicos para combustibles, lubricantes y refrigerantes de los coches de corta, media y larga distancia, y un puesto se seguridad, todo ello en uso actualmente.

Hasta el día de la fecha, ni el presidente de la SOFSE, Dr. Martín Marinucci, ni el de la ADIFSE,  ni el de la AABE, Dr. Martín Cosentino,  han desmentido públicamente estas versiones, y más aún, recorrieron recientemente este predio, efectuando una visita a la cual calificaron de "evaluatoria" (?), lo cual ratificó e incrementó los temores de los sectores involucrados.

Además, en el pasado reciente, hubieron otros indicios que han dado pábulo a justos motivos de alarma y aprehensión, en razón de actitudes y resoluciones de los funcionarios a cargo de la AABE, tal como la resolución dictada a comienzos de este año, por la cual se le efectuó una colosal rebanada a la playa de Miguelete, contigua a la estación San Martín de la Línea Mitre, para cedérsela a esta casa de estudios, despojo inaudito que ni el mismo macrismo en sus tiempos de apogeo se atrevió a tanto. 

Esa severa amputación al patrimonio de la Línea Mitre, se suma a muchas otras,  y privó a esta línea de su playa de maniobras para alistamiento, reparaciones ligeras, maniobras, estacionamiento de trenes y mesa giratoria con su bello edificio circular de ladrillo a la vista de estilo inglés, único en América Latina, quedándole por ello a este ferrocarril la base operativa y de alistamiento de trenes mas cercana a 300 kilómetros de distancia de la Capital Federal, o sea, en Rosario, lo cual constituye un disparate inédito.

Es increíble e inaudito, que el Ferrocarril y sus tierras se hayan transformado en un botín de guerra para las universidades, clubes, municipalidades, inmobiliarias, sociedades de fomento, particulares y de cualquiera que tenga poder de lobby suficiente para obtener tierras gratis a expensas del ferrocarril, cesiones que se concretan mediante una resolución administrativa de un funcionario de cuarta categoría, cuando es menester una Ley del Congreso para desafectar, ceder a título oneroso o gratuito, o vender tierras ferroviarias operativas, con lo cual se viola impunemente el Artículo 75 inciso 5° de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales 2.873, 26.352/2008, 27.132/2015, entre otras, legislación vigente y específica y la reiterada y abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ; (Vídim :  Casos Vila, Alfredo, Díaz,  Gustavo Marcelo, Fernández Cancio de Gamara y otros, en : Fallos de la C.S.J.N: 273:111; 311:2688;310:681, entre otros).

El tiempo pasa inexorablemente y se agota, y es menester poner urgente coto  a estas situaciones manifiestamente ilegales y anómalas, y reordenar mínimamente a la empresa “Nuevos Ferrocarriles Argentinos”, para lo cual no hay necesidad de  dispendios económicos, sino de adoptar las decisiones políticas que la hora impone y generar economías, a partir de la puesta en vigor de la vigente Ley 27.132/2015, y dotar a dicha empresa estatal ferroviaria, de autarquía funcional, administrativa y financiera, designando al frente de ella a técnicos experimentados como Presidente y como Vicepresidente, y a un directorio representativo de usuarios y trabajadores, tomando como antecedente a la Ley (Decreto-Ley) N° 18.360, curiosamente no derogada, pero desactivada en los años noventa con la disolución de la extinta Ferrocarriles Argentinos por Menem-Cavallo.

Entonces, el presidente del directorio de  Ferrocarriles Argentinos deberá ser como lo fue antes de su disolución en los años noventa, el órgano rector y visible de la empresa, y en consecuencia habrá que reformular las áreas de Infraestructura, Operatoria, Recursos Humanos y Belgrano Cargas y Logística, que deben dejar de ser empresas dentro de la empresa madre (verdaderos kioscos autónomos que no reportan a su superior inmediato) para convertirse en lo que eran, o sea, en todas gerencias dependientes del presidente de la empresa, lo que redundará en un rápido mejoramiento operativo y en una disminución de su actual, inútil y pavoroso costo.

Por otra parte, la actual Agencia de Administración de Bienes del Estado, verdadero tumor maligno enclavado en la Administración Pública Nacional, creada en flagrante violación a la Constitución Nacional, debe ser disuelta, y la administración y gestión de los bienes inmuebles ferroviarios a ella confiados, deberá ser asumido por la Gerencia de Resguardo de Bienes Inmuebles de Ferrocarriles Argentinos como siempre lo fue. 

El personal integrante de la planta permanente de la misma, de carrera ferroviaria, debe ser reubicado en las distintas dependencias de Ferrocarriles Argentinos, y el destino del personal no ferroviario, será determinado por el Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto  a los bienes inmuebles no ferroviarios, deberán ser devueltos a los organismos titulares de los mismos.

El Ministerio de Transporte de la Nación tiene, por ahora, el poder para enmendar y rectificar estas graves anomalías, para lo cual sólo se necesita coraje político para tomar la decisión que la hora reclama, y así propender a un ferrocarril moderno, pujante y eficiente que pueda enfrentar con vigor los desafíos logísticos de las décadas por venir, a la vez que potenciar y ordenar las grandes obras ferroviarias anunciadas y en curso, lo cual es muy positivo para el país y para el ferrocarril, o bien dejar las cosas como están, de manera tal que esta lenta agonía prosiga hasta culminar con la desaparición física de nuestros ferrocarriles.

20 de febrero de 2019

La Auditoría General de la Nación realizará 464 trabajos de control gubernamental que incluyen obras ferroviarias

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

La Auditoría General de la Nación (AGN), que preside Oscar Lamberto, realizará este año 464 trabajos de control gubernamental, que incluyen 204 actualmente en desarrollo y 260 nuevos, según el Plan Operativo Anual que se aprobó recientemente.


Los trabajos incluyen, entre otros, auditorías a organismos como el Banco Nación, el Banco Central, la AFIP y los entes que regulan la prestación de los servicios públicos de electricidad, agua y transporte.

En cuanto a las obras de infraestructura ferroviarias, se auditará la obra del Soterramiento del corredor ferroviario Caballito-Moreno de la Línea Sarmiento, las obras de electrificación de la Línea Roca, las obras viales financiadas con el sistema vial integrado (SISVIAL), y la sostenibilidad de las concesiones viales.

31 de octubre de 2016

Es inminente el ajuste en YCRT

Actualidad

El gobierno nacional conformó un equipo de funcionarios que revisarán y bregarán achicar los gastos corrientes de las empresas estatales. YCRT es una de las primeras de la lista.

Casi no importa lo que se diga localmente desde la Intervención de YCRT. Las ordenes vienen directamente de Presidencia de la Nación y los ministros. El gobierno de Mauricio Macri buscará reducir el gasto corriente en las empresas estatales o en las que el gobierno nacional tiene participación. Para ello conformó el llamado Consejo de Supervisión Estratégica.

El grupo encargado de llevar esta tarea, y que se reunirá cada 15 días por alrededor de cuatro horas, lo comforman Juan José Aranguren (Energía), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Alfonso Prat-Gay (Hacienda), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte), más los coordinadores económicos Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, otros subsecretarios plenamente dedicados a la reconversión, y dos directores independientes. Su objetivo es evaluar una docena de empresas por trimestre.


Según lo informó el Diario El Cronista, se supo que para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otras.

Las dos primeras en carpeta son el Correo Argentino, con 17.000 empleados, y la Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos), con 23.000 personas en nómina, y que requirieron $ 1173 millones y $ 12.000 millones, respectivamente. El conjunto de empresas mencionadas cuenta con 80.000 empleados, sin contar Enarsa y Cammesa, excluidas ya que por allí el Estado vehiculiza subsidios a las tarifas residenciales.

El lunes pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso al corriente a los gerentes de estas empresas sobre la intención de conducirlos a la adecuación. En el año, cada una de las empresas fue presentando su plan estratégico, pero ahora se les exigirá mayor rigurosidad "para tener una idea más clara de viabilidad", señalaron a este diario en la Casa Rosada. Lo que más preocupa es la falta de parámetros homogéneos en términos de rendición de cuentas, modernidad de gestión, objetivos y estándares de control.

En el Gobierno juran y perjuran que no hay ánimos privatizadores, sino que quieren "redirigir los recursos donde están las prioridades". Sostienen, en cambio, que el principal objetivo es reducir gradualmente el aporte estatal.

"Con menos del 20% de la plata que les giramos podemos asfaltar las calles de tierra de todos los conurbanos de la Argentina", graficó una importante fuente oficial. El objetivo, grosso modo, es culminar en 2019 con solo $ 20.000 millones de aportes.

Las municiones también están cargadas contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). "Van a tener que ser mucho más activos de lo que han sido hasta ahora", señalaron al comentar que están fijando nuevos esquemas de exigencias, similares a los que reinan en el ámbito corporativo privado: estándares de transparencia y control, rendición de cuentas y fiscalización.

Para ello, el Gobierno está reclutando ejecutivos de primera línea, a quienes intenta seducir con "esquemas de compensación" para que salten de la esfera privada a la pública. Sucede que los sueldos estatales se estancan en los $ 70.000, muy por debajo de lo que hoy ganan en el sector privado.DelaCuenca.com

18 de octubre de 2016

Tandil: Llegan representantes de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA)

Actualidad

Dirigentes de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos(APDFA) llegarán este jueves a las 15 en el marco de la campaña de recolección de firmas que llevan adelante para el regreso del tren. 

“Lamentablemente no hemos conseguido todavía, una reunión con el intendente, para poder transmitirle nuestra inquietud. RerNuestra misión es seguir recolectando firmas para exigirles a nuestros gobernantes que restituyan los ramales cerrados”, indicaron desde la APDFA. 

Señalaron que “estaremos en la plaza principal el día 20 de Octubre por la tarde, viernes 21 todo el día, sábado 22, buscando el apoyo de los vecinos, que con sus firmas avalaran el pedido a los Gobernantes, para la vuelta del tren. Como lo hicimos en Bragado, Bolivar, Mechita, Chivilcoy, 25 de Mayo, donde la afluencia fue masiva. Así recorreremos cada ciudad para que todos participen.


Quienes deseen mayor información pueden ingresar la FAN PAGE en Faceboock “Sin trenes no hay futuro”

Como se ha informado oportunamente los servicios ferroviarios de larga distancia de la provincia de Buenos Aires dejaron de funcionar el 29 de junio, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) determinara que gran parte de los rodados no estaban en condiciones de circular. La decisión, aprobada por la gobernadora María Eugenia Vidal, también ampara que Ferrobaires pase a manos del Estado Nacional; algunos ramales quedarán sin servicio, y miembros de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) juntan firmas para evitarlo. 

Los trenes eran dirigidos por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial(UEPFP), que emplea con el nombre de Ferrobaires y es propiedad de la provincia de Buenos Aires; conectaban la Capital Federal con Mar del Plata, Bahía Blanca, Miramar, Pinamar, Tandil, Bolívar, Bragado, 25 de Mayo y Junín entre otros puntos. A mediados de junio, el gobierno provincial determinó que la empresa -respetando la Ley Nacional de Ferrocarriles Argentinos, firmada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasara a manos del Estado. 

“El Estado no se hará cargo de todos los ramales abarcados por Ferrobaires: seguirá explotando los que van a Mar del Plata y Bahía Blanca, pero dejará sin servicio al resto” explicó Martin Zarabozo, delegado de APDFA, y destacó que, durante el traspaso de la empresa (a completarse en un lapso de entre 6 meses y 1 año), la totalidad de las formaciones seguirán sin circular. “La gestión anterior hizo mucho, entendiendo que por 50 años no se invirtió en ferrocarriles; pero fue un comienzo rápido, apurado. Se taparon agujeros y no hubo reformas que pudieran sostenerse a largo plazo. Sin embargo, las obras que comenzaron no fueron retomadas por la gestión de María Eugenia Vidal”, consideró. 

La petición de los trabajadores de APDFA será elevada a Guillermo Dietrich, actual ministro de transporte de la Nación, y se presentará en la mesa de transferencia que define cómo se efectuará el traslado del servicio a la órbita nacional. “El objetivo es demostrar a autoridades y funcionarios que la gente quiere que vuelva el tren”. 

Para apoyar la petitoria y firmar, es necesario acercarse a las estaciones de Constitución, Retiro u Once; o, por internet, hacer click acá. “acá” iría este link: https://www.change.org/p/maria-eugenia-vidal-por-la-recuperaci%C3%B3n-de-los-ramales-abandonados-y-la-vuelta-de-los-trenes-en-todo-el-pa%C3%AD.Fuente: Diario La Voz de Tandil

11 de octubre de 2016

Confirmaron la prisión preventiva de Jaime para la compra de trenes a España y Portugal

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la prisión preventiva del exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime en la causa por administración fraudulenta por la compra de material ferroviario a España y Portugal entre 2004 y 2009.

La Sala I del tribunal declaró "inadmisible" un recurso presentado por el exfuncionario, quien se encuentra detenido desde abril pasado en el marco de esta causa, acusado por el pago de sobreprecios y coimas a través de una docena de contratos por los que se abonaron más de 100 millones de euros.

Jaime fue procesado por el juez federal Julián Ercolini por los delitos de "peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias", por lo que se le trabó un embargo de 100 millones de pesos, al igual que a su exasesor Manuel Vázquez.


Según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporado a la causa, en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171 por ciento, no se controló lo que adquirieron y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento por ser inutilizable, por lo cual está arrumbado en depósitos ferroviarios.


Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Jaime.

"Como reiteradamente ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario federal exige entre otros requisitos para su procedencia que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en el presente caso sometido a control jurisdiccional no se advierte. No cabe hacer excepción a este principio invocando la doctrina de la arbitrariedad pues la sentencia recurrida en autos constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa", señalaron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos en su fallo.

Además de Jaime, el juez Ercolini también dispuso el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (sucesor de Jaime en la cartera), de Ignacio Soba Rojo (un jubilado octogenario, considerado un "prestanombre") y Ricardo Testuri, quien como funcionario del área de Transporte controló el estado del material rodante que se compró a Europa.

Jaime tiene ya tres condenas (dos de ellas firmes) que se unificaron en seis años de prisión, al ser penado por administración fraudulenta de fondos que recibió la concesionaria TBA que estaba a cargo de los trenes Sarmiento, lo cual se develó cuando ocurrió la tragedia ferroviaria de Once.

Las otras dos condenas son por haber ocultado prueba en un allanamiento y por presuntas dádivas que recibió por parte de empresarios, mientras que además está procesado por enriquecimiento ilícito, causa que va camino a juicio oral y público.Terra.com

29 de septiembre de 2016

Línea Sarmiento: Los usuarios siguen viajando mal

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Redacción Crónica Ferroviaria

La Organización de Usuarios del Sarmiento realizaron en el día de ayer una jornada de consulta sobre las condiciones de transporte en dicha línea ferroviaria, realizando un relevamiento viajando desde las estaciones Once de Septiembre - Moreno y viceversa para comprobar en hora pico de qué manera viajan los pasajeros.


Observaron muchas de las anormalidades que ya habían denunciado anteriormente desde hace un par de años, por lo que van a realizar presentaciones ante el Ministerio de Transporte de la Nación, Defensoría del Pueblo y Auditoria General de la Nación pidiendo que de una vez por todas se regularicen, a la vez que solicitaron audiencia al ministro Dietrich para explicarle personalmente los problemas que acarrea el Sarmiento desde hace muchos años.

15 de julio de 2016

Procesaron a De Vido por el tren trucho de Alperovich a Tafí Viejo y otras chatarras compradas a España y Portugal

Actualidad

El juez federal Julián Ercolini procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido y embargó sus bienes en cien millones de pesos por presunta comisión de delito en la compra de trenes usados a España y Portugal durante la década pasada.

De Vido y otros ex funcionarios quedaron procesados por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho, eufemismo jurídico de las más populares coimas.


Además de De Vido fueron procesados Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Cortés, Ricardo Luján Roseto, Carlos Retuerto Castaño y Antonio Eduardo Sícaro. Este último y Ochoa Romero fueron titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Esta causa es la que motivó la detención el 2 de abril pasado del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien ya se encontraba procesado por este caso. Buena parte de la prueba acumulada en el expediente surgió de un informe de la Auditoría General de la Nación que determinó que los materiales adquiridos a montos millonarios eran en su mayoría inservibles para el sistema ferroviario argentino y que muchos de ellos terminaron abandonados.


Se trata de la causa que investiga la compra de trenes realizada en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación en 100 millones de euros, y cuyos vagones se encuentran arrumbados en depósitos ferroviarios como "chatarra".

Uno de los trenes, el "Apolo" hizo un solo viaje entre San Miguel de Tucumán y luego quedó abandonado.

El único viaje fue utilizado como parte de la campaña electoral en 2009 por José Alperovich y su esposa Beatriz Rojkés.

La dupla de coches que llegó a Tafí Viejo había sido construida en España, entre los años 1984 y 1985. Luego del "viaje" de Alperovich y Betty el tren quedó abandonado. ContextoTucuman.com

6 de julio de 2016

Bahía Blanca: Piden por la vuelta del tren de pasajeros de Ferrobaires

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

La concejal del Partido Vecinalista Integración Ciudadana, María de las Mercedes Insausti, presentó un Proyecto de Resolución solicitando al Intendente Municipal de la Ciudad de Bahía Blanca, Héctor Gay, y a Legisladores Provinciales intercedan ante el gobierno provincial para la pronta reposición del servicio de pasajeros de la empresa Ferrobaires

Dicho Proyecto de Resolución informa lo siguiente:


Visto:

La intempestiva decisión de la Subsecretaria de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de suspender todos los trenes de pasajeros que operaba la empresa Ferrobaires, y

Considerando:

Que tal situación genera un alto grado de incertidumbre en la familia ferroviaria, por el riesgo de perder su fuente laboral;

Que 2.700 son los trabajadores de Ferrobaires, siendo 200 quienes cumplen funciones en esta ciudad;

Que para  los habitantes de la provincia y usuarios en general  ocasiona perjuicio económico y social por tratarse de un transporte de bajo costo ($ 150 en clase turista, $ 200 en primera y $ 300 en pullman);

Que el corte afectará a casi 10.000 usuarios de Bahía Blanca y la región;

Que por solo nombrar el ramal Bahía Blanca –Constitución/ Via Pringles, toca las localidades de Cabildo, Saldungaray, Sierra de la Ventana , Pringles, Olavarría , Azul, Las Flores y Cañuelas, entre otras;

Que si consideramos el ramal Bahía Blanca – Constitución, Via Gral. Lamadrid, se agregan otras localidades como Tornquist, Pigüé, Arroyo Corto, Cura Malal y Gral. Lamadrid;

Que la situación de la empresa era bien conocida por todos los que siguen la problemática ferroviaria y por los principales funcionarios del gobierno provincial asumidos el 10 de diciembre próximo pasado;

Que el estado “ crítico” de la empresa fue descripta por los informes de la AGN y la CNRT que se remontan a los años 2013 y 2014, agravándose la situación en 2015 por la falta de inversión;
       
Que la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, promulgada en mayo de 2015, entre otros considerandos, especifica el objetivo prioritario de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y carga a lo largo de la República Argentina y aguarda, urgentemente su reglamentación;

Que en el comunicado la provincia sólo se limitó a señalar que “Ferrobaires implementará las medidas necesarias, coordinadas con el Estado nacional, para asegurar la reactivación del servicio con las condiciones óptimas y protegiendo las fuentes laborales implicadas”;

Que si realmente lo que se persigue es “ asegurar la reactivación del servicio”, entonces no se entiende por qué los actuales funcionarios no se pusieron a trabajar ni bien asumieron en sus cargos en la obtención de ese objetivo;

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades,

Resuelve

Primero: Apoyar a los gremios ferroviarios que rechazan la medida de suspensión de los servicios de pasajeros de media y larga distancia que opera la unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial

Segundo: Solicitar al Sr. Intendente Municipal  y a los legisladores provinciales  de la sexta sección que intercedan ante la Secretaría de Infraestructura provincial para la pronta reposición del servicio.

Tercero: Remitir copia de la presente a los gremios APDFA, UNION FERROVIARIA, LA FRATERNIDAD y ASFA.

1 de julio de 2016

El cierre de Ferrobaires demuestra el desinterés por el tren y la falta de gestión del gobierno de María Eugenia Vidal

Actualidad

En vez de reactivar los servicios, la administración de empresa profundizó la política de achicamiento con el alquiler de locomotoras a compañías privadas.

La intempestiva decisión de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires de suspender todos los trenes de pasajeros que operaba la empresa Ferrobaires puso al descubierto tres cuestiones clave que dejan mal parada y ponen en duda la promocionada eficiencia de la administración provincial que encabeza María Eugenia Vidal.

La primera cuestión está focalizada en el motivo esgrimido por los funcionarios provinciales para cancelar los servicios de un día para otro.

Según el comunicado oficial—ya que ninguna autoridad del ministerio de Infraestructura, ni de la empresa dieron la cara para anunciar un medida tan extrema y significativa—, la decisión de suspender los servicios se basó “en los informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y la Auditoría General de la Nación (AGN), en las que califican de crítico el estado de la empresa y de deficiente el estado de las vías y del material rodante".


Esta admisión de que la interrupción de los servicios se debió a informes de organismos de la Nación demuestra que la actual administración provincial no tomó el manejo de la empresa ferroviaria con debida seriedad y responsabilidad.

¿Sobre qué bases y con qué lineamientos operativos manejaron la compañía desde diciembre hasta ahora?. ¿Por qué no se hizo una auditoría y un relevamiento de la situación heredada para poder conocer el verdadero estado de la empresa?.

La segunda cuestión relevante tiene que ver con el “fin” que, supuestamente, busca la provincia con la paralización de Ferrobaires. El comunicado consignó que el objetivo de la cancelación de los trenes es “preservar la seguridad de los usuarios y operarios del servicio".

La situación de la empresa era bien conocida por todos los que siguen la problemática ferroviaria y por los principales funcionarios del gobierno provincial que asumieron el pasado 10 de diciembre.

El estado “crítico” de la empresa que describieron los informes de la AGN y la CNRT se remontan a los años 2013 y 2014. Esa situación, sin duda, se agravó en 2015 por la falta inversiones.

Ahora bien, ¿cómo es posible que los actuales funcionarios de la provincia hayan necesitado casi 7 meses de gestión para darse cuenta de que las formaciones ferroviarias no estaban aptas para circular y que las vías se hallaban en pésimo estado?.

Los responsables de la empresa, ¿tuvieron en cuenta la “seguridad de los usuarios y los operarios” en los servicios que se prestaron desde diciembre hasta el último día de junio?.

En tanto, el tercer punto destacado es el referido al futuro de la empresa en el corto y mediano plazo.

Lejos de llevar tranquilidad a los casi 2.700 trabajadores de la empresa, el comunicado de la provincia sólo se limitó a señalar que “Ferrobaires implementará las medidas necesarias, coordinadas con el Estado Nacional, para asegurar la reactivación del servicio con las condiciones óptimas y protegiendo las fuentes laborales implicadas"

Si realmente lo que se persigue “es asegurar la reactivación del servicio”, entonces no se entiende ¿por qué los actuales funcionarios no se pusieron a trabajar no bien asumieron en sus cargos en la obtención de ese objetivo?.

A diferencia de que lo que sucedió en la mayoría de los entes y empresas estatales donde el macrismo puso al frente a CEOs y gerentes provenientes de compañías privadas; en Ferrobaires, el ministro de Infraestructura de la provincia, Edgado Cenzón decidió nombrar una atípica cúpula jerárquica integrada por ex militares y un subcomisario de la Bonaerense.

Al frente de la empresa fue designado el Coronel de Caballería, Fernando Dotti. Retirado del Ejército en 2004, Dotti es además Licenciado en “Organización y Estrategia de la Escuela Superior de Guerra” y antes de asumir admitió que, si bien viaja diariamente en el tren de la línea San Martín, no conoce casi nada del modo de transporte ferroviario.

Junto con él desembarcaron en la empresa el coronel retirado Federico Luis Mourglier –que quedó a cargo de la cabecera de Mar del Plata—y coronel Juan Carlos Bertolini, ex jefe de prensa del Ejército en la época de Martín Balza y Ricardo Brinzoni que ahora controla las áreas de Intendencia y Colaterales.

En tanto, el área de Seguridad de la empresa quedó bajo el manejo del subcomisario Daniel Eduardo Álvarez, quien en las últimas elecciones internas fue candidato a concejal por una lista de Cambiemos en San Miguel e integró el listado de aportantes a la campaña “Macri Presidente” con una contribución de 32.000 pesos.

En lugar de apuntalar a la empresa con la rehabilitación de los servicios que fueron suprimidos desde 2012 por la falta de material tractivo y rodante, la gestión de Dotti no hizo más que profundizar la política de achicamiento que venía sufriendo Ferrobaires en los últimos años.

En vez de reforzar el parque operativo de la empresa, decidió quitar locomotoras de servicio para alquilárselas a constructoras privadas y empresas de cargas.

A mediados de mayo, Dotti suscribió dos polémicos convenios de alquiler de locomotoras y vagones con CPC-Solanas (Dhasa) y Ferroexpreso Pampeano, cuyos plazos de vigencia oscilan entre 7 meses y tresa añosEl contrato de alquiler con CPC-Solanas (Dhasa) comprende la cesión hasta fin de año del siguiente parque tractivo y rodante: una locomotora, un locotractor, un vagón refrigerado, tres vagones porta-tanque, cuatro chatas rieleras y nueve vagones tolva hoppers.

Los equipos fueron transferidos a cambio de un canon total de 4.256.000 pesos más IVA y para ser usados en las obras de renovación de vías que la empresa constructora lleva adelante entre los kilómetros 199 y 235 del ramal que une Plaza Constitución con Mar del Plata.

En el caso de Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), el acuerdo abarca tres locomotoras diésel eléctricas y seis vagones de carga tipo tolva. La vigencia del alquiler es de un año con una opción de renovación automática a opción de la operadora privada de dos años más.

A estos contratos se suman otros similares que estaban vigentes con Ferrosur y las constructoras que Dycasa, Marcalba y Supercemento que están trabajando en la vía a Rosario.

De esta manera, Ferrobaires llegó a la insólita situación de tener 10 locomotoras alquiladas y sólo 8 disponibles para la prestación de sus servicios.Por Antonio Rossi (Transporte y Energía)

30 de marzo de 2016

Tragedia de Once: se conocieron los fundamentos de la sentencia a Jaime y Schiavi

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El Tribunal Oral Federal N°2 concluyó que los ex funcionarios conocía el estado del sistema ferroviario y que no hicieron nada para mejorarlo, a pesar de las advertencias de la CNRT y la AGN; el documento introduce la presunta responsabilidad de De Vido

Tres meses después de condenar a seis y ocho años de prisión a los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, respectivamente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires dio a conocer los fundamentos de la sentencia en los que argumenta la responsabilidad de los ex funcionarios en el accidente del 22 de febrero de 2012 en el que murieron 52 personas en la estación de Once.


El escrito, de 1415 páginas que fue entregado a los abogados defensores en pen drive -no hubo lectura debido a la extensión de los fundamentos- también describe la responsabilidad del motorman, Marcos Córdoba, de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano (ex gerentes de las empresas Trenes de Buenos Aires y Cometrans) y de los otros 23 imputados por el fatal accidente.

"Las autoridades de la compañía tomaron la determinación de que la flota de material rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de mantenimiento, situación que les permitió solicitar la reconstrucción integral del material rodante con fondos del erario público y en beneficio de la empresa Emprendimientos Ferroviarios SA -también controlada por Cometrans-, evidenciándose así la complicidad con los funcionarios públicos del área de transporte", dicen los fundamentos elaborados por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu.

"Consideramos que Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime han prestado un aporte fundamental para la concreción de esta artimaña ya que, en sus respectivas gestiones a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de la operación del sistema de transporte ferroviario de pasajeros", sostiene. "Desde ese cargo, cumplían un rol como brazo ejecutor en esta materia de la autoridad de aplicación, y en virtud de ello debían velar por el correcto mantenimiento de los bienes concesionados a las empresas prestatarias del servicio ferroviario y a la vez por una circulación segura de los trenes".

Para el TOF 2, tanto Jaime como Schiavi "tenían acabado y pleno conocimiento del estado del material rodante como de la política empresaria que llevaba adelante la firma Trenes de Buenos Aires y, pese a ello, obturaron toda posibilidad de que se adopte alguna medida para evitarlo". Todo esto ocurrió "pese a las constantes alertas que recibieron de parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Auditoría General de la Nación".

Los ex funcionarios "tenían el deber de supervisar el control y la fiscalización de los servicios de transporte, asegurando la calidad del servicio; resultando del modo en que llevaron cabo estas tareas el reproche en punto a la defraudación constatada".

El Tribunal profundiza también en la figura del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para quien solicitaron, el día de la sentencia, extracción de testimonio para investigar su posible responsabilidad con lo ocurrido en febrero de 2012.

"Pese a haberse acreditado una intervención determinante en los hechos de parte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes durante el ejercicio de sus cargos posibilitaron la creación de riesgos ilegítimos, ello no eximiría de responsabilidad a Julio Miguel De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un desconocimiento acerca de las circunstancias que aquí hemos probado", concluyen los jueces.

Conducta temeraria

Para el caso de Córdoba, el Tribunal consideró oportuno no dejar pasar que en cada una de las responsabilidades que le atribuyeron para condenarlo a 3 años y 6 meses de prisión la ex TBA "ha realizado su considerable y determinante aporte para la superación de la permisión normativa". Fue por eso, explicaron los jueces, que debieron responder en el proceso la plana directiva y parte de la gerencial de dicha empresa.

Conductor de la trágica formación Chapa 16, Oscar Córdoba

"Córdoba violó reglas de la buena conducción ferroviaria al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como de hombre muerto y al aplicar en forma tardía - y sin los recaudos que ameritaba- un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de freno largo", describe el Tribunal. "A través de esos incumplimientos incrementó el riesgo propio de la actividad ferroviaria por encima del permitido, peligro que finalmente se concretó en el resultado causado", agrega.

En cuanto a los excesos de velocidad el TOF 2 dio por probada una falta en Ramos Mejía donde circuló a 73 km/h cuando lo máximo era de 70 km/h y varias infracciones en la ciudad de Buenos Aires, donde no se podía superar los 60 km/h. En Liniers, Villa Luro, Flores y Caballito Córdoba circuló por encima de lo permitido el 22 de febrero de 2012.Fuente: LaNación

4 de junio de 2015

Pedido de informes al P.E.N. sobre diversas cuestiones relacionadas con la contratación de material ferroviario 0km. fabricado por empresas de la República Popular de China

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Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Resolución solicitando un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con la contratación de material ferroviario 0km. fabricado por empresas de la República Popular de China

Dicho trámite recayó en el Expte. 3094-D-2015 del 01 de Junio del corriente año, siendo el firmante de dicho proyecto de Resolución el Diputado Nacional Pablo Gabriel Tonelli (Unión PRO - C.A.B.A.)


Fundamentos

El presente requerimiento se realiza en base al informe elaborado por la Auditoria General de la Nación, que fuera aprobado el día 27 de mayo del 2015.

De acuerdo a la información periodística surgida en una publicación del diario digital Infobae, la AGN observó graves irregularidades vinculadas a las contrataciones mencionadas con la República Popular China, y además, reveló la existencia del ingeniero Enrique Bechis como intermediario sin mandato ni autorización legal de la empresa Moore Stephens Global Link. Según el informe de la Auditoria, éste actuaba como "asesor del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y se encontraba radicado en la ciudad de Shangai, China.

Asimismo se informa que a la empresa China South Locomotive and Rolling Industry se le devengaron comisiones de compromiso por la compra de locomotoras por más de 300 millones de dólares, cuando la proyección para ese gasto era de 189 millones.

En tal sentido considero necesaria la interpelación al ministro Aníbal Florencio Randazzo a fin de que explique con precisión los detalles y alcances de aquellas contrataciones.