Reconstruir y reorganizar el descalabro institucional de los ferrocarriles no es difícil y no requiere de dinero, sino de una firme decisión política

Nota de Opinión

Por: Marcelo Merlino (para CRÓNICA FERROVIARIA)

Bajo mi punto de vista, la grave situación institucional imperante en Ferrocarriles Argentinos, no hace falta una gran inversión económica, sino una decisión política a partir de hacer cumplir la Ley General de Ferrocarriles N° 2.873, y la nueva Ley  27.132/2015, ambas vigentes, en particular esta última, que fundó la empresa Nuevos Ferrocarriles Argentinos, y una derogación y/o modificación del decreto reglamentario de la misma, el N° 1.027/2018 promulgado por Macri-Dietrich, que la desnaturalizó por completo, en clara violación al Artículo 99 inciso 2° de la Constitución Nacional.

Recientemente, tanto la Auditoría General de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, emitieron sendos informes que no constituyen ni un secreto ni una sorpresa para nadie, y menos aún, para los que estamos en el tema ferroviario, los cuales arrojan luz sobre el descalabro institucional de nuestros ferrocarriles, informes estos que lamentablemente no han tenido aún los efectos esperados.

Vista de los talleres ferroviarios Remedios de Escalada y la demarcación de la posible entrega de los terrenos que pertenecían a la ex Ferrobaires

La conducción ferroviaria en nuestro país está descabezada, desarticulada y descoordinada porque la Ley Nacional 27.132/2015, votada unánimemente por todos los bloques legislativos del Congreso Nacional en Abril del 2015, -inclusive por el PRO- no se cumple, y Ferrocarriles Argentinos es hoy una cáscara vacía.

Esta empresa estatal, pese a tener un presidente, un vicepresidente y  un directorio, no existe, al punto tal que el logotipo de "F.A." fue borrado tanto del material rodante como de la papelería comercial, con nula actividad e injerencia en la gestión del sistema ferroviario nacional, y no cumple actualmente con su papel rector en la conducción ferroviaria, porque no coordina, ni cumple con su función de articuladora entre las empresas Trenes Argentinos Infraestructuras (ADIFSE), Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), Trenes Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y Logística) y Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y Playas Ferroviarias Sociedad del Estado (dependiente de la AABE), a las que teóricamente controla.  

Todas ellas tienen un presidente, un vicepresidente y un directorio de los cuales dependen a su vez de numerosos gerentes, lo cual es todo un despropósito, un inútil dispendio de fondos públicos y un exceso administrativo. En otras palabras, la empresa Ferrocarriles Argentinos es hoy una entelequia, fragmentada, atomizada y constituida por seis (6) "kioscos" que orbitan entorno a una cáscara vacía.

Tanto la Auditoría General de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, han sido lapidarias en sus informes, al expresar que: ".....la falta de coordinación entre quién ostenta la infraestructura ferroviaria, ADIFSE, y quién opera sobre ella, SOFSE, es total... ; "....y Ferrocarriles Argentinos, en tanto controlante de ambas, no cumple con su función de integrar y articular las distintas funciones y competencias que tienen asignadas SOFSE, ADIFSE, y Belgrano Cargas & Logística.....";

Todas estas anomalías son consecuencia de la política del ex Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, al punto que las Administraciones de la SOFSE, de la ADIFSE, como de Trenes Argentinos Cargas, Trenes Argentinos Capital Humano, muy frecuentemente toman decisiones contradictorias entre sí, sin reportar a su superior y se pisan mutuamente sus competencias, sin que ninguna de ellas se haya adecuado al modelo establecido por la vigente Ley Nacional N° 27.132/2015.

Como si eso fuera poco, el Decreto N° 1.027/2018, (Boletín Oficial del 8/11/2018), promulgado por Macri y refrendado por Dietrich, reglamentario de la Ley 27.132/2015-, agravó las cosas, puesto que violentando el Artículo 99 inciso 2° de la Constitución Nacional, va a contrapelo tanto de la letra como del espíritu de la Ley mencionada a la que se supone debe reglamentar, y no alterar ni derogar, puesto que contradice las pautas centrales adoptadas por ésta, por lo cual, a esta altura del nuevo gobierno nacional, no se entiende cómo es que todavía no fue derogado o modificado en sus partes substanciales.

Mientras tanto, el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Dr. Martín Ferreiro, a casi un año de instalado el nuevo gobierno y proviniendo de la gestión macrista, inexplicablemente continúa aún en ese cargo. Este funcionario respondió a las objeciones técnicas precedentemente expuestas, recurriendo a citas del Manual de Derecho Administrativo de Roberto Dromi, de triste memoria en los años 90, cuando pergeñó la política de privatizaciones y desguace del Estado Nacional, increíblemente argumentando que ".....las empresas controladas por Ferrocarriles Argentinos, detentan una individualidad jurídica, operativa y patrimonial propia, conservando su autonomía funcional, y por tal motivo, ejerciendo sus competencias sin injerencia de FA......." ;  (!!!!!!).

Este cuadro de fragmentación y hasta de anarquía institucional, se completa con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tópico que merece Capítulo aparte. Este extraño y repentinamente devenido en poderoso organismo por la discrecionalidad y arbitrariedad con que manipula y decide sobre el patrimonio inmobiliario fiscal en general, y de los ferrocarriles en particular,  fue creado por los inconstitucionales Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1.382/2012, (B.O. del 9/8/2012), su ampliatorio el 1.416/2013, (B.O. del 18/09/2013), y el decreto reglamentario de ambos, el 2.670/2015, del 01/12/2015).

Este inconstitucional organismo, que bajo la conducción de su ex presidente durante la gestión macrista, Dr. Ramón María Lanús, cometió severas irregularidades en materia de desafectación y venta de inmuebles ferroviarios operativos, motivó que el Presiente de la Nación, Alberto Fernández, promulgara los decretos N° 145/2020 y 149/2020 del 13 y 14 de Febrero de 2020, respectivamente, con la finalidad de poner fin a estos abusos y revisar las ventas y cesiones ilegales de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual, su actual presidente, el Dr. Martín Cosentino, expresó que su gestión iba a poner fin a estas situaciones anómalas, en razón de que la AABE, “…….se había convertido en una inmobiliaria de los bienes inmuebles del  Estado……”. Sin embargo, poco y nada se ha avanzado en tal sentido.

En efecto, el mencionado funcionario,  cuya demora y virtual parálisis en la tarea de devolver inmuebles ferroviarios operativos a su legítimo titular que es Ferrocarriles Argentinos, tal como lo dispone la Ley General de Ferrocarriles N° 2.873 y cuya desafectación fue dispuesta jurídica e inconstitucionalmente por Decretos de la gestión anterior, cuando debió haber sido por Ley del Congreso Nacional conforme al Artículo 75 inciso 5° de la Constitución Nacional, no admite  justificación alguna, por lo cual, la actual política que ya se parece mucho a la anterior de la gestión macrista, requiere una urgente rectificación.

Entre otros, se impone proceder a la devolución y regularización de los inmuebles ilegalmente desafectados donde se encuentran situadas las playas ferroviarias de Retiro (Mitre), cuya venta afortunadamente no se concretó por falta de compradores, aunque lo intentó Ramón Lanús durante su gestión, como:  Colegiales, Liniers, Caballito, Martín Coronado, estación Buenos Aires, Estación Federico Lacroze y otras, y las 28 hectáreas de la Cooperativa de los Talleres Ferroviarios de Junin, (COOTAJ). 

A este respecto, dable es destacar que esas 28 hectáreas de las fue despojada nuevamente el ferrocarril, y ahora a cargo de esta Cooperativa, y cuya posesión detenta actualmente la Municipalidad de Junín, a quién Dietrich y el ex presidente de la AABE durante el anterior gobierno cedió en clara violación a la legislación vigente, son imperiosamente imprescindibles para reparar el material ferroviario, pues hay allí naves, tornos, herramientas pesadas e instrumental indispensable para que esos talleres cumplan su cometido, conforme a expresas instrucciones presidenciales de recuperar el ferrocarril en nuestro país.

A ello se le suma la reciente información originada en el diputado provincial y referente del Frente Renovador del partido de Lanús, Nicolás Russo, quién ha motorizado el proyecto de ceder unas 4 hectáreas ocupadas actualmente por el depósito de locomotoras de los Talleres de Remedios de Escalada de la Línea Roca, que fuera asiento de la ex Ferrobaires, a la Universidad Nacional de Lanús. 

Esta Universidad ya fue beneficiada tiempo atrás por la cesión de otra importante porción de ese mismo predio ferroviario, por lo  cual, el actual proyecto está siendo observado y juzgado por el mundo ferroviario y por sus gremios, como un nuevo despojo al ferrocarril. Tal descabellada iniciativa, está causando estupor en el medio ferroviario en general, y en los gremios del sector en particular, quienes se muestran actualmente preocupados e indignados por tal motivo, y exigen una urgente rectificación por parte de los organismos competentes.  

Sin ninguna duda, ante la reciente reapertura de nuevos servicios ferroviarios de larga distancia, será imperiosamente necesario disponer de esas naves y talleres estratégicos, que cuentan con una superficie cubierta de 5.200 m2, con 8 vías de alistamiento y reparación de coches y locomotoras que cuenta de 110 metros de largo cada una, de las cuales 3 cuentan con una fosa de inspección, y otras 4 con plataforma para rápido y cómodo acceso al material a reparar. 

Cuenta además con diversos aparejos electrónicos para facilitar el movimiento y montaje de órganos de parque, y anexo al cuerpo principal. También se encuentran allí diversas dependencias administrativas, entre las cuales hay un almacén de repuestos e hidrocarburos, un laboratorio de análisis clínicos para combustibles, lubricantes y refrigerantes de los coches de corta, media y larga distancia, y un puesto se seguridad, todo ello en uso actualmente.

Hasta el día de la fecha, ni el presidente de la SOFSE, Dr. Martín Marinucci, ni el de la ADIFSE,  ni el de la AABE, Dr. Martín Cosentino,  han desmentido públicamente estas versiones, y más aún, recorrieron recientemente este predio, efectuando una visita a la cual calificaron de "evaluatoria" (?), lo cual ratificó e incrementó los temores de los sectores involucrados.

Además, en el pasado reciente, hubieron otros indicios que han dado pábulo a justos motivos de alarma y aprehensión, en razón de actitudes y resoluciones de los funcionarios a cargo de la AABE, tal como la resolución dictada a comienzos de este año, por la cual se le efectuó una colosal rebanada a la playa de Miguelete, contigua a la estación San Martín de la Línea Mitre, para cedérsela a esta casa de estudios, despojo inaudito que ni el mismo macrismo en sus tiempos de apogeo se atrevió a tanto. 

Esa severa amputación al patrimonio de la Línea Mitre, se suma a muchas otras,  y privó a esta línea de su playa de maniobras para alistamiento, reparaciones ligeras, maniobras, estacionamiento de trenes y mesa giratoria con su bello edificio circular de ladrillo a la vista de estilo inglés, único en América Latina, quedándole por ello a este ferrocarril la base operativa y de alistamiento de trenes mas cercana a 300 kilómetros de distancia de la Capital Federal, o sea, en Rosario, lo cual constituye un disparate inédito.

Es increíble e inaudito, que el Ferrocarril y sus tierras se hayan transformado en un botín de guerra para las universidades, clubes, municipalidades, inmobiliarias, sociedades de fomento, particulares y de cualquiera que tenga poder de lobby suficiente para obtener tierras gratis a expensas del ferrocarril, cesiones que se concretan mediante una resolución administrativa de un funcionario de cuarta categoría, cuando es menester una Ley del Congreso para desafectar, ceder a título oneroso o gratuito, o vender tierras ferroviarias operativas, con lo cual se viola impunemente el Artículo 75 inciso 5° de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales 2.873, 26.352/2008, 27.132/2015, entre otras, legislación vigente y específica y la reiterada y abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ; (Vídim :  Casos Vila, Alfredo, Díaz,  Gustavo Marcelo, Fernández Cancio de Gamara y otros, en : Fallos de la C.S.J.N: 273:111; 311:2688;310:681, entre otros).

El tiempo pasa inexorablemente y se agota, y es menester poner urgente coto  a estas situaciones manifiestamente ilegales y anómalas, y reordenar mínimamente a la empresa “Nuevos Ferrocarriles Argentinos”, para lo cual no hay necesidad de  dispendios económicos, sino de adoptar las decisiones políticas que la hora impone y generar economías, a partir de la puesta en vigor de la vigente Ley 27.132/2015, y dotar a dicha empresa estatal ferroviaria, de autarquía funcional, administrativa y financiera, designando al frente de ella a técnicos experimentados como Presidente y como Vicepresidente, y a un directorio representativo de usuarios y trabajadores, tomando como antecedente a la Ley (Decreto-Ley) N° 18.360, curiosamente no derogada, pero desactivada en los años noventa con la disolución de la extinta Ferrocarriles Argentinos por Menem-Cavallo.

Entonces, el presidente del directorio de  Ferrocarriles Argentinos deberá ser como lo fue antes de su disolución en los años noventa, el órgano rector y visible de la empresa, y en consecuencia habrá que reformular las áreas de Infraestructura, Operatoria, Recursos Humanos y Belgrano Cargas y Logística, que deben dejar de ser empresas dentro de la empresa madre (verdaderos kioscos autónomos que no reportan a su superior inmediato) para convertirse en lo que eran, o sea, en todas gerencias dependientes del presidente de la empresa, lo que redundará en un rápido mejoramiento operativo y en una disminución de su actual, inútil y pavoroso costo.

Por otra parte, la actual Agencia de Administración de Bienes del Estado, verdadero tumor maligno enclavado en la Administración Pública Nacional, creada en flagrante violación a la Constitución Nacional, debe ser disuelta, y la administración y gestión de los bienes inmuebles ferroviarios a ella confiados, deberá ser asumido por la Gerencia de Resguardo de Bienes Inmuebles de Ferrocarriles Argentinos como siempre lo fue. 

El personal integrante de la planta permanente de la misma, de carrera ferroviaria, debe ser reubicado en las distintas dependencias de Ferrocarriles Argentinos, y el destino del personal no ferroviario, será determinado por el Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto  a los bienes inmuebles no ferroviarios, deberán ser devueltos a los organismos titulares de los mismos.

El Ministerio de Transporte de la Nación tiene, por ahora, el poder para enmendar y rectificar estas graves anomalías, para lo cual sólo se necesita coraje político para tomar la decisión que la hora reclama, y así propender a un ferrocarril moderno, pujante y eficiente que pueda enfrentar con vigor los desafíos logísticos de las décadas por venir, a la vez que potenciar y ordenar las grandes obras ferroviarias anunciadas y en curso, lo cual es muy positivo para el país y para el ferrocarril, o bien dejar las cosas como están, de manera tal que esta lenta agonía prosiga hasta culminar con la desaparición física de nuestros ferrocarriles.