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viernes, 16 de octubre de 2020

Trenes Argentinos Operación presentó denuncia penal por privación ilegítima de la libertad de trabajadores ferroviarios

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Tal como lo informara CRÓNICA FERROVIARIA con nota titulada "Unión Ferroviaria denuncia agresiones a trabajadores ferroviarios en la estación General Guido de la Línea Roca" de fecha 12 de Octubre pasado, en la que el gremio ferroviario se declaraba en Estado de Alerta y Sesión Permanente en la que no descartaba tomar medidas de acción directa si la empresa estatal ferroviaria, en un lapso de tiempo perentorio, no esclarecía los hechos. Además, la Unión Ferroviaria también recibió el apoyo de los otros sindicatos del sector ferroviario.


Por tal motivo, el presidente de la empresa Trenes Argentinos Operaciones informa que presentaron en el día de hoy una denuncia penal por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.

En la denuncia de la TAO se solicita que se esclarezca el hecho ocurrido el pasado 9 de Octubre en la estación General Guido, donde dos trabajadores ferroviarios de la Línea Roca fueron agredidos y privados de su libertad.

De acuerdo al relato de Walter Guiñazú y Horacio Gamero al departamento de Jurídicos de Trenes Argentinos Operaciones, el hecho ocurrió el 9 de Octubre a la 01:30 horas de la madrugada en el campamento vagón ubicado en la Estación de General Guido, cuando se encontraban en el período de descanso de sus trabajos de vía para la vuelta del tren a Divisadero (Pinamar). Allí fueron sorprendidos por un grupo de personas encapuchadas y con barbijos, quienes los redujeron, los golpearon y les quitaron sus pertenencias..

El suceso culminó a las 6:30 de la mañana, cuando los agresores les devolvieron sus pertenencias en claro tono intimidatorio y les advirtieron que si realizaban la denuncia correspondiente sus familias sufrirían represalias. 

Por último, el presidente de la empresa Trenes Argentinos Operaciones expresa que "manifestamos nuestro repudio y preocupación por lo sucedido, al tratarse de un hecho de extrema gravedad en el ámbito ferroviario. Brindaremos los elementos necesarios para que se juzgue a los responsables. Situaciones como estas, son inadmisibles en una sociedad democrática".

miércoles, 18 de septiembre de 2019

Asbesto: Denuncian judicialmente a Macri y Larreta por la compra de coches de Subte

Actualidad

El ingeniero acusa al actual jefe de Gobierno y a su antecesor por haber adquirido material rodante con amianto, una sustancia prohibida en el país.

El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fueron denunciados por la compra de coches con amianto --una sustancia de alta toxicidad-- que se incorporaron al subte en 2011. Los delitos que se les imputan son violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. La presentación judicial recayó en el juzgado federal nº 2 a cargo de Sergio Ramos y la hizo un especialista en el tema: el ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro.

Formación de coches Serie 5.000 (ex Metro de Madrid)

En el texto de doce carillas señala que se adquirió material rodante con aquel residuo peligroso cuya importación está prohibida por ley desde 2001. A fines del mismo año también se declaró ilegal su uso en España --el país exportador-- y cinco después en la Comunidad Europea. Lo curioso del caso es que cuando administraba la CABA, Macri supervisó en persona la adquisición de los 36 coches al Metro de Madrid que costaron 19.800.000 dólares, a razón de 550 mil cada uno.

Esas formaciones del tipo CAF Serie 5000, habían sido utilizados por primera vez en 1974 en la capital española. 39 años después llegaron con el material cancerígeno para incorporarse a la línea B que une Juan Manuel de Rosas con Leandro Alem. Aunque es ingeniero, ni el ex jefe de Gobierno ni sus colaboradores verificaron los riesgos que se corrían con la operación comercial.

La denuncia también alcanza al actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo De Montmollin, al titular de la concesionaria del servicio, Metrovías SA, Alberto Esteban Verra --quien ya tiene otra causa penal por malversación de fondos públicos-- y al director de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Fernando Cohen. Castro denunció que “los CAF 5000 contienen asbesto en sus componentes eléctricos, luego de que se le reconociera como enfermedad laboral la asbestosis (un tipo de cáncer) a un empleado de mantenimiento de la red española”.

En mayo de 2018 murió Antonio Morán Canseco, un mecánico del Metro de Madrid que limpiaba disruptores o “apagachispas” con dióxido de silicio, uno de los componentes del amianto. Cinco meses después fallecía Julián Martín Rebate, otro empleado diagnosticado con asbestosis y que había demandado a la empresa por 395.602 euros. En abril de este año se conoció el tercer caso mortal: un trabajador jubilado de 64 años del subte madrileño. La compañía que controla el servicio nunca le informó a su personal del peligro que corría durante décadas. En mayo pasado hubo varios paros, incluso de 24 horas, en protesta por la contaminación con amianto. La imagen más gráfica de esas protestas fue la de los huelguistas con barbijo. Muchos se desempeñan así en el Metro.

En Buenos Aires por ahora no se registraron víctimas fatales. Pero la Sbase admitió la existencia de la sustancia en la línea B durante diciembre último. Unos 160 trabajadores fueron sometidos a estudios. A fines de agosto, se detectaron cinco casos de operarios contaminados con asbesto (otra denominación del amianto) en los talleres Rancagua y Villa Urquiza de la B. Los estudios para descubrir el material cancerígeno fueron hechos por la Universidad del Sur.

A la denuncia que realizó Castro la antecedió otra de 2015 que presentaron los ex diputados porteños Gustavo Vera y Facundo Di Filippo. Este último señaló en ese momento que le inició la acción penal al ex presidente de la Sbase Juan Pablo Piccardo “porque incumplió el régimen de contrataciones y se evidenció mala administración y falta de planificación en perjuicio del patrimonio de la ciudad”. La denuncia terminó archivada, le confirmó a Página/12 un colaborador de Vera.

Ahora se avanzó sobre Macri y Rodríguez Larreta como “contra todo funcionario que en el ejercicio de sus funciones haya participado en la compra, uso, acción u omisión en el tratamiento de reclamos contra el uso de trenes con amianto”, señala la denuncia que quedó radicada en la Cámara Federal. Una fuente del poder judicial que consultó este diario agregó que, tratándose de funcionarios, el delito que se les imputa no prescribe, como señala el artículo 67 del Código Penal: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En esa situación están el presidente y el jefe de Gobierno porteño.

El amianto es una sustancia ilegal en la Argentina desde que firmó la resolución 845/2000 el ex ministro de Salud Héctor Lombardo. En su artículo 1º se prohibía “en todo el territorio del país la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad anfiboles (crocidolita, amosita, actinolita, antofilita y trimolita) y productos que las contengan”.

Sbase hizo caso omiso y adquirió los vagones al Metro de Madrid en una subasta. Luego sumó más coches en 2012, pero los CAF 6000. Las compras coincidieron en el tiempo con un viaje de Macri a la capital española. Había ido a apoyar a su aliado político Mariano Rajoy en las elecciones presidenciales de su país. “Sentimos envidia sana por la infraestructura en subtes” (entre otras obras que mencionó), dijo en un discurso de respaldo al candidato conservador que terminó destituido por un escándalo de corrupción el 1º de junio del 2018.

La denuncia de Castro dice que “en relación al actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, junto con Juan Pablo Piccardo, cabe la máxima responsabilidad por la importación de esas formaciones como de todas las que existen en la actualidad y no se ha realizado revisión para determinar y descartar la existencia de amianto”. Los vagones fueron retirados para el transporte de pasajeros en la línea B y trasladados a un galpón de la calle Magaldi 2169 en el barrio de Barracas que la Sbase le arrendó a una empresa vinculada al Grupo Clarín (el fideicomiso Loma XXI) a razón de 115 mil dólares mensuales más IVA.

El 21 de abril de 2015 el sitio enelsubte.com informaba: “no se trata de un taller del Subte sino de un galpón alquilado, en su momento para almacenar los CAF 6000, pero luego fueron trasladados allí otros coches, como los recientemente radiados CAF 5000…”

El ingeniero que formuló la denuncia comentó que acudió a la Justicia porque “nadie tomó el tema en su poder y dispuso las medidas correctas para evitar que los trabajadores se sigan enfermando y no sabemos si quienes somos usuarios además, no tendremos a la larga una secuela o enfermedad derivada del amianto”. Los efectos de este material pueden aparecer en la salud entre 30 y hasta 40 años después de haber quedado una persona expuesta a sus fibras en suspensión. Sus víctimas suelen ser tardías. Es un agente mortal capaz de producir cáncer de manera silenciosa. Como ya ocurrió en el Metro de Madrid con los mismos vagones que importó Macri cuando era jefe de Gobierno porteño.Fuente: Página 12

viernes, 25 de enero de 2019

ATE denuncia irregularidades en la empresa Tren Patagónico

Gremiales

El gremio ATE avanza en presentaciones judiciales y no descarta una denuncia penal contra el presidente del Tren Patagónico y otros funcionarios por presuntas “maniobras ilegales, amenazas y aprietes que se están llevando adelante contra los empleados, en complicidad con otros gremios”, explicaron.

ATE apuntó contra Jorge Maljasian, titular de la empresa estatal, y al Jefe del Departamento Comercial Darío Dukart.

“Lo que ocurre en esta empresa estatal es muy grave e involucra irregularidades con recursos que son públicos, dinero que aportan todos los rionegrinos” denunció el secretario general, Rodolfo Aguiar. Y agregó: “Intentan inventar un mecanismo para evitar las afiliaciones a ATE, retener de manera indebida haberes, perseguir y despedir a los trabajadores que se sindicalicen. No habíamos tenido nunca antes una prueba tan elocuente de la prohibición del Derecho de Reunión en plena democracia, como lo es el memorándum del Jefe Comercial”.


El jefe sindical adelantó: “Vamos a avanzar en dos planos. En el judicial y en el gremial. En febrero comenzaremos con medidas de fuerza”.

El conflicto se inició cuando los trabajadores del tren público decidieron afiliarse a ATE y desde la empresa estatal comenzaron a violentar todas las normas vigentes para evitar su reconocimiento y efectuar el correspondiente descuento por cuota sindical, incurriendo en una retención indebida de haberes, además de prácticas ilegales según el artículo 38 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y artículo 24 del Reglamento 467/88 configurando un “acto discriminatorio” y “antisindical”, así como una “práctica desleal”.

El sindicato informó que logró “hacerse de las pruebas del operativo pergeñado por las autoridades y otros gremios para intentar, mediante la comisión de distintos delitos”, desconocer el Derecho Constitucional de la Libertad Sindical en la empresa y “evitar que los trabajadores lleguen a agremiarse”.

ATE reveló que por un lado, se da una irregularidad elocuente y es el correo electrónico que remite el Jefe del Departamento Comercial Darío Dukart a los Jefes de Estación, Auxiliares y Supervisores prohibiendo la realización de reuniones con ATE pero si permitiéndolas con otras entidades que el empleador considera más dóciles o de mayor cercanía.

Y por el otro, el “mecanismo inventado por la Presidencia” para que previo al descuento del aporte gremial, los empleados tengan que ratificar su afiliación a la entidad. “Este accionar no se verifica en ninguna otra entidad pública o privada del país. Lo que se busca en este punto es que una vez conocida las personas que se afilian, se inicie sobre ellas un inmediato proceso de amenazas, persecuciones, sanciones y despidos para quienes no desistan de su voluntad de asociarse”, afirmaron desde ATE.

Por último, desde el sindicato informaron que durante las primeras semanas de febrero se iniciarán distintas protestas y medidas de acción directa no sólo en Viedma, sino en todas las sedes de la empresa, a los efectos de poner freno a la grave discriminación y reclamar por mejoras salariales y de las condiciones laborales de todos los trabajadores.ADNRíoNegro

miércoles, 26 de diciembre de 2018

Macri y Larreta fueron denunciados penalmente por contaminación en la línea B del Subte

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El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fueron denunciados penalmente luego de que aceptaran públicamente que se utilizó un material tóxico en la línea B del Subte de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación se encuentra en el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, y el motivo concreto de la denuncia es por el uso de asbesto en la obra pública, un material cancerígeno.

El presidente porteño de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, la legisladora Andrea Conde y la abogada de Derechos Humanos, Elizabeth Gómez Alcorta, llevaron ante los tribunales el caso en cuestión, que también se extiende a otros funcionarios públicos y a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).


Específicamente, el delito es por contaminación que figura en el Artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos: “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal al que utilizando los residuos a que refiere esta ley envenene o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, detalla.

Campagnoli asegura que el primer mandatario actuó dolosamente porque “conociendo el carácter delictivo del hecho y el daño que podía causar, Macri compró igual esos trenes. Estamos muy preocupados por los y las trabajadoras que estuvieron en contacto con esos coches”, contó.

Por su parte, Andrea Conde afirmó que el Gobierno de la Ciudad estuvo siempre al tanto de esta situación pero no hizo nada al respecto. Y agregó: “el sindicato de trabajadores del subte incluso tomó medidas de fuerza para exigirle a este Estado que los protegiera de este peligro”.

Y la denunciante arremetió también contra el máximo referente de CABA: “el Gobierno de la Ciudad no inspeccionó el material rodante, ni los talleres, ni tomó muestras de nada. Se trata de un destrato enorme, Rodríguez Larreta conocía la gravedad del hecho, tenía la autoridad para exigir el cese de la contaminación”, culminó.Fuente: AgenciaNova.com

jueves, 13 de septiembre de 2018

Denunciaron penalmente a Dietrich por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes

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La denuncia sobre el Ministro de Transporte de la Nación la realizó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas desde donde se apuntó al perjuicio que sufrió Aerolíneas Argentinas y otras empresas con matrícula argentina.

Pablo Biro, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), denunció al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y al Administrado Nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti, por incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y de las demás empresas con matrícula Argentina.

Desde Aviación en Argentina, comunicaron que Biro anunció hace un año y medio, durante el primer congreso de política aerocomercial realizado por APA, y del que participaron todos los gremios aeronáuticos del Frente Gremial, lo que lunes la Justicia aceptó tomar como denuncia, y que comenzará a investigar sobre los delitos presuntamente cometidos por ambos funcionarios públicos, ante el incumplimiento de la ley 19.030.

Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich

La denuncia detalla que la línea Aérea de bandera perdió mercado internacional, particularmente en manos de las empresas del Grupo LATAM, integrado por Lan Perú, Lan Chile, Lan Ecuador, Lan Colombia y TAM Brasil, y otras líneas aéreas como COPA Airlines de Panamá, Amazonas de Paraguay, Azul Líneas Aéreas y Gol, ambas de Brasil, y finalmente, Avianca de Colombia.

Cuenta con el apoyo de FESPLA (Federación Sindical de Pilotos de Latino América), APLA (Asociación Pilotos Líneas Aéreas), APA (Asociación Personal Aeronáutico), e ITF (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte).

También se dejó asentado que las aeronaves de las empresas mencionadas operan con matrícula y tripulaciones extranjeras, cuyos recursos generados, impuestos y resultados quedan en sus países de origen y no en Argentina.

También se denunció en los Ministerios de trabajo y Transporte, en el Grupo Aerolíneas/Austral, en LATAM Arg, en la FESPLA e ITF, señala la violación a las normas legales vigentes que, desde hace 60 años, protegen y garantizan, en el marco de las normas de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), a la línea aérea de bandera, como el resto de las empresas matriculadas en el país, con exigencias derivadas de la política nacional de transporte aéreo plasmada en la Ley 19.030.

Esta ley indica que “para la realización de los servicios internacionales regulares se tendrá como instrumento elegido a Aerolíneas Argentinas, que queda así designada como la empresa idónea ejecutora de la política aerocomercial de transporte del Estado, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo Nacional propenderá –INVERSIONES- a que su equipamiento responda eficientemente a las necesidades del servicio”.

“Sólo cuando la capacidad operativa de Aerolíneas Argentinas le impida cubrir “totalmente” las rutas internacionales, podrán operar, en subsidio y sucesivamente, primero los transportadores aéreos de bandera nacional, (art. 17 inciso d); y luego transportadores aéreos extranjeros siempre y cuando se halle en vigencia un acuerdo con el Estado respecto del cual dicho transportador se encuentre matriculado o, a falta de dicho acuerdo, se aseguren los principios del inciso e) del art. 9no., es decir, tal como lo señalamos precedentemente, que el otorgamiento de dicho derecho a una empresa extranjera, además de fundarse expresamente en necesidades que lo justifiquen, se condicione a la reciprocidad por parte del país de bandera y a la “real y efectiva posibilidad y conveniencia de su ejercicio”.

Las normas del Código Aeronáutico (ley 17.285 (artículos 97 segundo párrafo y 135 inciso 10), establecen idénticos requisitos de reciprocidad que la ley 19030, con lo que se desprende un incumplimiento adicional.

La publicación también señala que a fines de 2017, sólo el 32,51% del total de vuelos internacionales de Argentina era realizado por empresas de matrícula nacional: Aerolíneas Argentinas, Austral, Lan Argentina y Andes. Teniendo Aerolíneas Argentinas una cuota del mercado que a fines de 2017 era del 27% y que en el trascurso de los meses enero a junio de 2018 esa cuota cayó al 23% como consecuencia del abandono de la ruta Buenos Aires-Barcelona a principios de este año.

La denuncia de APLA concluye en “investigar la posible comisión del delito de omisión de deberes de funcionario público cometido por los aquellos que han autorizado las variaciones en el régimen de rutas aéreas autorizadas para cada compañía en los últimos años de forma ilegal y arbitraria y particularmente, habiendo omitido dar cumplimiento a los deberes como autoridad de aplicación de la ley 19.030″.

La denuncia fue realizada y ratificada por Pablo Biro, Secretario General de APLA, y se tramita en el juzgado federal número 11 a cargo del Juez Claudio Bonadío.InfoCielo.com

jueves, 17 de mayo de 2018

Imputan a Marcelo Orfila e Iguacel por el “Puente Angosto” de Luján

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La Unión Ferroviaria Seccional Oeste informó sobre avances en la causa que impulsan contra el administrador de Vialidad, el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, y otros funcionarios.

La Justicia imputó al Administrador General de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila, por la construcción del “Puente Angosto” de Luján, según informó la Unión Ferroviaria (UF) Seccional Oeste, cuyos dirigentes promovieron la denuncia.

“Desde el primer momento los trabajadores alertaron sobre el incumplimiento de las normas que establecían la conformación técnica del puente ferroviario y la falta de transparencia en los presupuestos que debieron ejecutarse para la realización de la obra”, explicaron los ferroviarios en un comunicado fechado ayer.



“La construcción de un puente que no cumple ni con las medidas ni las especificaciones técnicas homologadas por los organismos competentes como la Comisión Nacional de regulación del Transporte (CNRT) fue defendida a capa y espada por Orfila e Iguacel, en un proceso de licitaciones y contrataciones directas bastante oscuro”, señalaron.

“Un puente que bajo el apriete de estos funcionarios y luego de que se tuvieran que rehacer partes importantes porque no pasaban los trenes, significan un peligro de vida tanto para usuarios como para los trabajadores, desde nuestra organización seguiremos exigiendo a que la justicia investigue y llegue al fondo de la cuestión, para que la obra pública deje ser un negociado para empresarios y funcionarios corruptos y no tengamos que lamentar más tragedias como la de Once”, indicaron.

“Que la obra pública se haga y se haga bien, que el dinero se destine para un mejor servicio del usuario y la gente y no a los bolsillos de personajes espurios que hacen campaña y se llenan los bolsillos con el patrimonio de los argentinos”, instaron.NoticiasMercedinas.com

martes, 17 de abril de 2018

Denuncian penalmente a autoridades por la construcción defectuosa de puente ferroviario

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Redacción Crónica Ferroviaria

El Cuerpo de Delegados de la seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Línea Sarmiento denuncian penalmente al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, al titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, al presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila y al resto de los involucrados en la contratación, ejecución y contralor de la obra del nuevo puente sobre el by pass entre el Acceso Oeste y la Autovía 5 que se encuentra a metros de la Universidad de Luján.

En un comunicado expresan que "Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso denuncian con detalle los groseros incumplimientos de los requerimientos técnicos vigentes y de las obligaciones de control por parte de los organismos del Estado, sobre una obra pública de tamaña importancia y de costos millonarios".


Entre los puntos más importantes de la denuncia se pueden señalar "el ancho visiblemente menor del puente, que debería ser de 4,20 metros y fue construido a 3,40 metros, lo cual no permitía el paso de los trenes de larga distancia. El irresponsable corte de las solapas del puente para sumarle escasos 10 cm. de ancho a costa de debilitar su estructura. Junto al desplazamiento de entre 12 y 18 cm. entre los puentes, es decir que se alejan las partes apoyadas en la columna central".

Por último el comunicado expresa que "ahora los funcionarios deberán responder en la justicia por el grave perjuicio causado al Estado y por los posibles accidentes que pudieran ocurrir fruto de la negligencia, la desidia y el completo desprecio por la seguridad de los pasajeros del ferrocarril, de los usuarios de la Autovía 5 y los trabajadores ferroviarios".

viernes, 23 de febrero de 2018

La compra de los CAF 5000, historia de una operación judicializada que va de Jaime a Macri

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Metro de Madrid había intentado vendérselos al Subte en los años 80 y, luego, durante la gestión de Ricardo Jaime. La compra de estos coches, finalmente encarada por el gobierno de Macri en 2011, es motivo de una denuncia penal contra ex autoridades de SBASE y se encuentra sospechada de corrupción.

Los trenes CAF 5000, adquiridos de segunda mano al Metro de Madrid, fueron retirados de circulación a principios de esta semana luego de que se confirmara que en algunos de sus componentes poseen asbesto, un material prohibido en el país desde 2001. Aquí, un repaso por su historia.

Primeros años

La fabricación de la Serie 5000 de primera subserie -parte de la cual fue vendida a Buenos Aires- tuvo lugar entre 1974 y 1976 y estuvo a cargo de un consorcio conformado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), AEG, Westinghouse, General Eléctrica Española y la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales. Se produjeron 130 coches configurados en duplas.


Los trenes fueron estrenados en la línea 7 del Metro de Madrid, la primera de esa ciudad en contar con un gálibo de 2,80 m, que fue inaugurada en julio de 1974. En el acto estuvieron presentes el entonces Príncipe de España y futuro rey, Juan Carlos de Borbón, y el entonces Presidente del Gobierno de España, el franquista Carlos Arias Navarro.

En los años posteriores, atendiendo al crecimiento de la red, Metro de Madrid encargó la fabricación de más trenes CAF 5000, aunque con tecnología más avanzada que la primera subserie. La segunda, construida a principios de los años 80, si bien cuenta con motores de corriente continua similares a los de la primera, se encuentra equipada con chopper, lo que aporta un control de tracción más sencillo de mantener y más eficiente energéticamente. La cuarta subserie, fabricada en 1993, no tiene grandes diferencias mecánicas con la segunda, aunque presenta algunas diferencias estéticas.

El primer intento de venta al Subte

En 1985, el Metro de Madrid firmó con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE, entonces operadora de la red), un convenio de colaboración y asistencia mutua, que fue renovado en 1987. En el marco de estas aceitadas relaciones entre ambos metros, Madrid le ofreció a Buenos Aires los trenes de la Serie 5000 primera subserie, que para entonces contaban con poco más de diez años de uso. Esa oferta se fundamentaba en que el Metro de Madrid estaba buscando migrar a tecnologías superiores y con menor costo de mantenimiento.


SBASE consideró el ofrecimiento y evaluó adquirirlos para la línea B, la única donde podían circular debido a su ancho (el resto de las líneas porteñas admiten trenes de hasta 2,60 m de ancho) y a la tensión de sus motores (600 V). La compañía estatal finalmente rechazó el proyecto por varias razones. Primero, se desperdiciaba capacidad de transporte (la línea B tiene gálibo ferroviario de 3,2 m), segundo, si bien la mayor parte de los trenes de la línea databan de la década del 30, parte de la flota tenía entre 25 (coches Fabricaciones Militares de los años 60) y diez años de uso (los Siemens FM), lo que desaconsejaba su desafectación.

La gestión Jaime, el segundo intento frustrado

En 2005 el Estado nacional, entonces a cargo del Subte, aprobó mediante el decreto 1683/05 el “Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del AMBA”. Bajo la Emergencia Ferroviaria, las concesionarias habían quedado exceptuadas de realizar las inversiones previstas en sus contratos, con lo que el Estado debía hacerse cargo de las mismas.

Entre los numerosos proyectos allí mencionados para el Subte se encontraba la adquisición de 36 coches adicionales para la línea B. El decreto lleva la firma del entonces presidente Kirchner y del ministro de Planificación, Julio de Vido, en cuya órbita operaba la Secretaría de Transporte que entonces conducía Ricardo Jaime, hoy detenido por una causa de corrupción en compras de material rodante usado a España.


La voluntad de comprar estos coches adicionales estaba orientada a ampliar la flota por la extensión de la línea B a Los Incas, concretada en 2003, y la posterior ampliación a Rosas, entonces en obra.

En marzo de 2008 el Metro de Madrid envió una dupla (5019-5020), que ingresó al país en condición de importación temporaria, para realizar pruebas de circulación en la línea B. Las evaluaciones dieron resultado positivo, pero a los pocos meses la operación de compra se empantanó.

Tras la salida de Ricardo Jaime de la Secretaría de Transporte, SBASE le reclamó a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, en 2010 “la necesidad de darle impulso al proceso de compra al Metro de Madrid de los 36 coches usados […] que se destinarán a la línea B de Subterráneos, para asegurar su disposición con miras a la inauguración de las estaciones Echeverría y Rosas”.

SBASE compra los CAF 5000

Ante la falta de respuesta de la Nación, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), entonces ya bajo la gestión de Juan Pablo Piccardo, decidió a fines de enero de 2011 que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de SBASE, procederá a la compra de por lo menos veinticuatro (24) coches usados indispensables para el normal funcionamiento de la línea B […] bajo reserva de obtener la devolución o compensación del importe que se abone en virtud de dicha compra” por parte del Estado nacional. Con el posterior traspaso del Subte a la Ciudad, esto último quedaría sin efecto.

En paralelo, Metro de Madrid sacó a la venta en Subasta Pública cuatro lotes de coches CAF 5000 que estaba retirando de servicio. SBASE se presentó a la subasta como única oferente y resultó adjudicataria del lote 1, compuesto por 24 coches. El contrato entre ambas empresas se firmó en septiembre de 2011. El precio pagado ascendió a unos 550 mil dólares por unidad. Las adaptaciones para que pudieran circular en la línea B (cambio de sistema de alimentación, agregado de faldones, entre otras) se realizaron en el país.

El 26 de julio de 2011 tuvo lugar en Madrid una pequeña ceremonia de despedida de los CAF 5000 de primera subserie y poco tiempo después los coches comenzaron a ser embarcados rumbo a Buenos Aires, operaciones que fueron supervisadas tanto por representantes de Metro de Madrid como de SBASE.

El 23 de septiembre de 2011, incluso, el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri y el presidente de SBASE, Juan Pablo Piccardo, estuvieron presentes e inspeccionaron personalmente uno de los coches, según relata El País. El matutino consignó entonces que “Metro de Madrid se frota las manos con los 4,2 millones de euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo”. En noviembre de ese año llegaron al país las primeras unidades.

En 2012 SBASE realizó una segunda compra directa al Metro de Madrid por otros 12 coches CAF 5000 de primera subserie, idénticos a los anteriores aunque éstos últimos tenían la particularidad de contar con aire acondicionado. Con esta adquisición quedó completada la cantidad de 36 coches mencionada en el decreto de 2005 y que era la cantidad estimada como necesaria, tanto por SBASE como por Metrovías, para la línea B extendida hasta Rosas. Los 12 coches adicionales llegaron al país en diciembre de 2012.

La venta desierta

En 2013 Metro de Madrid sacó a subasta pública, no sólo los problemáticos CAF 6000 que Subterráneos de Buenos Aires terminó comprando, sino también 28 CAF 5000: cuatro coches de la segunda subserie y 24 coches de la cuarta subserie. Sin embargo, SBASE decidió decantarse por los más modernos 6000 y no presentarse a la subasta de los 5000, con lo cual el remate quedó desierto.

La accidentada carrera de los CAF 5000 en la línea B

Los trenes entraron en funcionamiento en la línea B en abril de 2013, con vistas a incorporarse plenamente para la inauguración de las estaciones Echeverría y Rosas, ocurrida en julio de ese año. De hecho, fue un CAF 5000 el que se utilizó como formación inaugural.

Los cincomiles nunca fueron muy apreciados en la línea B debido a su alta tasa de fallas mecánicas y desperfectos varios. En octubre de 2013 un tren quedó varado en Pasteur, obligando a interrumpir la línea. Al mes siguiente, otra formación perdió uno de sus patines colectores, provocando daños a un aparato de cambio. En diciembre de ese mismo año, otro tren quedó varado tras salir de Carlos Pellegrini y obligó a interrumpir la línea y evacuar a los pasajeros. En abril de 2014 una formación provocó un cortocircuito en Alem. En agosto de ese año, un principio de incendio dejó fuera de servicio a un tren y una situación análoga se vivió en septiembre. En octubre de 2015 otro CAF 5000 sufrió el desprendimiento de uno de sus patines colectores en la estación Dorrego, dañando nuevamente una máquina de cambio de vía. En septiembre de 2016 ocurrió un incidente análogo en cercanías de la estación Rosas. Fuentes sindicales llegaron a denunciar que una de las formaciones estaba siendo canibalizada para extraer repuestos para otros trenes. La lista no es exhaustiva: comprende únicamente los incidentes más graves, que fueron oportunamente informados por este medio.

Desde fines de 2016 los CAF 5000 comenzaron a ser apartados de servicio temporalmente debido a razones de seguridad operativa. Los discos de freno, que eran los mismos que habían traído colocados de España, se encontraban al límite de la tolerancia admitida. Les fueron reemplazados y paulatinamente los trenes volvieron a la línea desde mayo del año pasado.

Sin embargo, no todos habían sido reincorporados: la mitad de la flota estaba fuera de servicio. Así lo confirmó SBASE días atrás cuando anunció que por el caso del asbesto serían apartados “18 coches” de este modelo.

La denuncia penal

Las operaciones de compra de los CAF 5000 y CAF 6000 por parte de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) son objeto de una denuncia penal presentada en 2015 contra el entonces presidente de Subterráneos, Juan Pablo Piccardo, y “contra todo aquel que haya ejercido cargo o función determinada en el Directorio de SBASE” en relación a esas adquisiciones. Los denunciantes plantearon entonces “la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público“.


Los denunciantes, tomando como referencia informes de la Auditoría Porteña, alegan la existencia numerosas irregularidades en la operación (debilidad de la justificación, omisiones en los documentos, ausencia de cotizaciones para contrastar los precios del material rodante, omisión de análisis de obsolescencia, ausencia de análisis de sustentabilidad, entre otras). Algunas de ellas también pueden encontrarse en el caso de los CAF 6000, operación que también fue objetada por la Auditoría.

Futuro incierto

El Metro de Madrid admitió días atrás que los CAF 5000 contienen asbesto en sus componentes eléctricos, luego de que se le reconociera como enfermedad laboral la asbestosis (un tipo de cáncer) a un empleado de mantenimiento de la red española. Más de cien coches de las subseries primera y tercera están siendo rematados para el desguace en su país de origen.

La exposición prolongada a este tipo de material y la falta de medidas de seguridad para manipularlo es altamente riesgosa para los trabajadores. El Metro ya fue multado por más de 190 mil euros por esta razón. El asbesto está prohibido en España desde 2001, al igual que en la Argentina, donde también se encuentra vedada la importación de cualquier producto que lo contenga.

La revelación de la presencia de este componente preocupó a los trabajadores de la línea B y SBASE decidió retirarlos preventivamente de circulación, a la vez que exigió al Metro de Madrid que confirme la presencia de asbesto en las formaciones. A poco de que se cumplan cinco años de su puesta en marcha en Buenos Aires, los CAF 5000 se hallan fuera de servicio y su retorno a la línea es por demás incierto.EnelSubte.com

lunes, 6 de noviembre de 2017

Denuncian a ex Presidenta y otras autoridades del anterior gobierno por obras no cumplidas en el ramal Puerto Deseado - Colonia Las Heras

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Se trata del ramal ferroviario de la Línea Roca, que une las ciudades de Puerto Deseado y Colonia Las Heras en la Provincia de Santa Cruz.

La ex presidente de la Nación Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime enfrentan una nueva instancia, muy complicada, frente a la Justicia.

Es por el ramal ferroviario de la línea Roca que une las ciudades de Puerto Deseado y Colonia Las Heras en la provincia patagónica de Santa Cruz, y que tiene un recorrido de 283 kilómetros de extensión. Las inversiones son de casi 10 millones de dólares.

Estación Puerto Deseado

El 8 de julio de 2008 Ricardo Jaime y Julio De Vido, adjudicaron el reacondicionamiento y rehabilitación del tren patagónico. Ese mismo día, Cristina Kirchner encabezó en Casa de Gobierno el acto de adjudicación de obras y prometió una inversión de más de 8 millones de pesos. Se informó que la empresa debía finalizar las el trabajo en 6 meses.

“Felicito a la Secretaría de Transporte y al Ministerio de Planificación" –dijo en esa oportunidad Cristina Kirchner-, y agregó: "Esperemos que los adjudicatarios de la obra cumplan los 6 meses. Tenemos mucha fe y además está la Secretaría de Transporte no solamente para tener fe en los empresarios sino para tener control sobre los mismos”.

Sin embargo, y pese a los anuncios oficiales, las obras nunca comenzaron. Todo seguía del mismo modo en el año 2010.

Vale decir, además que, así dadas las cosas, la obra debió finalizar en marzo de 2011, pero siguiendo la misma tesitura, siguieron sin ser emprendidas, y mucho menos, terminadas.

El 5 de octubre de 2015, a sólo días de la elección presidencial y en ocasión de la cadena nacional número 47, se hizo el tercer anuncio de mejoras para el tren.

Durante un acto en Tecnópolis, Cristina Kirchner se comunicó vía satélite en videoconferencia con Puerto Deseado. Allí, el entonces Ministro de Transporte Florencio Randazzo y los candidatos Alicia Kirchner y Máximo Kirchner anunciaron, otra vez, el inicio de una obra con una inversión de más de 92 millones de pesos.Canal26.com

jueves, 10 de agosto de 2017

Denuncian a Metrovías por “defraudación al Estado”

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El precandidato a diputado nacional por la lista Ahora Buenos Aires (dentro de Unidad Porteña), Itai Hagman, presentó este lunes una denuncia penal contra Metrovías por “defraudación al Estado”. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional n° 57, Fiscalía 50.

El dirigente acusó a la operadora del Subte de haber “estafado al Estado durante 20 años” y aseguró tener pruebas “contundentes” de que la compañía “dibujaba sus balances contables para aumentar los gastos operativos y pedir más subsidios”.


Hagman denunció además el “desvío” de fondos públicos hacia otras compañías del grupo Roggio, controlante de Metrovías: “la empresa contrataba a otras empresas del grupo Roggio y lo pasaba como gastos operativos, generando un circuito interno de dinero […] Por ejemplo, Metrovías pagaba un canon por asesoramiento a Benito Roggio, es decir a ellos mismos. Con la publicidad también hacía un negocio… la tercerizaba a una empresa propia que le pagaba un cánon, por lo que la plata quedaba para el grupo Roggio, pero no figuraba en los balances del servicio del subte”.

Hagman, que aspira a ocupar un lugar en la lista de diputados nacionales de Unidad Porteña en las elecciones parlamentarias de octubre próximo, cargó además contra “el costo operativo y la tarifa técnica” del Subte, a los que considera “inflados”.

A su vez, se pronunció en contra del proyecto del gobierno porteño para volver a concesionar la operación del Subte por hasta 15 años una vez vencido el actual contrato con Metrovías: “Sería un error abrirlo a otra empresa que venga a enriquecerse con el Subte. El transporte público es un derecho, no un negocio”.EnelSubte.com

jueves, 18 de mayo de 2017

Denuncian penalmente a Macri en la causa por las coimas que pagó Odebrecht

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El presidente Mauricio Macri, su primo Angelo Calcaterra y el empresario Marcelo Mindlin fueron denunciados penalmente hoy en los tribunales de Comodoro Py en relación a los pagos de coimas que el gigante de la construcción brasileño Odebrecht confesó haber hecho en Argentina, informaron hoy fuentes judiciales. 

La presentación alcanzó, a la vez, a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a Joseph Lewis, el magnate británico dueño de una estancia en Lago Escondido que alojó allí a Macri, y a Javier Caballero Sánchez, ex ejecutivo de empresas vinculadas a la familia presidencial. 


"Odebrecht Brasil le envió 20 millones de dólares a la empresa IECSA de los Calcaterra y en cinco mails se menciona a Caballero Sánchez, ex CEO de IECSA", consignó la presentación de Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y Cambio Climático. También consignó el denunciante que "Mindlin, cuando compró IECSA y la transformó en SADEC, lo primero que hizo fue desprenderse de Sánchez Caballero" y especuló con que "lo hizo, porque el escándalo Odebrecht lo puede salpicar". 

Sobre Arribas, mencionó que el ’arrepentido’ brasileño Leonardo Meirelles aseguró que le había hecho diez transferencias bancarias por 850 mil dólares al hoy titular de la AFI en 2013, en coincidencia con la reactivación del plan de soterramiento de la Línea Sarmiento. La denuncia fue presentada en la Cámara Federal porteña y con el número 6604/2017 recayó en el juzgado federal de Sergio Torres, con intervención de la fiscalía federal número cinco. 

En su presentación, el denunciante pidió que se investigue si los denunciados habrían perpetrado los delitos de "asociación ilícita", "estafa", "defraudación", "encubrimiento" e infracción al artículo 303 del Código Penal. 

Mientras, el diputado del Frente para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade insistió hoy en que el grupo empresario de la familia de Macri es "socio y cómplice" de Odebrecht y de Mindlin, a los que les dio las obras de soterramiento del Sarmiento. En ese contexto, aseguró que Arribas "es sólo un empleado de Macri y Odebrecht". 

Tailhade, quien impulsó la denuncia penal contra funcionarios del macrismo por operaciones sospechosas ligadas al grupo Odebrecht que tramita el juez federal Claudio Bonadio, sostuvo que "en la trama de corrupción de Odebrecht se omite un dato central: la sociedad de Macri y los brasileros. Socios y cómplices desde hace años". recordó que en 2006 Macri, a través de IECSA, "se asoció con Odebrecht para la licitación del Sarmiento. Esa sociedad continúa hoy plenamente operativa" y, dijo, recibió del actual Gobierno "3 mil millones de dólares" para financiar la obra. 

Relató que en 2010 Odebrecht compró el Meinl Bank y mediante esa entidad pagó "más de 1.600 millones de dólares en sobornos en todo el mundo" y compró por 400 millones de pesos los créditos que el BID y CFI verificaron en el concurso de Correo Argentino, para lo que tomó como garantía "las acciones de Sideco, controlante de Correo Argentino". "Aquí también Odebrecht es socio de Macri", dijo en un comunicado. 

Añadió que "Mindlin fue el principal ganador de los primeros 16 meses de Macri" ya que "compró Petrobras y fue el gran beneficiario de los tarifazos". "Fin del cuento: hoy Odebrecht y Mindlin son socios en el soterramiento del Sarmiento. Obra que les dio su socio y cómplice Mauricio Macri. En toda esta trama, Arribas es sólo un empleado de Macri y Odebrecht", remarcó.Fuente: ElLitoral.com

viernes, 5 de mayo de 2017

Tren del Valle: Diputados Nacionales realizarían denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Marcos Peña

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Redacción Crónica Ferroviaria

Debido a las polémicas expresiones vertidas por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al referirse a la extensión del recorrido de Neuquén hasta Plottier y Senillosa (Neuquén) y Chichinales (Río Negro) diciendo que hacerlo “no es una inversión estratégica debido a sus "altos costos" y "baja demanda”, esta manera blanqueó que no cumplirán con el Presupuesto Nacional, que incluía una partida para ampliar el recorrido.

Por tal motivo, como lo venimos publicando en Crónica Ferroviaria varios legisladores nacionales, intendentes municipales y concejales de las distintas localidades neuquinas y rionegrinas de distintos partidos políticos salieron al cruce de las palabras del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, fustigándolas y solicitando una revisión de las mismas.


En este caso, los Diputados Nacionales María Emilia Soria y Martín Doñate del Frente para la Victoria participaron en el día de ayer en la localidad de Fernández Oro de una reunión con Concejales del FpV que representan a las ciudades del tramo comprendido entre Cipolletti y Chichinales. El encuentro se centró en el desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cancelar la extención del Tren del Valle entre Chichinales y Senillosa.

“La explicación que dio Peña es que no lo consideran una inversión estratégica y que piensan consolidar las líneas aéreas a través de los vuelos low cost y reemplazar así la demanda en la conectividad regional. Esto demuestra una vez más el total desconocimiento que tienen de nuestra región, su concepción de federalismo, y que siguen gobernando en función de los sectores más pudientes dejando de lado la necesidad de traslado interurbano de muchos trabajadores y estudiantes de la región. De todos modos vamos a seguir insistiendo con el Tren del Valle, no nos vamos a conformar con un No”, opinó María Emilia Soria.

En la reunión se resolvió la presentación de un pedido de informes al Jefe de Gabinete y una nota a la Oficina de Presupuesto para que informe si se dieron los pasos correspondientes para dar de baja a la partida presupuestaria que ya había sido asignada para este año al Tren del Valle. En este sentido los Concejales decidieron que en caso de no haberse respetado el procedimiento previsto por la Ley de Administración Financiera realizarán una denuncia penal contra el Jefe de Gabinete Marcos Peña. 

De la reunión también participaron trabajadores del Tren del Valle, estudiantes de la carrera de enfermería y estudiantes secundarios que esperaban con gran expectativa la extensión de este tren.

Antes de finalizar la reunión, los concejales actualizaron el diagnóstico socioeconómico de la región planteando cada uno las principales problemáticas de sus localidades y definieron estrategias para seguir aunando esfuerzos en función de su resolución y, con el acompañamiento de los diputados presentes, realizar las gestiones necesarias en organismos nacionales correspondientes.

jueves, 28 de julio de 2016

350.000 pasajeros quedaron sin servicio de pasajeros en la Línea Sarmiento

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Redacción Crónica Ferroviaria

La empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones, informa que el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación ha formalizado una denuncia penal por el bloqueo de vías en Castelar que impide salida de formaciones que en el día de hoy está impulsando el delegado de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén Sobrero.

Según el comunicado, "el grupo de trabajadores adheridos al paro se encuentra bloqueando la salida de los trenes en el Depósito Castelar, motivo por el cual se radicó la denuncia penal en el Juzgado Federal Número 3 de Morón, Secretaría Número 21".


"Recordamos que la medida de fuerza de hoy es a consecuencia de la sanción impuesta por la empresa a 64 empleados del sector de Limpieza por haber llevado adelante un paro de actividades arbitrario y sin sustento, el pasado 24 de junio. Frente a esta situación la empresa determinó la aplicación de una suspensión por cinco días a cada empleado. Todo ello habiendo considerado que ni el gremio ni los delegados cumplieron en notificar formalmente la existencia de algún reclamo y además no siguieron las instancias obligatorias de conciliación para la resolución de todo conflicto", expresa dicho comunicado

Terminando diciendo que "esta irresponsable actitud de parte de los delegados sindicales de la Línea Sarmiento está provocando la interrupción total del servicio durante todo el día de hoy".

martes, 26 de julio de 2016

Mar del Plata: Presentaron denuncia penal por rotura de durmientes de hormigón

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El Fiscal Federal de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia penal con el objetivo que se esclarezca y determine la responsabilidad respecto a la ejecución de la obra pública por la cual se instalaron durmientes de hormigón  en varios tramos que une Capital Federal con Mar del Plata. En los últimos 20 kilómetros antes de llegar a esta ciudad, se habrían verificado más de 7 mil durmientes averiados, según fuentes del sector ferroviario.


Para Pettigiani, “se actuó, de mínima, con negligencia” en dicha obra.  Ante estas posibles irregularidades, solicitó que “se investiguen las circunstancias en las cuales se produjo la contratación por parte de la sociedad de estado ADIFSE y la empresa marplatense Durmientes de Hormigón Argentino SA (DHASA), el monto de la misma, los recaudos que se tomaron para garantizar que los materiales usados sean los adecuados para tal obra, la participación de las empresas contratadas por ADIFSE para la colocación de los referidos durmientes de hormigón y particularmente, la responsabilidad que en todos los campos aludidos le cupiere a las autoridades de la ADIFSE”, se indica en la denuncia.

A su vez, Pettigiani recordó que Ariel Franetovich estaba a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) al momento que este organismo estatal adjudicara los trabajos y la contratación a la empresa DASHA. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por el exfiscal de Delitos Económicos, esa dependencia estatal debía controlar que los materiales usados sean los indicados, que sean bien colocados y la que obra finalice en tiempo y forma.Fuente: 0223 Diario Digital

miércoles, 10 de junio de 2015

Dalbón denunciará a Maturano por "terrorismo ferroviario" y pedirá su "detención inmediata"

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El abogado Gregorio Dalbón, representante de familiares y víctimas de los choques de trenes de Once, Castelar y el ocurrido el domingo último en Temperley, presentará hoy una denuncia penal por "terrorismo ferroviario" contra el titular del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, y exigirá su "detención inmediata".

El letrado realizará la acusación ante el juez Alberto Santamarina, subrogante del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, y el fiscal Sergio Mola que investigan el último siniestro por el que están detenidos el motorman Diego Sánchez y su ayudante Nicolás Navarro, adelantó a Télam.

Apuntó que detrás de ese choque y de los otros ocurridos en los últimos dos años puede haber una "asociación ilícita" liderada por Maturano y pedirá su "detención inmediata".


Para eso, recordó que el maquinista Daniel López fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por la colisión de 2013 en Castelar, mientras que "Marcos Córdoba va a estar condenado en Once I (ocurrido el 22 de febrero), y en Once II, (sucedido el 19 de julio de 2013) Julio Benítez tiró al tren prácticamente al propósito y se robó el disco rígido".

Dalbón denunció que Maturano "ha tirado cuatro trenes contra este gobierno", lo acusó de "buscar poder a través de la muerte de personas inocentes", y repudió que "todos los hechos fueron perpetrados en momentos clave de la coyuntura nacional política".

En tal sentido, aseguró que "puede haber un hilo conductor desde Once hasta este hecho de Temperley" y advirtió que los líderes sindicales "nunca fueron investigados".

Dijo que lo ocurrido se enmarca en un hecho de "locura demencial" y reclamó "desenmascarar a esta mafia" porque de lo contrario "va a seguir ocurriendo, porque buscan el poder a través de la muerte de personas inocentes".

Dalbón prepara además una denuncia civil contra Maturano ya que "la Fraternidad es el gran responsable de formar a los motorman", por lo que le pedirá al gremialista una indemnización "que salga de su bolsillo" por 160 millones de pesos como indemnización por los siniestros de trenes.Telam

jueves, 23 de octubre de 2014

La Justicia sobreseyó a Maturano por el paro que terminó con incidentes en Constitución

Gremiales

Randazzo había denunciado al líder de La Fraternidad por “entorpecimiento de servicios públicos”.

La Justicia sobreseyó al secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, de una denuncia penal que hiciera el ministro Florencio Randazzo a raíz de un paro de trenes que inició el sector en julio y que afectó a unos 800 mil usuarios.

El ministro del Interior y Transporte había apelado el fallo de primera instancia ante la Cámara y ésta con la firma de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzún confirmó el dictamen, ratificando el sobreseimiento del ferroviario. Según se informó, la Justicia fundó su decisión en las mismas razones y argumentos que La Fraternidad llevó adelante la medida de protesta.


Randazzo había denunciado penalmente al líder de La Fraternidad luego de una medida de protesta y los había responsabilizado por los graves incidentes registrados ese día en la estación Constitución.

La medida de fuerza surgió por irregularidades en el pago del medio aguinaldo. “El gremio -explican desde La Fraternidad- había recibido mandatos expresos mediante asambleas de base para un paro ante las discriminaciones del ministerio”.

La medida de fuerza devino en una serie de incidentes en la estación Constitución cuando un grupo de jóvenes atacó con piedras y bombas incendiarias el edificio de la terminal del Ferrocarril Roca. Los policías, acompañados por carros hidrantes, detuvieron 18 personas, tres de ellos menores de edad.

Desde el gremio ferroviario aseguran que ese día se resolvió atemperar el reclamo por el pago de aguinaldos mediante una retención de tareas, “esperando la convocatoria del ministerio de Trabajo, que nunca llegó para ordenar o exhortar al ministerio de Transporte ajustarse a derecho, cuyo sólo trámite hubiere significado el levantamiento de la protesta”.


Además, la justicia, luego de las investigaciones, también desestimó que la violencia en la estación Constitución estuviera relacionada directa o indirectamente con los trabajadores.LaPolíticaonline