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Tras estar suspendido por un escándalo entre abogados, ayer volvieron
las audiencias. Duras críticas de Gregorio Dalbón, que patrocina a familiares
de víctimas. El rol del sindicalismo en las declaraciones de sus trabajadores y
la guerra de acusaciones cruzadas. Todavía deben declarar 200 testigos.
Se reanudaron esta semana en los tribunales federales de Comodoro Py las
audiencias del juicio por el accidente ferroviario de Once, con declaraciones
de testigos que pusieron en evidencia la puja sindical entre los conductores
del gremio La Fraternidad, seccional Haedo, liderados por Ernesto “gallego”
González y los trabajadores del Taller Castelar que responden al sector bordó
de la Unión Ferroviaria liderado por los delegados gremiales Rubén Sobrero y
Edgardo Reynoso.
Dr. Gregorio Dalbón que patrocina a familiares de víctimas
El juicio oral y público por el accidente de Once se reinició tras una
breve suspensión derivada del incidente entre abogados querellantes y
defensores, que culminó en la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 2 de expulsar al querellante Gregorio Dalbón de las audiencias y delegar la
defensa de sus clientes en sus dos socios: Antonio García y Virginia Cassola.
El TOF 2 está integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge
Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, esta última en calidad
de jueza sustituta. Las últimas audiencias que fueron las más conflictivas con
expulsiones, apercibimientos y sanciones incluidas están siendo presididas por
el juez Giménez Uriburu.
A primera hora de la mañana Dalbón improvisó una conferencia de prensa
en la puerta de la sede judicial con duras críticas al Tribunal oral que lo
expulsó del juicio y a las actuaciones hechas en la instrucción de la causa
llevada adelante por el Juez Claudio Bonadío. El abogado dijo que responderá con
denuncias por abuso de autoridad, discriminación e incumplimiento de deberes de
funcionario público contra los jueces del TOF 2.
“Es un abuso de autoridad alevoso del Tribunal, no se bancan que ponga
huevos y me meta con la mafia sindical” disparó Dalbón en las puertas de
Comodoro Py. Tras ello, se acercó con un escribano hasta la oficina del TOF 2
en el sexto piso, donde le notificaron que si bien la resolución que lo
sancionó no estaba firme los jueces no le iban a permitir concurrir a la sala
de audiencia.
Dalbón había adelantado públicamente que como la resolución no estaba
firme, pensaba presentarse en la sala de audiencia. Ello a pesar de que el
Tribunal había anticipado que podría usar la fuerza pública si desobedecía la
orden de no presentarse.
Ante posibles incidentes derivados de las declaraciones del abogado, el
lunes la seguridad se reforzó con diez policías de la Guardia de Infantería que
se ubicaron con escudos en el pasillo de acceso a la sala de audiencia, en el
subsuelo de Comodoro Py 2002. Una escena intimidatoria que nunca se había dado
en el juicio.
“Este abogado los está molestando. Es una vergüenza, esto es inédito en
el país, en la historia. Evidentemente, la verdad les molesta mucho”, afirmó
Dalbón quien además anunció que pedirá revertir
la medida y que se le permita el acceso ya que considera que hubo
“prejuzgamiento” por parte del Tribunal. “Quizás políticamente esto esté
armado”, dijo también el abogado.
Finalmente, Dalbón no ingresó a la sala de audiencias, donde el juicio
se reanudó en forma pacífica y comenzaron a declarar como testigos los
conductores de trenes de la Línea Sarmiento pertenecientes al gremio La
Fraternidad propuestos como testigos por el Ministerio Público Fiscal y por la
abogada Valeria Corbacho defensora del principal imputado: el joven motorman
Marcos Antonio Córdoba.
Ante la negativa del TOF 2 de permitir la presencia de Dalbón en la sala
de audiencias, los abogados que habían quedado al frente de la querella
mayoritaria (García y Cassola) decidieron retirarse del recinto en clara
actitud de protesta y como una señal de planteamiento de nulidades a futuro.
También abandonó la audiencia a media mañana el abogado defensor Mariano
Fragueiro Frías que había sido sancionado por el Tribunal debido al incidente suscitado
por la curiosa presencia del subcomisario Mariano Cousteau dentro de la sala de
audiencias.
En el debate iniciado con la declaración testimonial del motorman Carlos
Alberto Palacio y luego de Juan Facundo Matías Aiger se vivió un nuevo capítulo
que puso en escena la feroz interna sindical entre los gremios La Fraternidad y
la Unión Ferroviaria por las tareas de mantenimiento realizadas a los coches
eléctricos Toshiba dentro del Taller Castelar que controla la Seccional Oeste
de la UF, liderada por Sobrero y Reynoso.
El delegado Edgardo Reynoso ya había quedado en el centro de la escena
meses atrás cuando acompañó a prestar declaración testimonial a los guardas
Miguel Jerónimo y Patricio Juárez quienes fueron detenidos y acusados de
presunto falso testimonio por sus contradicciones y reticencia a contestar
preguntas. Ahora, los dos guardas que fueron a declarar acompañados por Reynoso
deberán enfrentar juicios paralelos por falso testimonio, en los que podrían
recibir hasta diez años de cárcel.
En aquella oportunidad, una vez finalizada la audiencia, Dalbón escribió
en su cuenta de Twitter: “#ONCE El guarda de Andrada preso por falso
testimonio. Siempre dije que fueron los sindicatos y los motorman. Todos
procesados. Querés más” y luego añadió “#ONCE La Unión ferroviaria y La
Fraternidad impunes por Claudio Bonadio. Y vengan que les daré batalla. Porque:
“La Verdad es inevitable”.
Durante la audiencia, que por momentos se tornaba muy reiterativa y
circular con la reiteración sistemática de las mismas preguntas formuladas por
el fiscal Fernando Arrigo a los testigos, se evidenció la directiva establecida
por la base Castelar que lidera el “gallego” González, quien se encuentra
enfrentado a la conducción nacional del gremio liderado por Omar Maturano,
contra las tareas de mantenimiento y alistamiento que realiza el personal del
Taller Castelar.
“Había que reiterar los pedidos de revisión al taller porque los
trabajos no estaban bien realizados y las falencias persistían. A veces decían
que no podían efectuar las reparaciones y se cancelaban los trenes. Arreglaban
las ventanillas así nomás y los pisos con chapas. No funcionaban ventiladores
ni calefacción. Los furgones no tenían ventanillas. Si se detectan
inconvenientes con el funcionamiento o el jefe de tren avisa de irregularidades
se pide cambio de equipo y se envía el tren al Taller”, fueron algunas de las
frases que se escucharon en la audiencia a modo de reclamo.
La extensa jornada de ayer se cerró cerca de las 20.30 horas con la
declaración de Walter Francisco Schafer, motorman del ferrocarril Sarmiento,
quien también manifestó el poco apego a las tareas de mantenimiento que mostraban
los trabajadores del Taller Castelar en cuanto a la reparación de burletes,
ventanas, pisos, luces y demás problemas suscitados en las formaciones
ferroviarias, como así también la preponderancia que el Taller Castelar poseía
sobre las decisiones inherentes a la continuidad o no del servicio, en caso de
reclamos por parte de los motorman.
El concepto de “tren dominado” fue otro mensaje que trasmitieron los
motorman que declararon en la jornada 43, más allá las particularidades de cada
uno para llevarlo a cabo en el momento de frenar el tren en una estación.
—¿Por qué no desconectaría el sistema de “hombre muerto” en movimiento?—
lo interpelaron a Schafer.
—Tengo que proteger la seguridad de todos los pasajeros y la mía.
—¿Y hacerlo atenta contra la seguridad?
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque si yo me desmayo, ¿quién para ese tren?— se preguntó el testigo.
Los tres motorman que declararon dejaron una sentencia en común: jamás
desactivarían el sistema de “hombre muerto” con el tren en movimiento.
“Aprovechaba para descansar la mano en las estaciones”, dijo Walter Schafer.
“Sólo lo hacía en las estaciones”, coincidió Aiger.
Lo mismo describió el primero de los testigos de la extensa jornada de
hoy, Carlos Palacio. Ante la pregunta sobre si desactivar el sistema de hombre
muerto con el tren en marcha es una maniobra incorrecta, no dudó en la
respuesta: “Sí”.
Los tres condenaron elípticamente la determinación de Marcos Córdoba,
quien prescindió de esa modalidad de emergencia desactivando el freno de
“hombre muerto” antes de su ingreso a la estación de Once el 22 de febrero de
2012.
Por el accidente de Once, se encuentra imputado el motorman Marcos
Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), con pena de 1 a 5
años de prisión, junto a otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de
Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor
de la CNRT Eduardo Sícaro, el ex Subsecretario de Transporte Ferroviario
Antonio Luna y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del
ferrocarril Sarmiento.LetraP
