Soterramiento del Sarmiento: La AFIP pidió la indagatoria de Calcaterra, primo de Macri

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Considera que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- recurrieron a un supuesto contrato con otra compañía para encubrir sobornos.

En plena campaña electoral, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió a la Justicia que cite a indagatoria al empresario  Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y a otros responsables del consorcio que debía soterrar el ferrocarril Sarmiento por la presunta comisión del delito de evasión agravada por medio de "maniobras defraudatorias" por casi 5 millones de dólares.

La AFIP consideró que existen evidencias suficientes para concluir que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- recurrieron a un supuesto contrato con la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación (más conocida por las siglas DSC) para extraer 4,95 millones de dólares de los balances.

Para el fiscal federal Franco Picardi, ese contrato con DSC fue una de las vías que utilizó el consorcio para triangular dinero a través del Principado de Andorra, enviarlo a Uruguay y, desde allí, pagar los sobornos acordados en Argentina.

La AFIP avanzó por la misma senda que el fiscal Picardi, pero sin abordar la hipótesis de los sobornos, lo que excedería sus atribuciones, pero quedó a un paso de plantearlo al exponer que "constituiría una maniobra para derivar fondos con un destino distinto que el de una genuina contratación de mercado".

El organismo tributario también le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sus técnicos analizaron la documentación, detectaron inconsistencias y faltantes, y concluyeron que el supuesto contrato con DSC es "apócrifo ideológicamente", por lo que dieron "por acreditadas las maniobras de evasión" en 2011 y 2012.LaGacetaMercantil.com

ATE denuncia irregularidades en la empresa Tren Patagónico

Gremiales

El gremio ATE avanza en presentaciones judiciales y no descarta una denuncia penal contra el presidente del Tren Patagónico y otros funcionarios por presuntas “maniobras ilegales, amenazas y aprietes que se están llevando adelante contra los empleados, en complicidad con otros gremios”, explicaron.

ATE apuntó contra Jorge Maljasian, titular de la empresa estatal, y al Jefe del Departamento Comercial Darío Dukart.

“Lo que ocurre en esta empresa estatal es muy grave e involucra irregularidades con recursos que son públicos, dinero que aportan todos los rionegrinos” denunció el secretario general, Rodolfo Aguiar. Y agregó: “Intentan inventar un mecanismo para evitar las afiliaciones a ATE, retener de manera indebida haberes, perseguir y despedir a los trabajadores que se sindicalicen. No habíamos tenido nunca antes una prueba tan elocuente de la prohibición del Derecho de Reunión en plena democracia, como lo es el memorándum del Jefe Comercial”.

El jefe sindical adelantó: “Vamos a avanzar en dos planos. En el judicial y en el gremial. En febrero comenzaremos con medidas de fuerza”.

El conflicto se inició cuando los trabajadores del tren público decidieron afiliarse a ATE y desde la empresa estatal comenzaron a violentar todas las normas vigentes para evitar su reconocimiento y efectuar el correspondiente descuento por cuota sindical, incurriendo en una retención indebida de haberes, además de prácticas ilegales según el artículo 38 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y artículo 24 del Reglamento 467/88 configurando un “acto discriminatorio” y “antisindical”, así como una “práctica desleal”.

El sindicato informó que logró “hacerse de las pruebas del operativo pergeñado por las autoridades y otros gremios para intentar, mediante la comisión de distintos delitos”, desconocer el Derecho Constitucional de la Libertad Sindical en la empresa y “evitar que los trabajadores lleguen a agremiarse”.

ATE reveló que por un lado, se da una irregularidad elocuente y es el correo electrónico que remite el Jefe del Departamento Comercial Darío Dukart a los Jefes de Estación, Auxiliares y Supervisores prohibiendo la realización de reuniones con ATE pero si permitiéndolas con otras entidades que el empleador considera más dóciles o de mayor cercanía.

Y por el otro, el “mecanismo inventado por la Presidencia” para que previo al descuento del aporte gremial, los empleados tengan que ratificar su afiliación a la entidad. “Este accionar no se verifica en ninguna otra entidad pública o privada del país. Lo que se busca en este punto es que una vez conocida las personas que se afilian, se inicie sobre ellas un inmediato proceso de amenazas, persecuciones, sanciones y despidos para quienes no desistan de su voluntad de asociarse”, afirmaron desde ATE.

Por último, desde el sindicato informaron que durante las primeras semanas de febrero se iniciarán distintas protestas y medidas de acción directa no sólo en Viedma, sino en todas las sedes de la empresa, a los efectos de poner freno a la grave discriminación y reclamar por mejoras salariales y de las condiciones laborales de todos los trabajadores.ADNRíoNegro