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jueves, 13 de febrero de 2020

Soterramiento del Sarmiento: Fiscal ratificó la existencia de un soborno de más de U$S 4 millones y complicó a Calcaterra

Actualidad

Para el acusador, el "único fin" de esa contratación fue "justificar el giro de 4.495.250 dólares" que se habrían usado para el pago de sobornos a ex funcionarios.

El fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de un presunto pago de sobornos por 4.495.250 dólares por parte del consorcio empresario que se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento y que habría sido canalizado a través de una firma extranjera. En el grupo empresarial se encontraba como socio el primo del ex presidente Macri, Ángelo Calcaterra. La obra tuvo una importante readecuación de precios durante la gestión de Macri.

Picardi presentó un extenso informe al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, en base a datos llegados desde el Principado de Andorra, relativos a la "ruta del dinero" de la maniobra, según el texto al que hoy accedió Télam.


"El examen de los antecedentes obrantes en la investigación en el Principado de Andorra en conjunción con los elementos" ya obtenidos en la investigación "permiten concluir que la UTE CNS fingió o simuló haber contratado a la firma extranjera DSC para llevar adelante una contraprestación de servicios con motivo de la obra pública" para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, explicó Picardi.

Para el acusador, el "único fin" de esa contratación fue "justificar el giro de 4.495.250 dólares" que se habrían usado para el pago de sobornos a ex funcionarios. En este contexto, "se pudo acreditar la inexistencia de una efectiva contraprestación de servicios con motivo de la contratación puesta bajo lupa", advirtió el fiscal.

Picardi hizo alusión al "hallazgo de nuevos elementos probatorios detectados por esta parte, como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la Unión Transitoria de Empresas integrada por 'Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.' suscribió dos contratos fictos o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)".

Estos contratos "le permitieron girar USD 4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento", afirmó.

La "transacción comercial puesta en crisis se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación", explicó Picardi.

De esta manera, se aseguraron "la adjudicación y continuidad de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento". El Registro Mercantil Central de España remitió información a la Justicia argentina vinculada a la supuesta "existencia de estructuras societarias constituidas como 'pantalla' con el único objetivo de facilitar la canalización de fondos espurios" , agregó.

"Esta concatenación de contrataciones de servicios de "asistencia técnica" o "consultoría" con prestaciones de servicios casi idénticas y aparentes solo puede cobrar sentido o comprenderse a la luz del diseño de un esquema jurídico y financiero que fue orquestado de manera conjunta y coordinada por las empresas integrantes del consorcio y sus miembros", analizó la fiscalía.

Esto se habría hecho "al solo fin de justificar la salida de fondos espurios al exterior para el pago de sobornos con motivo de la obra pública bajo lupa".

El 21 de agosto del año pasado la Cámara Federal porteña anuló procesamientos dictados por Martínez De Giorgi al ex ministro de Planificación Federal en el kirchnerismo, Julio De Vido y a otros ex funcionarios como Roberto Baratta, Ricardo Jaime,Juan Pablo Schiavi y José López por supuestas negociaciones incompatibles en el caso y también la falta de mérito a empresarios como Ángelo Calcaterra y Jorge Rodríguez.

El Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación para que abarque la presunta existencia de otros delitos como el pago de sobornos.ElDestape.com

lunes, 16 de diciembre de 2019

Corrupción de alto vuelo: Guillermo Dietrich, en la mira

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Un informe de la embajada de Estados Unidos en Uruguay pone el foco en el ex Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. CANAL 26 detalló la denuncia.

Un informe confidencial de la embajada de los Estados Unidos en Uruguay habla de corrupción durante el Gobierno de Mauricio Macri y puntualmente acusa a Guillermo Dietrich. CANAL 26 mostró de qué se trata el informe que salpica al ex ministro de Transporte.

Ex Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich

Dietrich, quien se desempeñó como ex ministro de transporte bajo el mandato de Macri, aparece mencionado en una supuesta "novedosa metodología" para cobrar "comisiones / sobornos". El dinero "negro", según dicta el informe, sería girado a paraísos fiscales, cobrado en dos terminales bancarias y guardado en cajas de seguridad.

La primera "comisión / soborno", presuntamente cobrada por Dietrich, habría sido "otorgada por una reconocida compañía aérea low cost". El pago ilegal habría sido "para obtener la habilitación de su base operativa en Buenos Aires"

El informe indica que Dietrich habría cobrado "comisiones / sobornos" por 5,7 millones de dólares "en pequeños montos para evadir los controles de lavado de dinero".

Los sobornos habrían sido depositados "en concepto de gastos de alquiler de vehículos o cuentas vinculadas a la compañía de Dietrich, Movilaut S.A. y Dietrich S.A. Group".Fuente: Canal26.com

lunes, 15 de julio de 2019

Soterramiento del Sarmiento: La AFIP pidió la indagatoria de Calcaterra, primo de Macri

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Considera que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- recurrieron a un supuesto contrato con otra compañía para encubrir sobornos.

En plena campaña electoral, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió a la Justicia que cite a indagatoria al empresario  Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y a otros responsables del consorcio que debía soterrar el ferrocarril Sarmiento por la presunta comisión del delito de evasión agravada por medio de "maniobras defraudatorias" por casi 5 millones de dólares.


La AFIP consideró que existen evidencias suficientes para concluir que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- recurrieron a un supuesto contrato con la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación (más conocida por las siglas DSC) para extraer 4,95 millones de dólares de los balances.

Para el fiscal federal Franco Picardi, ese contrato con DSC fue una de las vías que utilizó el consorcio para triangular dinero a través del Principado de Andorra, enviarlo a Uruguay y, desde allí, pagar los sobornos acordados en Argentina.

La AFIP avanzó por la misma senda que el fiscal Picardi, pero sin abordar la hipótesis de los sobornos, lo que excedería sus atribuciones, pero quedó a un paso de plantearlo al exponer que "constituiría una maniobra para derivar fondos con un destino distinto que el de una genuina contratación de mercado".

El organismo tributario también le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sus técnicos analizaron la documentación, detectaron inconsistencias y faltantes, y concluyeron que el supuesto contrato con DSC es "apócrifo ideológicamente", por lo que dieron "por acreditadas las maniobras de evasión" en 2011 y 2012.LaGacetaMercantil.com

sábado, 5 de enero de 2019

Soterramiento del Sarmiento: Denuncian al consorcio por evadir para pagar sobornos

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La AFIP consideró que existen indicios suficientes como para sospechar que las empresas que integraron ese consorcio -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- dibujaron sus balances por US$10,3 millones, de los cuales US$4,5 millones se giraron al Principado de Andorra para, desde allí, pagar sobornos a los entonces funcionarios argentinos involucrados.

La denuncia de la AFIP suma así un nuevo eslabón en la cadena de evidencias e indicios que se acumulan desde Brasil, la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, España y el Principado de Andorra sobre cómo habría sido la ruta del dinero para que el consorcio manejara ese proyecto, valuado en US$1500 millones.

El trabajo de la AFIP comenzó a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi , que requirió su colaboración para desarrollar una auditoría integral de las empresas que conformaron ese consorcio entre 2008 y 2015, período en el que Odebrecht ya admitió en Brasil que se pagaron coimas.


Durante ese análisis, AFIP detectó dos transferencias sospechosas por un total de US$4.495.250 dirigidas a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de la consultora "Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA", más conocida por las siglas "DSC" o "DSC Workshop".

Los responsables de "DSC Workshop" se victimizaron. Afirmaron que fueron "engañados y utilizados" por Odebrecht, una empresa de la que "nadie sospechaba" y con la que "todos querían trabajar" por aquellos años. "El estudio ha servido de puente sin saber qué había detrás de esos pagos", adujeron desde Madrid.

Esa pregunta -qué hubo detrás de esos pagos- es la que también le planteó la AFIP a las cuatro empresas consorcistas para soterrar la Línea Sarmiento cuando las intimó a explicar por qué giraron US$4,5 millones a la cuenta de "DSC" en Andorra.

Las respuestas del consorcio fueron, como mínimo, insuficientes. Alegaron que no podían aportar demasiado porque la documentación ya la tenía la Justicia argentina porque había allanado sus oficinas.

Esa compleja trama delictiva integra la "Operación Pernambuco", según surge de un informe de la Policía de Andorra que delineó cómo el consorcio recurrió a los servicios de la casa de cambio Giovinazzo, en Buenos Aires, y a cuatro sociedades offshore controladas por el estudio uruguayo Belhot, González Lerena (BGL).

Esas cuatro sociedades -Convergence Capital, Natland Financiering, Lion's Soul y Klienfeld Services Ltd- sirvieron como trampolines para girar millones de dólares otros destinos. Entre otros, a Sabrimol Tra. Canal26.com

lunes, 5 de marzo de 2018

Cayó un uruguayo acusado por sobornos en el soterramiento del Sarmiento

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Ocurrió en Andorra. El detenido sería un nexo clave en los sobornos que Odebrecht realizaba mediante paraísos fiscales y sociedades offshore

Odebrecht sigue en el foco de la justicia internacional por la trama de coimas que realizaron en varios países. Ahora, es el turno de Andorra, que detuvo a Julio María Sanguinetti, un operador financiero uruguayo que habría sido un nexo clave en la trama de sobornos y corrupción que involucran a la empresa brasileña; la cual, en este caso, tenía como objetivo el soterramiento del Sarmiento.

Sanguinetti, quien es el medio hermano del ex presidente charrúa Julio María Sanguinetti, fue detenido y procesado como un actor clave en las maniobras de coimas que realizó Odebrecht mediante paraísos fiscales y sociedades offshore, según detalla el periodista Hugo Alconada Mon, del matutino porteño La Nación. Asimismo, en este caso, el objetivo del uruguayo era el soterramiento del Sarmiento.


Luego de determinar que hay pruebas suficientes para considerarlo un actor importante en la trama de sobornos y lavado que se realizó mediante el Banco Privado de Andorra (BPA), la jueza Canòlic Mingorance ordenó la detención de Sanguinetti. Asimismo, la magistrada ya se habría comunicado con sus pares nacionales para notificarlos de que en ese país encontraron documentación vinculada a delitos en Argentina, la cual deberán solicitar vía exhorto.

Por su parte, el ahora detenido negó las acusaciones y aceptó extradición a Andorra tras ser detenido por pedido de ese país. Es que Interpol lo localizó en Montevideo. En tanto, el abogado defensor de Sanguinetti, Jorge Barrera, afirmó que nada tiene que ver con las acusaciones. "Estaba sujeto a subordinación y tenía a tres jerarcas por encima de su puesto de trabajo", explicó el letrado a la prensa uruguaya, y señaló que "no tenía posibilidad de abrir cuentas de clientes y no puede responder por actos en los cuales actuó como subordinado".

Una afirmación que el ex abogado y "arrepentido" en Madrid, Rodrigo Durán, habría desmentido, ya que narró sus reuniones con el uruguayo y un ejecutivo brasileño, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien fue sindicado como uno de los máximos responsables de las coimas que pagó Odebrecht. De todas maneras, Sanguinetti no es el único acusado por la Justicia de Andorra, ya que además existen otros 29 implicados en este capítulo del Lava Jato, siendo que, además, el diario El País, de España, descubrió que la constructora carioca abonó más de 200 millones de dólares en sobornos a políticos, funcionarios y empresarios de América Latina mediante del BPA (también famoso por las acusaciones contra Valentín Díaz Gilligan y Jorge Sapag).

Sanguinetti fue representante del BPA en Montevideo, Uruguay, entre 2006 y 2015. Haciendo uso de ese rol, el ahora detenido le solicitó al banco andorrano su visto bueno para abonar, con plata "en negro", a una empresa vinculada al soterramiento el tren Sarmiento. "Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion's Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B", aseguró el 22 de julio de 2011.ElIntransigente.com

lunes, 6 de noviembre de 2017

Soterramiento Línea Sarmiento: Cámara pide profundizar la investigación contra IECSA del primo de Macri

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La Sala II rechazó a la UIF como querellante y ordenó “determinar la participación de funcionarios y empresarios de grandes firmas” nacionales y extranjeras, sin esperar la información de Brasil.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- resolvió este lunes la causa CFP 2885/2016/12/CA2 del registro del Juzgado Federal n° 8. Según surge de la resolución, se trata del caso en el que se investiga el presunto “pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento”. 


Siendo este un acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA S.A. (del primo de Mauricio Macri), Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.”. La información la dio a conocer el Centro de Información Judicial (CIJ), organismo que difunde decisiones de la Corte Suprema. 

Partiendo de esa descripción, los camaristas confirmaron el rechazo del pedido de la Unidad de Información Financiera de ser tenida por querella, valorando que esa calidad le es reconocida en investigaciones con objetos diferentes al de éste expediente.

En el considerando III de su resolución, los jueces efectuaron consideraciones sobre el modo en que correspondía dirigir los actos procesales de la compleja pesquisa en cuestión para determinar la participación de funcionarios y empresarios de grandes firmas comerciales de Argentina y del exterior, encomendando al juez que la encamine a través de medidas rápidas y eficaces, usando la información que tiene a su disposición (hay otra que depende de la respuesta que otros países a pedidos de colaboración, hasta ahora infructuosos).

Dijeron al respecto: “El objeto de la instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis -más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales-. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones sobre las distintas facetas que -como ya se conoce- la maniobra presenta, tanto en las etapas previas, así como en las de adjudicación y de ejecución del contrato….

Es que la entidad de los sucesos denunciados -donde se encuentran imputados por hechos de corrupción funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que involucran pagos de sobornos en el contexto de supuestos fraudes por sumas millonarias- hace ineludible encomendar al juez que tome en consideración información ya invocada en la causa (ver f. 1069/37vta.) y que, sobre la base de datos colectados, procure una actividad eficaz en miras a contestar interrogantes suficientes a fin de avanzar en el proceso, como también que evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan”.LetraP.com

jueves, 8 de junio de 2017

España: Sobornos a altos cargos de Adif

Exterior

El Gobierno confirma que Adif abrió expedientes internos con el fin de esclarecer los presuntos sobornos que una empresa adjudicataria de obras de alta velocidad otorgó a cargos de la empresa pública, así como de otras administraciones locales, provinciales o estatales. Esta red se sobornos fue denunciada por la Guardia Civil en un informe incorporado al ‘caso Adif’, que en un inicio se limitaba a la investigación de sobrecostes en la construcción del AVE a Barcelona. Sin embargo, el informe constata que los sobornos se extendieron en infraestructuras por todo el país, registrándose casos en Castilla y León, Galicia, País Vasco y Asturias.

El ‘caso Adif’ había destapado sobrecostes en las obras del AVE en Barcelona gracias a la denuncia de un empresario arrepentido. Como subcontratado por Corsán para mover tierras, su empresa (Gonquis) sufragó viajes a pistas de esquí de cargos de Adif en Cataluña. A cambio, los funcionarios certificaban trabajos que Corsán no había ejecutado realmente, o para los que había empleado materiales de peor calidad que los declarados. En 2014 se produjeron las primeras detenciones: en un tramo de menos de dos kilómetros de vía en Barcelona, la presunta malversación asciende a 31 millones. La Fiscalía Anticorrupción descubrió más tarde que esos sobrecostes se habían reproducido en las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona: otros 82 millones.


Sin ir más lejos, las obras de construcción de la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros). Así lo recogía el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de Fiscalización’ de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero del 2002, con el Gobierno de José María Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero del 2008, ya con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada de En Marea Alexandra Fernández y el diputado de En Comú Félix Alonso Cantorné registraron sendas preguntas en el Congreso para solicitar al Gobierno una valoración por estas informaciones, las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas al respecto, incluida la depuración de responsabilidades. Ahora, el Ejecutivo confirma que “se ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes que obran en el sumario”.

Sin embargo, sostiene que “aún no se dispone de conclusiones dado que dichos expedientes internos se encuentran en tramitación” y que “se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita”.

Según este informe de la Guardia Civil, los sobornos por parte de la empresa adjudicataria Isolux-Corsan permitieron el visto bueno de supervisores de Adif a pesar de la peor calidad del material utilizado en algunas de las construcciones. La diputada de En Marea Alexandra Fernández también preguntaba si el ministerio de Fomento había iniciado la comprobación de los materiales de categoría inferior a la declarada o si exigirá a las empresas concesionarias implicadas indemnización “por aumentar sus ingresos a costa de rebajar la calidad de los materiales”.

Fomento asevera que en el caso de que se compruebe la certeza de esta acusación “se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales”. El Gobierno subraya que “se actuará conforme a lo previsto en la legislación vigente, prestándose a los tribunales competentes todo el apoyo que se precise para el esclarecimiento de los hechos”.Treneando.com

martes, 21 de marzo de 2017

La Justicia analiza si debe suspender la obra del Sarmiento

Actualidad

A la espera de datos desde Brasil, en tribunales debaten el futuro del proyecto al que el Gobierno le giró $ 45 mil millones.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se convirtió en una piedra en el zapato para el kirchnerismo y para el macrismo. También lo es para el saliente dueño de Iecsa, Angelo Calcaterra, y para su nuevo propietario, Marcelo Mindlin. Para los fiscales y jueces que investigan el caso, implica una presión extra.

Mientras suman documentación, reclaman información a Brasil y aguardan que se destape la olla de los arrepentidos de Odebrecht, los investigadores se preguntan si serán ellos quiénes deberán decidir el futuro de la obra si las pruebas confirman las sospechas: que el kirchnerismo adjudicó el soterramiento a la constructora brasileña, a la empresa del primo de Mauricio Macri y a otras dos socias -Comsa y Ghella- a cambio de sobornos. Ese futuro incierto incluye la posibilidad de tener que frenar la obra -que ya está en marcha- y ordenar el apartamiento de las empresas.


La obra está siendo investigada en Brasil y tiene cuatro frentes judiciales en Argentina en torno al Lava Jato, pero dos expedientes se centran exclusivamente en el soterramiento y atraviesan la vida del proyecto desde que fue adjudicado en 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta su reactivación final en 2016, cuando el gobierno de Macri aumentó en $ 45 mil millones los fondos para la obra de su primo, Calcaterra.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi investigan si las empresas pagaron coimas al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En el otro expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita instruye una denuncia de CFK pidiendo que se investigue porqué el macrismo amplió mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los fondos destinados a la obra de su primo. Fuentes judiciales anticiparon que el caso podría terminar concentrándose en la primera causa, que se centra el delito madre: si las empresas pagaron coimas a funcionarios.

Pollicita también redactó un pedido de colaboración al juez Sergio Moro, a cargo del caso en Curitiba, para saber si hay registros de pagos irregulares de Odebrecht en Argentina durante el último año. En ese expediente, la Justicia recibió esta semana un informe de la Comisión Bicameral que revisa del DNU y que declaró inválida la decisión de destinar al soterramiento otros $ 45 mil millones. La extensión de fondos para la obra quedó paralizada en el Congreso.

Pruebas. La comisión también remitió copia de la versión taquigráfica de la sesión, en la que oficialistas y kirchneristas se cruzaron en un debate por el futuro de la obra. El informe de los legisladores cuestiona el volumen de dinero que Macri destinó al soterramiento en comparación con los fondos destinados a obras en las provincias. Pablo Tonelli, miembro de la comisión revisora, increpó a uno de sus pares kirchneristas para recordarle que fue Ricardo Jaime quien le adjudicó la obra a Iecsa y Odebrecht. Los kirchneristas, en especial, Juliana Di Tullio, se opusieron a que la obra reciba más fondos. Pero nadie se animó a hablar de las sospechas de sobornos, ya que el caso expone tanto al kirchnerismo como al primo de Macri.

Mindlin ya no contaría en Iecsa con Javier Sánchez Caballero, CEO en la era Calcaterra. Los investigadores brasileños están seguros de que el ejecutivo argentino cumplió un rol en los pagos ilegales para conseguir la licitación del soterramiento. La Justicia argentina recibiría esas supuestas pruebas a partir del 1º de junio.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se convirtió en una piedra en el zapato para el kirchnerismo y para el macrismo.Perfíl.com (Nota enviada por nuestro colaborador señor Jorge Zatloukal)

jueves, 22 de diciembre de 2016

Odebrecht pagó sobornos por el soterramiento (¿recuerdan quién es socio?)

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Debe recordarse que en febrero 2016 se conoció que Odebrecht había aceptado que pagó US$ 80.000 en sobornos a funcionarios argentinos para conseguir la obra pública del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra que compartía con las empresas Iecsa, Comsa y Ghella: ¿tenían conocimiento estas empresas de los sobornos pagados? Hoy día al frente de la obra se encuentra Iecsa, que es una ex empresa Macri, presidida por Angelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una obra anunciada por Néstor Kirchner hace 10 años y nuevamente por Cristina Kirchner en enero de 2008, pero que en 2016 Mauricio Macri le ha dado prioridad entre sus obras públicas.


Néstor Kirchner prometió 36 meses de obra, pero recién en 2010, y luego de 4 anuncios, el Gobierno K comenzó a comprar una máquina 'tunelera' (cava túneles) de 12 metros de diámetro, que presentó pintada con los colores de los festejos del Bicentenario.

Al momento de la adjudicación, la líder del consorcio era Iecsa, una firma de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Sin embargo, más tarde, el financiamiento original quedó a cargo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y Odebrecht pasó a liderar la obra. En 2016, Iecsa ha recuperado el liderazgo de la obra.

Según la licitación, el soterramiento del Sarmiento implica la eliminación de 52 pasos a nivel ubicados en los más de 35 kilómetros de extensión que tiene el ramal y contempla el traslado de las vías para colocarlas a 22 metros de profundidad, al igual que las estaciones.

El presidente Macri volvió a lanzar el proyecto y anunció que destinará una inversión de US$ 3.000 millones.

En Brasil el pago de coimas en la Argentina apareció en un expediente que investiga ciertos correos electrónicos salidos de la computadora de un ex ejecutivo de la empresa brasileña, Mauricio Kouri Ribeiro, hacia Manuel Vázquez, asesor y traficante de influencias junto al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

En concreto: Vázquez le reclama a Mauricio Kouri Ribeiro la acreditación de un pago para terminar con la adjudicación de la licitación del soterramiento.

Deberá recordarse que, en días más recientes, la Cámara Federal rechazó el pedido de Mauricio Couri Ribeiro, presidente de Odebrecht Argentina, para cerrar la causa penal en la que se investiga si desde Odebrecht se le pagaron sobornos a Ricardo Jaime y a Manuel Vázquez.

La Sala II de la Cámara rechazó el pedido de Couri Ribeiro.

La Policía de Brasil encontró un intercambio de mails de febrero de 2010 entre Couri Ribeiro y Vázquez, en el que aluden a una serie de "problemas" para cobrar US$ 80.000 que después se determinó fue el monto de una transferencia que hizo la off shore "Klienfeld Services Ltd.", fantasma de Odebrecht para los sobornos. El dinero terminó en la empresa Pribont Corporation S.A.

Vázquez era el principal asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte. Ambos están condenados por recibir dádivas y procesados por comprar trenes inservibles a España y Portugal: Jaime sigue preso en la cárcel de Ezeiza y Vázquez en prisión domiciliaria.

El expediente de la XXIIIra. etapa de la “operación Lava-Jato”, que es parte del expediente judicial a cargo de juez federal Sérgio Moro, de la 13ª Vara Criminal Federal de la ciudad de Curitiba, Paraná (Brasil), fue presentado por el comisario Filipe Hille Pace al juez Moro, y dice: “Fue constatado que el grupo Odebrecht utilizaba cuentas de la firma offshore KLIENFELD SERVICES LTD para la realización de pagos de ventajas indebidas a funcionarios públicos de otros países, como en el caso detallado, en el que hubo un pago en favor de Ricardo Raúl Jaime”.

Klienfeld fue una de las empresas fantasma usadas para pagarle en negro al publicista João Santana, jefe de campañas de Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

“Estimado Mauricio, en el extracto de la cuenta no existe ese depósito (…). Si hay algún modo de reclamarle al banco la devolución, háganlo”, escribió Vázquez en uno de los emails, fechado el 10/02/2010.

“Nuestra gente se comunicó con el banco, que confirma el depósito”, le había asegurado Ribeiro a Vázquez, aunque reconoció que hubo algún problema.

Vázquez insistió, enojado: “Todo este proceso es vergonzoso”.

Couri Ribeiro pidió ayuda a otro directivo de la empresa, Fernando Migliaccio, titular de la cuenta de email cuyo archivo el juez pidió a Microsoft.

Migliaccio le respondió que se quedara tranquilo, que ya había hablado con el banco Antigua Overseas Bank, de Antigua y Barbuda.

Couri Ribeiro fue uno de los firmantes, en representación de Odebrecht, de contratos de obras con el Ministerio de Planificación Federal argentino. Urgente24.com

jueves, 20 de marzo de 2014

Investigarán a 18 empresas brasileñas y extranjeras con contratos de trenes

Empresas

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil informó hoy de que abrirá un proceso administrativo para determinar la responsabilidad de 18 empresas nacionales y extranjeras en presuntas irregularidades en contratos de trenes y metros otorgados entre 1998 y 2013.

Entre las firmas que serán procesadas por el CADE, organismo que entre otras funciones vela por la libre competencia, figuran la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la española CAF, la estadounidense Caterpillar, la japonesa Mitsui, la alemana DaimlerChrysler y la surcoreana Hyundai-Rotem.


Según cálculos del CADE, los proyectos en que habrían ocurrido los fraudes tendrían en conjunto un valor cercano a los 9.400 millones de reales (unos 4.030 millones de dólares de hoy).

De acuerdo con las investigaciones que llevaron a la apertura del proceso administrativo, esas empresas y otras compañías brasileñas acordaban las ofertas que presentarían en diversas licitaciones, a fin de que todas resultaran beneficiadas en los negocios.

Esos casos habrían ocurrido en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do Sul y en el Distrito Federal de Brasilia, según la información difundida por el CADE.En esos estados, las empresas también habrían sobornado a decenas de funcionarios públicos, que habrían ayudado a amañar los procesos de licitación.


"Los participantes en el 'cartel' habrían dividido las licitaciones entre ellos y simulado los concursos, por medio de, por ejemplo, acuerdos previos sobre los valores de las propuestas que serían presentadas", indica un comunicado del CADE.LaInformación.com

lunes, 3 de febrero de 2014

LA PRENSA BRASILEÑA IMPLICA A LA EMPRESA ALSTOM EN UN NUEVO CASO DE SOBORNO

EMPRESAS

Alstom, investigada en Brasil por un caso de corrupción recientemente descubierto, pagó sobornos en el país para hacerse con un contrato en 1999, según documentos internos de la empresa francesa publicados hoy por el diario Folha de São Paulo.

Alstom, investigada en Brasil por un caso de corrupción recientemente descubierto, pagó sobornos en el país para hacerse con un contrato en 1999, según documentos internos de la empresa francesa publicados hoy por el diario Folha de São Paulo.


Alstom habría pagado una comisión de 4,85 millones de francos franceses (unos 860.000 dólares de la época) a las autoridades brasileñas en enero de 1999 para ganar un contrato de la venta equipamientos a la hidroeléctrica de Itá, en el estado de Santa Catarina (sur), según el memorando interno.

El documento, fechado en 2008, está escrito por el director de auditoría interna de Alstom, Romain Marie, y fue remitido al presidente de la compañía, Patrick Kron, según Folha.

Además de las comisiones en Brasil, el documento cita sobornos en hidroeléctricas en Venezuela, Singapur y Catar que sumarían cerca de cinco millones de euros, según el diario, que no aporta más detalles sobre esos contratos.

Alstom está siendo investigada, junto con otras grandes empresas del sector ferroviario como Siemens, Bombardier y la española Caf, por supuestamente haber pactado el reparto de contratos de mantenimiento de trenes en Sao Paulo entre 1998 y 2002.

El pasado viernes el Ministerio Público Federal (fiscalía) de Sao Paulo acusó a doce personas por su implicación en el caso.La compañía resaltó en un comunicado enviado a Efe que las acusaciones se refieren a casos del comienzo de los años 2000 y anteriores.


Asimismo afirmó que ha implementado en toda su organización un programa de "reglas estrictas de conformidad y ética" que ha recibido una de las más altas clasificaciones por la agencia independiente ETHIC Intelligence.EFE.