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Una nueva supersecretaría reunirá a ABSA, Ferrobaires, Buenos Aires Gas
y la autopista Buenos Aires-La Plata, las compañías arrastran fuertes déficits.
El gobierno bonaerense reunirá a todas las empresas del Estado
provincial dentro de la órbita de una secretaría que será presentada hoy y
surgirá de la escisión de buena parte de la estructura del actual Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. El objetivo es mejorar el
rendimiento y la calidad de las prestaciones.
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli
Se trata de la Secretaría de Planificación y Control de Servicios
Públicos de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular será Franco La Porta, que
asumirá hoy. La dependencia concentrará el control de Aguas Bonaerenses (ABSA);
Buenos Aires Gas (Bagsa); Centrales de la Costa; la Agencia de Transporte; la
Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, comercialmente conocida
como Ferrobaires, y la recientemente creada Autopista Buenos Aires (Aubasa).
Ante un diagnóstico sobre la situación de las firmas que no arrojó
resultados demasiado alentadores, la nueva dependencia realizará una revisión
integral y no se descartan incrementos en las tarifas de los servicios que
prestan.
La Porta explicó que el objetivo principal para este nuevo desafío es
"hacer que las empresas sean eficientes y que estemos a la altura de las
necesidades de los consumidores, ya sea en el control de inversiones, en la extensión
de servicios o la calidad de las prestaciones". Y agregó: "Voy a
racionalizar los gastos sin descuidar los servicios que le llegan al usuario.
Es impresionante el gasto innecesario que tienen esas empresas", aseguró.
El futuro funcionario provincial, que fue titular del Instituto de
Lotería y Casinos de la provincia durante la gestión de Felipe Solá y en
octubre pasado fue candidato a diputado provincial por el denarvaísmo, aseguró
que tratará de "unificar el criterio para todas las empresas" y
"reducir el déficit", así como "extender el servicio a toda la
provincia".
La tarea no será sencilla. La situación de muchas de estas empresas, que
tienen el formato de sociedad anónima con el Estado provincial como accionista
mayoritario, es deficitaria y los servicios prestados son severamente
cuestionados por los usuarios. Esa realidad quedó plasmada en un informe
reservado que da cuenta de los diversos problemas que atraviesan las compañías.
Por otra parte, se insistirá en mantener bajo control del Poder Ejecutivo
tanto la prestación como la fiscalización, ya que también figuran en el
organigrama de la dependencia, que se terminó de definir ayer al mediodía en la
gobernación, el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba) y el
Organismo de Control de Energía de Buenos Aires (Oceba).
La creación de la nueva secretaría supone quitarle al Ministerio de
Infraestructura el manejo del área de servicios públicos, lo que implica una
virtual disección de la cartera conducida por Alejandro Arlía.
Se prevé una amplia revisión del estado de cada una de las empresas, que
incluye el pedido de poner a disposición la renuncia para todos los directivos.
En ese sentido, una de las cuestiones por analizar es la situación tarifaria,
según reconocieron fuentes cercanas al nuevo funcionario.
SUBAS EN EL HORIZONTE
La necesidad de reajustes ya quedó expuesta en las reuniones
preliminares que La Porta mantuvo en estos días con distintos actores
vinculados con la prestación de los servicios. Uno de los encuentros que trascendieron
fue con los responsables de las 200 cooperativas eléctricas que funcionan en la
provincia, que alertaron sobre "la necesidad de avanzar con un aumento de
tarifas debido a la crisis que vive el sector", que atiende una cartera de
800.000 usuarios. El presidente de Federación Interregional de Cooperativas de
Electricidad de la provincia de Buenos Aires (FICE), Roberto Otero, destacó que
en la reunión se dejó la inquietud acerca de abordar el tema del "sistema
tarifario integral".
Uno de los casos testigos es el de Ferrobaires, fundada hace dos décadas
y dirigida actualmente por Antonio Maltana, que se encuentra en una situación
considerada "crítica" dentro del propio gobierno. La firma invierte
casi el 80 por ciento de su presupuesto en sueldos y casi no tiene margen para
la inversión. Con ramales suspendidos y una dotación de personal de unos 3000
agentes, de los cuales sólo un tercio presta efectivamente servicios.
La Porta ya habló con el ministro del Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, para analizar el estado en que recibe la empresa. En rigor,
Ferrobaires debió ser traspasada a la Nación. Así se estableció en 2007 en un
proceso de transferencia que debía demandar 180 días, pero sigue sin
efectivizarse.
Otro gran desafío es ABSA. Según un informe extraoficial, esta compañía
que brinda agua corriente y cloacas tendría un índice de cobrabilidad apenas
superior al 20 por ciento. Por su parte, Aubasa, que reemplazó a Coviares en la
operación de la autopista La Plata-Buenos Aires, tiene como objetivo inmediato
la construcción del tercer carril, prometido durante años, pero nunca
concretado.LaNación.com
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