ACTUALIDAD
Redacción
CRÓNICA FERROVIARIA
Se encuentra
en la Comisión
de Transporte de la
Honorable Cámara de Diputados una Resolución en la que
expresa preocupación por la falta de oficinas en Inglaterra y en la República Argentina,
de la empresa que debería controlar el "Sistema Único de Boleto
Electrónico" (SUBE).
Dicho trámite
recayó en el Expte. 4340-D-2012 del 26 de Junio de 2012 siendo los firmantes de
dicho pedido de informes la Diputada Nacional Ivana María Bianchi (Frente
Peronista San Luis)
Fundamentos
OXFORD.- En
el Fnky-Hair Salon , una peluquería del pueblo de Bicester, Inglaterra, nada
conocen sobre la tarjeta SUBE ni sobre los problemas del transporte en la Argentina. Sin
embargo, esta peluquería ocupa la fachada principal de la supuesta casa matriz
de Global Infrastructure (GI) , la empresa británica a cargo de supervisar el
funcionamiento del boleto electrónico en Buenos Aires.
LA NACION comprobó que GI no tiene casa matriz
en Inglaterra. La empresa que controla la SUBE se constituyó en Londres con un domicilio
virtual y mudó su dirección a un pueblo de 29.000 habitantes. En el
contrafrente de la peluquería funciona un estudio de contadores que se encarga
de recibir su correspondencia. Ese es el único contacto británico de la firma
que controla la SUBE.
Tampoco cuenta con oficinas en la Argentina.
GI encabezó
el consorcio integrado por ex asesores de la Secretaría de
Transporte que ganaron la licitación para supervisar el boleto electrónico ,
pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10
millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del
"liderazgo técnico". Stephen Chandler, dueño de la firma, es el
máximo responsable de controlar la tarjeta.
GI no existía
cuando la licitación para supervisar el boleto electrónico ya había comenzado.
La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro oficial de
Inglaterra y Gales con un capital de 1 libra. Su domicilio fundacional era 78 York
Street, en Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona
como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada
ante la Inspección
General de Justicia de la Argentina.
Meses después
de su inscripción en Inglaterra, la empresa cambió su domicilio. Según informó
al registro oficial británico, Companies House , la dirección exacta que figura
en los estatutos es Claremont House, Deans Court, Bicester, Oxon OX26 6BW.
Claremont
House, la supuesta sede central de GI, tiene como entrada principal una
peluquería llamada Fnky-Hair Salon. El local, decorado en su ventana con
banderas Unión Jack, ofrece también tatuajes y piercing. No hay placa ni cartel
que identifique al sitio como la sede de la firma que controla la SUBE. En los negocios de
los alrededores nadie escuchó hablar de la empresa.
Sobre un
costado de la fachada de Claremont House se puede tomar un oscuro callejón
techado para acceder al centro comercial Deans Court, que también figura en el
domicilio oficial de GI. En el contrafrente de la peluquería, frente a un
negocio de golosinas y otro de reparación de electrodomésticos, se encuentra el
estudio Baxter Payne &Haigh. Es la firma de contadores que Chandler
registró como su domicilio profesional ante distintos movimientos
administrativos de la firma.
Las oficinas
de Baxter Payne & Haigh tienen la típica dimensión de una firma notarial
provincial. Su especialidad es la contaduría de empresas de la construcción,
rurales y de pequeñas inversiones británicas. Su página web no hace referencia
alguna a GI.
Cuando LA NACION llamó a Baxter Payne
& Haigh para consultar su relación con GI, la respuesta fue contundente. La
única forma de impedir que la empleada que atendió el llamado no cortara la
comunicación fue cuando rápidamente se le preguntó si estaba al tanto de que
los responsables de GI habían registrado su dirección como sede oficial. Sólo
entonces la vocera de Baxter Payne & Haigh recordó que era uno de sus
"muchos clientes".
Entre los
servicios que los contadores de Bicester prestan a sus clientes, reciben y
retransmiten su correspondencia. "Aquí no hay nadie que trabaje en la
firma que usted menciona- indicó la vocera -. Pero si nos envía una carta
dirigida a GI, nosotros nos encargaremos de hacérsela llegar", dijo.
LA NACION intentó contactarse con Chandler,
pero el británico prefirió no hablar con este medio. Pese a ser consultada en
distintas ocasiones, la
Secretaría de Transporte también evitó pronunciarse sobre el
tema.
Sin oficina
local
Un consorcio
liderado por GI audita la puesta en marcha y la operación de la SUBE, a cargo de la empresa
Nación Servicios SA (NSSA). Las tareas consisten en supervisar el montaje de
equipos de validación y recarga de tarjetas, controlar el software,
inspeccionar la transferencia de datos y verificar la cobertura de la red de
bocas de entrega de la tarjeta.
La auditoría
del SUBE es clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto
electrónico. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en
marcha, la Secretaría
de Transporte no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un
engorroso trámite para millones de argentinos.
A pesar de
que ejerce el liderazgo técnico de la supervisión, GI tampoco tiene sede en la Argentina: en Tucuman 1,
4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados
que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero
-según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio
legal en la Argentina.
CRONOLOGÍA
LA NACION reveló que Chandler, dueño de la
empresa, realizó gestiones antes de la licitación en la que obtuvo rédito: la
firma inglesa, que fue creada durante el proceso, ganó el concurso. El líder de
la compañía estuvo con los funcionarios de Transporte que meses después
recomendaron contratar a GI pese a que el consorcio compuesto por PWC-Barimont
SA realizó una oferta $ 10 millones más económica. La empresa Deloitte también
participó en la última etapa de la licitación, aunque su propuesta perdió
competitividad al superar en $ 25 millones el presupuesto estatal.
Luego del
encuentro con los funcionarios de Transporte, Chandler también se reunió con el
presidente de NSSA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora el consultor
inglés debe controlar.
El liderazgo
de GI se fundamentó en el currículum de Chandler. Según consta en su CV, este
especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, entidad
que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres. Según el
contrato al que accedió LA
NACION, el consultor inglés cobra 40.000 dólares mensuales.
Casi 2 millones de dólares por los cuatro años de trabajo. Aunque su labor
requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran
Bretaña, su lugar de residencia.
El consultor
británico no es el único contratado en dólares por Transporte. También Marcela
Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las
mismas condiciones. Entre los dos suman contratos por unos 650.000 dólares. LA NACION intentó contactarse
con ellos para consultarles sobre sus tareas específicas, pero no pudo
ubicarlos en Buenos Aires.
Fuente: La Nacion 18-6-2012