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A
tres años y medio de la Tragedia de Once, terminaron de declarar este lunes los
últimos dos testigos en el marco del juicio oral que investiga el hecho
ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 víctimas fatales y
789 heridos.
La
querella apunta a una doble responsabilidad por parte del Gobierno Nacional y
de las concesionarias frente a las irregularidades en el control de las
contrataciones ferroviarias. Estas anomalías que implican una oscura trama de
corrupción entre el exsecretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime,
y el extitular de Trenes de Buenos Aires
(TBA), Claudio Cirigliano.
“Consideramos
que está absolutamente probado que la tragedia tuvo que ver con el abandono que
se hizo en los trenes por parte del Estado y de los concesionarios”, dijo a NOVA Paolo Menghini, padre de una de
las víctimas fatales. Su hijo, Lucas, se encontraba en uno de los vagones de la
formación de la línea Sarmiento que chocó con el andén de la estación “Once de septiembre”.
La
condena que se espera es por el delito de estrago doloso seguido de muerte, “ya
que existió un abandono con absoluta conciencia de lo que podía generar,
llevado adelante por los funcionarios del Gobierno nacional, los hermanos
Cirigliano y los gerentes de la línea”, agregó.
En
este sentido, si bien desde el Ejecutivo intentaron desde el primer momento
deslindarse del incidente –y acusaron a los medios de influenciar la opinión de
víctimas y familiares- los denunciantes sostienen que tiene una inherente participación en el
choque mortal: “Los trenes nunca dejaron
de ser estatales: el servicio estaba concesionado, con un contrato que
debería haber sido supervisado para que se cumplan las normas de seguridad,
inversión y cuidado al pasajero. Si esto lo hubiese hecho el Gobierno Nacional,
probablemente la tragedia se hubiera evitado”, disparó Menghini.
En
tanto, el padre de Lucas recordó la condonación del gobierno kirchnerista a las
multas de la empresa TBA “que permitieron mantener la concesión”. “El
exsecretario de Transporte Ricardo Jaime tiene causas pendientes con la
Justicia por enriquecimiento ilícito de todo orden, incluso hay un juicio penal
por dádivas recibidas por los hermanos (Mario, Roque y Sergio) Cirigliano: se
trata de un contexto de corrupción muy grande que queda demostrado”, afirmó.
Con
respecto a las consecuencias del juicio oral que se lleva a cabo, Menghini
opinó que el primer efecto del lamentable episodio fueron los cambios
producidos en la industria ferroviaria: “Aunque el Gobierno nunca haya asumido
como tal, la reconversión ferroviaria con los trenes nuevos que compraron fue a
consecuencia de los 52 muertos de Once: no fue una política de Estado ni una
política que se haya definido de ninguna otra manera”, explicó.
“El
Gobierno tuvo todo el tiempo y dinero para encararlo, pero decidió hacerlo
cuando 52 personas murieron arriba de un tren. Tampoco reconoce la
responsabilidad en la tragedia, que para nosotros está absolutamente
demostrada”, insistió.
“Lo
que esperamos es que a partir de ahora es que gobierne quien gobierne, los
encargados de llevar adelante políticas públicas tengan conciencia de que nada
bueno sale de los negociados entre los poderes políticos y económicos, y que el
Estado tiene que mantener un control
férreo sobre las concesiones que se
hagan, sin ningún tipo de
contemplaciones. Y si hay que sacar concesiones, se sacan y se
penalizan. Esperamos que nunca más la
corrupción entre en los despachos y deje librado a su suerte a los usuarios y a
los ciudadanos en general”, concluyó.
Los
imputados
El
juicio oral que investiga las responsabilidades en el choque comenzó en marzo
de 2014. Con las dos declaraciones del
lunes habrá pasado por este proceso un total de 216 testigos de los 376
aceptados (el resto fueron desistidos o dados de baja). Se trata de una etapa
definitoria, ya que una vez que se hagan algunas ampliaciones declaratorias
solicitadas, se pasa a los diez días hábiles previos a los alegatos.
El
proceso es encabezado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital,
integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo
Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.
Según informó el Centro de Información Judicial, se encuentran imputados Sergio
Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos
Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto
D’Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban
Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto
Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, Roque Ángel
Cirigliano, José Doce Portas, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Raúl Jaime, Antonio
Guillermo Luna, Pedro Ochoa Romero, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo
Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Antonio
Eduardo Sícaro, Marcos Antonio Córdoba y Mario Francisco Cirigliano.
De
acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio se les imputa a todos, a
excepción de Córdoba, los delitos de defraudación contra la administración
pública (previsto por el artículos 174 -inciso 5°- en función del 173 -inciso
7°- del Código Penal) y descarrilamiento culposo (196 -primer y segundo
párrafos-). Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2
a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión,
respectivamente.NOVAArgentina.com
