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Los vecinos de Belgrano lo llaman el shopping más largo del mundo. Si se construyera como está proyectado, tendría cuatro kilómetros de largo. Se extendería bajo el viaducto del Ferrocarril Mitre en tierras muy codiciadas del Estado nacional.
Cinco asociaciones del barrio hablan de “fraude” en la concesión que llevó adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, hoy cuestionada por una denuncia muy documentada que presentaron ante la SIGEN. Apuntan al destino de 53.728 m2 que se adjudicaron para su provecho al empresario surcoreano SangHakChoe, registrado como trabajador autónomo en la AFIP. “Esto es más grave que la venta de La Rural y la diferencia es que la podemos parar. Hubo falsificación de planos, la oferta ganadora debió ser rechazada porque no presentó el último balance, es un dibujo lo que hicieron” declara el psiquiatra Enrique Banfi, uno de los firmantes del escrito entregado a la Sindicatura el 31 de enero pasado.
Las organizaciones vecinales analizaron más de mil documentos y llegaron a una conclusión: debería darse por caída la adjudicación a 30 años. Es para el usufructo del equivalente a cinco manzanas ubicadas en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Esperan ahora que la SIGEN evalúe e investigue el caso. La concesión se hizo en 2019 después de que Macri, ya en retirada, le cediera tierras nacionales a la CABA. La operación fue instrumentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en esa época presidía Ramón Lanús.
Banfi lidera la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, una de las cinco que acudió a la SIGEN. Hoy le dice a Página/12 que Martín Cosentino --el sucesor de Lanús en la AABE-- “demoró injustificadamente dos solicitudes de información sobre una auditoría realizadas en julio de 2020 y agosto de 2021, y tampoco quiso recibirnos”. Su organización y las restantes, Vecinos del Bajo Belgrano, Patrimonio de Belgrano, la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y el Centro de Comerciantes de Belgrano ,más otras dos asociaciones de Palermo y Núñez, esperan que se anule el contrato firmado con la UTE Vía-Viva que formó Sang Hak Choe junto a Horacio Sbrolla, ex ejecutivo de Arcos Dorados-Mc Donalds y la Constructora y estudio de Arquitectura InArch.
El argumento técnico-jurídico de los vecinos para que se revoque la adjudicación es que “el concesionario aceptó la cláusula que permite la rescisión unilateral por parte de la Agencia en cualquier momento, sin condiciones otras que una resolución fundada en términos de conveniencia”. Y sostienen que después “se deberían iniciar acciones legales por defraudación, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, falsificación de documentos y otras figuras contempladas en el Código Penal”.
Ante la SIGEN aportaron información que --según ellos-- prueba irregularidades como “la inexistencia de planos con mensura, que la AABE mandó al Tribunal de Tasaciones de la Nación documentación que no cumplía los requisitos técnicos y legales mínimos, que la comisión evaluadora de propuestas se conformó de manera irregular y que la oferta del grupo ganador debería haberse rechazado por inadmisible”. Señalan que al empresario coreano se le permitió presentarse pese a que “no entregó el último balance” y la misma razón se utilizó para dejar fuera de carrera a dos competidores: Dorrego CMA S.A y Viaducto Policultural S.A.
Los denunciantes de esta concesión a precio de ganga --el metro2 se cotiza a un dólar en promedio-- piden la intervención del presidente de la Nación, Alberto Fernández. El 27 de junio de 2019 este medio publicó en tapa el negociado con tierras fiscales que se venía: (https://www.pagina12.com.ar/202890-un-remate-de-remate).
La obra del viaducto en las vías del Mitre (Ramal Tigre) fue apoyada en general por los vecinos porque eliminaba barreras de los pasos a nivel que saturaban el tránsito en el barrio. Pero devino en “uno de los más escandalosos negociados de la historia de la Ciudad, afectando tierras nacionales y al erario público”, cuentan ahora las asociaciones vecinales. Sus integrantes son las y los mismos que investigaron el caso durante un año y medio aportando cada uno/una su mirada profesional.
La geógrafa Laura Brovedani, presidenta de Patrimonio de Belgrano, presentó un amparo colectivo contra el gobierno porteño por el impacto ambiental de la obra (Expediente 069260/2019 que llegó a la Corte Suprema). El contador Héctor Ponce de León estudió los números de la adjudicación y el empresario Claudio Di Stéfano aportó su experiencia en el mercado inmobiliario para determinar el valor de las tierras, entre otros abogados, ingenieros y agrimensores que colaboraron. Banfi cuenta que “entre nuestros vecinos hay gente de todas las corrientes políticas, incluso de los que votaron a Rodríguez Larreta, que hoy están indignados con el negocio del Bajo Viaducto”.
Las tierras han sido parceladas en tres zonas, con un valor semejante de mercado. De norte a sur --siguiendo las vías férreas del Mitre-- son el espacio Barrio Chino entre Monroe y la estación Belgrano C, el tramo que va desde Juramento a Olleros lindando con Avenida del Libertador llamado espacio Clubes y el que sigue desde la estación Lisandro de la Torre hasta Dorrego denominado espacio Hipódromo. Los vecinos descubrieron que en este último sector (de unos 25 mil m2) “no era necesario hacer un viaducto elevado ya que desde Dorrego a Olleros no había ningún paso a nivel con barreras”.
El tren siempre había circulado sobre un terraplén. La respuesta a tal extensión de la obra la dieron ellos mismos: “Se gastó cuantioso dinero público construyendo un viaducto, sólo para generar espacios comerciales en los bosques de Palermo, un área de preservación histórica donde no está autorizado ningún tipo de comercio”.
Otro aspecto de la adjudicación que cuestionan las asociaciones vecinales es el concepto de lo público. “Contrariamente a lo que se dio a entender en esta concesión no hay espacios públicos. La concesión sólo refiere a espacios de uso público. Uno y otro son bien diferentes. En el espacio público rigen las leyes de Espacio Público. En los espacios de uso público manda exclusivamente la autoridad y los criterios del dueño o del concesionario. En esta concesión no hay la más mínima superficie destinada a espacio público”.
Sang Hak Choe debería pagar a lo largo del contrato de adjudicación de 30 años, 1.140 millones de pesos cotizados en UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo), que se actualizan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).Lanús, el ex titular de la AABE, le extendió de tres a cinco años el período de gracia para empezar a pagar al concesionario. El plazo le vence recién a fines de 2024. Pese a estas ventajas inmejorables, a la UTE Vía-Vivase le vino abajo su primera obra bajo el viaducto. En la calle Mendoza 1730, el martes 22 de febrero se derrumbó una losa de cinco metros de altura. Cinco obreros resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados. El obrador que había visitado el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta pocos días antes se transformó en una trampa para los trabajadores. Ahora está clausurado. Como denunció el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el hecho se produjo en “una concesión que no debería haber existido”.Página12.com
