Redacción CRÓNICA FERROVIARIA
Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación para su dictamen, un Proyecto de Resolución presentado por el Dip. Nac. Ricardo Buryaile (U.C.R.) para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos que correspondan, brinde un informe completo sobre los siguientes puntos relacionados con la situación del transporte ferroviario de pasajeros.
El Proyecto de Ley recayó en el Expte. 1500-D-2012 con fecha 23 de Marzo de 2012.
Fundamentos
La tragedia ocurrida el 22 de febrero pasado en la estación de trenes de Once, en la que una formación del Ferrocarril Sarmiento impactara contra el andén de la estación terminal, provocando hasta la fecha un total de cincuenta y un fallecidos y seiscientos setenta y seis heridos, conmocionó a todos, convirtiéndose en la tragedia ferroviaria más grande de la historia de nuestro país.
Este accidente no es un hecho aislado, por el contrario, se enmarca en una trágica serie de siniestros ocurridos en los últimos años, en los cuales el deterioro del material rodante es el factor común.
No hace falta ir demasiado lejos en la investigación para comenzar a entender qué pudo haber sucedido. Basta revisar el informe que la Auditoría General de la Nación hizo sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Empresa Concesionaria Trenes de Buenos Aires en 2008, en cuanto a seguridad y mantenimiento de trenes y estaciones, y que se repitió, casi sin diferencias, en el informe 2012, que salió a la luz días después del accidente.
El informe 467/06, que tiene ya cuatro años, fue lapidario en cuanto a la situación del mantenimiento, al punto que reconoce que en amplias áreas de la concesión no existe directamente un plan de mantenimiento, incluyendo en esto, según la AGN, los propios trenes.
El informe AGN 2012, resume incumplimientos de TBA, pero también de la Secretaría de Transporte; observaciones de la CNRT a las que nadie atiende; multas que no se pagan; subsidios que se multiplican; reclamos del concesionario; negligencias de la concesionaria a la hora de revisar y reparar máquinas, vagones, vías, o retrasos en el plan de obras.
Así, a pesar de la profusa cantidad de investigaciones y recopilación de datos que hizo la AGN, y de las recomendaciones, que, entre otras, incluían la de intimar a TBA para que de cumplimiento a las tareas de mantenimiento, la CNRT no tomó medidas tendientes a subsanar la gravedad de esta situación. En estos cuatro años esa situación no motivó una multa firme de la CNRT.
La CNRT tiene informes públicos anuales de la Gerencia De Seguridad en el Transporte, donde se advierten en síntesis "graves incumplimientos" y "riesgo a la seguridad pública operativa". Entonces, si fueron advertidas, ¿Por qué no fueron corregidas estas irregularidades?
En este sentido es incuestionable la responsabilidad del Estado, tanto por no haber hecho efectivas las sanciones, como por no haber rescindido el contrato a tiempo, y por sobre todas las cosas, por no haber exigido a la empresa concesionaria la prestación de un servicio seguro y eficiente para los usuarios.
La CNRT fue creada con la misión de controlar y fiscalizar a los operadores del transporte de jurisdicción nacional. Para garantizarlo, tiene la facultad de instrumentar los mecanismos necesarios, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios y ejercer el poder de policía en materia de transporte, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, así como la ejecución de los contratos de concesión y fiscalizar la actividad realizada por los operadores de transporte.
La tragedia ocurrida en la formación de TBA en Once, lamentablemente pone en evidencia ausencia total del control por parte del Estado, y la poca transparencia en la gestión por parte de su concesionario. Ante esta situación, resulta trascendente que este Congreso cuente con información fehaciente de la labor desarrollada por la CNRT en la materia.
Por los motivos expuestos, Sr. Presidente, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
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