Actualidad
Redacción Crónica Ferroviaria
Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias para enviar el reporte final elaborado por el "Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública, Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento de la Línea Sarmiento".
Dicho trámite recayó en el Expte. 0817-D-2019 del 19 de Marzo del corriente año, siendo los firmantes de dicho Proyecto de Resolución la Diputada Nacional: Graciela Camaño (Federal Unidos por una Nueva Argentina - Buenos Aires).
Fundamentos
En virtud del artículo 100 inc. 11 de la Constitución Nacional que fija como atribuciones del Sr. Jefe de Gabinete y sus Ministros “Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo”, ante la gravedad de los hechos que se investigan, específicamente pago de sobornos, direccionamiento de obra y existencia de sobreprecios por parte de la Constructora Odebrecht, para lo cual administrativamente se creó un equipo de trabajo interministerial que elaboró un informe del que no se tiene conocimiento ni fuera puesto a consideración pública, afectando claramente los principios de publicidad, transparencia y máxima divulgación establecidos como principios fundadores para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública.
Dicha investigación según la resolución del Ministerio de Transporte N° 413-E/2017 solicitada por el Sr. Procurador debía observar “…todos los expedientes de los que surja los antecedentes referidos a las licitaciones, adjudicaciones, modificaciones de los contratos, redeterminaciones de precios, transferencia, órdenes de pago, actuaciones relativas a sanciones por incumplimientos y cualquier expediente administrativo, notas u otro dato referido a operaciones o actos relacionados con aquella firma y sus vinculadas, desde el año 2003 en adelante”.
Dichos antecedentes servirían a fin de detectar cualquier irregularidad en la contratación pública y deslindar responsabilidades específicamente en la adjudicación y ejecución de trabajos en el marco del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Si bien no fue puesto a consideración pública, fuentes periodísticas aseguraron que el equipo de investigación cerró la pesquisa y elevó el informe correspondiente a las autoridades solicitantes.
En el transcurso de la investigación administrativa, la empresa más cuestionada de toda América Latina, acordó desprenderse de su participación en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en nuestro país.
Odebrecht que tenía el 33% del consorcio que ganó la licitación para la construcción del soterramiento, vendió su parte a la constructora italiana Ghella, que detentaba el 37,4% del paquete accionario.
Ghella en toda esta operación pasó a controlar con un 70% el consorcio encargado de la construcción del soterramiento. El resto del paquete accionario corresponde a la empresa Sacde, de Marcelo Mindlin, quien se quedó con los activos que pertenecían a IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del Sr. Presidente Mauricio Macri.
La empresa Ghella se instaló en nuestro país a fines de 2006. Su primer socio en la República Argentina fue Ángelo Calcaterra con quien constituyeron ODS, holding que tenía entre sus controladas a IECSA, la empresa constructora que el Sr. Franco Macri vendió conjuntamente con Creurban. Este último acuerdo incluía un compromiso por el cual IECSA pagaba a SOCMA la suma de 14 millones de dólares por “Futuros Negocios” de la empresa.
En la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión como Jefe de Gobierno del actual Sr. Presidente, Ghella con IECSA asociadas en ODS fueron las encargadas de realizar el entubamiento del arroyo Maldonado, una de las primeras obras de envergadura de la ciudad de Buenos Aires.
Por ello, Ghella no es un jugador extraño en el negocio de la obra pública y el evidente pasamanos que buscaba generar transparencia para diluir las sospechas de corrupción en la adjudicación no está surtiendo esos efectos.
En 2017 y en el marco de las investigaciones por el pago de sobornos de Odebrecht, el fiscal a cargo de la investigación Franco Picardi, ordenó el allanamiento de las oficinas de Odebrecht, IECSA y Ghella.
En el dictamen emitido por el Sr. Fiscal advertía que “entre 2006 y 2014, hubo un habitual complejo e ilícito modus operandi de empresa de origen extranjero y socios locales para el pago y cobro de sobornos con la obra pública”.
Como medidas de prueba además de los allanamientos, el Sr. Fiscal solicitó que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en el que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Está visto que la última solicitud del Sr. Fiscal no fue puesta en consideración por las autoridades nacionales y tomaron el camino de crear un equipo de investigación tripartito integrado por representantes del Ministerio de Transporte, de Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.
De ese trabajo y lo poco que se conoce del mismo, se obtuvieron conclusiones sobre el proceso licitatorio y la estructura de costos aprobada en favor de la contratista de la obra compuesto por el consorcio: IECSA SOCIEDAD ANONIMA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDADE ANONIMA-COMSA SOCIEDAD ANONIMA-GHELLA SOCIETA PER AZIONI.
Debemos tener en cuenta que en los expedientes judiciales de la República Federativa del Brasil y las investigaciones que se abrieron en la Justicia de los Estados Unidos, concluyeron que la empresa Odebrecht habría actuado de manera ilícita entre los períodos 2007 y 2014 en diferentes partes del mundo y la República Argentina, a fin de asegurarse la celebración de contratos con los Estado Nacionales contratantes.
Ante la necesidad de conocer el resultado del informe administrativo impulsado por la Procuración del Tesoro, teniendo en cuenta que las investigaciones judiciales llevadas a cabos en diferentes países del mundo, han expuesto una clara matriz de corrupción en las contrataciones realizadas con ODEBRECHT.
A lo señalado anteriormente se conoció la decisión del Sr. Juez Federal Sebastián Casanello quien procesó a ex funcionarios, directivos y empresarios que estarían involucrados en sobornos que se habrían pagado para direccionar las contrataciones que hiciera el Estado Nacional con Odebrecht a través de Aysa para construir las plantas potabilizadoras en Paraná de las Palmas y Berazategui.
Redacción Crónica Ferroviaria
Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias para enviar el reporte final elaborado por el "Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública, Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento de la Línea Sarmiento".
Dicho trámite recayó en el Expte. 0817-D-2019 del 19 de Marzo del corriente año, siendo los firmantes de dicho Proyecto de Resolución la Diputada Nacional: Graciela Camaño (Federal Unidos por una Nueva Argentina - Buenos Aires).
Fundamentos
En virtud del artículo 100 inc. 11 de la Constitución Nacional que fija como atribuciones del Sr. Jefe de Gabinete y sus Ministros “Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo”, ante la gravedad de los hechos que se investigan, específicamente pago de sobornos, direccionamiento de obra y existencia de sobreprecios por parte de la Constructora Odebrecht, para lo cual administrativamente se creó un equipo de trabajo interministerial que elaboró un informe del que no se tiene conocimiento ni fuera puesto a consideración pública, afectando claramente los principios de publicidad, transparencia y máxima divulgación establecidos como principios fundadores para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública.
Dicha investigación según la resolución del Ministerio de Transporte N° 413-E/2017 solicitada por el Sr. Procurador debía observar “…todos los expedientes de los que surja los antecedentes referidos a las licitaciones, adjudicaciones, modificaciones de los contratos, redeterminaciones de precios, transferencia, órdenes de pago, actuaciones relativas a sanciones por incumplimientos y cualquier expediente administrativo, notas u otro dato referido a operaciones o actos relacionados con aquella firma y sus vinculadas, desde el año 2003 en adelante”.
Dichos antecedentes servirían a fin de detectar cualquier irregularidad en la contratación pública y deslindar responsabilidades específicamente en la adjudicación y ejecución de trabajos en el marco del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Si bien no fue puesto a consideración pública, fuentes periodísticas aseguraron que el equipo de investigación cerró la pesquisa y elevó el informe correspondiente a las autoridades solicitantes.
En el transcurso de la investigación administrativa, la empresa más cuestionada de toda América Latina, acordó desprenderse de su participación en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en nuestro país.
Odebrecht que tenía el 33% del consorcio que ganó la licitación para la construcción del soterramiento, vendió su parte a la constructora italiana Ghella, que detentaba el 37,4% del paquete accionario.
Ghella en toda esta operación pasó a controlar con un 70% el consorcio encargado de la construcción del soterramiento. El resto del paquete accionario corresponde a la empresa Sacde, de Marcelo Mindlin, quien se quedó con los activos que pertenecían a IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del Sr. Presidente Mauricio Macri.
La empresa Ghella se instaló en nuestro país a fines de 2006. Su primer socio en la República Argentina fue Ángelo Calcaterra con quien constituyeron ODS, holding que tenía entre sus controladas a IECSA, la empresa constructora que el Sr. Franco Macri vendió conjuntamente con Creurban. Este último acuerdo incluía un compromiso por el cual IECSA pagaba a SOCMA la suma de 14 millones de dólares por “Futuros Negocios” de la empresa.
En la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión como Jefe de Gobierno del actual Sr. Presidente, Ghella con IECSA asociadas en ODS fueron las encargadas de realizar el entubamiento del arroyo Maldonado, una de las primeras obras de envergadura de la ciudad de Buenos Aires.
Por ello, Ghella no es un jugador extraño en el negocio de la obra pública y el evidente pasamanos que buscaba generar transparencia para diluir las sospechas de corrupción en la adjudicación no está surtiendo esos efectos.
En 2017 y en el marco de las investigaciones por el pago de sobornos de Odebrecht, el fiscal a cargo de la investigación Franco Picardi, ordenó el allanamiento de las oficinas de Odebrecht, IECSA y Ghella.
En el dictamen emitido por el Sr. Fiscal advertía que “entre 2006 y 2014, hubo un habitual complejo e ilícito modus operandi de empresa de origen extranjero y socios locales para el pago y cobro de sobornos con la obra pública”.
Como medidas de prueba además de los allanamientos, el Sr. Fiscal solicitó que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en el que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Está visto que la última solicitud del Sr. Fiscal no fue puesta en consideración por las autoridades nacionales y tomaron el camino de crear un equipo de investigación tripartito integrado por representantes del Ministerio de Transporte, de Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.
De ese trabajo y lo poco que se conoce del mismo, se obtuvieron conclusiones sobre el proceso licitatorio y la estructura de costos aprobada en favor de la contratista de la obra compuesto por el consorcio: IECSA SOCIEDAD ANONIMA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDADE ANONIMA-COMSA SOCIEDAD ANONIMA-GHELLA SOCIETA PER AZIONI.
Debemos tener en cuenta que en los expedientes judiciales de la República Federativa del Brasil y las investigaciones que se abrieron en la Justicia de los Estados Unidos, concluyeron que la empresa Odebrecht habría actuado de manera ilícita entre los períodos 2007 y 2014 en diferentes partes del mundo y la República Argentina, a fin de asegurarse la celebración de contratos con los Estado Nacionales contratantes.
Ante la necesidad de conocer el resultado del informe administrativo impulsado por la Procuración del Tesoro, teniendo en cuenta que las investigaciones judiciales llevadas a cabos en diferentes países del mundo, han expuesto una clara matriz de corrupción en las contrataciones realizadas con ODEBRECHT.
A lo señalado anteriormente se conoció la decisión del Sr. Juez Federal Sebastián Casanello quien procesó a ex funcionarios, directivos y empresarios que estarían involucrados en sobornos que se habrían pagado para direccionar las contrataciones que hiciera el Estado Nacional con Odebrecht a través de Aysa para construir las plantas potabilizadoras en Paraná de las Palmas y Berazategui.
