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Redacción Crónica Ferroviaria
Las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte debatieron sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires. Hubo dictámenes y el asunto se tratará en el recinto el jueves 2 de noviembre.
Las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte se reunieron esta mañana para debatir sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires.
El próximo 31 de diciembre de 2017 finalizarán al mismo tiempo el plazo de emergencia previsto en la actual Ley N° 4472 y la concesión de la operación y el mantenimiento del subte otorgada a Metrovías SA, contemplado en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento -AOM- que se firmó el 5 de abril de 2013 entre la mencionada empresa privada y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE. Con la adenda de ese acuerdo se prorrogó la concesión haciendo coincidir el fin de la misma con el término de la emergencia del servicio público declarada en el Libro I de la ley sancionada por la Legislatura aquel mismo año tras 18 años de gestión en manos privadas.
Al comienzo del encuentro en el salón "Intersecretarías-Presidente Alfonsín" se presentaron como oradores trabajadores y gremialistas de los sindicatos ferroviarios y subtes para dar su opinión sobre los proyectos en tratamiento. Sostuvieron que las condiciones en general no están dadas para renovar la concesión ya que hay muchos problemas relacionados con la situación laboral de los empleados y el estado mecánico de las unidades de transporte. Reclamaron más atención y reuniones conjuntas para buscar soluciones a los conflictos que llevan años y a los que se enfrentan día a día.
Los diputados Diego García de García Vilas (CP) y Alejandro García (PRO), presidentes de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto, respectivamente, encabezaron la reunión a la que también concurrieron sus pares Carmen Polledo, Lía Rueda, Natalia Persini, Daniel Del Sol, Daniel Presti, Agustín Forchieri, Clodomiro Risau, Christian Bauab, Jian Ping Yuan, José Luis Acevedo, Esteban Penayo, Cristina García, Mercedes de las Casas, Francisco Quintana, Carolina Estebarena, Victoria Roldán Méndez (PRO), Inés Gorbea, Marcelo Guouman (SUMA+), Claudio Heredia, María Rosa Muiños (BP), Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro (CC), Marcelo Ramal, Laura Marrone (FIT), Gabriel Fuks (CNM), Adrían Camps (PSA), Marcelo Depierro (MC) y Javier Andrade (FpV).
Al cabo de la reunión fueron firmados siete dictámenes: uno presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que postula la privatización; y seis de los bloques opositores que proponen la gestión estatal.
El asunto tiene pedido de tratamiento preferencial en el recinto para la sesión ordinaria del jueves 2 de noviembre.
Proyectos de ley en tratamiento
- N° 1309-J-2017, del Poder Ejecutivo: pide autorización para a través de SBASE en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 4472 -texto consolidado por la Ley N° 5666- concesionar nuevamente mediante una licitación nacional e internacional, por un plazo de 12 años prorrogable por otros 3, la operación y mantenimiento del servicio público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo que se encuentra exclusivamente en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las nuevas líneas o extensiones de las mismas existentes que se construyan o habiliten en el futuro.
En los fundamentos se menciona que la prórroga es "por única vez y por acuerdo de las partes, a ser firmada con una anticipación no inferior a dos años más y no mayor a tres años de la fecha de finalización del contrato inicial".
Según el artículo 3° de la iniciativa presentada a principios de mayo del corriente año, "el concesionario deberá absorber, a su exclusivo cargo y costo, el personal en relación de dependencia y que se encuentre encuadrado en el/los convenios colectivos de trabajo, que a la fecha de la adjudicación de la licitación se encuentre prestando servicios para la actual empresa operadora, los cuales conservarán y mantendrán en su totalidad el mismo régimen laboral, derechos laborales y previsionales, como así también remuneración, categoría laboral y antiguedad computada".
- N° 1488-D-2017, del Frente para la Victoria: plantea revertir el actual modelo de gestión privado operado por Metrovías S.A. desde el año 1994 y reemplazarlo por uno de tipo estatal, siendo el GCBA a través de SBASE el responsable de la prestación del servicio. La propuesta de modificaciones a la Ley N° 4472 además, garantiza la participación de quienes utilizan y operan el servicio cotidianamente, usuarios y trabajadores.
Los proponentes afirman que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios".
Se argumenta que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México". Se señalan problemas de infraestructura: mal estado de las estaciones y formaciones, anegamientos luego de fuertes lluvias que obligan a suspender el servicio, restricciones al acceso de personas con movilidad reducida por la inexistencia o el mal (o no) funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores, se agrega el incumplimiento de las frecuencias y el estrecho horario de funcionamiento del servicio.
"Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)", sostienen los legisladores Carlos Tomada, Javier Andrade, José Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, Lorena Pokoik y Magdalena Tiesso.
- N° 1848-D-2017, de los diputados Gabriel Fuks (CNM) y Gustavo Vera (BC): también proponen modificaciones a la Ley N° 4472 a fin de proveer legalidades a la gestión estatal del servicio. Afirman que "existen condiciones institucionales adecuadas para la gestión estatal del servicio Subte y al mismo tiempo resultados pobres o malos respecto de la experiencia privada en la prestación. Estas condiciones y estos resultados sostienen la decisión de retomar la gestión estatal a cargo de SBASE".
- N° 1655-D-2017, del bloque SUMA+: pretende actualizar la Ley N° 4.472 "eliminando todos los conceptos relacionados con la emergencia, ya que se considera que tras casi cinco años de sancionada la misma, el transporte subterráneo de la Ciudad no puede declararse en tal situación" y establece el modelo de gestión estatal.
La propuesta, según se fundamenta, "aspira a modificar y reordenar las funciones de SBASE, al mismo tiempo derogando y anulando todos conceptos relacionados con otro tipo de gestión que no sea la pública" siguiendo el antecedente del expediente 2436-D-2015 de autoría de la diputada MC María Rachid.
Los legisladores Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Rossi, María Vischi, Natalia Fidel y Marcelo Guouman agregan que el modelo de estatización "a su vez, unificaría los criterios en el manejo del servicio, evitando desfasajes entre las decisiones de SBASE y una operadora que busca la ganancia económica antes que la calidad, seguridad y confort del servicio. Asimismo, transparenta la toma de decisiones acerca de los recursos económicos y el valor de las tarifas. Por último, no depende del desempeño de una empresa ajena al Estado (altamente subsidiada) para el cumplimiento de los estándares mínimos para el desarrollo normal de un servicio público de calidad".
- N° 1684-D-2017, del diputado Adrián Camps (PSA): postula incorporar un último párrafo al artículo 9° de la Ley 4.472. Habilita al Ejecutivo a firmar un acuerdo con Metrovías S.A. para contratar en forma directa la operación transitoria del servicio subte, por un plazo inicial máximo de dos años prorrogable por SBASE. Vencido el plazo de la concesión, el GCABA a través de SBASE asumirá la operación y el mantenimiento del servicio.
El artículo 2° de la propuesta dice: "Los/as trabajadores/as afectados/as al servicio subte que se encontraban en relación de dependencia con la empresa concesionaria Metrovías pasarán a depender de SBASE o el organismo que en el futuro la reemplace, y mantendrán el mismo régimen laboral y los mismos derechos laborales, previsionales y de cobertura social, así como la remuneración, la antigüedad y la categoría que tuvieran al momento de caducar la concesión del servicio subte".
El legislador en los fundamentos afirma: "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas" en sintonía con la mayoría de las grandes ciudades capitales a nivel mundial, entre ellas Berlín, Madrid, Londres y París.
- N° 1850-D-2017, de los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT): recomienda la reestatización del sistema de transporte de premetro y subterráneo bajo control y gestión de los trabajadores y usuarios. La formulación está realizada sobre los debates de las bases de los gremios ferroviarios, particularmente de los delegados y trabajadores del FFCC Sarmiento de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria.
Argumentan que "un sistema de transporte estatal y gestionado por sus trabajadores aseguraría un servicio orientado a las necesidades de los trabajadores, y no de las ganancias de las empresas privatizadas. Hacemos notar que el proyecto altera sustancialmente el actual esquema de financiamiento del servicio, fundado en impuestos gravosos y tarifas crecientes".
Propone "la disolución de SBASE y la conformación de una nueva empresa estatal “Subterráneos del Estado de Buenos Aires” (SEBA), con un directorio compuesto por trabajadores y usuarios" y "plantea la defensa de todas las conquistas laborales de los trabajadores del subte y la incorporación con convenio de los trabajadores de las tercerizadas. Además, sostiene la histórica conquista de la jornada laboral de 6 horas".
- N° 2270-D-2016, del diputado Fernando Vilardo (AyL): pretende cancelar el contrato de concesión a Metrovías S.A., expropiar a ésta y a las que la misma contrata para la tercerización de sus servicios, realizar una auditoría de la gestión de Metrovías S.A. como concesionaria del subte, y garantizar que el transporte subterráneo de pasajeros sea un servicio público que no funcione con el objetivo de generar ganancias empresarias, sino con el del desplazamiento rápido y digno de los ciudadanos.
"La iniciativa de que el subte sea una empresa efectivamente pública, con la dirección en manos de sus trabajadores y con participación de sus usuarios, está orientada a garantizar que el transporte urbano de pasajeros sea un verdadero servicio público que no tenga como objetivo el lucro empresario, sino mejorar la forma en la que millones de personas viajan todos los días. Ésta sería una forma embrionaria de ir hacia mecanismos de una democracia más directa donde el pueblo se involucre cada vez más y sean quienes manden efectivamente, y los funcionarios ejecuten lo que el pueblo trabajador decida", según sostiene en sus fundamentos el legislador.
Antecedentes
La empresa Subterráneos de Buenos Aires fue creada en 1963 en el ámbito del Ministerio del Interior para la gestión directa del servicio. Y es la antecesora de SBASE, sociedad del Estado que estuvo a cargo de la prestación del servicio desde su creación en 1977 a través del Decreto Nacional N° 2853, hasta el inicio de la concesión a cargo de la privada Metrovías S.A., el 1 de enero de 1994 en el marco del proceso de privatizaciones y apertura de la economía iniciados en 1989.
Durante esas tres décadas la gestión estatal desarrolló capacidades y acumuló experiencia en torno a la planificación de la red, la dirección de obras y el diseño de modelos de material rodante adaptados a la realidad local, además de operar el servicio de transporte.
En 1991 el Ejecutivo de la Nación convocó a licitación pública nacional e internacional para la concesión por 20 años del grupo conformado por la red de subterráneos de Buenos Aires y la sección urbana del Ferrocarril General Urquiza, en poder de FEMESA tras escindirse de Ferrocarriles Argentinos.
La concesión del servicio de Subte y Premetro se instrumentó en un solo contrato junto con el FC Urquiza y presentaba en los estudios previos y en comparación con el resto de los ferrocarriles urbanos y suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la mejor proyección y resultados en términos económicos tomando la totalidad del período concesionado. Se preveía la integración de la operación Subte-Ferrocarril aprovechando la conexión del túnel de la Línea B con la línea Urquiza en la estación Federico Lacroze y la coincidencia de la trocha y del sistema de alimentación por el tercer riel que utilizaban ambos transportes. Esto permitiría viajar desde la estación General Lemos del Urquiza, en el partido bonaerense de San Miguel, hasta la estación Leandro N. Alem de la Línea B en el microcentro porteño en una misma formación sin transbordo.
El contrato cedió a Metrovías S.A. la prestación del servicio de pasajeros, percibiendo los ingresos por venta de pasajes, y la explotación comercial de las estaciones. A cambio, la empresa se comprometía a brindar el servicio, conservar en perfecto estado los bienes concesionados -estaciones y túneles, infraestructura de vía, señalamiento, material rodante- y llevar adelante un ambicioso plan de inversiones que sería financiado con recursos de la concesionaria y aportes públicos. Adicionalmente, la empresa debía abonar al Estado nacional un cánon anual que no exceptuaba la posibilidad de implementar subsidios estatales para mantener el nivel tarifario. Este contrato se escindió formalmente en 2013 por acuerdo entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -GCABA.
En 1999 se renegoció el contrato de concesión y fue modificado levemente con una cláusula que comprometía nuevas inversiones y plazos de ejecución, así como un mecanismo de revisión de las planeadas inicialmente.
En el 2001, en el marco de la crisis política y social que vivía el país se sancionó la ley de Emergencia Ferroviaria que estableció el congelamiento tarifario y el pasaje de la responsabilidad por las inversiones comprometidas de las concesionarias al Estado nacional.
Entretanto, la legislación fundamental para el servicio de Subte y Premetro se sancionó entre 1999 y 2008: la Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental, incorporación a la red de la línea H a través de la Ley 317 y la Ley 670 y sus modificaciones que establecen un plan de nuevas líneas.
Incluso, la histórica conquista de la jornada laboral de 6 horas que en la década del 90 se sustrajo a los trabajadores, fue recuperada en 2003 por medios legislativos y obreros que incluyó una huelga general.
El 3 de enero de 2012 comenzó la transferencia del servicio de Subterráneos y Premetro de Nación a la Ciudad. Ese mismo año la Legislatura sancionó la Ley N° 4472 que aprobó el traspaso y si bien la norma autorizó al GCABA a través de SBASE a efectuar "la regulación del Subte, su desarrollo y administración así como las políticas relativas al servicio subte", no obstante el mantenimiento del servicio y de la infraestructura quedaron en manos de la empresa concesionaria Metrovías SA.
En este sentido, la ley le otorgó a la entidad privada diversas atribuciones y obligaciones, entre ellas "prestar el servicio en los términos y condiciones señalados en el contrato de concesión celebrado, promoviendo mejoras operativas y de gestión que propendan a alcanzar estándares de calidad de servicio de los mejores sistemas ferroviarios subterráneos del mundo", "conservar en buen estado los bienes que afecta a la prestación del servicio", "reparar todos los daños que causare la prestación del servicio a usuarios o terceros, dentro de los parámetros que establezca la reglamentación".
La norma también estableció un período de emergencia en la prestación del servicio que originalmente duraría 4 años y luego fue prorrogado por un año a través de la Ley 4.790. Así, la normativa del traspaso del servicio a la ciudad permitió, de manera excepcional en su artículo 9º, que el Poder Ejecutivo porteño celebrara en abril de 2013 un convenio con Metrovías S.A. para concesionar en forma directa la operación del servicio, por dos años. La norma indica que "SBASE podrá prorrogar dicho plazo, sin que la duración total del acuerdo pueda exceder la vigencia del período de emergencia declarado en el artículo 6° de la presente ley". En efecto, la concesión fue prorrogada por el Ejecutivo de la Ciudad hasta el 31 de diciembre de 2017.
Redacción Crónica Ferroviaria
Las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte debatieron sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires. Hubo dictámenes y el asunto se tratará en el recinto el jueves 2 de noviembre.
Las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte se reunieron esta mañana para debatir sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires.
El próximo 31 de diciembre de 2017 finalizarán al mismo tiempo el plazo de emergencia previsto en la actual Ley N° 4472 y la concesión de la operación y el mantenimiento del subte otorgada a Metrovías SA, contemplado en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento -AOM- que se firmó el 5 de abril de 2013 entre la mencionada empresa privada y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE. Con la adenda de ese acuerdo se prorrogó la concesión haciendo coincidir el fin de la misma con el término de la emergencia del servicio público declarada en el Libro I de la ley sancionada por la Legislatura aquel mismo año tras 18 años de gestión en manos privadas.
Al comienzo del encuentro en el salón "Intersecretarías-Presidente Alfonsín" se presentaron como oradores trabajadores y gremialistas de los sindicatos ferroviarios y subtes para dar su opinión sobre los proyectos en tratamiento. Sostuvieron que las condiciones en general no están dadas para renovar la concesión ya que hay muchos problemas relacionados con la situación laboral de los empleados y el estado mecánico de las unidades de transporte. Reclamaron más atención y reuniones conjuntas para buscar soluciones a los conflictos que llevan años y a los que se enfrentan día a día.
Los diputados Diego García de García Vilas (CP) y Alejandro García (PRO), presidentes de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto, respectivamente, encabezaron la reunión a la que también concurrieron sus pares Carmen Polledo, Lía Rueda, Natalia Persini, Daniel Del Sol, Daniel Presti, Agustín Forchieri, Clodomiro Risau, Christian Bauab, Jian Ping Yuan, José Luis Acevedo, Esteban Penayo, Cristina García, Mercedes de las Casas, Francisco Quintana, Carolina Estebarena, Victoria Roldán Méndez (PRO), Inés Gorbea, Marcelo Guouman (SUMA+), Claudio Heredia, María Rosa Muiños (BP), Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro (CC), Marcelo Ramal, Laura Marrone (FIT), Gabriel Fuks (CNM), Adrían Camps (PSA), Marcelo Depierro (MC) y Javier Andrade (FpV).
Al cabo de la reunión fueron firmados siete dictámenes: uno presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que postula la privatización; y seis de los bloques opositores que proponen la gestión estatal.
El asunto tiene pedido de tratamiento preferencial en el recinto para la sesión ordinaria del jueves 2 de noviembre.
Proyectos de ley en tratamiento
- N° 1309-J-2017, del Poder Ejecutivo: pide autorización para a través de SBASE en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 4472 -texto consolidado por la Ley N° 5666- concesionar nuevamente mediante una licitación nacional e internacional, por un plazo de 12 años prorrogable por otros 3, la operación y mantenimiento del servicio público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo que se encuentra exclusivamente en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las nuevas líneas o extensiones de las mismas existentes que se construyan o habiliten en el futuro.
En los fundamentos se menciona que la prórroga es "por única vez y por acuerdo de las partes, a ser firmada con una anticipación no inferior a dos años más y no mayor a tres años de la fecha de finalización del contrato inicial".
Según el artículo 3° de la iniciativa presentada a principios de mayo del corriente año, "el concesionario deberá absorber, a su exclusivo cargo y costo, el personal en relación de dependencia y que se encuentre encuadrado en el/los convenios colectivos de trabajo, que a la fecha de la adjudicación de la licitación se encuentre prestando servicios para la actual empresa operadora, los cuales conservarán y mantendrán en su totalidad el mismo régimen laboral, derechos laborales y previsionales, como así también remuneración, categoría laboral y antiguedad computada".
- N° 1488-D-2017, del Frente para la Victoria: plantea revertir el actual modelo de gestión privado operado por Metrovías S.A. desde el año 1994 y reemplazarlo por uno de tipo estatal, siendo el GCBA a través de SBASE el responsable de la prestación del servicio. La propuesta de modificaciones a la Ley N° 4472 además, garantiza la participación de quienes utilizan y operan el servicio cotidianamente, usuarios y trabajadores.
Los proponentes afirman que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios".
Se argumenta que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México". Se señalan problemas de infraestructura: mal estado de las estaciones y formaciones, anegamientos luego de fuertes lluvias que obligan a suspender el servicio, restricciones al acceso de personas con movilidad reducida por la inexistencia o el mal (o no) funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores, se agrega el incumplimiento de las frecuencias y el estrecho horario de funcionamiento del servicio.
"Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)", sostienen los legisladores Carlos Tomada, Javier Andrade, José Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, Lorena Pokoik y Magdalena Tiesso.
- N° 1848-D-2017, de los diputados Gabriel Fuks (CNM) y Gustavo Vera (BC): también proponen modificaciones a la Ley N° 4472 a fin de proveer legalidades a la gestión estatal del servicio. Afirman que "existen condiciones institucionales adecuadas para la gestión estatal del servicio Subte y al mismo tiempo resultados pobres o malos respecto de la experiencia privada en la prestación. Estas condiciones y estos resultados sostienen la decisión de retomar la gestión estatal a cargo de SBASE".
- N° 1655-D-2017, del bloque SUMA+: pretende actualizar la Ley N° 4.472 "eliminando todos los conceptos relacionados con la emergencia, ya que se considera que tras casi cinco años de sancionada la misma, el transporte subterráneo de la Ciudad no puede declararse en tal situación" y establece el modelo de gestión estatal.
La propuesta, según se fundamenta, "aspira a modificar y reordenar las funciones de SBASE, al mismo tiempo derogando y anulando todos conceptos relacionados con otro tipo de gestión que no sea la pública" siguiendo el antecedente del expediente 2436-D-2015 de autoría de la diputada MC María Rachid.
Los legisladores Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Rossi, María Vischi, Natalia Fidel y Marcelo Guouman agregan que el modelo de estatización "a su vez, unificaría los criterios en el manejo del servicio, evitando desfasajes entre las decisiones de SBASE y una operadora que busca la ganancia económica antes que la calidad, seguridad y confort del servicio. Asimismo, transparenta la toma de decisiones acerca de los recursos económicos y el valor de las tarifas. Por último, no depende del desempeño de una empresa ajena al Estado (altamente subsidiada) para el cumplimiento de los estándares mínimos para el desarrollo normal de un servicio público de calidad".
- N° 1684-D-2017, del diputado Adrián Camps (PSA): postula incorporar un último párrafo al artículo 9° de la Ley 4.472. Habilita al Ejecutivo a firmar un acuerdo con Metrovías S.A. para contratar en forma directa la operación transitoria del servicio subte, por un plazo inicial máximo de dos años prorrogable por SBASE. Vencido el plazo de la concesión, el GCABA a través de SBASE asumirá la operación y el mantenimiento del servicio.
El artículo 2° de la propuesta dice: "Los/as trabajadores/as afectados/as al servicio subte que se encontraban en relación de dependencia con la empresa concesionaria Metrovías pasarán a depender de SBASE o el organismo que en el futuro la reemplace, y mantendrán el mismo régimen laboral y los mismos derechos laborales, previsionales y de cobertura social, así como la remuneración, la antigüedad y la categoría que tuvieran al momento de caducar la concesión del servicio subte".
El legislador en los fundamentos afirma: "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas" en sintonía con la mayoría de las grandes ciudades capitales a nivel mundial, entre ellas Berlín, Madrid, Londres y París.
- N° 1850-D-2017, de los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT): recomienda la reestatización del sistema de transporte de premetro y subterráneo bajo control y gestión de los trabajadores y usuarios. La formulación está realizada sobre los debates de las bases de los gremios ferroviarios, particularmente de los delegados y trabajadores del FFCC Sarmiento de la Seccional Haedo de la Unión Ferroviaria.
Argumentan que "un sistema de transporte estatal y gestionado por sus trabajadores aseguraría un servicio orientado a las necesidades de los trabajadores, y no de las ganancias de las empresas privatizadas. Hacemos notar que el proyecto altera sustancialmente el actual esquema de financiamiento del servicio, fundado en impuestos gravosos y tarifas crecientes".
Propone "la disolución de SBASE y la conformación de una nueva empresa estatal “Subterráneos del Estado de Buenos Aires” (SEBA), con un directorio compuesto por trabajadores y usuarios" y "plantea la defensa de todas las conquistas laborales de los trabajadores del subte y la incorporación con convenio de los trabajadores de las tercerizadas. Además, sostiene la histórica conquista de la jornada laboral de 6 horas".
- N° 2270-D-2016, del diputado Fernando Vilardo (AyL): pretende cancelar el contrato de concesión a Metrovías S.A., expropiar a ésta y a las que la misma contrata para la tercerización de sus servicios, realizar una auditoría de la gestión de Metrovías S.A. como concesionaria del subte, y garantizar que el transporte subterráneo de pasajeros sea un servicio público que no funcione con el objetivo de generar ganancias empresarias, sino con el del desplazamiento rápido y digno de los ciudadanos.
"La iniciativa de que el subte sea una empresa efectivamente pública, con la dirección en manos de sus trabajadores y con participación de sus usuarios, está orientada a garantizar que el transporte urbano de pasajeros sea un verdadero servicio público que no tenga como objetivo el lucro empresario, sino mejorar la forma en la que millones de personas viajan todos los días. Ésta sería una forma embrionaria de ir hacia mecanismos de una democracia más directa donde el pueblo se involucre cada vez más y sean quienes manden efectivamente, y los funcionarios ejecuten lo que el pueblo trabajador decida", según sostiene en sus fundamentos el legislador.
Antecedentes
La empresa Subterráneos de Buenos Aires fue creada en 1963 en el ámbito del Ministerio del Interior para la gestión directa del servicio. Y es la antecesora de SBASE, sociedad del Estado que estuvo a cargo de la prestación del servicio desde su creación en 1977 a través del Decreto Nacional N° 2853, hasta el inicio de la concesión a cargo de la privada Metrovías S.A., el 1 de enero de 1994 en el marco del proceso de privatizaciones y apertura de la economía iniciados en 1989.
Durante esas tres décadas la gestión estatal desarrolló capacidades y acumuló experiencia en torno a la planificación de la red, la dirección de obras y el diseño de modelos de material rodante adaptados a la realidad local, además de operar el servicio de transporte.
En 1991 el Ejecutivo de la Nación convocó a licitación pública nacional e internacional para la concesión por 20 años del grupo conformado por la red de subterráneos de Buenos Aires y la sección urbana del Ferrocarril General Urquiza, en poder de FEMESA tras escindirse de Ferrocarriles Argentinos.
La concesión del servicio de Subte y Premetro se instrumentó en un solo contrato junto con el FC Urquiza y presentaba en los estudios previos y en comparación con el resto de los ferrocarriles urbanos y suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la mejor proyección y resultados en términos económicos tomando la totalidad del período concesionado. Se preveía la integración de la operación Subte-Ferrocarril aprovechando la conexión del túnel de la Línea B con la línea Urquiza en la estación Federico Lacroze y la coincidencia de la trocha y del sistema de alimentación por el tercer riel que utilizaban ambos transportes. Esto permitiría viajar desde la estación General Lemos del Urquiza, en el partido bonaerense de San Miguel, hasta la estación Leandro N. Alem de la Línea B en el microcentro porteño en una misma formación sin transbordo.
El contrato cedió a Metrovías S.A. la prestación del servicio de pasajeros, percibiendo los ingresos por venta de pasajes, y la explotación comercial de las estaciones. A cambio, la empresa se comprometía a brindar el servicio, conservar en perfecto estado los bienes concesionados -estaciones y túneles, infraestructura de vía, señalamiento, material rodante- y llevar adelante un ambicioso plan de inversiones que sería financiado con recursos de la concesionaria y aportes públicos. Adicionalmente, la empresa debía abonar al Estado nacional un cánon anual que no exceptuaba la posibilidad de implementar subsidios estatales para mantener el nivel tarifario. Este contrato se escindió formalmente en 2013 por acuerdo entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -GCABA.
En 1999 se renegoció el contrato de concesión y fue modificado levemente con una cláusula que comprometía nuevas inversiones y plazos de ejecución, así como un mecanismo de revisión de las planeadas inicialmente.
En el 2001, en el marco de la crisis política y social que vivía el país se sancionó la ley de Emergencia Ferroviaria que estableció el congelamiento tarifario y el pasaje de la responsabilidad por las inversiones comprometidas de las concesionarias al Estado nacional.
Entretanto, la legislación fundamental para el servicio de Subte y Premetro se sancionó entre 1999 y 2008: la Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental, incorporación a la red de la línea H a través de la Ley 317 y la Ley 670 y sus modificaciones que establecen un plan de nuevas líneas.
Incluso, la histórica conquista de la jornada laboral de 6 horas que en la década del 90 se sustrajo a los trabajadores, fue recuperada en 2003 por medios legislativos y obreros que incluyó una huelga general.
El 3 de enero de 2012 comenzó la transferencia del servicio de Subterráneos y Premetro de Nación a la Ciudad. Ese mismo año la Legislatura sancionó la Ley N° 4472 que aprobó el traspaso y si bien la norma autorizó al GCABA a través de SBASE a efectuar "la regulación del Subte, su desarrollo y administración así como las políticas relativas al servicio subte", no obstante el mantenimiento del servicio y de la infraestructura quedaron en manos de la empresa concesionaria Metrovías SA.
En este sentido, la ley le otorgó a la entidad privada diversas atribuciones y obligaciones, entre ellas "prestar el servicio en los términos y condiciones señalados en el contrato de concesión celebrado, promoviendo mejoras operativas y de gestión que propendan a alcanzar estándares de calidad de servicio de los mejores sistemas ferroviarios subterráneos del mundo", "conservar en buen estado los bienes que afecta a la prestación del servicio", "reparar todos los daños que causare la prestación del servicio a usuarios o terceros, dentro de los parámetros que establezca la reglamentación".
La norma también estableció un período de emergencia en la prestación del servicio que originalmente duraría 4 años y luego fue prorrogado por un año a través de la Ley 4.790. Así, la normativa del traspaso del servicio a la ciudad permitió, de manera excepcional en su artículo 9º, que el Poder Ejecutivo porteño celebrara en abril de 2013 un convenio con Metrovías S.A. para concesionar en forma directa la operación del servicio, por dos años. La norma indica que "SBASE podrá prorrogar dicho plazo, sin que la duración total del acuerdo pueda exceder la vigencia del período de emergencia declarado en el artículo 6° de la presente ley". En efecto, la concesión fue prorrogada por el Ejecutivo de la Ciudad hasta el 31 de diciembre de 2017.
