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20 de octubre de 2017

Diputados porteños buscarán prorrogar la concesión del subte a Metrovías

Actualidad

La Comisión de Obras y Servicios Públicos convocó a un plenario de comisiones para debatir una serie de proyectos -impulsados por diversos bloques- que van desde una licitación para volver a concesionarlo hasta la estatización del servicio.

En medio de las pujas entre los diversos frentes políticos acerca del futuro de la red de subterráneos, la Comisión de Obras y ServiciosPúblicos -presidida por el diputado de Confianza Pública Diego García Vilas- convocó este martes a un plenario de comisiones para someter a consideración de los legisladores siete iniciativas que van desde una licitación para volver a concesionarlo hasta la estatización del servicio.


Si bien casi todos los sectores de la oposición han presentado sus propuestas al respecto, la iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es la que cuenta con mayor aceptación. De esta manera el funcionario buscará autorizar al Poder Ejecutivo a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a concesionar la operación y mantenimiento del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo, mediante una nueva licitación.

Es así que la iniciativa del oficialismo prevé prorrogar hasta diciembre del 2018 la concesión a Metrovías y llamar a una licitación pública nacional e internacional para la concesión del servicio por un período de 12 años, con la opción de tres más. Además buscará garantizar el mantenimiento del servicio de las cinco líneas de subte y el Premetro.

Asimismo la medida establece que quienes se presenten a dicha convocatoria deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y deberán haber transportado en los últimos tres años al menos 150 millones de pasajeros.

A su vez el concesionario deberá constituir una Sociedad Anónima cuyo objetivo sea prestar el servicio público de subte y tendrá que “absorber, a su exclusivo cargo y costo, el personal en relación de dependencia que, a la fecha de la toma de posesión del servicio, esté afectado en forma exclusiva al subte, de acuerdo al listado de dotación aportado por Sbase”.

Finalmente, la normativa indica que Metrovías “deberá asegurar la regularidad y continuidad de la prestación del servicio no pudiendo consumar el abandono de éste en ningún momento” hasta que finalice el proceso de licitación.

Por otro lado el debate sobre el futuro del subte se verá opacado por otras dos situaciones: la primera de ellas relacionada con la cantidad que votos que serán necesarios para que se sancione la normativa, mientras que la segunda tiene que ver con el conflicto entre los gremios de trabajadores legislativos y la administración de Carmen Polledo.

Con respecto a los votos, desde el oficialismo aseguran que se necesita de una mayoría simple -es decir, 32 votos- debido a que se trata de la concesión de un servicio público; no obstante, desde la oposición afirman que requiere de una mayoría absoluta -40 votos- ya que el tema que se somete a consideración es un dominio público.

Mientras que el conflicto entre los gremios de empleados legislativos y Polledo podría entorpecer la discusión dado que los sindicalistas advirtieron que si no llegan a un acuerdo sobre la reapertura de paritarias, no dejarían que progrese el tratamiento del Presupuesto 2018 ni ninguna otra propuesta.

Una vez finalizado el plenario convocado para este martes a las 9.30 en el salón Alfonsín de la Legislatura, se debatirá en la sesión del 2 de noviembre el futuro del subte.

Las propuestas de la oposición 

Teniendo en cuenta el vencimiento de la licitación con Metrovías, los diputados del FpV difundieron en las redes sociales la campaña #EnSubteViajamosMal y compartieron un video en el que “se muestra el mal funcionamiento de los subtes bajo la gestión privada”; con el objetivo de insistir en la estatización del subte.

Es así que presentaron un proyecto en la Legislatura para que el Estado gestione el subterráneo de la Ciudad y que “los porteños puedan viajar mejor”. Entre los ejes principales de la iniciativa son los de ampliar el horario de servicio, mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, exigir el cumplimiento del plan de obras, y la participación de los trabajadores y los usuarios en la gestión de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

Entre los fundamentos de la medida los kirchneristas explicaron que la necesidad de estatizar el servicio se debe a que “la experiencia de la gestión privada del subte en la Ciudad deja como corolario una deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros, que no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México”. Además advirtieron que “en toda la red de subterráneos puede observarse el mal estado de las estaciones y formaciones, al mismo tiempo que constantemente se producen anegamientos luego de fuertes lluvias que obligan a suspender el servicio”.

Por su parte el diputado de CNLM Gabriel Fuks propuso modificar la Ley 4472 -Regulación y Reestructuración del Subte- y reformular aspectos necesarios para la continuidad de la prestación del servicio público de transporte de las líneas de Subterráneos y Premetro, como gestión estatal a cargo de SBASE. Además estipula la ampliación del Directorio de SBASE con la incorporación de representantes de trabajadores, usuarios y legisladores de la Ciudad.

“El proyecto tiene como propósito central retomar la gestión estatal del servicio de subte a cargo de SBASE una vez finalizada la contratación directa con la empresa Metrovías SA, derogando así todas sus normas que se refieren en dicha concesión”, manifestó y remarcó que “queremos incorporar todos los ingresos tarifarios en el Fondo Subte para que se destinen a su matenimiento, infraestructura y expansión de la red; como también garantizar la accesibilidad de los discapacitados al servicio, que reclaman el funcionamiento de los ascensores y rampas en las estaciones”.

En ese mismo sentido Suma+ -del interbloque Evolución, liderado por Martín Lousteau- presentó una iniciativa que busca modificar la misma normativa en la que aspira a modificar y reordenar las funciones de SBASE, al mismo tiempo derogando y anulando todos conceptos relacionados con otro tipo de gestión que no sea la pública.

En el proyecto impulsado desde dicho bloque se sostiene que el “servicio debe ser prestado en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, generalidad y obligatoriedad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios”.

Asimismo desde el FIT impulsaron un proyecto en el que se propone que se disuelva SBASE y se cree “Subterráneos del Estado de Buenos Aires (SEBA)” para que el Gobierno local “asuma integralmente la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros por vía terrestre o subterránea a través de SEBA”. De esta manera, la prestación “incluirá la explotación de los locales comerciales, espacios publicitarios, tendidos de fibra óptica y toda otra instalación susceptible de generar ingresos”.

El texto indica que SEBA “diseñará en forma inmediata un plan de modernización, extensión, tecnificación y accesibilidad del subterráneo y premetro” y además creará “el Fondo de Sostenimiento y expansión de la red de transporte subterráneo compuesto por: fondos propios provenientes de un impuesto a las grandes empresas que se radican en la ciudad; los fondos de la derogación de todas las leyes anteriores a la presente, que eximieron de impuestos a los ingresos brutos a las grandes empresas y entidades financieras radicadas en esta Ciudad”.

En este sentido, la propuesta sostiene que “el presupuesto de la Ciudad deberá sufragar a todas las obligaciones necesarias para garantizar al subterráneo como servicio público” y prevé que “quedará prohibida la contratación de deuda externa como forma de financiamiento”.

Por su parte el diputado de AyL Fernando Vilardo también pidió la estatización del servicio y planteó la necesidad de “conservar mejorar y renovar, según lo considere en cada caso, la infraestructura, las vías y el material rodante de todas las líneas del subte”, además de “planear, contratar y supervisar las obras y los servicios necesarios para la reestructuración del subte en pos de garantizar la interconexión integral de todos los barrios de la Ciudad mediante la unificación del servicio con la red de trenes de cercanías (líneas Roca, San Martín, Urquiza, Sarmiento, Belgrano Norte y Belgrano Sur), la creación de nuevas líneas y la extensión de las líneas actuales”.

Finalmente, el legislador de PSA Adrián Camps se sumó al pedido de estatización y argumentó que “sobran motivos para afirmar que el manejo del servicio del transporte público, en este caso del subterráneo y el Premetro, por parte de empresas privadas no garantiza una prestación de calidad” y consideró que “a lo largo de los más de veinte años que duró la concesión de Metrovías a cargo de la operación del Servicio Subte las condiciones de funcionamiento no han sido mejoradas”.Parlamentario.com

18 de julio de 2016

Colombia: Fanalca y Ciamsa prenden motores para quedarse con la operación del ferrocarril del pacífico

Exterior

Las firmas conforman el grupo empresarial del Valle que estaría detrás de la vía férrea que conecta el departamento con el Eje Cafetero.

Mientras se adelantan las audiencias respectivas para dar por terminado el contrato de concesión del Ferrocarril del Pacífico que tiene Trafigura con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la firma adelanta conversaciones con dos grupos empresariales, uno del Valle y otro de Risaralda, para evitarse la multa de 40 millones de dólares que le impondría el Estado por el incumplimiento de las obligaciones.

Portafolio conoció que por el departamento del Valle, el grupo que estaría interesado en quedarse con la operación de la red férrea del Pacífico -que va del puerto de Buenaventura hacia Yumbo, Cali, Buga y la Tebaida- se conformaría por Fanalca, empresa de autopartes; Ciamsa, comercializadora internacional de azúcares y mieles de la industria azucarera, y otras firmas vallecaucanas.


Y por el departamento de Risaralda, están algunos asociados de la Zona Franca de Pereira, por el interés que les genera el hecho de que el tren pasa por el sector donde se encuentra ubicada.

Esta negociación entre privados, en la que no juega ningún papel la ANI, haría que el concesionario Trafigura se evitara pagar la multa de los 40 millones de dólares que le impondría la entidad pública por haber incurrido en una falta grave, como es el freno de las operaciones, que llevaría a la cancelación del contrato.

Al respecto, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, explicó que esta es una situación entre los interesados en la cesión del contrato y el contratista actual.

“Esto depende de en qué condiciones está dispuesto a aceptar el contrato un tercero”, dijo Andrade, al aclarar que el grupo empresarial que decidiera quedarse con el Ferrocarril del Pacífico asumiría las mismas condiciones con las que funcionó la compañía suiza Trafigura, con la filial Impala.

No obstante, la Superintendencia de Puertos y Transporte le impuso una multa de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes al concesionario por dejar de prestar el servicio público al que estaba obligado por el contrato que tenía con el Estado.

Aunque la decisión está en primera instancia, y el concesionario tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición y, si es del caso, de apelación, parece claro que tendría que pagar una multa por este concepto.

Si no se lograra acuerdo 

En el caso en que Trafigura no lograra llegar a un acuerdo con estos privados colombianos, no tendría otra salida que asumir la multa de los 40 millones de dólares que le impondría la ANI.

“El contrato establece nuestro derecho de terminarlo y cobrarle una multa de 40 millones de dólares por causa de incumplimiento grave al contratista”, comentó Andrade, al precisar que desde la entidad “estamos en las audiencias de terminación de contrato, tan pronto termine este proceso, en el que hay que respetarle los derechos de defensa a la contraparte, procederíamos a estructurar una nueva licitación”.

Esto, para el Presidente de la ANI, significa que podría terminar el 2017 sin que la red férrea del Pacífico tuviera un nuevo concesionario, pues la terminación del contrato demora meses y la estructuración y licitación, años.

“Si nos vamos por ese camino, yo no creo que tengamos un nuevo concesionario antes de terminar el año entrante... Ahora, si en el proceso de terminar el contrato e imponer la multa el concesionario actual trae otro contratista que reanuda la operación, la situación cambia, pues este camino sería menos traumático, ya que simplemente toman los equipos, y reanudan la operación”, concluyó Andrade.

En busca de una normal operación

Desde 1998, el Gobierno firmó el contrato de concesión de la red férrea del Pacífico con la empresa Tren de Occidente, que no logró la normalidad en la operación.

Entre 2000 y 2006, el Estado invirtió alrededor de 120 millones de dólares en la rehabilitación del corredor férreo. Y en 2008 se dio la cesión del contrato al concesionario Ferrocarril del Oeste y tampoco tuvo rentabilidad en su operación.

Finalmente, en 2013 la concesión la toma Triafigura, del grupo suizo Impala, con experiencia en la operación de trenes y se conforma la empresa Ferrocarril del Pacífico.Portafolio.com

1 de octubre de 2015

España: Fomento abre el proceso para elegir al primer competidor privado de Renfe

Exterior

Fomento ha abierto hoy el proceso para seleccionar al primer operador ferroviario privado, que competirá con Renfe en el corredor de Levante, con la publicación de la Orden Ministerial de liberalización del sector del transporte de viajeros en tren en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se otorgará el título habilitante, por el plazo de siete años, para la prestación de servicios ferroviarios de transporte de viajeros en el corredor de Levante mediante un procedimiento de licitación pública.

El pliego que servirá de base a la licitación y concretará la capacidad total de infraestructura del corredor, así como la inicialmente disponible deberá contar con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y del Ministerio de Economía y Competitividad.


Podrán participar en la licitación para obtener el título habilitante empresas de países de la UE con domicilio en España, sean titulares de la licencia de empresa ferroviaria y reúnan los requisitos mínimos de solvencia técnica, profesional y económica.

También deberán disponer de certificado de seguridad y los medios materiales y personales necesarios para la realización del servicio, se aceptará el compromiso de obtenerlos antes de la adjudicación.

Asimismo, podrán concurrir varias empresas presentando una sola oferta conjunta.

Renfe Viajeros dispondrá de un título habilitante sin necesidad de acudir al proceso de licitación.

En la valoración de las ofertas, el plan de negocio tendrá mayor peso que el económico-financiero, con 55 puntos sobre un total de 100.

Se tendrán en cuenta la demanda previsible, los servicios ofertados, el plan de explotación, el material móvil a utilizar, los recursos humanos, la política comercial y las facilidades para la intermodalidad.

El plan económico-financiero tendrá una valoración de 35 puntos, mientras que los criterios evaluables de forma automática, 10.

La convocatoria se publicará en el BOE, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante del Ministerio de Fomento.

Los licitadores deberán presentar la documentación necesaria en el plazo de tres meses desde la fecha de publicación en el BOE, y el plazo de valoración de ofertas no podrá ser superior a dos meses a contar desde la fecha límite de presentación.

La empresa deberá empezar a operar dentro del plazo de seis meses desde el otorgamiento del título habilitante, salvo que en el pliego o en la oferta se establezca un plazo inferior.

El operador estará obligado a prestar los servicios básicos de su oferta durante un periodo mínimo de tres años, que podrá ser mayor si se ha comprometido a ello.

El adjudicatario podrá reducir en hasta un 15 % su oferta de servicios para ajustarse a las condiciones de la demanda, mientras que no habrá ninguna limitación para el incremento de servicios.

Fomento facilitará la información disponible sobre las reglas procedimentales, así como toda la que sea relevante para la licitación y explotación del servicio, como el arrendamiento del material rodante o los cánones por utilización de la infraestructura. CincoDías.es

4 de mayo de 2015

Ferrocarril del Pacífico conectará al Valle con el Quindío a finales de mayo

Exterior

El proyecto de conectar por vía férrea nuevamente a los departamentos del Valle y Quindío quedaría listo a finales de mayo, reveló el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade.

El funcionario informó  a El País que  actualmente  se realiza la intervención de la vía férrea mediante concesión entre el Fondo de Adaptación y la ANI, contrato ejecutado por el concesionario Ferrocarril del Pacífico SAS para  recuperar los tramos que resultaron severamente afectados por la ola invernal 2010-2011, y que demandan una inversión de $7.500 millones. Solo está pendiente la terminación de trabajos sobre el río Frayle (kilómetro 178)”.


Por su parte, la empresa Ferrocarril del Pacífico SAS,  realiza inversiones por US$32 millones en infraestructura, sistema de comunicaciones, reparación de equipos y seguridad de la vía para llevar la concesión a estados de competitividad comercial.

“Se espera para finales  de mayo de 2015 restablecer el paso de vehículos férreos entre el puerto de Buenaventura y la Zona Franca de Prominex en el Quindío”, indicó.

Destacó que  el proyecto “hace parte importante de la expectativa de carga del concesionario”. La idea es restablecer en este momento el tránsito hasta el municipio de Zarzal. Simultáneamente, se trabaja en  actividades de rehabilitación del tramo  Cali–Buga–Tuluá–Zarzal y el municipio de La Tebaida.

Recordó que “en el trayecto en mención se presentó un robo de materiales de la vía (rieles), a la vez que se  detectaron  invasiones al corredor por parte de particulares y la proliferación de cruces ilegales en la vía férrea”.

De esta manera, enfatizó Andrade, se busca restablecer el paso de Cali hacia La Tebaida  para recoger la carga que proviene del centro del país en la Zona Franca del Quindío (Prominex).

La idea es mover al año un millón de toneladas de carga, dijo hace poco Pilar Rodríguez, actual gerente del Ferrocarril del Pacífico SAS.

Frente a ello, Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, afirma que aunque la cifra es pequeña es importante que este modo de transporte se consolide para que los generadores de carga tengan opciones y se avance en la meta de crear sistemas multimodales  para mover la carga desde o hacia el puerto.

En cuanto al tramo hacia la zona poblada de La Felisa, Quindío, no se ha establecido aún la fecha de reinicio de las obras, pero se estima una duración de 24 meses, una vez estas se inicien, destacó finalmente el Presidente de la ANI.

Tren turístico

Hasta el  momento no hay decisiones para adjudicar el nuevo contrato del tren turístico.

Sobre ello,  la ANI conceptuó que “se espera que una vez terminen las actividades que garanticen el paso seguro y fiable de trenes, se podrán estudiar  las propuestas de los interesados para la operación de trenes de pasajeros, esporádicos (turísticos) o permanentes, en los tramos que  viables financieramente”.

El tren está  paralizado desde el 2012.ElPaís.com.co

24 de marzo de 2015

Colombia: ¿Para dónde va el Ferrocarril del Pacífico?

Exterior

La velocidad con la que marcha el tren del pacífico es la misma  con la que han avanzado muchos  proyectos de infraestructura en el país. Es decir, lentamente.

Por lo menos la historia de la red férrea en esta región de  Colombia así lo indica. En  1998 el Gobierno  entregó en concesión la  rehabilitación y el mantenimiento de 498 kilómetros de la vía, entre Buenaventura y La Tebaida, en el Quindío.

Hoy, 17 años después, el tren rueda  entre el Puerto  y el municipio de Yumbo, pero  moviendo solo  23.000 toneladas de carga mensual y con la meta de transportar, en el corto plazo, un millón de toneladas al año. Este fue el mismo sueño que se tuvo en 1998 y que aún no se ha logrado, pues la red férrea del Pacífico ha tenido tres  concesionarios, el primero se quebró, el segundo no pudo cumplir los objetivos y ahora las esperanzas están puestas en el tercero: la empresa Ferrocarril del Pacífico (FDP), cuyo principal socio es  la multinacional Impala.


El tren se encarrila

Esta semana el Gobierno Nacional presentó con ‘bombos y platillos’ las nuevas locomotoras que compró este concesionario, inversión de US$10 millones, que además de aumentar la capacidad  de carga trajo optimismo para la región.

Para  María  Claudia Álvarez, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), seccional Suroccidente, todo parece indicar que el tren se encarrila y vuelve a ser una alternativa para el empresariado nacional y local.

Las razones para este optimismo las resume en  tres puntos: desde octubre del 2013 la concesión pasó a manos de una multinacional que tiene experiencia en la operación férrea en muchos países en el mundo; la segunda razón tiene que ver con las inversiones  que está organización ha venido haciendo y la tercera es la credibilidad que genera Pilar Rodríguez, actual gerente  del Ferrocarrill del Pacífico (FPD).

“Es evidente la voluntad de sacar  adelante el tren, creo que  esta alternativa de transporte es  una opción válida para la conectividad como  un complemento para  el transporte  de carretera, y el mensaje es que hay que ser optimista”, afirma Álvarez.

Pilar Rodríguez, gerente del FDP, también cree que esta vez las condiciones son diferentes y ratificó que el concesionario - que tiene la operación del tren por hasta el año 2030- tiene la experiencia, la capacidad financiera y técnica para sacarlo adelante.  “Creo que  esto se ha demostrado con hechos, desde que se asumió el proyecto hace más de un año, se pagaron las deudas por $26.000 millones, se compraron locomotoras, equipos,  se amplió la planta de personal y los resultados se ven”, dice.

En el 2013, cuando la  empresa Ferrocarril del Pacífico comenzó a operar el tren, movieron  90.000 toneladas de carga, el año pasado llegaron a  180.000 toneladas y la meta para este 2015 son  560.000 toneladas. De cumplir ese objetivo, sería el mejor año de  las  últimas dos décadas, pues en su mejor momento el anterior concesionario de la red férrea (la empresa Ferrocarril del Oeste) movilizó 259.000 toneladas de carga al año.

Recuperar la confianza

El Ferrocarril de Pacífico pasó de  tener 6 clientes en el 2013, a un total de 25, en este momento, y el operador asegura que cada día crece el número de compañías  interesadas en este sistema de transporte, pero algunos empresarios consideran que hace falta mayor conocimiento y sobretodo confianza en el desarrollo que ha tenido el tren.

Sobre este tema Christine Riani, directora del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, dice que es obvio que  para los empresarios el tren puede ser  una opción  para mejorar los tiempos  de entrega de las mercancías,  pero dijo que  una parte del sector productivo no  conocen bien este medio y tiene temores.

Adicionalmente, asegura que  para que el ferrocarril sea una alternativa se requiere que ofrezca tarifas competitivas,  frente al transporte de carga por carretera, lo que cree que no sucede en este momento.

Al respecto la Gerente del FDP, asegura que recuperar esa confianza no ha sido fácil “porque el tren ha tenido  una historia difícil y tortuosa y es uno de nuestros obstáculos a vencer”.  Pero considera que cada vez  ganan mayor  credibilidad.

“Nosotros sabemos que para poder entrar al mercado nuestras tarifas deben ser competitivas con el camión y estamos en ese propósito, pero también ofrecemos otras ventajas como un ingreso directo a la terminal portuaria, esta es  una eficiencia que no ofrece el camión que puede tardar 6 horas en enturnarse para entrar al puerto”.

En este momento, la red férrea del Pacífico está rehabilitada hasta Buga y se  espera que hacia el mes de mayo esté lista hasta La Tebaida, en el Quindío, lo que abre la opción de mover más carga y hacer estaciones  de  transferencias que motiven la creación de  sistemas multimodales.

Si se logra mover  un millón de toneladas al año por el tren, serían solo el 6,5 % de lo que entra y sale  por el  puerto de Buenaventura en carga de comercio exterior anualmente.

Alexander Micolta, presidente  de la Cámara de Comercio de Buenaventura, dice  que aunque la cifra es pequeña es importante que este modo de transporte se consolide para que los generadores de carga tengan opciones y se avance en la meta de crear sistemas multimodales para mover la carga,  propósito que tampoco se ha logrado en el país. “Es un gran desafío, esperamos que el camino trazado por el concesionario se  cumpla”, afirma.

Hace precisamente 100 años el ferrocarril del Pacífico unió a Cali con Buenaventura y fue el detonante del desarrollo de esta ciudad. Un siglo después parece que el tren renace.ElPaís.com.co

28 de octubre de 2013

UNA DUDA

CARTAS DE LECTORES

Señor Director de Crónica Ferroviaria

Una pregunta: ¿De dónde van a sacar gente competente para hacer marchar la Línea Sarmiento, si ni siquiera pudieron controlar al concesionario?......Atentamente,
Raúl Lagger

3 de diciembre de 2012

BRASIL: SENADOR REQUIAO INFORMA QUE TCU BERNANDO FIGUEIREDO ES RESPONSABLE POR FALLAS EN ANTT


EXTERIOR

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) apresentou nesta terça-feira (27), em Plenário, relatório em que o Tribunal de Contas da União (TCU) aponta “falhas gritantes” da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização do contrato de concessão da auto pista Litoral Sul, entre Paraná e Santa Catarina. O relatório foi entregue ao senador pelo deputado Espiridião Amin (PP-SC)

Requião explicou que o relatório responsabiliza Bernardo Figueiredo, ex-dirigente da ANTT, por conduta omissiva na função de diretor-geral, e expõe falhas na fiscalização do concessionário, fundamental para garantir o serviço adequado e a modicidade tarifária do modelo de controle adotado no contrato.

O relatório do TCU, disse Requião, apresenta mais de 70 recomendações, entre elas a anulação de decisões ilegais e irregulares e a incorporação de vias marginais ao contrato, assim como a recompensa de valores indevidos recebidos pela concessionária.



Requião lembrou que a recondução de Bernardo Figueiredo à direção geral da ANTT foi rejeitada por 36 votos a 30 no Plenário do Senado, em março de 2012. Seu nome foi então indicado pela presidente Dilma Rousseff para comandar a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), que surgirá a partir da transformação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade (Etav).

- Negamos a ele mais um mandato com base em relatórios devastadores do TCU, que condenam de forma dura seus malfeitos na condução da agência. Nós o rejeitamos, mas ele é promovido, e aí está todo lampeiro dando entrevista até na nossa TV Senado, falando em nome do Brasil com investidores internacionais e bancos estrangeiros – disse o senador.

Requião lembrou que a criação da EPL está prevista no Projeto de Lei de Conversão (PLV)23/2012, oriundo da Medida Provisória (MP) 576/2012, uma das três medidas que neste momento tranca a pauta de votações do Plenário. Embora a proposta nem tenha sido aprovada, ressaltou o senador, a empresa já dispõe de R$ 133 bilhões para a privatização de ferrovias, portos e aeroportos.

Requião disse que quando governou o Paraná, entre 1991 e 1994, investiu US$ 80 milhões para duplicar o trecho paranaense da rodovia citada no relatório do TCU. O estado nunca foi ressarcido pela obra na rodovia, mais tarde privatizada pelo governo, com instalação de pedágio.

O TCU, afirmou Requião, demonstrou que o pedágio da rodovia poderia ser reduzido em R$ 790 milhões em favor do usuário, caso a ANTT, então dirigida por Bernardo Figueiredo, cumprisse o dever de agente fiscalizador da concessão.

- Bernardo Figueiredo já é apontado em outros relatórios do TCU. Ele não fiscaliza e não deixa fiscalizar. Não pune e não deixa punir. O relatório impressiona. Vou encaminhá-lo à Mesa para que faça chegá-lo à presidente Dilma – afirmou.

Em aparte, o senador João Capiberibe (PSB-AP) solidarizou-se com Requião e cobrou providências das autoridades em relação às denúncias de corrupção. Capiberibe afirmou ainda que “o mensalão, diante do que se desviou do meu estado [Amapá] parece fichinha”.Nota enviada por nuestro colaborador Ing. Paulo Ferraz