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La Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial destina más del 80% de
su presupuesto al pago de sueldos, de los cuales las dos terceras partes
corresponderían a “ñoquis”. Circula con coches que deberían haberse
reconstruido cuatro veces y cerró “hasta nuevo aviso” dos ramales.
El ocaso de Ferrobaires, nombre comercial de la Unidad Ejecutora del
Programa Ferroviario Provincial, muestra, a 20 años de su creación, la peor de sus
caras. Vaciada hasta quedar con el material rodante indispensable para cubrir
un puñado de los 15 ramales que “heredó” en 1993, ve con impotencia el reverdecer
de los trenes de la órbita nacional y se preocupa por su propio futuro. Así lo
reflejó anoche el especial de Bajo la lupa, emitido por QM Noticias.
Los ramales operativos hasta hace dos semanas eran Bolívar/Daireaux,
Bahía Blanca, Tandil, Constitución-Mar del Plata ("El Marplatense"),
Once-Bragado/Lincoln/Pehuajó y Retiro-Junín/ Alberdi.
A comienzos de este mes, las autoridades de la empresa determinaron el
cierre “hasta nuevo aviso” de los ramales Retiro-Junín y Once-Lincoln/Pehuajó.
Si bien no hubo comunicación oficial, y el sitio web no publica nada al
respecto, es un hecho que en los talleres de Caballito ya no hay operarios para
reparar máquinas y los pocos que quedan de otros sectores sólo trabajan sobre
los “pendientes” de semanas anteriores.
“Cortaron horas extra y ya avisaron que se suspenden todo”, relataron
trabajadores de esos ramales, quienes temen por el futuro de las fuentes de
trabajo y se ven “atados de manos” para obrar en algún sentido. “Ni siquiera
podemos hacer paro: esto ya está todo parado”, analizan.
Una empresa vaciada
QM Noticias accedió de manera exclusiva a imágenes que muestran el
estado de abandono de esas instalaciones: fosas que se inundan y no se pueden
desagotar por falta de mangueras; instalaciones eléctricas a todas luces
inseguras; techos que no pueden repeler la lluvia más inofensiva; falta de
repuestos y de herramientas para garantizar las prestaciones mínimas de quienes
trabajan, al punto que el corte de pasto en las playas de maniobras y en las
zonas aledañas a los talleres se debe hacer por medio de rudimentarios machetes
que los mismos mecánicos fabrican.
En cuanto a material rodante, la cara que muestra Ferrobaires no es la
mejor. “Las locomotoras son de la década del 70, y los coches pulman son del
62”, explica Norberto Rosendo, de la ONG Salvemos al Tren y asesor de los
ferrocarriles entrerrianos. Técnicos especializados sostienen que, desde su
llegada a la órbita provincial, los coches deberían haber sido sometidos a
cuatro reconstrucciones totales. “Tienen una vida útil de 20 años, y los bogies
de 30 años, pero siguen en servicio”, admiten otros especialistas, con años en
la conducción de la empresa.
Pese a que evidencian un marcado estado de deterioro, con chasis
completamente oxidados que llegan incluso a partirse literalmente a la mitad,
el riesgo de seguridad no sería tan alto. “Ferrobaires no ha resignado los
estándares de seguridad”, advierte Rosendo. “Los trenes circulan a una
velocidad tan baja, que el riesgo de impacto es mínimo; ahora, si llegan a
chocar hacen un desastre”, dicen en los talleres.
El devaluado recurso humano
El capítulo recursos humanos fue siempre el más polémico en la
intrincada biografía de Ferrobaires. Si bien la dotación de personal se ubica
en torno a los 3.000 agentes, los más optimistas aseguran que sólo 800 prestan
servicio efectivamente. En el caso de los talleres de Caballito, en Bacacay al
1600, deberían presentarse al menos 54 operarios; sin embargo, en un día
normal, concurren menos de 20. La proporción coincide con lo que se evalúa como
regla general para toda la empresa.
“Cada vez hay menos servicios, pero más gente, es el fenómeno de los
ñoquis. En este momento Ferrobaires tiene más ñoquis que trabajadores, y esos
sueldos son de la plata que se debió haber dedicado a renovar la flota,
mantener los equipos, y no se hizo”, evaluó Rosendo.
Los dichos del especialista ferroviario tienen su correlato en los
esquemas de los sucesivos presupuestos y en la Ejecución de éstos. En 2008, el
presupuesto de Ferrobaires constaba de 46 millones de pesos, de los cuales se
terminaron ejecutando, según consta en la Contaduría General de la Provincia,
154 millones. De ese total, 132 millones fueron al pago de sueldos, y el resto
–unos 22 millones- a bienes de capital y de consumo. El esquema tuvo su
correlato en 2009 y modificó su matriz en 2010, con la llegada de Antonio
Maltana y la intervención del Gobierno.
A partir de entonces, y en el curso de un año, el presupuesto se duplicó
y la ejecución estuvo acorde a esos niveles, aunque el gasto en personal siguió
siendo prioritario. “Maltana marca un antes y un después, impulsó la compra de
repuestos y quiso enderezar la empresa. Tiene limitaciones en lo político y su
gestión no permitió sanear la empresa: la parte de ñoquis no cambió en
absoluto”, evaluó Rosendo.
Como toda gestión erosionada desde lo político, la de Maltana fue
perdiendo impulso. El presupuesto siguió creciendo, pero al ritmo de la
inflación, y la ejecución de la partida “gastos en personal” recobró la
relevancia de 2008. En el último período, mostró una sobreejecución de 90
millones de pesos, de los cuales más de 25 correspondían al pago de sueldos.
Tal como ocurre con la Policía, donde esta misma semana se desató un
intenso conflicto, los trabajadores de Ferrobaires obtienen la mayor parte de
sus ingresos por medio de “códigos” no remunerativos. Así, un empleado de
planta que percibe más de 10 mil pesos “de bolsillo”, encuentra en su recibo de
sueldo que el básico es de $1.298,77, es decir apenas el 12.6% del salario. En
el caso de los contratados, la proporción es inversa.
El escenario, montado para el drama, se completa con el reparto: hay
denuncias por persecución sindical de parte de algunas de las facciones que
anidaron en Ferrobaires. La lista verde, oficialista y denunciada por su
presunta “complicidad” con el vaciamiento de la empresa, y los “autoconvocados”
un sector acomodado políticamente, están enfrascados en una puja con los
miembros de la lista bordó.
Hablar de un clima de tensión dentro de los talleres o las estaciones, o
el control absoluto de los “verdes” de la línea que va a Constitución podría
sonar volátil. Más concretas son las acciones judiciales y los despidos, como
el de Roger Sayago, quien fuera sobreseído recientemente por resolución del
Juzgado de Instrucción 30 de Lomas de Zamora a raíz de una denuncia por
presunta “extorsión” realizada en su contra por parte de sindicalistas.
Sayago reclama su reincorporación a la empresa, tras haber sido
desafectado a raíz de esa denuncia en su contra; no obstante, no consigue
respuesta a su pedido. “Esto es un tema político y es un tema sindical”, aduce
ante las cámaras de QM, y señalando a su pertenencia a la lista bordó –cuyo
máximo referente es Rubén Sobrero- como desencadenante de la persecución.
Mientras espera poder volver a vestir el uniforme de ferroviario, Sayago se
desempeña en una distribuidora de gaseosas.
La situación de Sayago, hoy fuera de la empresa, y la de muchos otros
ferroviarios, se puede complicar aún más si, como todo hace prever, el Estado
nacional, a través de SOSFE, absorbe a Ferrobaires. En rigor, la Provincia ya
“entregó” Ferrobaires a la órbita de Nación.
En 2007, ambas partes acordaron las “condiciones para iniciar el proceso
de transferencia al Estado Nacional de los servicios ferroviarios que
oportunamente fueron concesionados a la Provincia de Buenos Aires, en el marco
de los Decretos Nacionales N° 1168/92 y N° 770/93”, tal como prescribe el
decreto 1021 de 2007.
El traspaso debía realizarse en 180 días. Los crónicos problemas de
Ferrobaires, sin embargo, obstaculizaron la realización. Es que la normativa
ordenaba que se efectuara antes de la transferencia un “inventario” sobre toda
la red concesionada que determinara “el estado de situación patrimonial de los
diferentes ramales”, un punto que necesariamente iba a desembocar en el
conflicto que hoy hay en puerta.
La disyuntiva de Nación en torno a Ferrobaires será qué hacer con una
planta de 3.000 empleados, en la cual deberá distinguir entre justos y
pecadores, cesantear a los últimos, pagando costos políticos y de distinta
índole, o jugar al “Estado bobo” y hacerse cargo de una pauta salarial que,
para el corriente año, rondará los 500 millones de pesos.Fuente: InfoCielo.com
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