Accidentes Ferroviarios
El descarrilamiento expuso el abandono estructural que atraviesa YCRT desde hace décadas. Mientras el gobierno insiste en un supuesto boicot, los trabajadores denuncian desinversión y riesgo permanente. A esto se suma un contrato millonario con ECG, una empresa sin trayectoria creada en 2025. Todo indica que preparan una concesión hecha a medida de intereses privados.
El 7 de octubre, cerca de las ocho de la mañana, una formación ferroviaria de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló a la altura del kilómetro 181, en cercanías de la Estación Ingeniero Cappa.
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El incidente vuelve a exponer el drama que atraviesan los trabajadores de la cuenca carbonífera de Santa Cruz. Mientras el gobierno provincial de Claudio Vidal, el interventor Daniel Gordillo y las conducciones gremiales intentan instalar la versión de un supuesto boicot como causa principal del siniestro, la realidad muestra un cuadro muy distinto y mucho más preocupante: falta de inversión, abandono y un vaciamiento crónico que desde hace décadas pone en riesgo la vida de quienes sostienen el yacimiento con su trabajo.
Lo más grave es que YCRT acumula accidentes anunciados sin que las autoridades tomen medidas de fondo. A pesar de que hace 22 años un incendio dejó un saldo de 14 mineros fallecidos —un crimen social que permanece impune— la empresa nunca recibió la atención necesaria para garantizar condiciones seguras. En aquel hecho luctuoso también se difundió una supuesta versión de atentado atribuido a una agrupación minera de izquierda. Fue un relato poco creíble: la responsabilidad era estatal y empresarial.
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El descarrilamiento no fue producto de ningún sabotaje. Así lo denuncian numerosos trabajadores y referentes de la empresa, que rechazan las versiones oficiales, el dudoso peritaje y el acompañamiento sindical que avala la hipótesis del boicot. Insisten en que la verdadera explicación está en la desidia y el desfinanciamiento que atraviesa a toda la empresa: desde la mina hasta el complejo ferroportuario, los talleres y la usina.
La situación es tan crítica que hoy solo hay una locomotora en funcionamiento —la misma que descarriló— cuando deberían operar al menos dos o tres. Las vías, los durmientes y las instalaciones esperan inversiones que nunca llegan, mientras el personal trabaja entre el miedo a los accidentes y la incertidumbre por el futuro de sus puestos de trabajo.
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“No hubo sabotaje: lo que hay es abandono”
Quienes fueron consultados sobre el descarrilamiento coinciden en que es consecuencia directa del vaciamiento. “Es todo mentira. Está pasando lo mismo que cuando el interventor Omar Zeidán nos acusaba de poner explosivos en los casilleros. Hacen este circo para ocultar que no se invierte, que los sueldos son bajísimos y que trabajamos totalmente expuestos al peligro”, afirmó un minero.
La amenaza de una nueva privatización (y un contrato que huele mal)
El trasfondo de este desastre es el proceso de privatización que avanza. Tras años de promesas incumplidas y gestiones fallidas —kirchneristas, macristas y ahora de Claudio Vidal— YCRT vuelve a aparecer en la mira de los privatizadores. La comunidad y los trabajadores observan con preocupación lo que ya vivieron en carne propia: la privatización de los ’90, el vaciamiento de Sergio Taselli, la reducción de personal, la precarización y el abandono estatal. Nada de eso es historia vieja.
A este cuadro se suma un elemento nuevo y alarmante: el dudoso contrato y la posible concesión a Energy Commodities Group (ECG), una empresa que el interventor Gordillo presenta como “actor clave” para el futuro de YCRT. Según la intervención, ECG propone una inversión de USD 120 millones y ya tiene un contrato paralelo por 210.000 toneladas de carbón.
Pero los documentos internos de BGM —publicados por OPI Santa Cruz— revelan algo completamente distinto:
• ECG fue creada recién en octubre de 2025, sin trayectoria ni know-how en minería o energía.
• Parece más una empresa armada para este negocio que una apuesta real de inversión.
• Uno de sus directivos, Alexis Romero, era antes un intermediario que había firmado un pacto de confidencialidad con BGM para vender carbón de YCRT.
• Finalmente, Romero se quedó con el negocio millonario de forma directa, ahora desde ECG.
Es decir: mientras se habla de boicot, sabotaje y persecución a los trabajadores, la intervención avanza en silencio con un contrato opaco que podría entregar la cuenca a una empresa sin antecedentes, creada hace apenas un año y vinculada a intermediarios que ya habían intentado quedarse con el carbón de YCRT.
El problema es que las conducciones gremiales también sostienen el relato del supuesto boicot, mientras la empresa sufre una desinversión permanente y se prepara el terreno para una concesión que recuerda demasiado a los ’90. Es un acompañamiento absoluto al gobernador Vidal, alineado con Javier Milei.Por: Ernesto Fipo para LaIzquierdaDiario.com
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