ACTUALIDAD
Redacción CRÓNICA FERROVIARIA
Se encuentra
en la Comisión
de Transporte de la
Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Resolución
solicitando un pedido de informes al PEN sobre diversas cuestiones relacionadas
con los antecedentes y actuaciones administrativas que sirvieron de sustento a
la adquisición por parte del Estado Nacional de coches de Subterráneos a la
firma CITIC en el año 2008.
Dicho trámite
recayó en el Expte.4149-D-2013 de fecha 23 de Mayo de 2013, siendo las
firmantes de dicho proyecto de Resolución las Diputadas Nacionales María
Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad - Buenos Aires) y
Patricia Bullrich (Unión por Todos - C.A.B.A.)
Fundamentos
En fecha 15
de mayo del corriente el Sr. Ministro del Interior y Transporte realizó una
conferencia de Prensa en la cual formuló declaraciones respecto sobre la compra
de coches de tren para la
Líneas Mitre y Sarmiento.
En
particular, y a raíz de informaciones publicadas por un diario sobre una
sustancial diferencia de precio entre las compras realizadas por el Gobierno de
la Ciudad de
Buenos Aires para comprar nuevos coches para la Línea A de subterráneos y
los montos abonados por el Estado Nacional al mismo proveedor, grupo CITIC
Limited., el Sr. Ministro ensayó una llamativa defensa.
Estación Carabobo de la Línea A
En tal
sentido, el Gobierno Nacional habría abonado un sobreprecio por los vagones de
alrededor de 42% tomando como referencia los precios desembolsados por el
Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. El Sr. Ministro del Interior y Transporte, intentó, a modo de
justificación, trasladar las potenciales responsabilidades administrativas
frente a estos hechos, a la gestión realizada por el ex Secretario de
Transporte Ricardo Jaime, ya que las operaciones se habrían concretado en el
año 2008, mientras que su actividad al frente del área de transporte data de
hace un año.
Debemos
señalar que las obligaciones asumidas por el Estado Nacional no se agotan ni
dependen de los responsables administrativos de turno. Ellos, los funcionarios
públicos, actúan en representación del Estado. Es este último en quien recaen
obligaciones y consecuencias de su actuar. En todo caso, si un nuevo
funcionario detectara irregularidades, debería proceder a tomar las medidas que
estime adecuadas para establecer las responsabilidades de todos aquellos que
intervinieron en las actuaciones.
La
contratación en cuestión, presenta de por sí, cuestiones que deben ser
aclaradas. Entre ellas, como se eligió la modalidad de compra, en este caso se
realizó en forma directa, y porque no se utilizó un proceso de licitación
pública. Por otro lado debe determinarse como se estimaron los precios y otros
aspectos técnicos que resultan oscuros
.
En virtud de
ello, resulta necesario requerir al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Sr.
Ministerio del Interior y Transporte, informe a esta honorable Cámara sobre
diversos aspectos del proceso de compra realizado a la firma CITIC.
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