ACTUALIDAD
El juez Ercolini le reiteró por tercera vez un pedido a la Secretaría de
Transporte para saber dónde están arrumbados los trenes comprados a España hace
unos años.
El negociado por la compra de trenes a España es uno de los más
escandalosos de los tantos realizados en el área de Transporte en el gobierno
kirchnerista. Allá por 2005 se firmaron convenios con España mediante los
cuales se prometió cambiar el sistema ferroviario de la zona metropolitana.
Pero la compra a España se hizo mientras los ferrocarriles estaban bajo
la órbita del ministro Julio de Vido y del funcionario kirchnerista más
investigado por casos de corrupción: Ricardo Jaime. Sobre aquella millonaria
compra de material ferroviario a España ya se ha dicho todo: que se pagaron
coimas, que se compró material en desuso, y que buena parte de lo adquirido no
funciona.
La compra fue de unos 200 millones de euros. Las coimas de unos 2
millones de euros. El propio Jaime autorizó mediante una carta a que la
consultora de su testaferro cobrase esas "comisiones" aunque la
operación fuera de Estado a Estado. El caso que se abrió por los mails fue
cerrado gracias a la maquinaria judicial del kirchnerismo que recibió el
aporte invalorable del fiscal Guillermo
Noailles quien no presentó un recurso
ante la Corte Suprema para intentar validar las pruebas.
Pero, a partir del informe de la AGN, legisladores radicales hicieron
una denuncia que tiene a su cargo el juez Julián Ercolini. El fiscal del caso,
Federico Delgado pidió la indagatoria de todos los que estuvieron involucrados
en la compra de trenes a España. Ercolini mandó exhortos a la justicia española
para que le envíen a Buenos Aires toda la documentación sobre la operación
realizada. Según fuentes judiciales, la Cancillería argentina informó que en
noviembre pasado salieron los pedidos hacia los tribunales de Madrid.
Ercolini pidió, por tercera vez, a fin de 2013, que la Secretaría de
Transporte le informe dónde están los trenes y locomotoras comprados en España.
Al no tener respuesta de esa oficina pública, el juez reiteró el pedido, pero
esta vez sumó al Ministerio. Según explicaron en Tribunales, el área bajo la
conducción de Alejandro Ramos no contestó a los pedidos. Ante el silencio de la
Secretaría de Transporte, el juez amplió el último pedido de información y el
mismo requerimiento le llegó al Ministerio de Interior y Transporte a cargo de
Florencio Randazzo.
Estiman en Tribunales que para febrero, cuando se retome la actividad
normal de la Justicia, esa información estará incorporada al expediente. De
todos modos, los que realizaron el informe de la AGN detallaron el estado
calamitoso de las formaciones y el lugar dónde se hallan. Pero el juez quiere
verlo en persona. Aunque lo actuado por la AGN sirve como prueba en una
investigación de un hecho de corrupción que hizo que enormes sumas de dinero se
perdieran y no se invirtieran en un sector que lo necesita: el
ferroviario.InfoBae.com