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Un
equipo del Gobierno de Macri en una “roadshow”, gira por Europa, salió en la
búsqueda de una “lluvia de inversiones” para obras en el sistema de transporte.
¿Un regreso a las políticas de los noventa?
A
principios de julio, un equipo del gobierno encabezado por Manuela López
Menéndez, titular de la Secretaría de Obras de Transporte, ligada al Ministerio
de Transporte de la Nación, realizó una gira por algunos países de la Unión
Europea en la búsqueda de financiamiento para obras estimadas en 33.000
millones de dólares. Su objetivo fundamental, fue atraer al país la lluvia de
inversiones tan esperada y prometida por el gobierno de Macri. La secretaria,
estuvo acompañada, entre otros funcionarios, por Marcelo Orfila, presidente de
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y de Ferrocarriles
Argentinos.
López
Menéndez presentó los proyectos que el gobierno expresaría como emblemáticos en
lo que tiene que ver con el transporte público, por un lado la construcción de
corredores de Metrobús en el interior del país y por otro, de la Red de Expresos Regional (RER) en el área metropolitana. Según, trascendidos, los empresarios
presentes preguntaron a la funcionaria sobre el marco jurídico que garantizaría
su ganancias, al que la misma contestó que "hay un proyecto de ley en el
Congreso para fomentar la presencia del sector privado en la construcción y
provisión de servicios públicos y de infraestructura y cuya clave es que los
inversores que participen reciban una garantía de rentabilidad".
Implementar
un proyecto con estas características, también estaría facilitado por la
implementación de ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, aprobada por el
exministro Florencio Randazzo y Cristina Fernández. Aunque dicha ley haya sido
difundida por el gobierno anterior como un gran paso en la soberanía nacional y
como la nacionalización del transporte ferroviario, institucionaliza en su
párrafo segundo "la participación pública y privada en la prestación y
operación de los servicios de transporte público ferroviario”. La ley 27.132
objetivó la convivencia entre los servicios estatales y el capital privado. Es
decir, una búsqueda por calmar a los empresarios en relación a la posibilidad
de que el Estado avance sobre sus "inversiones" en el transporte
ferroviario.
Traduciendo:
el Gobierno fomentaría privatizaciones con ganancias garantizadas a empresas
privadas. No es una idea nueva, ya que nuestro vecino expresidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, implementó el mismo tipo de proyecto, llamado
"Parceria Publico Privada", donde en la práctica, el estado banca
gran parte de los costos, pero se le acredita la explotación a algún monopolio
privado, que obtiene ganancias garantizadas por el mismo Estado durante algunas
décadas. Un ejemplo importante es el de la Línea 4, amarilla, del subte de São
Paulo cuya obra sigue sin estar completa y aún así el monopolio que la
administra tiene garantizado por el contrato con gobierno, ganancias diarias,
funcione o no la línea.
El
PRO quiere mostrar toda su disposición al neoliberalismo
La
suspensión de los servicios de Ferrobaires, empresa liderada por el excoronel
Fernando Dotti, estuvo acompañada por mucha rosca entre el gobierno de la
provincia de Buenos Aires y el nacional. La gobernadora María Eugenia Vidal
decretó la suspensión del servicio ya que, al parecer no tiene pensado
mantenerlo y tampoco querría hacerlo el ministro de Transporte Guillermo
Dietrich para Nación. Esto pasa por el deterioro de la malla y los trenes tras
años de vaciamiento y falta de mantenimiento de los sucesivos gobiernos, por lo
menos desde que Menen creó la empresa en el año 1993.
Cabe
recordar que durante los años de gobierno menemista el país perdió, por lo
menos 90 mil puestos de laburo ferroviario y más de 20 mil kilómetros en
ferrovías, con la provincialización y las privatizaciones.
Con
la creación de la Unidad Operativa de Transferencia (UOT) para hacer el
traspaso de la empresa a Nación, el PRO parece haber encontrado una
"solución" que dejaría a todos contentos, por supuesto en eso no se
cuentan a los trabajadores y usuarios. Según comunicado de la Unión Ferroviaria
la UOT pediría un relevamiento de toda la estructura, material rodante y fijo
de la empresa y una vez pasada a Nación se armaría "un pliego de
licitación para privatizar el servicio".
Por
el momento ninguno de los cuatro sindicatos ferroviarios declaró algún tipo de
medida de fuerza.LaIzquierdaDiario.com
