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De esta manera buscan liberar la
traza del tren Belgrano Cargas y Logística S.A., pero los vecinos denunciaron irregularidades en
la asignación de las indemnizaciones
La Nación pagó más de $800.000 a 27 familias de la villa 31 en Retiro a
modo de indemnización, ya que sus casas estaban construidas sobre las vías del
ferrocarril Belgrano Cargas, que buscan reactivar.
Los voceros de la Administración General de Puertos (AGP), titular de
las tierras en cuestión y responsable de los pagos, admitieron haber erogado en
promedio $ 30.000 por familia.
Sin embargo, según los testimonios de los propios ocupantes el monto
recibido sería mucho mayor y aseguraron que hubo quienes cobraron $160.000.
Las tareas de demolición habían comenzado sin inconvenientes, pero el
pasado martes las topadoras no pudieron continuar con la demolición ya que un
grupo de 20 familias, instaladas bajo la autopista Illia, a metros de los
rieles, lo impidió.
Este grupo teme que el futuro paso del tren provoque vibraciones que
afecten a sus viviendas e incluso pongan en riesgo sus vidas, según informó La
Nación.
"Si yo hubiera sabido que algún día se iban a habilitar estas vías
no hubiese de ninguna manera invertido en la construcción de la casa de mi
familia y de un local", se quejó Patricia, que prefirió mantener en
reserva su apellido por miedo a represalias.
Y es que el frente de su comercio y la habitación donde viven su hermana
y su cuñado se apoyan sobre las vías que la AGP pretende volver a poner en
marcha.
Según su testimonio, funcionarios de ese organismo le ofrecieron $30.000
para quedarse con los 16 metros que su propiedad ocupa sobre los rieles pero
denunció: "Como sabía que a mi vecino le habían dado $ 160.000, me negué.
Al rato, otra persona me llamó y me dijo que eran $ 50.000, luego $ 170.000. Y
ayer otra vez volvimos a los $ 50.000. ¡Siento que me están burlando!",
agregó Patricia.
El miércoles por la tarde, y mientras las obras para remover los
escombros de otras viviendas seguían su curso, la mujer recibió una citación
con el membrete de la Policía Federal para presentarse ante Sebastián
Casanello, titular del Juzgado Federal N° 7, por "interrupción de las
comunicaciones", según indicaba el documento que exhibió al diario La
Nación.
Casanello tiene a su cargo un expediente impulsado por la AGP con el
objetivo de liberar las vías.
En rigor, las negociaciones entre los habitantes y las autoridades
llevaban unos dos meses. Si bien ayer las versiones en el lugar eran confusas,
se supo que la totalidad de las 27 familias por desalojar habían aceptado
cobrar un subsidio del gobierno nacional para permitir la demolición de sus
casas.IProfesional.com
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