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15 de noviembre de 2012

EL SENADO NACIONAL EVALUÓ INFORMES DE LA AGN SOBRE EL SISTEMA FERROVIARIO


ACTUALIDAD

El Senado trató hoy una batería de informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), entre los que se destacó uno referido a la empresa TBA, vinculada con el trágico accidente en la estación de Once en febrero pasado, pero el oficialismo impuso su mayoría para rechazar la intención opositora de enviarlos a la Justicia.

El senador radical Gerardo Morales realizó una extensa exposición sobre el informe del organismo de control acerca del estado del sistema ferroviario y la empresa TBA antes del accidente de Once, en la que le apuntó al ministro de Planificación, Julio de Vido, y a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Morales señaló que "en octubre de 2008 se observó que TBA no presentaba en tiempo y forma los planes de mantenimiento y obras", y que "no efectuaba la normalización de pasos a nivel".

También subrayó que el informe advertía que "las vías presentan estado deficitario" y que "la empresa no brinda respuestas en tiempo y forma", al tiempo que recordó que en esa auditoría "se recomendó exigir a TBA documentación y tareas de mantenimiento".


Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, recordó que por el accidente de Once "hay una causa judicial que está en marcha" y que "es materia de investigación".

Al someter a votación los dictámenes del oficialismo y de la oposición sobre estos informes, la bancada del Frente para la Victoria aprobó el suyo con 35 votos afirmativos contra 13 negativos, por lo que se presentará un pedido de informes al Ejecutivo en lugar de enviar los documentos de la AGN a la Justicia, como querían los senadores opositores.

Además, se votaron los informes de la AGN referidos a la ejecución del Presupuesto desde 2005 a 2008, donde la oposición se mostró dividida.

En este sentido, la ejecución presupuestaria de 2005 y 2006 fue aprobada por 46 votos afirmativos contra 8 negativos, mientras que la de 2007 y 2008 sólo obtuvo los 38 votos positivos del oficialismo contra 16 de la oposición.

Por otra parte, se trataron informes referidos al sistema de salud, la Administración de Programas Especiales (APE) que maneja fondos de las obras sociales, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y el INDEC.Terra

13 de noviembre de 2012

DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS DE SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES


ACTUALIDAD

Redacción CRÓNICA FERROVIARIA

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Ley solicitando se declare en Estado de Emergencia Nacional la prestación de los servicios correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de superficie del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Dicho trámite recayó en el Expte. 7892-D-2012 del 06 de Noviembre del corriente año, siendo los firmantes de dicho proyecto de ley los Diputados Nacionales Claudia Mónica Ucci (FRENTE PERONISTA - Buenos Aires); Ivana María Bianchi (FRENTE PERONISTA - San Luis); Alberto José Pérez (FRENTE PERONISTA - San Luis); Nora Esther Videla (FRENTE PERONISTA - San Luis); Enrique Luis Thomas (FRENTE PERONISTA - Mendoza); Carlos Alberto Carranza (FRENTE PERONISTA - Santa Fe); Francisco José Fortuna (FRENTE PERONISTA - Córdoba); Edgar Raul Müller (FRENTE PERONISTA - Córdoba); Alberto Emilio Asseff (FRENTE PERONISTA - Buenos Aires)

Fundamentos

Entiendo que ha llegado el momento de asumir el Estado la situación de emergencia en que se encuentra el sistema ferroviario de pasajeros del área metropolitana, siendo necesario fijar de un modo urgente políticas de Estado a este respecto.

Habiendo sido el sistema ferroviario argentino uno de los más extensos del mundo y que transportaba sustancialmente los productos de exportación y las personas en todo el territorio argentino nos encontramos con una realidad por completo diferente en los comienzos del siglo XXI. Especialmente en lo referido al transporte de personas y en lo que atañe al transporte interjurisdiccional en el área metropolitana Buenos Aires.

Hace décadas que el plan para los ferrocarriles se llama desidia, desinversión, desarticulación de las redes ferroviarias, deterioro de las unidades de transporte, a lo que se suma la carencia absoluta de control de las obligaciones de concesionarios y/o permisionarios, pese a los millonarios subsidios recibidos por parte del Estado Nacional.

El deterioro en la calidad de los servicios, en la segunda mitad de la década de 1980 disminuyó considerablemente el número de pasajeros y de cargas. En 1947 los ferrocarriles ingleses fueron estatizados y, después de casi 50 años de pertenecer al Estado, en 1990 el gobierno resolvió comenzar el traspaso al sector privado.



Así, el servicio ferroviario fue entregado en concesión, por sectores y paulatinamente. Se separaron los servicios urbanos- suburbanos (ciudad de Buenos Aires y sus alrededores) de los de tipo interurbano y de cargas.

El sistema no ha funcionado, pese a un importante número de decretos y resoluciones que no han cumplido con sus propósitos, sólo a título de ejemplo: Decreto 2075/2002, que declara en estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires, de fecha 16/10/2002; Decreto 798/2004, el que rescinde el Contrato de Concesión de la explotación de servicios ferroviarios de pasajeros aprobado mediante el Decreto N° 479/ 94, suscripta con la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. - Grupo de Servicios N° 5, de fecha 23/6/2004; Decreto 1261/2004, que ordena que se reasuma por parte del Estado Nacional la prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, de fecha 27/9/2004; Decreto 861/2006, de fecha 12/7/2006, que ratifica en todos sus términos lo actuado por la Secretaría de Transporte, con motivo de lo instruido por el Decreto Nº 78/2004, a consecuencia de la rescisión del Contrato de Concesión de la explotación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros correspondiente al Grupo de Servicios 5 - Línea General San Martín; Resolución 199/2012, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de fecha 28/2/2012, por la cual se dispuso la INTERVENCION ADMINISTRATIVA TECNICA - OPERATIVA TEMPORAL, al Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros, correspondiente a los Grupos de Servicios Nros. 1 y 2, Líneas GENERAL MITRE y SARMIENTO, según el Contrato de Concesión aprobado por el Decreto Nº 730 de fecha 23 de mayo de 1995, modificado por Addenda aprobada por Decreto Nº 104 de fecha 25 enero de 2001, por el término de QUINCE (15) DIAS y a los fines de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios; Resolución 568/2012, de fecha 19/3/2012, por medio de la cual se decreta la prórroga de la Intervención Administrativa Técnica - Operativa Temporal del Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de las Líneas General Mitre y Sarmiento, por el plazo de QUINCE (15) días, a los fines de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios; Resolución 737/2012, de fecha 12/4/2012, por la cual se prorroga nuevamente la Intervención Administrativa Técnica- Operativa Temporal del Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de las Líneas General Mitre y Sarmiento, por un nuevo plazo de quince días; Resolución 781/2012, de fecha 7/5/2012, mediante la cual vuelve a insistirse en la prórroga de la Intervención Administrativa Técnica - Operativa Temporal del Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de las Líneas General Mitre y Sarmiento, por un nuevo plazo de QUINCE (15) DIAS, a los fines de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios, etc.
Que el servicio público de transporte de pasajeros ferroviario constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el ESTADO NACIONAL debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios.

Luego de los trágicos acontecimientos acaecidos en la Estación de Once del Ferrocarril General Sarmiento no sólo cabe rescindir los contratos de concesión, sino declarar el estado de emergencia del servicio.

Han fallado los controles, la seguridad, el mantenimiento y la conservación de los trenes, imputables tanto a las empresas concesionadas como a la falta de ejercicio del poder de policía estatal en esta materia

Todos los contratos de concesión preveen la finalización de contrato de concesión por culpa del concesionario, entendiendo que ello se halla configurado por la evidente falta de mantenimiento, por la falta de inversiones y por no garantizar el mínimo deber de seguridad ín situ en todo contrato de transporte, esto es, garantizar la vida y la salud de los usuarios con motivo de la utilización del servicio de transporte. Todo ello avalado por diversos informes de organismos públicos que fueron señalando las diversas faltas y omisiones del concesionario, especialmente la Comisión Nacional para la Regulación del Transporte y la Auditoría General de la Nación.

Sin embargo, entiendo que debemos pensar - especialmente las voces autorizadas y con conocimiento del área - sobre cómo salir de esta situación terminal, donde nada a cambiado desde el día del trágico accidente de Once.

A tal fin se ha propuesta la formación de una Comisión de Expertos en la materia para que con estricto carácter profesional, efectúen las propuestas para la formulación de políticas públicas en relación al servicio ferroviario en el área metropolitana. Se ha dado preeminencia a la Universidad de Buenos Aires por cuanto es la única universidad pública argentina que tiene una carrera de especialización en ferrocarriles y entendiendo que una de las labores mas relevantes de las universidad está en la resolución de los problemas básicos que afectan a todos los ciudadanos, utilizando su saber teórico-práctico para la solución de este grave problema.

Por tales razones, Señor Presidente, es que, y con principal fundamento en el texto del art. 75 de la Ley Fundamental se solicita la aprobación del presente proyecto de Ley.-

12 de noviembre de 2012

INFORME DE LA A.G.N. SOBRE COMPRAS DE MATERIAL FERROVIARIO


ACTUALIDAD

Por el auditor Alejandro Nieva

El último informe aprobado por la Auditoría General de la Nación sobre las compras de material ferroviario a España y Portugal es para indignarse largamente y puedo explicarlo sencillamente así: se compraba no se sabía bien qué, tampoco bien para qué, sin verificar aquello que se recibía, y todo a unos precios exorbitantes que se pagaban sin controlar.

Se gastaron unos mil seiscientos millones de pesos en vagones y locomotoras de las cuales, casi la mitad está en desuso y tirada. El procedimiento deja de ser increíble cuando se advierte que esta modalidad fue la predominante durante todo el infausto período en que Ricardo Jaime y luego Juan Pablo Schiavi condujeron la secretaría de Transporte de la Nación (la auditoría comprende las compras realizadas entre 2004 y 2010).

La ausencia de política ferroviaria se ve claramente en estas contrataciones donde sin ninguna fundamentación (técnica, económica y jurídica) se malgastan instrumentos institucionales (acuerdos de cooperación internacional) y recursos económicos.

auditor Alejandro Nieva


Los hallazgos más importantes de esta importante auditoria son los siguientes:

-La AGN observó indefiniciones e imprecisiones en relación al objeto de los contratos, tal como la indeterminación del material rodante que se adquiere y el estado del mismo. Indefinición sobre el alcance de la asistencia técnica que se contrata y el alcance de las reparaciones. Esto hace imposible determinar la cantidad y calidad de los bienes adquiridos y si el negocio responde a criterios de economía, eficiencia y eficacia.

“Existe una obligación elemental de precisar el objeto de los contratos. Al incumplir dicha obligación se genera incertidumbre a la hora de verificar cuales son los derechos y obligaciones de las partes.”

- La AGN también detectó que los expedientes de contratación carecen de elementos claves, tales como la falta de acreditación de actas de recepción, falta de intervención y dictamen del servicio jurídico del estado, informes técnicos y económicos.

- No constan análisis integrales respecto a los aspectos económicos, técnicos y comerciales que fundamenten la razonabilidad de las adquisiciones realizadas.

“Esto puede verse en los acuerdos con España donde se verificó que en los contratos celebrados en los años 2005/2006 y 2007 /2010 no se realizaron análisis de razonabilidad de precios conforme calidad y características del material adquirido, donde se incluyan la totalidad de gastos involucrados que componen el precio final contratado, como así tampoco un análisis que permita estimar la vida útil del material luego de las reparaciones”.

- Tampoco se realizaron análisis sobre la factibilidad de los servicios a cumplir con el material adquirido que permita inferir la conveniencia de las adquisiciones.

- Respecto de los contratos con Portugal se detecto que en el caso de los coches adquiridos fabricados en los años 1956/1967 no se incluyó un análisis de la adecuación y conveniencia del material ofertado a los servicios preestablecidos.

- Es el caso de las triplas eléctricas SOREFAME afectadas inicialmente al servicio eléctrico del ex ferrocarril Roca, las mismas fueron paulatinamente adecuadas para ser reutilizadas en servicio traccionados mediante locomotoras Diesel. Este cambio de uso es demostrativo de la inconveniencia de la compra, ya que los coches remolcados (utilizados en servicios de tracción diesel – eléctrica) resultan sustancialmente mas económicos que lo abonado por esas triplas eléctricas, diferencia que se acrecentará con el costo de las adecuaciones al nuevo servicio.

- Tampoco se incluyeron en los estudios de precios analizados, opinión o formulación de los gastos referentes a fletes, tanto terrestres como marítimos, seguros de transporte, etcétera, lo que incide entre 30 a 50% en el precio final de los coches adquiridos.

- Del informe surge que el 44% del total del material adquirido se encuentra fuera de servicio, sin que se efectuaran las tareas de reparación necesarias para su utilización. En el caso de las compras a España del total de material rodante el 58% se encuentra fuera de servicio, mientras que en el caso de aquél comprado a Portugal es un 22%.

- El informe destaca la falta de un representante de la Secretaría de Transporte al momento de la entrega de los bienes adquiridos.

- Los contratos omitieron la obligatoriedad de la suscripción de actas de entrega y recepción como recaudo para efectuar el pago, lo que terminó debilitando los controles del Estado e introdujo un riesgo adicional en la ejecución de los mismos.

En el caso de las compras efectuadas a España, una perla para entender la calidad de la compra es la declaración del transportista que en la carta de conocimiento de embarque de marzo de 2007 dice: “la carga es usada y se encuentra en muy pobres condiciones con roturas visibles y partes faltantes; que el plástico envolvente del material prácticamente se ha perdido y que no es conveniente para las condiciones del mar, por ello el navío y el propietario no se hacen responsables de cualquier daño causado en virtud de los comentarios antedichos”.

Entre los hallazgos del informe se detecta que no se inspeccionó la totalidad del material rodante que se adquiría.

El informe de la Auditoría es un aún más generoso en detalles y observaciones, que son graves, y que nos muestran sólo un aspecto de la deficiente gestión en materia de transporte ferroviario. Nosotros señalamos también en otros informes que la Secretaria de Transportes a través de la resolución 187/06 establecía un sistema poco transparente para las contrataciones en materia ferroviaria. Dijimos que esto explica el estado actual de deterioro de la infraestructura y la mala calidad de los servicios a pesar de los enormes recursos e innumerables subsidios con que ha contado el sistema.ElLibertario

23 de abril de 2012

SOLICITAR A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS ENCOMIENDE A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UN DICTAMEN ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE SUBTERRÁNEOS Y PREMETRO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, FIJÁNDOLE UN PLAZO DE 120 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN AL CONGRESO DE LA NACIÓN, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.


ACTUALIDAD


Redacción CRÓNICA FERROVIARIA


Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación para su dictamen un proyecto de Resolución presentado por los Diputados Nacionales Ricardo Alfonsín (UCR), Mario Raymundo Fiad (UCR), Roy Cortina (Partido Socialista), Ricardo Buryaile (UCR), Manuel Garrido (UCR), Ricardo Rodolfo Gíl Lavedra (UCR), Eduardo Raúl Costa (UCR), Juan Pedro Tunessi (UCR), María Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad), para solicitar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomiende a la Auditoría General de la Nación, un dictamen especial sobre la ejecución del contrato de concesión del servicio de Subterráneos y Premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándole un plazo de 120 días para su presentación al Congreso de la Nación, y otras cuestiones conexas. 




El proyecto de resolución recayó en el Expte.2040-D-2012 de fecha 12 de Abril de 2012 , siendo los fundamentos los siguientes:


Fundamentos:


El servicio público de subterráneos y premeto del sistema de transporte del área metropolitana y de la Ciudad de Buenos Aires, combinado con el servicio ferroviario y automotor constituye uno de los más grandes y complejos de latinoamérica, y brinda servicios a los ciudadanos de la Capital y del Gran Buenos Aires.


En el año 2010 más de 295,7 millones de usuarios utilizaron sus servicios y en el año 2011 la cifra llegó a los 310,7 millones de pasajeros pagos transportados.


Estos ciudadanos usuarios del servicio público, dentro de los nuevos derechos y garantías otorgados por la Constitución Nacional reformada en 1994, según el Artículo 42 tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, mediante la calidad y eficiencia de los servicios públicos, con una legislación que establezca el marco regulatorio de los mismos.


El control externo del sector público nacional, según el Artículo 85 de la Constitución Nacional, corresponde al Poder Legislativo. El examen y opinión que dará este poder se sustentará en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN).


La Ley 24.156 en su Artículo 117 determina como materia de su competencia, entre otras, a la administración central, entes reguladores de servicios públicos y a los entes privados adjudicatarios de procesos de privatizaciones en cuanto a las obligaciones emergentes de los correspondientes contratos.


El Artículo 118 (Ley 24.156) que delimita las funciones de la AGN, en sus incisos a) y b)le autoriza a fiscalizar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado y a realizar auditorias, exámenes especiales, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.


La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta, puede según el Artículo 129 (Ley 24.156) "inciso c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización.".


El "Contrato de Concesión" del servicio de subterráneos y premetro aprobado por Decreto 2608/93 le otorga la concesión a METROVIAS S.A., el mismo se modifica por Acta-Acuerdo aprobada por Decreto 1527/94 y en el año 1999 se vuelve a modificar por ADDENDA aprobada por Decreto 393/99.


En esta última modificación se incorpora, dentro de las "Disposiciones Complementarias", el Artículo 16 que trata la transferencia del control del servicio a la Ciudad de Buenos Aires. Transferencia que no se concretó a la fecha, después de haber transcurrido 12 años, pese a la iniciativa llevada adelante en el año 2000 por Enrique Olivera (Vice Jefe de Gobierno a cargo) que logra la sanción de la Ley 373 CABA.


Debido a las recientes diferencias surgidas sobre el tema transferencia del servicio entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, resulta un derecho del ciudadano acceder a una información adecuada y veraz sobre los motivos de tal demora y una obligación de las autoridades establecer o deslindar responsabilidades de la administración, organismos o entes de la jurisdicción nacional.


Del "Contrato de Concesión" y de la normativa vigente que crea organismos de control y sustenta la aplicación de subsidios, surgen responsables de su ejecución a quienes la AGN debe investigar para concluir sobre lo actuado por estos, y dictaminar si las actuaciones contribuyeron a brindar seguridad, calidad y accesibilidad al servicio. Si la asignación de recursos se efectuó con transparencia y si la aplicación de los mismos se instrumentó con eficacia. Si se cumplió con la tarea de control y verificación en favor del servicio y del ciudadano transportado.


De METROVIAS SA como concesionario del servicio, interesa entre otras cosas saber: si la operación del servicio se realiza de acuerdo a los reglamentos vigentes; si se observan todas las medidas de seguridad, del material rodante, de la infraestructura, del pasajero y del personal; si se cumple con el cuidado de los bienes afectados; si se realiza al mantenimiento correcto a las instalaciones, máquinas y equipos; si se cumple con el programa de obras; y si se mantienen en vigencia los seguros, garantías y fianzas.


De la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), órgano de fiscalización y control, creada por Decreto 660/96 y aprobado su estatuto en Anexo I del Decreto 1388/96, si cumple con los incisos a) y c) del Artículo 3º de su estatuto, en cuanto a proteger los derechos del usuario, logrando mayor seguridad, mejor operación y confiabilidad.


De la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, autoridad de aplicación de los subsidios, si los mismos se asignan con transparencia, si se observan controles a la aplicación de los mismos y si existe un confiable sistema de rendición de cuenta por parte del concesionario beneficiado. Si existen análisis y estudios para implementar un mejor sistema de aplicación.


No olvidemos que la concesionaria del servicio METROVIAS SA, durante el año 2011, recibió la suma de $ 67,4 millones provenientes solo del SISFER, para toda la concesión a su cargo.


De la Policía Federal Argentina (PFA) dependiente del Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad pública, según el Artículo 8, inciso 8.3 del "Contrato de Concesión" modificado por ADDENDA aprobada por Decreto 393/99, si cumple eficazmente con el servicio de protección al usuario y al personal dentro del área concesionada, responsabilidad que se reservó especialmente el Gobierno Nacional en el inciso detallado; y si cumple con las disposiciones internas referentes a servicios adicionales en favor del personal de la fuerza (condiciones de trabajo y tiempo de descanso).


Los cables de prensa difundido por la Secretaría de Información Pública, de la Presidencia de la Nación, a través de su página digital ordenados en el apartado: "SEGURIDAD", los días 01 y 02 de marzo del corriente, la Ministra de Seguridad Dra. Nilda Garré, asegura que se afectan 250 efectivos a este servicio de seguridad pública.


Resulta un derecho para el ciudadano tener certeza de la protección que recibe del estado dentro del área concesionada, ya que un simple cálculo pone en dudas que se pueda brindar seguridad con 250 efectivos a más de un (1) millón de usuarios que transitan las instalaciones, que utilizan 76 estaciones del subterráneo (la mayoría de ellas con doble andenes), 7 conexiones internas entre líneas y 17 estaciones del premetro, durante 18hs
de lunes a sábado y 15 horas los días domingos. Si pusiéramos un solo efectivo por andén y conexión, con turnos de 6 horas, sin considerar francos semanales, partes de enfermos y licencia anual, necesitaríamos aproximadamente 600 efectivos para una cobertura mínima de presencia en instalaciones.


Entendiendo que el ámbito del control corresponde al Poder Legislativo, que la AGN es el auxiliar del Congreso Nacional para estos fines y que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta es quien tiene la facultad de encomendar estudios, investigaciones y dictámenes especiales, es que solicito a mis pares sirvan acompañar el presente proyecto.

13 de abril de 2012

CHACO: "EL BELGRANO CARGAS TUVO UNA CONCESIÓN EN CONDICIONES VERGONZANTES DENTRO DE UNA POLÍTICA REGRESIVA"

ACTUALIDAD

Leandro Despouy, que visitará hoy el Chaco, refleja su opinión como presidente de la Auditoría General de la Nación desde hace 10 años.

Con varias lustros de profesión en el ejercicio del Derecho, una amplia actividad en el plano diplomático y desde hace una década en la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy afirmó que la concesión del Ferrocarril Belgrano Cargas se produjo en condiciones vergonzantes en el marco de una política ferroviaria regresiva que entiende dio a varias observaciones, como la que se hizo a la concesionaria TBA y en cuyo ámbito se produjo la tragedia en la capitalina Estación de Once con más de 50 pasajeros fallecidos.


“No se ha revertido en los últimos 10 años algo que ha sido una tendencia muy fuerte desde las privatizaciones del menemismo y que se agravó”, afirmó ayer Despouy en declaraciones radiales en las que señaló “no hubo inversiones” y que las condiciones de inseguridad “se transforman en grandes accidentes, e inclusive una situación de vulnerabilidad para las propias provincias, que no tienen competencia siquiera en las cuestiones de seguridad y se producen tragedias como la que tuvo lugar en San Luis”.

El funcionario sostuvo que la concesión del Belgrano Cargas tuvo al Estado nacional “casi de cómplice” pero que las concesiones posteriores “hubo la misma matriz” y que en los últimos años “no hubo mejoras considerables ni en las vías ni en las unidades. Las inversiones se han mantenido prácticamente con un rendimiento mínimo, con niveles de descarrilamiento preocupantes. La política ferroviaria en materia de cargas y de transporte de pasajeros ha sido regresiva. No hubo ningún progreso importante”.

Además señaló que el crecimiento de la economía y las condiciones internacionales favorables para el país “no se tradujeron en reestructurar, redefinir, perfeccionar, mejorar o reconstruir ese ferrocarril que es clave” y que hasta desde el exterior del país se aprecia que tenemos dificultades en el sistema ferroviario. “Creo que no va haber una mejora considerable del funcionamiento del sistema en la medida que no se implique a las provincias en la reconstrucción del ferrocarril”, añadió.

Despouy volvió a las páginas de los diarios a fines de febrero cuando trascendió que renunciaría a su cargo en la Auditoría. Enseguida, trascendió que el titular de la UCR, Mario Barletta, quería apurar su salida de la AGN. Pero en medio de esas denuncias cruzadas y un fuerte desbarajuste en el seno radical, el trabajo de Despouy como auditor cobró relevancia. Es que tras la tragedia ferroviaria del 23 de febrero en Once, los informes y denuncias que el radical venía realizando contra la empresa TBA, administradora de la ex línea Sarmiento, tomaron relevancia. Diario Norte

29 de marzo de 2012

LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN SIGUE ENCONTRANDO GRAVES IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO FERROVIARIO

ACTUALIDAD

El auditor Alejandro Nieva reveló que utilizando fondos públicos las concesionarias de servicios ferroviarios han realizado contrataciones directas con sí mismas por montos millonarios y hablando de la tragedia de Once, destacó que fueron reiteradas las advertencias de la Auditoría Nacional sobre los incumplimientos de las empresas a normas de mantenimiento de los trenes y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte había aplicado multas que se cajonearon en la Secretaría de Transporte de la Nación.

Nieva explicó que lo que la Auditoría General de la Nacion produce es información muy valiosa que debería servirle al Poder Ejecutivo para tomar decisiones que son materia de administración y para corregir situaciones que “posibilitan el desvío de recursos, que son muchos, que se aplican en subsidios, para las diversas concesiones ferroviarias”.

Recordó que la Auditoría denunció que la Secretaría de Transporte “ha establecido una operatoria con el dictado de una resolución, la 187 del año 2006, que les permite a las concesionarias, con recursos públicos, hacer contrataciones directas a sí mismas, es decir, hacer obras por administración y por un simple concurso de precios, en obras millonarias”.


Auditor Alejandro Nieva

Puso como ejemplo que “en la última auditoría que hemos aprobado, verificamos un contrato con la propia TBA, por la cual, para la construcción de 25 formaciones de coches de doble piso, por un valor superior a los mil cien millones de pesos, que se hace con un concurso de precios, en las propias oficinas de TBA y que gana una empresa de TBA”.

Sólo en el año 2011, se giraron a TBA aproximadamente mil millones de pesos en subsidios, reveló Nieva para añadir que “podemos comprender que hay cuestiones que hay que resolver para que los recursos que se dedican del presupuesto y que van a los ferrocarriles se traduzcan en mejores servicios y en mejores condiciones de seguridad para la gente”.

Consultado sobre si la Auditoría pudo establecer qué manejo han hecho las concesionarias de los suculentos subsidios nacionales, indicó que se auditó no sólo la línea del Sarmiento y el Mitre de TBA, sino también a UGOFE. “Cuando se quitó al concesión del metropolitano que estaba a cargo de Taselli, el Estado no reasume por sí la prestación del servicio, sino que le entrega la administración a las otras tres concesionarias, que son TBA, Metrovías y Ferrovías, sobre las cuales ya teníamos hechas varias auditorías, que daban cuenta de diversos incumplimientos en sus obligaciones contractuales, básicamente tareas de mantenimiento que deben realizar respecto de los bienes concesionados, porque todos los bienes siguen siendo del Estado nacional; en el caso de TBA se le entregaron más de 400 coches, locomotoras y otros bienes, que debían ser objeto de tareas mantenimiento, que lamentablemente no se hicieron como correspondía”.

Nieva remarcó que “estas son las cosas que nosotros venimos advirtiendo en diversos informes y que profundizamos en este último informe aprobado días pasados, donde decimos que no cumplen, primero con la obligación de presentar los planes de mantenimiento antes del 30 de noviembre de cada año; segundo: que los planes de mantenimiento que realizan tienen menor cantidad de intervenciones que las que están marcadas  o determinadas en la reglamentación. Es decir, se multiplican las intervenciones menores y postergan las intervenciones más importantes. Para dar un ejemplo: si uno tiene un vehículo que tiene cien mil kilómetros, no es lo mismo revisarle el aceite solamente sino que seguramente va a haber que cambiarle la pastilla de freno y mirarle otras cosas con mayor profundidad y esto lamentablemente no se hizo. Las intervenciones que se tenían que hacer con las locomotoras, con los vagones y demás no se hicieron ni se hacen con la profundidad y con el rigor al que están obligados”, precisó.

Sobre dichos de la presidenta de la Nación que el gobierno desconocía todos estos problemas, Nieva subrayó que “los advertimos en varias oportunidades; hay informes del 2003, 2005 y 2007; en el 2010 hay dos actuaciones que están para ser tratadas en el Congreso, una auditoría sobre la utilización de subsidios del Estado nacional a las concesiones ferroviarias y otro sobre los controles que hacen las CNRT y la Secretaría de Transporte respecto de TBA y otro informe que aprobamos sobre UGOFE”.

“Esta debiera ser la oportunidad para revisar en su conjunto los servicios ferroviarios, evidentemente se sigue el modelo implementado por Menem en los 90, continuado por Fernando de la Rúa, pero profundizado por el gobierno de Kirchner, en cuanto a aumentar los subsidios pero con un sistema de contrataciones y manejo de recursos que es poco y nada transparente”, advirtió.

Luego añadió que si la clase política en sintonía con la demanda de la sociedad, “va a discutir si el sistema funciona bien o si que hay que hacerle correcciones, allí se hacen muy importantes los informes de la Auditoría porque hay como una radiografía de cómo está funcionando todo”.

Tras remarcar que no es cierto que estos problemas fueran desconocidos en el Gobierno nacional, destacó Nieva que “hubo advertencias dentro de la propia administración; la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dictó una resolución en 2008 que reglamentó de alguna manera la obligación de las empresas de establecer sus planes de mantenimiento. Frente al incumplimiento –añadió- empezó a aplicar  multas que fueron a la Secretaría de Transporte y se cajoneaban. Allí ha habido una actitud de desidia, de negligencia, que creo que puede ser materia de evaluación del juez la  responsabilidad penal debido a que desde nuestro punto de vista compromete seriamente a las más altas autoridades de aplicación en materia de transporte, consintiendo este estado de cosas y sin tomar ninguna medida para corregirlas”.

“Otra cosa que dijo la presidenta es que ningún gobierno en los últimos puso tanta plata en los ferrocarriles como su gobierno; es cierto, ha ido mucho dinero ahí, pero el dinero no fue a parar a seguridad o a mejorar el servicio y esto debe importarnos a todos porque no se trata solamente de cómo viajan las personas que transitan por el área metropolitana de Buenos Aires. También existe el ferrocarril Belgrano Cargas que tiene una extensión de 13 mil kilómetros de vías y su recuperación es fundamental para la economía de Jujuy”, concluyó Nieva.El Libertario

23 de marzo de 2012

PIDEN INCLUIR LA SITUACIÓN DE FERROBAIRES EN LA DISCUSIÓN SOBRE LOS FERROCARRILES PÚBLICOS

ACTUALIDAD

A un mes de la tragedia de Once y luego de haber participado de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, el senador provincial por la UCR Orlando Costa solicitó que se incorpore a la agenda la cuestión del ferrocarril en la Provincia de Buenos Aires.



“Ferrobaires es un desastre que empeora con el transcurso del tiempo”, enfatizó el legislador y recordó que “en 2007 se firmó un convenio para que vuelva a la Nación pero no se ejecutó. Es una situación a considerar en un plan nacional de recuperación como el que se planteó en la audiencia”.
La misma se llevó a cabo este martes en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, convocada para “la reconstrucción de los ferrocarriles públicos con control social”, en la que participaron representantes de los trabajadores, de organizaciones sociales, entidades de defensores de los usuarios, de Federación Agraria, especialistas en temas ferroviarios, el Presidente de la Auditoria General de la Nación Leandro Despouy, legisladores nacionales y provinciales y dirigentes políticos.

“Está a la vista que no se puede remplazar el tren para transporte de cargas y personas en una provincia tan grande y heterogénea, además, con el deterioro y carencia de equipos que sufre el tren los pésimos servicios son causa de inseguridad para los usuarios y trabajadores”, concluyó el senador Costa.Política Tandil

16 de marzo de 2012

ANUNCIAN PROYECTO PARA CONTROL FEDERAL SOBRE EL SERVICIO FERROVIARIO

ACTUALIDAD

La titular del GEN, la diputada Margarita Stolbizer, anunció hoy que impulsará en el Congreso la creación de un régimen de control federal sobre los trenes porque, advirtió, "los servicios no garantizan ni calidad ni seguridad".

"Cuando los recursos no se administran como se debe, cuando hay corrupción, las consecuencias las paga la gente", aseveró Stolbizer y agregó que "el modelo está en crisis. Los servicios no garantizan ni calidad ni seguridad para las personas y deja en evidencia que el Estado abandonó su rol principal de garante de estas cuestiones básicas".

La dirigente opositora encabezó hoy un encuentro junto al senador Jaime Linares en la cámara alta para analizar la situación de los servicios públicos en la Argentina.


Asistieron además el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy; dirigentes gremiales y de asociaciones de usuarios y consumidores.

"Los servicios son públicos no por quien los preste sino porque deben responder al interés público", afirmó Stolbizer y anunció la presentación de un proyecto que establezca un régimen federal de participación y control sobre el servicio ferroviario.

Precisó que "usuarios y trabajadores deben estar incorporados en los mecanismos de participación y de control, el proyecto que estamos presentando está acotado al tema ferroviario".

"Separamos en un régimen federal con representación en todas las provincias para controlar todo lo que tiene que ver con el servicio ferroviario tanto de pasajeros como de carga pero incorporamos una cláusula transitoria que trabaje específicamente en un tiempo más acotado sobre la investigación de la tragedia de Once", señaló en un comunicado.

Por su parte, el senador Linares expresó que "todavía queda un Estado neoliberal remanente que no ha cambiado. Tenemos la responsabilidad como partido integrante del Frente Amplio Progresista de consolidar las propuestas y conclusiones de este encuentro a fin de proponer una alternativa para sustituir este Estado sin controles".Diario HOY

9 de marzo de 2012

BONADÍO ORDENÓ INVESTIGAR LAS CUENTAS DE LA EMPRESA T.B.A.

ACTUALIDAD

El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa por la tragedia de Once, ordenó la realización de peritajes contables para establecer la relación entre los subsidios y las tarifas percibidas por la empresa TBA y lo invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías. El viernes pasado, la Auditoría General de la Nacion (AGN) aprobó por unanimidad un duro informe sobre la relación entre el aumento del subsidio y la falta de inversión por parte de la concesionaria del Grupo Cirigliano.


Esta es la cuarta medida dada a conocer en el transcurso de la semana. El lunes, Bonadío prohibió la salida del país al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y al dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano. La misma disposición la hizo extensiva al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; el titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, y otros directivos de la empresa concesionaria, ahora intervenida.

Un día después, el juez declaró el secreto de sumario para la causa para "evitar la propagación de resultados periciales que generen confusión y sean utilizadas por las partes que intervienen en campañas periodísticas resultando perjudicadas las víctimas y la población". Mientras que el miércoles prohibió que en las formaciones de Trenes de Buenos Aires (TBA) circulen "cabinas auxiliares" sin sellar.

El peritaje ordenado esta mañana se relaciona con el informe aprobado por unanimidad y entregado al magistrado por para del AGN. El titular de la entidad de control, Leandro Despouy, resaltó que se encontraron "múltiples incumplimientos por parte de la empresa en las tareas de mantención y aplicación de los fondos de los subsidios del Estado", a pesar de "un marcado incremento" de esos giros.

Mientras que Alejandro Nieva, uno de los siete integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), se refirió al aumento de los subsidios estatales y señaló que "los números han ido creciendo en los últimos años de manera importante y exponencial. En 2005, recibían 735 millones de pesos, y en 2011, sólo TBA recibió casi 1000 millones de pesos, el 20 por ciento del total recibido por todas las empresas".Página 12

7 de marzo de 2012

EL AUDITOR DESPOUY ACUSO A SCHIAVI DE "PASIVIDAD TOTAL" HACIA T.B.A.

ACTUALIDAD

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, realizó hoy un análisis alarmante sobre la situación de los trenes en el país y acusó a la Secretaría de Transporte, a cargo de Juan Pablo Schiavi, de “pasividad total” frente a los reiterados avisos sobre un servicio deficitario. El funcionario también señaló el “comportamiento deplorable de la empresa” TBA.

Despouy entregó ayer a la Justicia un informe sobre la situación de los trenes, donde quedó demostrado que “el comportamiento empresarial ha sido muy deficiente y ha incidido en la calidad del servicio”, en diálogo con Radio Provincia.


Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy

Por otra parte, Despouy subrayó que “la CNRT le informó a la Secretaría de Transporte la situación deplorable y el comportamiento de la empresa y sin embargo la Secretaría no hizo absolutamente nada”.

Según el Auditor, “hay un engranaje perverso, enfermo, regresivo que impulsa a las empresas al incumplimiento para poder continuar recibiendo subsidios”.

Opinó que “después del ferrocidio, después de la destrucción del ferrocarril que nació con Menem, la situación no ha hecho sino empeorar. Los informes de la Auditoría lo muestran con una enorme claridad”.InfoCielo

4 de marzo de 2012

EL INFORME DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN SOBRE LA EMPRESA T.B.A.

Redacción CRÓNICA FERROVIARIA

Como lo venimos comunicando en notas anteriores, el día viernes pasado los integrantes de la Auditoría General de la Nación (A.G.N.) se reunieron y aprobaron el informe (Actuación AGN N° 303/09) realizado sobre la concesionaria ferroviaria de las Líneas Mitre y Sarmiento que es la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. (T.B.A.).

Presidente de la Auditoría General de la Nación, señor Leandro Despouy

Dicho informe, como se preveía, es muy duro. El Presidente de la A.G.N., señor Leandro Despouy, advirtió que existieron “notables causales de incumplimiento” por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires, del Grupo Cirigliano, a pesar de un “marcado incremento” en los giros de subsidios. “Contiene insumos sobre el comportamiento empresarial y manifiestos incumplimientos en las tareas de inversión mínima, en la aplicación de subsidios en lo que hace a mantenimiento y seguridad”, según informó el diario La Nación.

Para una mejor información, publicamos un link donde se puede observar el documento que consta de 362 páginas (34.54 MB) que pueden guardar o imprimir para un mejor gobierno de cada lector. Rogamos hacer circular el mismo, para que todos sepan el contenido y se enteren de la investigación realizada por la Auditoría General de la Nación.


Para leer el informe entrar al siguiente link

http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_016.pdf

29 de febrero de 2012

LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESOLVIÓ POR MAYORÍA DEBATIR EL INFORME EL DÍA VIERNES

ACTUALIDAD

Redacción CRÓNICA FERROVIARIA

En reunión realizada en el día de hoy en la Auditoría General de la Nación (AGN) por los 7 auditores que la integran, se resolvió, 4 votos contra 3, pasar a debatir el informe sobre el estado del material rodante e instalaciones de las Líneas Mitre y Sarmiento concesionada a la empresa T.B.A.

La mayoría que integra el organismo representa al gobierno nacional, por tal motivo, solicitaron postergar para el viernes el tratamiento de dicho informe, alegando que tienen que leerlo y estudiarlo y para eso solicitan dos días más para.

Presidente de la AGN, señor Leandro Despouy

"Creíamos que había una urgencia, algo impostergable. Esperemos que sólo sea un retraso de 48 hs. Estábamos en condiciones de aprobarlo hoy, porque el tema lleva mucho tiempo de tratamiento. Todos los informes sobre la empresa tiene enormes deficiencias", afirmó Leandro Despouy a La Nación

Por lo que se pudo saber, el informe sería muy duro contra la empresa, sobre la base de expedientes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de documentos de TBA y legajos de otros organismos.

23 de febrero de 2012

EL INFORME DONDE SE ADVIERTE QUE LOS TRENES DE LA LÍNEA SARMIENTO ESTABAN EN PÉSIMAS CONDICIONES

La Auditoría General de la Nación advirtió con anticipación que los trenes del ramal Sarmiento, al igual que otros, tenían serias falencias. Los sistemas de seguridad, las vías y las estaciones no tienen el mantenimiento adecuado. Aseguran que la empresa TBA no hizo caso a las advertencias.


La Auditoría General de la Nación advirtió en reiterados informes que la situación de los trenes que circulan por Buenos Aires es crítica y que así peligraba la seguridad de sus pasajeros. De manera particular, la AGN, organismo de control dependiente del Congreso, menciona al ramal Sarmiento de la empresa TBA como una de las más complicadas. Poder Ciudadano también tomó el informe para cuestionar la seguridad de esos trenes, luego de la tragedia ocurrida.

Entre las falencias detectadas, se menciona la falta de mantenimiento de los trenes, vías en mal estado, sistemas de seguridad y frenado obsoletos y sin control y hasta formaciones que viajan con las puertas abiertas a pesar de las prohibiciones. Allí también constan distintas advertencias de la Auditoría y también de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que fueron obviadas por la empresa.

Por ejemplo, de 463 deficiencias detectadas, sólo se repararon 74 un año más tarde. Pero se sumaron 106 nuevas falencias.

En las vías se detectaron durmientes rotos y fijaciones sueltas y faltantes. En cuanto al material rodante, la situación es peor. “De pudo determinar la inexistencia de un plan de mantenimiento para el material rodante, lo que se ve reflejado en el diferimiento de kilometraje en las reparaciones y en el incremento en cantidad y gravedad de fallas”, indica el informe.

En el ramal Sarmiento, se verificaron 35 unidades y 29 de ellas tenían “falencias en su estado de conservación”.


Fuente: MDZ

N. de la R.: Nos parece muy bien que la Auditoría General de la Nación investigara el estado del material rodante y tractivo de la Línea Sarmiento concesionada a la empresa T.B.A., pero para la seguridad de todos los usuarios del ferrocarril, debería hacerlo íntegramente también a todas las otras Líneas y trenes de pasajeros de larga distancia que también se encuentran, varios de ellos, en pésimas condiciones igual o peor que el material del Sarmiento.

24 de noviembre de 2011

PROYECTO SUR PIDE ANULAR LA CONCESIÓN DE LAS LÍNEAS MITRE Y SARMIENTO

El bloque de lidera “Pino” Solanas quiere que el Gobierno termine el contrato de concesión de la empresa TBA por “faltas graves recurrentes en la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros”

Los diputados nacionales de Proyecto Sur Fernando Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli presentaron un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que “disponga de manera inmediata la rescisión del contrato de concesión de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. de las ex líneas Mitre y Sarmiento por faltas graves recurrentes en la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros”.


Los diputados sostiene que “el abandono de la infraestructura ferroviaria es una muestra irrefutable e inocultable del real deterioro que se ha prolongado en todos estos años bajo la gerencia de las concesionarias del servicio de trenes de pasajeros metropolitanos”.

“Basta visitar cada paso a nivel para tomar nota de la magnitud de la falta de gasto en mantenimiento de los rieles, durmientes, sistemas de señalización, sistema de barreras, etc. Todas estas deficiencias se vienen arrastrando desde hace décadas previo al sistema de concesiones, pero jamás llegó la infraestructura al nivel de desgaste y precariedad que reviste en la actualidad”, argumentan los legisladores de Proyecto Sur.

Según los diputados, “esto demuestra categóricamente que el sistema de concesiones, diseñado en los años noventa para dar solución a 'la demanda insatisfecha en calidad y cantidad' de los diferentes ramales ferroviarios, no ha servido para modificar el escenario deficiente”.

Además, el bloque afirma que “los graves incumplimientos de la concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) como de los organismos de control y fiscalización del Estado Nacional- ambos que se registran desde el inicio del contrato- se pueden constatar en los distintos informes que posee la Auditoría General de la Nación”.

Entre otros puntos, el informe de la AGN resalta que se verificaron incumplimientos en el cronograma de mantenimiento estipulado en el contrato; se detectó que el Concesionario incurre en diferentes incumplimientos recurrentes al no responder con la debida información a los pedidos que se le hace desde la CNRT; y que “los operativos de control realizados por la Gerencia de Seguridad en el Transporte (GST) dejaron fieles muestras de la negligencia con que se maneja el concesionario TBA”.

También “se comprobó el control ineficiente” de la CNRT responsable del control y fiscalización de las concesionarias; “no se ha cumplido con la elaboración de un nuevo régimen de penalidades acorde a los cambios normativos, lo que ha derivado en un marco de sanciones carente de peso significativo”; y “el incumplimiento de las tareas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por parte de TBA, en todos los años que lleva como concesionario de las ex líneas Sarmiento y Mitre, se puede percibir como recurrente y sistemática”.

“Consideramos que el actual concesionario de las ex líneas Sarmiento y Mitre, TBA S.A., ha incurrido en faltas graves sin sancionar por el organismo de control y fiscalización oficial CNRT, todo ello en perjuicio del interés general, profundizando el deterioro de los bienes y servicios públicos ferroviarios, por lo que solicitamos a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución”, sostiene Solanas, Cardelli y Argumedo entre los fundamentos de la iniciativa.

En el mismo sentido, Proyecto Sur expresó su “más enérgico rechazo a la continuidad de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. -TBA S.A.- como ente concesionario del servicio público de pasajeros de las ex líneas Sarmiento y Mitre, así como también de su participación en la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia -UGOFE- en calidad de operador encargada del gerenciamiento de las ex líneas metropolitanas de pasajeros San Martín, General Roca y Belgrano Sur, debido a los fehacientes incumplimientos que se han registrado desde el comienzo de su gestión y responsabilidad contractual hasta la fecha”.SemanarioParlamentario.com

11 de junio de 2011

LA DEFENSORÍA DENUNCIÓ INACCESIBILIDAD EN ESTACIONES DE TRENES

Se relevaron las estaciones de Once, Retiro y Constitución en donde se constató falta de rampas, baños adaptados y elevadores. El trabajo, se generó por la gran cantidad de denuncias realizadas por pasajeros que se recepcionan en ese organismo de contralor

A raíz de la numerosa cantidad de denuncias y consultas recibidas por la falta de accesibilidad física para personas con movilidad reducida en el transporte ferroviario que circula en la Ciudad de Buenos Aires y la región Metropolitana, la Defensoría del Pueblo porteña decidió realizar un relevamiento integral sobre las condiciones de los vagones y de las estaciones de Once, Constitución y Retiro.


“Entre otras deficiencias, se comprobaron deterioros en las aceras adyacentes a la mayoría de las estaciones, existencia de rampas de accesos a los andenes antirreglamentarias con pendientes excesivas sin pasamanos o zócalos de contención, escaleras mecánicas y ascensores fuera de funcionamiento, falta de solados y guías de prevención, ausencia de comunicaciones sonoras para los usuarios con discapacidad visual y señalizaciones luminosas adecuadas para personas con limitaciones auditivas”, detalla el informe.

Además la Defensoría constató además la escasa disponibilidad de servicios sanitarios adaptados para discapacitados y que en las estaciones donde si se encuentran suelen estar cerrados o sucios.

En cuanto a los trenes, se destacó la inexistencia de plataformas que permitan el ingreso de personas con discapacidad motora a la formación.

Por último, se advirtió que las estaciones que se conectan con el servicio subterráneo no cuentan con métodos alternativos de elevación que reemplacen las escaleras a través de las cuales se accede a los puntos de trasbordo.

La Defensoría también dio a conocer los resultados del relevamiento y sus recomendaciones a la Auditoría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo nacional.

DERECHOS HUMANOS EN LA METRÓPOLIS

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Alicia Pierini y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Bonicatto convocan al III Seminario Internacional sobre Derechos Humanos del 13 al 14 de Junio de 2011 de 9 a 16 hs. en el Auditorio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sita en la Av. Callao 237.

El eje del encuentro radicará en la promoción de alianzas estratégicas y cooperativas entre las Defensorías del Pueblo, el intercambio de prácticas y modelos de gestión; como así también, la discusión sobre la cuestión metropolitana y la gestión multijuridisccional.

Los temas que más se destacarán en las mesas de diálogo y debate residirán en Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Derecho a la Salud, a un Ambiente Saludable, las Defensorías del Pueblo y su rol clave para la garantía de los Derechos Humanos, entre otros temas.(Fuente: Noticias Urbanas)

21 de febrero de 2011

DENUNCIAN AL GOBIERNO POR OCULTAR INFORMACIÓN ESENCIAL


La Auditoría General recurrió a la Justicia e involucró a varios organismos; dijo que le impiden el control.

Cansada de que algunos organismos clave del Estado persistan en retacearle información esencial para el control de su gestión, la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, debió apelar a una medida drástica: acudir a la Justicia para que destrabe esta situación, a la que califica de "inaudita mordaza" al acceso a la información.

La decisión afecta a áreas por demás sensibles de la administración pública, como el Banco Central y la AFIP, que se amparan en el secreto fiscal y bancario. Están involucrados también la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo de subsidios millonarios para el sector; la Administración de Programas Especiales (APE), en la mira de la Justicia por el otorgamiento irregular de subsidios a las obras sociales; la Sigen, que guarda para sí todos los informes sobre el contralor interno de la gestión, que la ley obliga a publicar; la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, y el organismo que controla la concesión de las obras viales (Occovi).

A las insistentes notas de la AGN, estos organismos responden con lo que en la auditoría consideran que son "artilugios" para negar la información solicitada.

"La vía judicial es un camino en curso que decidió adoptar la AGN ante la renuencia ya explícita de algunos organismos para entregarnos datos que son básicos para el control. Esta actitud implica un grave retroceso en términos de transparencia para el país, lo que afecta la confianza y las inversiones", advirtió el jefe de la AGN, el radical Leandro Despouy.


La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que ahora cuenta con mayoría opositora, fue la que autorizó a la AGN a recurrir a la Justicia. Es una medida inédita, en realidad: antes, cuando un organismo estatal retaceaba su información, la mayoría oficialista de la Comisión Mixta miraba al costado y las auditorías se demoraban.

"Es un tema difícil, hay organismos que no se dejan controlar en el marco de un Gobierno poco afecto a la transparencia. Recurrimos a la Justicia, pero es necesario que también los jueces nos acompañen", enfatizó el diputado Heriberto Martínez Oddone (UCR), presidente de la Comisión Mixta.

La apelación del legislador viene a cuento de un episodio insólito que ocurrió con una auditoría al ferrocarril Belgrano Cargas. Hace dos años, la Auditoría General de la Nación solicitó al Ministerio de Planificación una serie de expedientes, pero éste se negaba a aportarlos; agotadas las instancias, la AGN presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia y el expediente recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María José Sarmiento. Fue entonces cuando el ministerio de Julio De Vido adujo que "extravió los expedientes" solicitados, por lo que la jueza debió declarar "abstracta" la acción de amparo en septiembre último. La AGN apeló entonces la medida.

Otro final, más afortunado, tuvo la acción judicial contra la APE. El año pasado, la AGN informó a la Comisión Mixta que este organismo no le entregaba un suministro básico, una base de datos sobre su sistema de seguimiento de expedientes, llamado Pampa.

La comisión autorizó a la AGN a tomar medidas ante la Justicia; informado el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la causa sobre la mafia de medicamentos, le ordenó al APE que cumpliera con la solicitud de la AGN, lo que finalmente se hizo.

El conflicto con la Sigen

El caso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es, a juicio de auditores y legisladores, el más controvertido. "Allí se da una situación grave porque claramente se está violando la ley", opinó el auditor Javier Fernández, del oficialismo.

Desde que la Sigen quedó en manos kirchneristas -hoy es presidida por Daniel Reposo- decidió no publicar ni entregar ninguno de sus reportes, tal como publicó La Nacion.

Ante las reiteradas notas, la Sigen comenzó a remitir información, pero con cuentagotas a la AGN; los auditores -salvo el ultrakirchnerista Vicente Brusca- decidieron apelar a la Justicia.

La relación entre la AGN con la AFIP y el Banco Central (BCRA) ha sido dificultosa históricamente, relató a La Nacion el ex auditor y hoy principal asesor de la Comisión Mixta Alfredo Fólica.

En innumerables oportunidades, los auditores les solicitaron información, pero siempre se toparon con la misma valla: el secreto fiscal y bancario.

En noviembre pasado, la Comisión Mixta le envió al Banco Central un ultimátum a raíz de una auditoría en la que procuraba indagar, nada menos, que en los procedimientos que aplicó la autoridad monetaria en el salvataje financiero de los bancos durante la crisis de 2001/2002.

Los directivos del Banco Central se escudaron en el secreto bancario que está previsto en su Carta Orgánica para no hacer lugar a lo solicitado. Pero los legisladores no se conformaron e instaron al BCRA a brindar la información, pues las disposiciones de la Auditoría habilitan ese acceso.

Con la AFIP sucede algo similar, pues se recluye en el secreto fiscal para rechazar los pedidos del organismo de control.

"No son argumentos justificables, porque la AGN no se mete con las personas, sino más bien verifica el programa que la Administración Fiscal de Ingresos Públicos utiliza para fiscalizar y comprobar que éste no sea intimidatorio por cuestiones políticas", afirmaron los auditores Fólica y Despouy.Fuente: La Nación)

9 de diciembre de 2010

AHORA LA AGN INVESTIGA LA COMPRA DE TRENES

Las polémicas compras de material ferroviario a España y Portugal serán objeto de una investigación de la Auditoría General de la Nación. El miércoles pasado, en la reunión del colegio de auditores decidieron aprobar el inicio de un informe que abarcará no sólo las compras durante la gestión de Ricardo Jaime sino también las últimas adquisiciones coordinadas por el actual secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

Desembarco en Puerto de Dock Sud - Foto: Rodolfo Risciotti

Durante la gestión de Néstor Kirchner se firmaron diversos acuerdos destinados a paliar la emergencia ferroviaria. Esa tarea fue encargada personalmente a Jaime, un hombre de confianza íntima con el ex presidente fallecido. Para esta tarea, hasta se había concretado un convenio entre el Estado argentino y el español para adquirir locomotoras y vagones de Renfe, la estatal ferroviaria española. La operación se hizo a través de Expansión Exterior, una trader pública ibérica. Con Portugal se establecieron contratos similares.

El saldo de los primeros cuatro años de compra de equipamiento fue escandaloso: se gastaron 1600 millones de pesos y el 70% está tirado en galpones sin ningún uso.

Las compras se volvieron aún más polémicas cuando Clarín reveló los más de veinte mil correos que la justicia incautó al asesor principal de Jaime, Manuel Vázquez. A traves de esos mails de ida y vuelta entre Buenos Aires y Madrid se podía seguir paso a paso el proceso de adquisición de material ferroviario. La operación incluía, según las palabras del propio Vázquez, pedidos de millonarios “costes políticos” para concretar el negocio. Además, en las computadoras del asesor se encontraron facturas por cobros millonarios de comisiones a empresas involucradas en el transporte de ese material.

A pesar de los resultados, los contratos con España fueron ratificados por el ministro de Planificación Julio De Vido en un acuerdo de compras hasta el 2014. Sin embargo, en este nuevo convenio desaparecieron los intermediarios y las comisiones inexplicables que se pagaron durante la gestión Jaime. Estos pagos fueron avalados por el ex secretario con documentos que llevaban su propia firma y beneficiaban a Vázquez.

Con este panorama expuesto en los diarios y en la justicia, en su reunión plenaria, la AGN, el organismo dirigido por Leandro Despouy, decidió poner a trabajar un cuerpo de auditores para verificar en detalle todo el proceso de compra de este material que, en teoría, estaba destinado a mejorar las condiciones en que los ciudadanos viajan cada día en los trenes de cercanías de Capital y el conurbano bonaerense.(Fuente: Clarín)

DENUNCIAN FALTA DE CONTROL EN LA ÚLTIMA GESTIÓN FERROVIARIA DE JAIME

En un documento se critica a la UGOFE, la empresa que explota los trenes urbanos.

La gestión de Ricardo Jaime en la secretaría de Transporte genera aún hoy resultados polémicos. La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó, el miércoles pasado, en un durísimo informe sobre la falta de control público en el funcionamiento de UGOFE S.A., la empresa conformada por Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires que, en nombre del Estado, explota los servicios de las líneas de trenes San Martín, General Roca y Belgrano Sur. La auditoría constató “falta de transparencia” , “acotado riesgo empresario”, diferencias entre los gastos de explotación y lo ejecutado, y hasta inconsistencias en concursos de remodelación de estaciones de la línea Roca.

Según la información oficial, UGOFE es la denominación que recibe la “Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia”, una sociedad creada en 2005 por decreto presidencial y por una resolución de Transporte para “operar a cuenta y orden del Estado” la línea San Martín luego de reiterados incumplimientos de sus concesionarios. En 2007 se sumaron las otras dos líneas que pasaban por una situación similar.

Estación CAÑUELAS

Los sueldos de cada uno de los empleados de estos servicios los paga la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. con dinero del Estado que está disponible a través de un fideicomiso.

Las tres empresas que conforman UGOFE pertenecen a Claudio Cirigliano (TBA), Gabriel Romero (Ferrovías) y Benito Roggio (Metrovías). Los mails del asesor de Jaime -revelados por Clarín - mostraron vínculos muy cercanos entre el ex funcionario y estos empresarios a quienes Jaime debía controlar.

La AGN evaluó, justamente, si desde su función cumplía su rol de contralor de UGOFE. El estudio abarca hasta diciembre de 2008 cuando Jaime estaba en pleno mando de Transporte.

La AGN divide las observaciones en tres áreas. En cada una encuentra serias incronguencias.

En los aspectos legales, por ejemplo, dice que este sistema operativo de emergencia montado por el Estado no “dispone un plazo cierto ni un tiempo determinado de duración”. Jaime tenía bajo su responsabilidad poner en marcha una licitación para concesionar la línea General San Martín pero no lo hizo y -dicen los auditores- “se pudo constatar un acotado riesgo empresario: indemnidad a favor del operador; ausencia de régimen de penalidades”. Además, aseguran que el procedimiento de contratación para obras de mantenimiento “no garantiza los principios de publicidad, concurrencia, competencia y transparencia que deben regir en materia de contrataciones públicas”.

En términos contables, la situación no es mejor. Hay demoras en las rendiciones cuentas de la sociedad y en la aprobación que debe hacer la Secretaría de esos números. Peor aún, el informe constata “diferencias entre lo estimado en gastos mensuales de explotación y lo realmente ejecutado”.

Por último, la auditoría marca irregularidades en las obras de remodelación donde, por ejemplo, se hicieron llamados a licitación para la remodelación de las estaciones de la ex Línea Roca sin que existieran “precios de referencia en forma previa al concurso”. Esto es, en palabras claras, se licitó sin parámetros de precios. Entre las observaciones también se cuenta una probada falta de correlación “entre los anticipos de gastos pagados por el Estado y los avances certificados en la ejecución de la obra autorizada por la Secretaría de Transporte”.

La UGOFE y el crimen de Ferreyra

La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) estuvo en el centro de la escena política luego del crimen de Mariano Ferreyra. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado en medio de un reclamo en las vías de la Línea Roca por el despido de un grupo de trabajadores tercerizados.

El caso reveló una trama que mezcla millones de pesos del Estado, sindicatos y política. Según comprobó la justicia, a Ferreyra lo mató una patota contratada por dirigentes de la Unión Ferroviaria que querían impedir la protesta y el corte de las vías.

En la causa consta que el principal acusado, Cristian Favale, se comunicó 17 veces con el móvil de Joaquín Acuña, el presidente de Ugofe.

En rigor, según documentos del expediente, Favale ya estaba anotado -propuesto por un dirigente de la Unión Ferroviaria- para ingresar como empleado de UGOFE en la línea Roca. En caso de aceptarlo, su sueldo lo iba a pagar el Estado nacional.

¿Qué es la AGN?

La Auditoría General de la Nación audita los contratos públicos del estado nacional luego de ejecutados. Depende del congreso de la Nación. Su presidente debe ser siempre de la oposición parlamentaria. Actualmente. es Leandro Despouy, un abogado radical que ha impulsado una serie de medidas de transparencia dentro de la misma AGN y tiene problemas con algunos auditores nombrados por el kirchnerismo.(Clarín)

20 de noviembre de 2010

PROYECTO DE LEY EN DEFENSA DEL PATRIMONIO FERROVIARIO DEL ESTADO NACIONAL

Redacción y fotos: CRÓNICA FERROVIARIA

Mediante Nro. de Expediente 8182-D-2010, Trámite Parlamentario 172 (12-11-2010) y con el nombre de Sumario: "BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO FERROVIARIO. SE ESTABLECE QUE LA DESAFECTACION Y/O DISPOSICION REQUIERE PREVIA SANCION DE UNA LEY APROBATORIA DEL CONGRESO" que fuera firmado por los siguientes Diputados Nacionales: LINARES, MARIA VIRGINIA - ALCUAZ, HORACIO ALBERTO - STOLBIZER, MARGARITA ROSA - PERALTA, FABIAN FRANCISCO - MILMAN, GERARDO FABIAN - SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL, fue girado a las Comisiones de LEGISLACION GENERAL; TRANSPORTES; ASUNTOS CONSTITUCIONALES; PRESUPUESTO Y HACIENDA para su discusión y dictamen.

Dicho proyecto de Ley, dice lo siguiente:

Talleres Ferroviarios ALTA CÓRDOBA


El Senado y Cámara de Diputados

Artículo 1º.- La desafectación y/o disposición de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio ferroviario del Estado Nacional requerirá la previa sanción de una ley aprobatoria del Congreso de la Nación.

Artículo 2º.- La Auditoría General de la Nación deberá adoptar los recaudos pertinentes para producir un informe con periodicidad anual sobre la gestión de las autoridades competentes en todo lo relativo a la administración, transferencia, desafectación y eventual disposición de los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio ferroviario del Estado nacional, se encuentren o no concesionados


Estación GENERAL PAZ


Artículo 3º.- Déjase sin efecto toda otra normativa que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Proyecto que proponemos tiene su plena justificación en la Constitución Nacional, que establece en su artículo 75 inciso 5 que le corresponde al Congreso "disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional."

Entre las tierras de propiedad nacional mencionadas se encuentran las que forman parte de los ferrocarriles nacionales, sobre los que el Estado Nacional, a pesar del sistema de concesionamiento adoptado, ha conservado la titularidad sobre los bienes de su dominio, se encuentren o no concedidos y/o afectados o desafectados de la explotación.

Interior de los Talleres Ferroviarios Tafí Viejo


Sobre el particular cabe señalar que a partir de la nacionalización de los ferrocarriles, a través de diversas leyes, se fueron otorgando al Poder Ejecutivo Nacional instrumentos para la explotación de los mismos, delegando entre otros aspectos la administración y la disposición de los bienes que constituían el patrimonio ferroviario.

El proceso de Reforma del Estado iniciado a partir de 1989 produjo una gran cantidad y variedad de normas, derivadas principalmente de las leyes Nº 23.696 y Nº 23.697, que regularon y dispusieron sobre la transferencia de los bienes ferroviarios, cuyos resultados seguramente constarán en el debe de la historia argentina, historia que en este aspecto aún se encuentra pendiente de ser investigada, narrada y documentada en su totalidad.



En virtud de las leyes anteriormente citadas se dictaron una gran cantidad de Leyes, Decretos y Resoluciones para facilitar la desafectación, transferencia y disposición de los bienes inmuebles que constituían el patrimonio de la ex empresa Ferrocarriles Argentinos.

Entre toda la normativa dictada, merece nuestra atención el Decreto Nº 1.383 de fecha 29 de noviembre de 1996, por el cual, además de resolverse sobre la creación del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF), se regula sobre el dominio y la transferencia de los bienes ferroviarios.

Por el artículo 5º del Decreto Nº 1.383/96 se regula la afectación y desafectación de los bienes inmuebles ferroviarios. Transcribimos el texto del artículo citado: "Art. 5°- Los bienes asignados al ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) por el Articulo 1° del presente decreto, se declaran innecesarios en los términos del Articulo 17 de la Ley N° 24.146 y con los alcances del Articulo 60 de la Ley N° 23.697, con la sola exclusión de las terminales ferroviarias que se encuentran comprendidas en el Articulo 5° del Decreto N° 1143 del 14 de junio de 1991. La incorporación de nuevos bienes inmuebles a los contratos de concesión del sistema ferroviario de pasajeros o carga, o la desafectación de aquellos que fueron entregados oportunamente en concesión, será dispuesta por la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, dependiente del MlNISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a solicitud del concesionario o del ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF), y con la previa intervención de los mismos y de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE".

Con relación a la Ley Nº 24.146 cabe señalar que la misma ha fenecido, ya que el D.N.U. Nº 1247 de fecha 28 de diciembre de 2000 estableció su última prórroga hasta el 31 de diciembre de 2003.

Por otra parte, la delegación al P.E.N. realizada por el artículo 60 de la Ley Nº 23.697 ha caducado en fecha 24 de agosto de 2010.

La función atribuida por el artículo 5º del Decreto 1.383/96 a la entonces Secretaría de Obras Públicas y Transporte del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, es ejercida en la actualidad por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Dicha función ha permanecido invariable ya que no fue prevista al dictarse la Ley Nº 26.352 de Reordenamiento de la Actividad Ferroviaria, que estableció en su artículo 14 inciso h) que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios fuera competente para otorgar la autorización correspondiente para el supuesto de disposición de bienes inmuebles ferroviarios, sin mencionar el paso previo que es la desafectación de los mismos.

Tampoco fue prevista tal circunstancia en las amplias atribuciones otorgadas por dicha Ley a la empresa Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (véanse por ejemplo los artículos 3º y 6º de la ley Nº 26.352, ni tampoco en su Decreto Reglamentario, normativa que fuera adoptada del Decreto Nº 1383/96, artículo 8, inciso a), d) y artículo 10, incisos f) g) j), ll) m) n) y o), y cuyo antecedente se encuentra en lo dispuesto sobre el uso y disposición de los bienes ferroviarios en la Ley Nº 18.360 de creación de la ex - empresa Ferrocarriles Argentinos.

Teniendo en cuenta el criterio por el cual el Poder Legislativo no ha perdido sus atribuciones de ejercer las facultades que le otorga la Constitución Nacional, pudiendo ejercer sus atribuciones en cualquier momento o condicionar las que había dado con anterioridad, proponemos en esta instancia que las autorizaciones que se otorguen con el fin de desafectar bienes inmuebles ferroviarios, como así también para la disposición de dichos bienes, requieran para hacerse efectivas del dictado previo de una ley aprobatoria del Congreso Nacional.

Como primera consideración nos remitimos a lo expuesto al inicio de esta fundamentación: el Congreso posee la atribución de disponer del uso y de la enajenación de los bienes de propiedad nacional.

De aprobarse este Proyecto de Ley, el Poder Legislativo, haciendo uso de sus atribuciones, participaría en la decisión sobre la desafectación y/o disposición de los bienes inmuebles ferroviarios, mediante el tratamiento de una ley específica, donde se analizarían los antecedentes que remita el Poder Ejecutivo y se consideraría la aprobación o no de lo propuesto.

Debemos recordar que ya en ocasión del tratamiento de la Ley Nº 26.352, varios legisladores cuestionaron las amplias facultades que se estaban otorgando al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (ver por ejemplo, en tal sentido, los Dictámenes de las Diputadas Quiroz y Naim y del Diputado Pérez, como también el Dictamen de los Diputados Bullrich, Lix Klett y Brillo y el Dictamen del Diputado Lozano, Orden del Día 2.746 del 2007).

Debemos mencionar asimismo que con igual criterio la entonces Senadora Nacional y actual Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, al presentar el 27 de marzo de 1996 un Proyecto de Ley referido al establecimiento del Sistema de Disposición y Administración de Bienes del Estado Nacional (Expte. 297-S-1996), había propuesto que: "La desafectación de los bienes inmuebles de cualquiera de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 3º de la presente ley, sólo podrá efectuarse mediante el dictado de Ley del Congreso de la Nación" (Artículo 23º del citado Proyecto de Ley).

Pero también queremos resaltar lo reiteradamente expuesto y anunciado por el Gobierno en cuanto a la implementación de un Plan Estratégico de Transporte Ferroviario, desarrollado para la recuperación del sistema ferroviario de transporte de pasajeros y de carga, en virtud del cual será necesaria la disponibilidad de gran cantidad de inmuebles ferroviarios, especialmente para la instrumentación del transporte multimodal, que requiere el mejoramiento de los nodos correspondientes, como también para dotar de mejor accesibilidad para el transporte de pasajeros, ya sea con relación al transporte interurbano de pasajeros, como en las áreas metropolitanas, especialmente la de Buenos Aires.

De concretarse alguno de esos proyectos, sería ilusorio pretender la utilización o disposición de determinados bienes inmuebles ferroviarios estratégicamente ubicados si durante todo el tiempo que demande la elaboración, tratamiento y eventual aprobación de dicho Plan, el Sr. Secretario de Transporte y el Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a su sólo arbitrio pudieran desafectar y/o disponer de cualquiera de ellos, sin haberse considerado la opinión del Congreso sobre dicho Plan Estratégico, ni avanzado en la consideración de los programas y los proyectos que lo componen.

Por ello, mediante un Proyecto de Resolución que se presenta en forma separada, estamos proponiendo se solicite al Poder Ejecutivo Nacional la remisión de dicho Plan a fin de su consideración y eventual aprobación de este Congreso.

Finalmente, en el presente Proyecto hemos considerado conveniente que tome intervención en forma periódica la Auditoría General de la Nación en el control de las acciones que se ejerciten con relación al patrimonio inmobiliario ferroviario.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de las Sras. Diputadas y Sres. Diputados en la aprobación del presente Proyecto de Ley.-

Artículo enviado por el señor Leandro Ilaria.