La gestión de Ricardo Jaime en la secretaría de Transporte genera aún hoy resultados polémicos. La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó, el miércoles pasado, en un durísimo informe sobre la falta de control público en el funcionamiento de UGOFE S.A., la empresa conformada por Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires que, en nombre del Estado, explota los servicios de las líneas de trenes San Martín, General Roca y Belgrano Sur. La auditoría constató “falta de transparencia” , “acotado riesgo empresario”, diferencias entre los gastos de explotación y lo ejecutado, y hasta inconsistencias en concursos de remodelación de estaciones de la línea Roca.
Según la información oficial, UGOFE es la denominación que recibe la “Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia”, una sociedad creada en 2005 por decreto presidencial y por una resolución de Transporte para “operar a cuenta y orden del Estado” la línea San Martín luego de reiterados incumplimientos de sus concesionarios. En 2007 se sumaron las otras dos líneas que pasaban por una situación similar.
Estación CAÑUELAS
Los sueldos de cada uno de los empleados de estos servicios los paga la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. con dinero del Estado que está disponible a través de un fideicomiso.Las tres empresas que conforman UGOFE pertenecen a Claudio Cirigliano (TBA), Gabriel Romero (Ferrovías) y Benito Roggio (Metrovías). Los mails del asesor de Jaime -revelados por Clarín - mostraron vínculos muy cercanos entre el ex funcionario y estos empresarios a quienes Jaime debía controlar.
La AGN evaluó, justamente, si desde su función cumplía su rol de contralor de UGOFE. El estudio abarca hasta diciembre de 2008 cuando Jaime estaba en pleno mando de Transporte.
La AGN divide las observaciones en tres áreas. En cada una encuentra serias incronguencias.
En los aspectos legales, por ejemplo, dice que este sistema operativo de emergencia montado por el Estado no “dispone un plazo cierto ni un tiempo determinado de duración”. Jaime tenía bajo su responsabilidad poner en marcha una licitación para concesionar la línea General San Martín pero no lo hizo y -dicen los auditores- “se pudo constatar un acotado riesgo empresario: indemnidad a favor del operador; ausencia de régimen de penalidades”. Además, aseguran que el procedimiento de contratación para obras de mantenimiento “no garantiza los principios de publicidad, concurrencia, competencia y transparencia que deben regir en materia de contrataciones públicas”.
En términos contables, la situación no es mejor. Hay demoras en las rendiciones cuentas de la sociedad y en la aprobación que debe hacer la Secretaría de esos números. Peor aún, el informe constata “diferencias entre lo estimado en gastos mensuales de explotación y lo realmente ejecutado”.
Por último, la auditoría marca irregularidades en las obras de remodelación donde, por ejemplo, se hicieron llamados a licitación para la remodelación de las estaciones de la ex Línea Roca sin que existieran “precios de referencia en forma previa al concurso”. Esto es, en palabras claras, se licitó sin parámetros de precios. Entre las observaciones también se cuenta una probada falta de correlación “entre los anticipos de gastos pagados por el Estado y los avances certificados en la ejecución de la obra autorizada por la Secretaría de Transporte”.
La UGOFE y el crimen de Ferreyra
La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) estuvo en el centro de la escena política luego del crimen de Mariano Ferreyra. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado en medio de un reclamo en las vías de la Línea Roca por el despido de un grupo de trabajadores tercerizados.
El caso reveló una trama que mezcla millones de pesos del Estado, sindicatos y política. Según comprobó la justicia, a Ferreyra lo mató una patota contratada por dirigentes de la Unión Ferroviaria que querían impedir la protesta y el corte de las vías.
En la causa consta que el principal acusado, Cristian Favale, se comunicó 17 veces con el móvil de Joaquín Acuña, el presidente de Ugofe.
En rigor, según documentos del expediente, Favale ya estaba anotado -propuesto por un dirigente de la Unión Ferroviaria- para ingresar como empleado de UGOFE en la línea Roca. En caso de aceptarlo, su sueldo lo iba a pagar el Estado nacional.
¿Qué es la AGN?
La Auditoría General de la Nación audita los contratos públicos del estado nacional luego de ejecutados. Depende del congreso de la Nación. Su presidente debe ser siempre de la oposición parlamentaria. Actualmente. es Leandro Despouy, un abogado radical que ha impulsado una serie de medidas de transparencia dentro de la misma AGN y tiene problemas con algunos auditores nombrados por el kirchnerismo.(Clarín)
