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16 de octubre de 2013

AVANZA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMPRA DE TRENES EN ESPAÑA

ACTUALIDAD

El juez Ercolini pidió a España toda la información que existe sobre el negocio de 200 millones de euros por la adquisición de locomotoras y coches. El 44% no funciona.

Fue un gran negocio donde hubo coimas. Eso está registrado en la documentación que llegó de España para una causa que tenía en su juzgado el juez Norberto Oyarbide. Pero ese expediente quedó anulado por la inacción del fiscal Guillermo Noailles, que no presentó un recurso ante la Corte para evitar que los mails del testaferro de Ricardo Jaime se descartaran como prueba.

Legisladores radicales hicieron una denuncia luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) hiciera un informe categórico acerca de lo desastrosa que fue la compra de vagones. En ese informe se determinó que el 44% de lo comprado está inutilizado. Y también que hubo el Estado argentino no controló el material rodante que venía al país, para-como lo habían anunciado- modernizar el parque ferroviario de la región urbana.

Ex Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Ricardo Jaime

El caso, a partir de la denuncia de los radicales, quedó en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Federico Delgado. Delgado fue contundente: cuando impulsó la investigación dijo que, según los datos de la AGN, había que llamar a indagatoria a todos los involucrados en la maniobra. Uno de ellos es Jaime, quien como ex secretario de Transporte manejó la operación y además autorizó a su testaferro Manuel Vázquez a cobrar comisiones/coimas por la intermediación entre España y Argentina.

La información donde se revela que una consultora de Vázquez, autorizada por Jaime, cobró más de dos millones de euros por  hacer nada en la operación llegó desde España al juzgado de Oyarbide. Pero Ercolini-para evitar nulidades- pidió a Madrid que envíen todos los datos de la compra. La Cancillería será la encargada de que el pedido llegue rápido a España lo mismo que la respuesta. En el caso anterior, el juez español que le respondió el pedido a Oyarbide se sorprendió porque el trámite había tardado cerca de un año.

Ercolini hizo su pedido a España a partir de los datos del informe de la AGN. Allí también se explica que empresas intermediarias españolas cobraron por hacer tareas de control que no se hicieron. El fiscal Delgado estimó que ese dinero había ido a parar a los "bolsillos de alguien". Jaime es el principal implicado en el negociado. Mediante una carta membretada, pero no protocolizada, autorizó a Vázquez y su socio de Madrid a quedarse con una tajada. Ese dinero se depositó en España y seguramente ya ha circulado por varios lugares desde que en 2010 se descubrió el entramado corrupto de la Secretaría de Transporte cuando se conoció el contenido de los mails de Vázquez.


Buena parte del material rodante no funciona. Y se encuentra arrumbado en varios depósitos ferroviarios. Ercolini le pidió al ministro de Transporte Florencio Randazzo que diga dónde están los trenes inservibles comprados en España. En Tribunales no descartan que el juez quiera ver por sí mismo el estado en el que se encuentran vagones y locomotoras que costaron millones a todos los argentinos. Algunos argentinos-Jaime y otros- se quedaron con parte de esos millones. InfoBAE

27 de febrero de 2011

RELACIONES PELIGROSAS DE TOMADA Y RIGHI CON PEDRAZA

Según una investigación del fiscal Stornelli, el consorcio T&C, presidido por quien es hoy el actual ministro de Trabajo, fue contratado en 1998 por la Unión Ferroviaria. En ese entonces, recibió 150 mil dólares por el convenio con una obra social. Por su parte, el candidato a la presidencia, Pino Solanas, denunció que el estudio del hijo de Esteban Rigui defendió a Pedraza en una causa por malversación de aportes de afiliados

La detención de José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria acusado de instigar el crimen del militante Mariano Perreyra, puede tener un alcance insospechado dentro del gobierno nacional.

En este sentido, hoy trascendió un dato clave en un adelanto del libro que publicará el periodista Daniel Santoro “Sr. Juez, una biografía judicial de Norberto Oyarbide”. Según allí se cuenta, en el marco de una causa que investigaba a 120 sindicalistas y consultoras por el desvío de un crédito de 285 millones de dólares del Banco Mundial, el fiscal Carlos Stornelli logró una información sorprendente.

En el año 1998, la Unión Ferroviaria contrató a la consultora T&C, que estaba presidida por Carlos Tomada, en ese entonces, abogado de la CGT. Por su asesoría, la consultora recibió la suma de “por los menos 150 mil dólares”.

De acuerdo a lo publicado por Santoro, “al fiscal le llamó la atención la extraña cercanía entre la fecha de inicio de funciones de la firma y la fecha del convenio con esta Obra Social”. Es que al observar la fecha de impresión del talonario de facturación de T&C, que se abre el 15 de noviembre de 1998 y funciona hasta marzo de 1999, sin extender ninguna factura a otro sindicato o empresa, es de suponer que la empresa del actual ministro de Trabajo Carlos Tomada, se habría constituido sólo para ese contrato.

Por su parte, quien también puede verse complicado con la detención del líder de los ferroviarios, es el Procurador de la Nación, Esteban Righi.

En una entrevista radial, el candidato residencial por Proyecto Sur, Pino Solanas confirmó que el estudio jurídico Righi y Asociados –que hoy maneja el hijo del Procurador, Federico; su segunda esposa, Ana García, y sus socios históricos Fabián Musso y Daniel Carral- fue el elegido por Pedraza para defenderlo en una causa por malversación de fondos de aportes de afililiados.

Concretamente, un juicio en el que se lo acusa de haberse quedado con más de 30 millones de pesos de aportes de empleados destinados a la construcción de un funeraria para los ferroviarios, que nunca se hizo.

En una entrevista, en la que Solanas denunció el vaciamiento de los talleres de trenes en el país y el saqueo ferroviario, contó que “Cuando fui a verlo al Procurador y le expuse este tema, me dijo que no estaba al tanto de estas denuncias”.

“La presidenta tendrá presente que Néstor Kirchner sufrió un impacto con la muerte de Ferreyra, que se dio pocos días antes de su fallecimiento”, finalizó Solanas, quien se mostró satisfecho por la detención de Pedraza, a quien calificó como “una de las cabezas más corruptas del sindicalismo argentino y del saqueo ferroviario”. (Fuente: LaPolíticaonline)

21 de febrero de 2011

DENUNCIAN AL GOBIERNO POR OCULTAR INFORMACIÓN ESENCIAL


La Auditoría General recurrió a la Justicia e involucró a varios organismos; dijo que le impiden el control.

Cansada de que algunos organismos clave del Estado persistan en retacearle información esencial para el control de su gestión, la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, debió apelar a una medida drástica: acudir a la Justicia para que destrabe esta situación, a la que califica de "inaudita mordaza" al acceso a la información.

La decisión afecta a áreas por demás sensibles de la administración pública, como el Banco Central y la AFIP, que se amparan en el secreto fiscal y bancario. Están involucrados también la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo de subsidios millonarios para el sector; la Administración de Programas Especiales (APE), en la mira de la Justicia por el otorgamiento irregular de subsidios a las obras sociales; la Sigen, que guarda para sí todos los informes sobre el contralor interno de la gestión, que la ley obliga a publicar; la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, y el organismo que controla la concesión de las obras viales (Occovi).

A las insistentes notas de la AGN, estos organismos responden con lo que en la auditoría consideran que son "artilugios" para negar la información solicitada.

"La vía judicial es un camino en curso que decidió adoptar la AGN ante la renuencia ya explícita de algunos organismos para entregarnos datos que son básicos para el control. Esta actitud implica un grave retroceso en términos de transparencia para el país, lo que afecta la confianza y las inversiones", advirtió el jefe de la AGN, el radical Leandro Despouy.


La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que ahora cuenta con mayoría opositora, fue la que autorizó a la AGN a recurrir a la Justicia. Es una medida inédita, en realidad: antes, cuando un organismo estatal retaceaba su información, la mayoría oficialista de la Comisión Mixta miraba al costado y las auditorías se demoraban.

"Es un tema difícil, hay organismos que no se dejan controlar en el marco de un Gobierno poco afecto a la transparencia. Recurrimos a la Justicia, pero es necesario que también los jueces nos acompañen", enfatizó el diputado Heriberto Martínez Oddone (UCR), presidente de la Comisión Mixta.

La apelación del legislador viene a cuento de un episodio insólito que ocurrió con una auditoría al ferrocarril Belgrano Cargas. Hace dos años, la Auditoría General de la Nación solicitó al Ministerio de Planificación una serie de expedientes, pero éste se negaba a aportarlos; agotadas las instancias, la AGN presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia y el expediente recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María José Sarmiento. Fue entonces cuando el ministerio de Julio De Vido adujo que "extravió los expedientes" solicitados, por lo que la jueza debió declarar "abstracta" la acción de amparo en septiembre último. La AGN apeló entonces la medida.

Otro final, más afortunado, tuvo la acción judicial contra la APE. El año pasado, la AGN informó a la Comisión Mixta que este organismo no le entregaba un suministro básico, una base de datos sobre su sistema de seguimiento de expedientes, llamado Pampa.

La comisión autorizó a la AGN a tomar medidas ante la Justicia; informado el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la causa sobre la mafia de medicamentos, le ordenó al APE que cumpliera con la solicitud de la AGN, lo que finalmente se hizo.

El conflicto con la Sigen

El caso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es, a juicio de auditores y legisladores, el más controvertido. "Allí se da una situación grave porque claramente se está violando la ley", opinó el auditor Javier Fernández, del oficialismo.

Desde que la Sigen quedó en manos kirchneristas -hoy es presidida por Daniel Reposo- decidió no publicar ni entregar ninguno de sus reportes, tal como publicó La Nacion.

Ante las reiteradas notas, la Sigen comenzó a remitir información, pero con cuentagotas a la AGN; los auditores -salvo el ultrakirchnerista Vicente Brusca- decidieron apelar a la Justicia.

La relación entre la AGN con la AFIP y el Banco Central (BCRA) ha sido dificultosa históricamente, relató a La Nacion el ex auditor y hoy principal asesor de la Comisión Mixta Alfredo Fólica.

En innumerables oportunidades, los auditores les solicitaron información, pero siempre se toparon con la misma valla: el secreto fiscal y bancario.

En noviembre pasado, la Comisión Mixta le envió al Banco Central un ultimátum a raíz de una auditoría en la que procuraba indagar, nada menos, que en los procedimientos que aplicó la autoridad monetaria en el salvataje financiero de los bancos durante la crisis de 2001/2002.

Los directivos del Banco Central se escudaron en el secreto bancario que está previsto en su Carta Orgánica para no hacer lugar a lo solicitado. Pero los legisladores no se conformaron e instaron al BCRA a brindar la información, pues las disposiciones de la Auditoría habilitan ese acceso.

Con la AFIP sucede algo similar, pues se recluye en el secreto fiscal para rechazar los pedidos del organismo de control.

"No son argumentos justificables, porque la AGN no se mete con las personas, sino más bien verifica el programa que la Administración Fiscal de Ingresos Públicos utiliza para fiscalizar y comprobar que éste no sea intimidatorio por cuestiones políticas", afirmaron los auditores Fólica y Despouy.Fuente: La Nación)

29 de noviembre de 2010

PARA SOLANAS ES "UNA ESTAFA"

El precandidato presidencial de Proyecto Sur, el diputado Fernando "Pino" Solanas, denunció que Cristina Kirchner cometió un "atentado" contra la industria nacional al haber promovido la importación de trenes y reiteró que gran parte de esa adquisición fue "una estafa y un negociado".

"Cuando la presidenta va a China y dice: 'Voy a comprar 10 mil millones de dólares de material ferroviario', es una verdadera locura, es un atentado contra la Argentina", enfatizó Solanas.

El legislador completó: "Con la mitad de esos 10 mil millones de dólares, se reconstruye todo el circuito ferroviario, se pone el funcionamiento todo los grandes talleres fábrica y se hacen nacer cientos de fábricas subsidiarias y, con la otra mitad, se reconstruye la flota marítima y fluvial, la industria petrolera y la fábrica de aviones".

Diputado Nacional, señor Fernando "Pino" Solanas


Luego, insistió con que gran parte de las compras de trenes al exterior constituyó "una estafa y un negociado", en nueva crítica contra la Secretaría de Transporte, encabezada entre el 2003 y el 2007 por Ricardo Jaime.

El ex funcionario está procesado por el juez federal Claudio Bonadio en una causa en la que fue acusado de concretar una docena de viajes a varios países entre 2006 y 2008 con pasajes pagados por empresas a las que debía controlar como máximo responsable de la Secretaría de Transporte.

Además, el magistrado federal Norberto Oyarbide investiga también a Jaime y su familia por presunto enriquecimiento ilícito, con la hipótesis de que el ex secretario de Transporte es propietario de un avión y un yate.(Fuente y foto: TN)

21 de noviembre de 2010

JAIME BAJO SOSPECHA: LAS PRUEBAS DEL NEGOCIADO EN LA MILLONARIA COMPRA DE TRENES

El secretario de Transporte de Kirchner dirigió la adquisición de material ferroviario. Todo indica que se pagaron precios inflados y altas comisiones. Lo revelan correos privados de su asesor

Un correo electrónico enviado desde Madrid a Manuel Vázquez, asesor y hacedor de negocios del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, dice así: “no es presentable que el pasado viernes aparezcan unos costes políticos que triplican el millón de dólares del que se había hablado”.El correo está escrito por Miguel Angel Lorente, un socio de Vázquez en España, con quien coordinaba una operación de cientos de millones de dólares por la venta de vagones y locomotoras entre el Estado español y el argentino. Lo que sigue es de una sinceridad brutal: “los costes políticos son o no son, pero no se improvisan al final”, reclama Lorente en el mismo mail. Este fragmento es sólo el principio de una cadena de cientos de correos a los que accedió Clarín en exclusiva, sobre el escandaloso proceso de negociación para la compra de material ferroviario que comenzó en 2005 y que tiene continuidad aún hoy.

Playa de Cargas Kilo Cinco - Foto: Pablo Salgado


La información surge de las computadoras del propio Vázquez, cuyos archivos fueron examinados por la Justicia. Vázquez es un consultor experto en empresas fantasmas que asesoraba a Jaime y que fue designado oficialmente por el entonces secretario de Transporte para llevar adelante gran parte de las negociaciones. ¿Un detalle? Esa relación comercial entre Argentina y España para que nuestro país se provea de material ferroviario sigue vigente.

En nombre del kirchnerismo, Jaime encabezó el intento de mejorar el abandonado sistema ferroviario argentino. Hombre de extrema confianza del ex presidente Néstor Kirchner –de quien había sido funcionario durante su mandato como gobernador de Santa Cruz– en 2003 fue ubicado en una secretaría estratégica en cuanto al manejo de fondos, una de las áreas más ricas del Estado. Aunque estaba bajo la conducción formal del ministro de Planificación Julio De Vido, Jaime tenía línea directa con el fallecido ex presidente. Estuvo al frente de la repartición que distribuyó millonarios subsidios a las empresas de transporte desde 2003 hasta la derrota electoral del kirchnerismo en 2009. Fue entonces, cuando ya Jaime estaba siendo investigado por su sorprendente crecimiento econónico personal, cuando Kirchner decidió alejarlo del poder.

Puerto Dock Sud - Coches Motores Serie 593 - Foto: Pablo Salgado

En los mails sobre las operaciones ferroviarias a los que accedió Clarín, hay un frenético ida y vuelta donde se escribe sobre el reparto de “comisiones”, la definición de “porcentajes para cada uno” y hasta el mínimo detalle sobre la compra de esos trenes que en una primera etapa llegaron al país pero luego acabaron, la mayoría, como chatarra (ver página 36). El contenido de esos correos es parte de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra Jaime que llevan adelante el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo.

El 14 de octubre de 2005, en el hotel Fonseca de Salamanca, el ex presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaron un acuerdo de cooperación para la provisión de material ferroviario que ya había comenzado a acordarse casi un año antes a través de acuerdos entre el ministerio de Planificación argentino y el de Fomento español. El trato consistía en que las empresas estatales ferroviarias españolas, RENFE y FEVE, iban a proveer a Argentina de “material rodante disponible”, que sería refaccionado en talleres ferroviarios de nuestro país. Se trataba de un negocio entre Estado y Estado, que buscaba paliar la desastrosa situación de los trenes urbanos de Capital y Gran Buenos Aires, y de paso reactivar los talleres y recuperar algo de la mano de obra ferroviaria que se eliminó en la década del noventa.

Del lado argentino, la tarea de convertir las buenas intenciones en realidad fue encomendada a Jaime. Del otro lado del océano, decidieron que el trato estuviera a cargo de Expansión Exterior, una empresa pública española cuya tarea es fomentar el comercio exterior español.

En ese marco, Vázquez (en el nombre de Jaime) y su socio comenzaron a negociar. Y empiezan los intercambios de mails. El 29 de julio de 2005, por ejemplo, Lorente le escribe que habló con Juan Barba, director de Expansión Exterior, y que, según su relato, Barba le dijo: “que a ver si nos aclaramos tú y yo sobre los costes políticos, porque tú seguías diciendo que era parte del 11 por ciento que se había barajado al principio”.

Esa misma madrugada, Lorente había mandado sus quejas por los cambios en esos “costes”, es decir, por un repentino aumento de esos “costes”. En otra parte de su escrito, el consultor dice: “es difícil defender por mi parte la postura argentina, cuando se ponen sobre la mesa, por escrito y firmados por ti el día 22, esos cobros politicos desorbitados, de última hora y con facturas”.

Un mes y medio más tarde, el 13 de septiembre, Lorente se muestra más relajado y manda el siguiente correo electrónico: “Juan (por Juan Barba) ha sido muy amable en invitarme a sus oficinas. Fundamentalmente, me ha detallado algunas partidas agregadas en su mail:

* los fees de Cyaes-Caesa (50/50) que ascienden a 2.294.255 euros están incluidos en la partida ‘proveedores’”.

¿Qué quiere decir ese mail? “Cyaes-Caesa” es el nombre de la consultora que pertenece a Vázquez y Lorente. Quien mejor define esta sociedad es nada menos que Ricardo Jaime: en una carta con membrete oficial fechada el 13 de marzo de 2006, el ex secretario de Transporte consignó que “la empresa Controles y Auditorías Especiales tiene amplio conocimiento y antecedentes en adquisiciones de organismos gubernamentales y está autorizada a negociar la retribución de su gestión por cada operación y por cada proveedor local o internacional. Dicha retribución formará parte del costo final que pague el Gobierno”. Esa autorización firmada por Jaime revela que la empresa del asesor del funcionario cobraba comisiones que pagaba el Estado argentino. La carta estaba dirigida a Barba, el director general comercial y financiero de “Expansión Exterior”.

Si la Justicia sospecha que Vázquez pudo haber sido una de las personas que ayudó a quienes rodean a Jaime a tener más bienes que los que sus ingresos razonablemente permiten, se puede deducir que el ex secretario de Estado tenía mucho interés en conseguir que la empresa de su asesor cobrara comisiones por la operación que él comandaba para el gobierno argentino.

De los mails se infiere que tuvieron éxito en ese objetivo. El 17 de mayo de 2007, Lorente le escribe a Vázquez: “Querido Manuel, he recibido el abono de 1.021.433,87 euros de Expansión Exterior”. Es decir, que finalmente habían cobrado.

El asesor de Jaime le responde: “nuevamente repasemos nuestros benditos números, pero antes que nada demos gracias a Dios que estos bandidos finalmente nos entregaron los valores, aunque sea una parte”.

Y en ese mail se reparten, mano a mano, la escalofriante cifra de 2.364.500 euros. Habla de dar algo de ese dinero a “los amigos de aquí”. Después de ajustar los números del vamos y vamos, Vázquez termina escribiendo: “El saldo es para mí, para completar mi parte y la de los amigos”.(Fuente: Clarín)