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Las familias recibieron una notificación de que están imputadas por "usurpación por despojo". Se las acusa de usurpar, en enero de este año, los terrenos donde viven hace casi 30 años.
En la jornada de ayer, más de 60 familias se manifestaron sobre la ruta nacional 9, en reclamo al gobierno de Gerardo Morales. Hace un mes 14 familias que viven en la ciudad de Tilcara, en las inmediaciones de la estación de tren que es parte del Ramal C del Ferrocarril General Belgrano, recibieron una notificación de que están imputadas por "usurpación por despojo", por un hecho ocurrido en enero de este año, aunque las familias están radicadas en esos terrenos desde hace años.
En efecto, esos terrenos son ocupados por algunas de estas familias desde hace casi 30 años, después de que Ferrocarriles Argentinos les otorgara las viviendas que quedaron desocupadas tras el cierre de la estación jujeña. Años después, el propio municipio de Tilcara amplió la cantidad de familias en el lugar, ya que dio la tenencias de lotes a un gran número de madres solteras.
Familias involucradas en esta situación relataron que después de recibir las notificaciones de las acusaciones penales, sufren constantes amenazas de desalojo por parte de efectivos de la Policía de Jujuy y funcionarios del gobierno provincial. Incluso, de manera extraoficial, se les dijo que en las primeras horas de hoy, serían desalojadas por la fuerza de sus viviendas. A causa de ello, decidieron llevar adelante un fogón comunitario en las calles de los barrios Radio Estación y Villas Las Rosas, los principales afectados.
Las familias afirmaron que esta "persecución" se debe al reciente proyecto turístico del gobierno jujeño. A fines de marzo el gobernador encabezó el acto de inicio de obras del Tren Turístico, tramo Volcán - Tilcara, que se extiende por 42 kilómetros y pasa por Tumbaya, Purmamarca y Maimará.
Una de las afectadas, Estela Gallardo, contó a Salta/12 que el 10 de junio recibieron una notificación en la que se les daba un plazo de 5 días para desalojar sus viviendas. Ante la incertidumbre que esta noticia les provocó, primero por las imputaciones y después por los avisos de desalojo, las familias decidieron consultar a abogados.
"Nos acusan de que vinimos con violencia y sacamos a las familias que se encontraban viviendo en esas casas, pero eso no es cierto, porque somos nosotros quienes estamos hace más de dos décadas en esos lugares", relató Gallardo. En su caso, llegó a la zona en 1994, cuando Ferrocarriles Argentinos le dio una de las viviendas que iba a quedar desocupada. "Se hicieron notas pidiendo tierras fiscales y nos han hecho entrega de ese predio", ubicado en el barrio Radio Estación, sostuvo.
La vecina dijo que desde ese momento las familias que ocuparon las viviendas deshabitadas empezaron a pagar sus servicios e impuestos, ya que les entregaron la tenencia de estos inmuebles. Después se sumaron más familias a quienes les asignaron lotes, ya que las viviendas estaban ocupadas en su totalidad. Todo ello fue avalado por el municipio tilcareño.
Por eso, Gallardo expresó que no entienden por qué se los imputa ahora. Recordó que el día de la notificación se tuvieron que presentar en la comisaria de la localidad, donde "nos marcaron los dedos como si fuéramos delincuentes". Y hace dos días, la Policía de Jujuy llegó nuevamente a los barrios, esta vez, en compañía del fiscal actuante en la causa, Fernando Alancay, quién pidió el desalojo de familias que habitan los predios y que la posesión de esas tierras sea entregada a la Unidad Ejecutora a cargo de la obra del tren, que depende de la Secretaría de Gobernación de la provincia, según se indica en el documento judicial.
"Vemos tantas irregularidades que nos hacen pensar que no están obrando bien", expresó Gallardo, quien cuestionó que en ningún momento desde el gobierno local se acercaron a las familias a comunicarles lo que estaba sucediendo. "Nunca hubo negociación o mediación", expresó, aclarando que no están en contra de ninguna reactivación del tren, pero que se oponen terminantemente a cualquier desalojo del lugar.
Al ver que se cuestiona el tiempo de estadía en el lugar, Gallardo recordó que recientemente fueron censados por el gobierno nacional, y que han pasado por el mismo procedimiento años atrás. "No estamos este año como dicen esas falsas acusaciones, porque tenemos toda una vida aquí y proyectos que no pueden ser truncados de un día para otro", aseguró. En ese sentido, cuestionó que incluso el Ejecutivo provincial no emprendiera un relevamiento propio para saber qué pasa con cada familia que habita en los barrios afectados.
"En mi caso, me hacen entrega de la vivienda desde Ferrocarriles Argentinos. De allí, tuve que pagar un canon locativo, y jamás hubo alguna directiva desde el Concejo Deliberante, por ejemplo, donde nos digan que no se podía construir", sostuvo. En su mismo terreno, también construyeron dos de sus hijos mayores, quienes viven con sus propias familias.
En ese sentido, la mujer denunció que el gobierno local no puede avasallarlos de esa manera, además de la constante violencia que padecen de parte de la policía jujeña. "Nos molesta que no nos consideren como ciudadanos de derecho", precisó, agregando que después de las protestas, ningún funcionario se acercó a dialogar con ellos.
"A nosotros jamás nos llegó algún comunicado donde nos dicen que se van a construir oficinas turísticas, o poner casas. No sabemos quiénes lo van a administrar, no sabemos nada y no hay nada", manifestó Gallardo. Según supieron, en otras localidades -como Purmamarca en 2018- negociaron desplazar a familias de sus lugares, ya que buscaban instalar otro proyecto. Se les prometió darles un terreno pero "hasta el día de hoy, no les dieron nada". "¿Qué nos espera a nosotros?", preguntó.
Quien salió a hablar desde el Ejecutivo provincial fue el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García. Reivindicó el valor del proyecto de recuperación del Tren de la Quebrada, al tiempo que alentó a jujeños y jujeñas a reconocer la importancia que tiene esa obra para la "construcción de futuro con crecimiento económico y social para toda la provincia".
Sobre las supuestas usurpaciones, requirió que las personas que "ocuparon de manera indebida tierras cercanas a las estaciones de Maimará y Tilcara, desistan de su actitud pacíficamente, de la mano de la ley y el derecho", según informó el gobierno de Jujuy. Álvarez García pidió a los jujeños en general “acompañar con responsabilidad este proyecto” que es de interés de toda la provincia y la región y que, en atención a su valor estratégico, “no merece piedras en el camino”, afirmó.
Recordó que a las familias señaladas como usurpadoras, se les cursó el correspondiente requerimiento por los causas formales para que desalojen los terrenos. “Necesitamos que acaten este pedido para que sigamos avanzando”, sostuvo.
No obstante, Gallardo denunció que el "gobierno provincial está empecinado en ejecutar el proyecto y no piensa en las graves consecuencias y las pérdidas que tendremos todas las familias". En ese sentido, reiteró que esperan mantener un diálogo con alguna autoridad del Ejecutivo local.
La vecina cuestionó también que el gobierno de Morales se jacte de haber tenido una relocalización existosa con familias que viven en Volcán, por donde pasaría el tren. Lo que en realidad pasó, dijo, es que la reubicación de esas familias se debió al alud que sufrió el pueblo en 2017. "Están aprovechando esa oportunidad y están anunciando que nosotros nos reubiquemos, pero no es así como dicen porque nadie habla con nosotros. Nos sentimos solos", sostuvo Gallardo.Fuente: Página12.com
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