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El 4 de Diciembre habrá una audiencia por un recurso de la abogada de cuatro familias, que plantea que el desalojo es ilegal. El gobierno jujeño pretende instalar un centro comercial en el predio que estas familias adquirieron a Ferrocarriles Argentinos.
Un grupo de familias, la mayoría integrada por mujeres y niños una orden de desalojo dada por la justicia provincial a instancias del gobierno de Jujuy, que pretende instalar un centro comercial como parte de los atractivos para turistas que visiten la Quebrada de Humahuaca y paseen en el Tren Solar, la gran promesa de Gerardo Morales que se inauguraría recién en marzo próximo, cuando ya no será gobernador.
La obra del Tren de la Quebrada viene avanzando de manera lenta, pero se encuentra ya etapas finales y como muestra de ello, llegaron los coches motores adquiridos en China, con lo que genera expectativas para el turismo; pero también mucho dolor para las familias de Tilcara que viven hace 34 años en el barrio Radio Estación y ahora afrontan la decisión gubernamental de desalojarlas de sus viviendas. A cambio, el gobierno les ofrece instalarlas en módulos habitacionales de 3x3, con baño, pero sin servicios.
Es así que el miércoles último el barrio Radio Estación, a la vera de la ruta nacional 9, fue sitiado sitiado por un fuerte operativo policial con más de 250 efectivos más fuerzas de Infantería, que vallaron el sector y comenzaron a desalojar a las familias, a quienes el gobierno provincial acusó penalmente de “ocupar el predio para lucrar”. El juez de Control Gustavo Ortiz dio la orden de desalojo pero un recurso de la abogada Alejandra Cejas, que asiste a tres familias, logró frenar esta medida por el momento.
Cejas sostiene que estas familias, descendientes de trabajadores del ferrocarril, adquirieron los terrenos. Por otra parte, se trata de territorio nacional, por lo que tampoco podría la provincia adjudicarse potestad sobre ellos y además, sostuvo la abogada, no se hizo un juicio para demostrar que haya habido una usurpación. La discusión seguirá el próximo 4 de diciembre, para cuando se convocó a una audiencia.
Sin embargo, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, recordó ayer que “existe una orden de desalojo de las viviendas ubicadas en la vía ferroviaria, situación por la que venimos trabajando hace una semana, conversando con la gente y coordinando el traslado”. El funcionario resaltó que “el gobierno de la provincia ofrece una opción habitacional en terrenos muy cerca de las vías para que puedan reubicarse”, serían los módulos. Y destacó que de esta forma avanzaron "bastante y un 95% de las vías fueron recuperadas”. Inicialmente en el barrio residían 19 familias, pero algunas aceptaron firmar un convenio y ser reubicadas por el Ejecutivo jujeño.
En la tarde del miércoles maquinarias de Vialidad Provincial demolieron cuatro viviendas cercanas a las vías. Ante la presión, sus ocupantes abandonaron sus casas y fueron a los módulos. En cambio, Susana Gutiérrez, que vive con sus hijos, se encadenó en su vivienda, que colinda con la parrillada del actual intendente Ricardo Romero, a quien no será desalojado.
La mayoría de las familias conminadas a abandonar sus viviendas son encabezadas por mujeres, que cuentan con la documentación de adquisición de las tierras, mientras que otras tienen permisos precarios, ya que eran familiares de ex ferroviarios.
"No me voy, señor fiscal"
El operativo policial del miércoles sitió a vecinas y vecinos de Radio Estación, a tal punto que la policía no permitía el ingreso ni egreso del predio. En el operativo estuvieron el ministro de Seguridad y el fiscal Fernando Alancay, ante quien clamó una mujer, integrante de la familia Chiriguay: “Soy madre soltera, con mi hija no puedo entender por qué son tan inhumanos. Les dije que nos vamos, pero necesitamos tiempo".
Contó que es docente y "tengo que hacer de albañil para sostener a mi hija porque a nadie le importa". "No me digan de convenio porque para eso había que pagar abogado. Mi hija no firmó, porque apenas tiene plata para solventar la enfermedad, no tenía para pagar abogado. Por no tener 15 mil pesos la dejaron afuera, esa es la impotencia que tengo. Sé que los que están en el poder no va a ser eternos, en algún momento van a caer y se van a acordar de las lágrimas que me han hecho derramar a mí, a mi hija a mi nieta que están encerradas en esa casa”, le transmitió al fiscal.
En la casa de las que pretendían desalojarlas se encontraban tres niñas de 4, 6 y 8 años. “No me voy a ir de acá, señor fiscal, ármeme una causa como le hizo todos los demás. No me voy a ir hasta que me lleve la última piedra porque para mí eso fue un sacrificio. Usted tendrá casa, trabajo. Mi hija no tiene nada, la llevan a un lugar donde no tiene seguridad”, dijo refiriéndose a los módulos.
Los 11 módulos están ubicados en un terreno expropiado cerca del Centro de Jubilados en Tilcara. “Los módulos son de 3 x 3 metros, un baño y sin servicio. El gobierno lo que hizo fue instalar agua a una sola casa, el personal de Agua Potable nos dijo que es para la foto. A las otras casas les llenaron el tanque y no están conectadas a la red. Algunos se fueron a vivir y tienen sus cosas a la intemperie porque son diminutas”, describió una vecina.
Por otra parte Pablo Civetta, titular del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana de la provincia, dijo en declaraciones a Radio Nacional que “son 16 entre familias y negocios que deben salir de la Estación, algunos firmaron (el convenio) y otros no. Los que firmaron tienen un lote del plan Mejor Vivir y los que no firmaron siguieron con la opción de la justicia", y ya cuentan con fallos desfavorables.
Desalojos sin juicio
La abogada Alejandra Cejas explicó que las familias a quienes se pretende desalojar adquirieron "los bienes de la estación Tilcara después de la privatización de 1992. Tenían la opción de comprar la vivienda como trabajadores por la ley 24.146" que "autorizaba a la empresa Ferrocarriles Argentinos a realizar la venta”.
“Ellos quedaron como propietarios y el estado provincial tenía la obligación de hacer un inventario de los bienes remanentes de los ferrocarriles, la ley prevé 30 años para ello, esa ley venció el año pasado y no hay nueva ley que haya aprobado que el estado provincial se haga cargo, y quedó en manos de la Agencia (de Administración) de Bienes del Estado", siguió la abogada. Como su nombre lo indica, la AABE administra los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional y como tal quedó a cargo de las propiedades del ferrocarril luego de las privatizaciones del menemismo. “(La provincia de) Jujuy no tiene la titularidad de las tierras por donde pasa el tren, son del Estado nacional”, explicó la abogada.
En este sentido afirmó que es "falsa" la denuncia que realizó Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy - La Quiaca, acusando a las familias de “ocupación del predio Radio Estación para lucrar”. Agregó que familias que viven desde principios de los 90 en ese lugar, "empezaron a sentir la presión por parte de funcionarios y la justicia provincial con denuncias falsas para sacarlos con amenazas y obligarlos a que firmen un convenio para reubicarlos. Sacaron una cautelar de desalojo cuando nunca hubo juicio para determinar si fueron usurpadores o no”, agregó.
Hay otras familias que ingresaron luego de la ley 24.146 y en ese caso obtuvieron permisos precarios otorgados por el ex intendente radical Félix Pérez.
Cejas interpuso "recursos judiciales para frenar el desalojo y el perjuicio de esa cautelar que no es sentencia definitiva porque jamás hubo juicio". Y anunció que avanzarán "con la imputación al agente fiscal Fernando Alancay y Emiliano Rodríguez como los responsables de la denuncia de usurpación cuando no existió, y esa causa generó el hostigamiento, amenazas a las familias y la persecución penal falsa”.
Funcionario y fiscal denunciados
La abogada relató que son cuatro las denuncias penales que pesan contra Alancay y Rodríguez, realizadas por vecinos afectados. “Tengo instrucciones de seguir los casos porque los denunciados son los principales responsables de haber gestado los desalojos para avanzar con negocios en el predio”, afirmó.
Cejas también cuestionó que “Hay un desapego de las normas por parte de las autoridades municipales en todas las estaciones”, en referencia a la situación en cada pueblo quebradeño por donde pasará el Tren de la Quebrada.
También cuestionó el crédito de 475 millones de dólares que el BID y la Corporación Andina de Fomento le otorgaron al gobierno de Jujuy para poner en marcha un tren de carga, "no un tranvía como el que están instalando". "Se violenta la normativa internacional en materia de protección cuando se otorgan créditos de la envergadura que se le dio a Jujuy", sostuvo.
La megaobra para reactivar el tren fue anunciada por Morales en 2015. Al principio , iba a ser un tren de carga, pero el proyecto fue modificado. Finalmente, solo será turístico, con la impronta de ser "solar, con baterías de litio”; no llevará carga alguna y su uso está pensado solo para el paseo de Volcán a Humahuaca.Página12.com
