Pedido de informes al Secretario de Transporte de la Nación, sobre diversas cuestiones relacionadas con el choque de trenes en la Línea San Martín

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Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución solicitando un pedido de informes verbales al Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre diversas cuestiones relacionadas con el choque de trenes producido el día 10 de Mayo de 2024 en el viaducto Palermo de la Línea San Martín.

Dicho trámite recayó en el Expte.2332-D-2024 del 16 de Mayo del corriente año, siendo los firmantes de dicho Proyecto de Resolución los Diputados Nacionales: Eduardo Toniolli (Unión por la Patria - Santa Fe), Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria - Corrientes), Micaela Morán (Unión por la Patria - Buenos Aires), Nancy Sand (Unión por la Patria - Corrientes), Hilda Aguirre (Unión por la Patria - La Rioja), Daniel Gollán (Unión por la Patria - Buenos Aires), Gabriela Pedrali (Unión por la Patria - La Rioja), Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria - Chaco), Carlos Daniel Castagneto (Unión por la Patria - Buenos Aires), Natalia Zabala Chacur (Unión por la Patria - San Luis), Andrea Freites (Unión por la Patria - Tierra del Fuego), Roxana Monzón (Unión por la Patria - Buenos Aires), Gustavo Carlos Miguel González (Unión por la Patria - Santa Cruz), Lorena Pokoik (Unión por la Patria - C.A.B.A.) y Mónica Litza (Unión por la Patria - Buenos Aires).

Fundamentos

El viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:31 una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, en el km 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la Av. Alcorta. En el lugar del hecho fueron atendidas 90 personas y hubo 55 heridos derivados a distintos hospitales de la zona.

La investigación del accidente quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo. Si bien el poder judicial determinará la posible existencia y alcance de un “error humano” que derivara en lo ocurrido, no es de menor importancia indagar qué incidencia pudo tener la falta de arreglo del material rodante, la ausencia de controles básicos de seguridad y el insuficiente mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

En los últimos meses, mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se tramitaba la “Ley Bases”, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, que promovía la privatización de nuestras empresas públicas ferroviarias, paralelamente comenzaban a circular denuncias de usuarios y noticias periodísticas que -en distintos lugares del país- daban cuenta de la degradación de diversos servicios ferroviarios. 

También se han multiplicado los casos de demoras en servicios debido a mal estado de la infraestructura e incluso recortes en los diagramas de horarios de algunas líneas, aduciendo razones de estacionalidad y racionalización de material rodante, pero al finalizar la temporada estival no se repusieron los cuadros anteriores. Sumado a ello, empezaron a producirse despidos en las empresas públicas del sector, incluso en las áreas abocadas al mantenimiento necesario para sostener estándares mínimos de seguridad.

En ese marco, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dado a conocer en los últimos días, señala que el principal programa de aportes del Tesoro para el funcionamiento de los trenes, el de Asistencia Financiera a Empresas del Sector Ferroviario, tuvo un recorte del 60% en el primer cuatrimestre de este año respecto del 2023.

De acuerdo a la organización no gubernamental, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) tuvo el mayor recorte (92%). Vale aclarar que nos referimos a la Sociedad del Estado que se encarga de la construcción, el desarrollo y la administración de la infraestructura ferroviaria de nuestro país.

Por último, es importante señalar que acaba de cobrar estado público una nota fechada el 3 de mayo en la que el presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), Luis Adrián Luque, alertaba a sus superiores que la situación de la empresa era crítica y requería con urgencia “[…] gestionar la asignación de fondos necesarios […] que garanticen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta Operadora Ferroviaria, resguardando los estándares mínimos de seguridad operacional“. 

El documento estaba dirigido al presidente de Ferrocarriles Argentinos (FASE), Patricio Gilligan, con copia al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al funcionario de la Jefatura de Gabinete Mauricio González Botto. En la nota referida, Luque además menciona un informe en el que el gerente general administrativo de SOFSE, Jorge Álvarez Holmberg, realizó “un resumen de lo que se está administrando al límite de lo prudente”. Allí enumera aspectos como los mantenimientos regulares de material rodante, paralización de licitaciones, normal acceso a combustibles y lubricantes y la adquisición de insumos básicos, entre otros.