Gremiales
Metrodelegados
repudiaron el “apriete” a un empleado al que “le pegaron y lo apuntaron con una
pistola”. Sostienen que es un “apriete” por una denuncia de una estafa en el
otorgamiento que involucraría a personal de Metrovías.
El
secretario general de los “Metrodelegados”, Roberto Pianelli, ratificó ayer la
denuncia penal contra jerárquicos de Metrovías por presunta estafa en el
otorgamiento de viviendas a trabajadores del subte y vinculó la denuncia con el
“apriete” sufrido por un trabajador, mientras la concesionaria inició una
investigación interna y separó a seis de sus empleados.
“Vamos
a presentar una denuncia por la agresión sufrida por Federico Borgo y las
amenazas dentro de la misma causa, porque está claro que la gente que estafó es
la misma que tiene la impunidad de amedrentar a punta de pistola a los
estafados y a quienes colaboramos con ellos”, dijo a Télam Pianelli.
El
delegado apuntó que “hay que ir a fondo con la estafa para ver quién fue el
responsable y que se garantice la integridad física de los compañeros y no
descartamos tomar medidas de fuerza para eso”.
La
línea C de subte realizó esta tarde un paro entre las 15 y las 16 para
denunciar el “apriete” sufrido por Borgo, quien fue interceptado mientras iba
en su auto y “amenazándolo a punta de pistola le pegaron, lo tiraron al piso y
lo obligaron a mandarle un mensaje con su celular a Beto que decía ‘Basta
Pianelli’”, contó Ariel De la Torre, de la comisión directiva del sindicato.
De
la Torre atribuyó la agresión a la denuncia presentada por el legislador de
Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, para que se investigue a personal
jerárquico de Metrovías y a un supuesto puntero político, Fabián Ventos, por
presunta estafa en el otorgamiento de viviendas.
Campagnoli
dijo a Télam que la presentación busca determinar si la operatoria consistía en
que “les ofrecían a trabajadores del subte viviendas construidas por el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a un precio muy barato, con boletos
de preadjudicación con firmas apócrifas, a cambio de un depósito inicial de
entre 70.000 a 150.000 pesos”.
“Pese
a que nadie recibió la vivienda prometida, la estafa alcanzaría a 350
trabajadores y llegaría a los 35 millones de pesos. Es evidente que hay
vinculación con gente del Gobierno de la Ciudad y del IVC, porque se manejaba
información a la que no cualquiera puede acceder”, indicó el legislador.
La
denuncia fue presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, juzgado de Instrucción 26 y sostiene que “desde fines
del 2014, cientos de trabajadores y trabajadoras del subte recibieron la oferta
de adquirir inmuebles y firmaron documentos que eran presentados como boletos
de pre adjudicación de distintas viviendas desarrolladas por el IVC”.
Las
viviendas que ofrecían eran de los terrenos de Casa Amarilla (Pi y Margall al
900), de Acumar (Luzuriaga 837) y Lafuente 64/70. En la mayoría de los casos,
las viviendas ya estaban adjudicadas por una orden judicial o por el IVC.
Ante
esta denuncia, Metrovías emitió hoy un comunicado donde indicó que “la empresa
no tiene relación con el ofrecimiento de planes para la adquisición de
viviendas ni acción promocional alguna”.
Además
explicó que “se inició un proceso de investigación interna” y, en ese marco,
“seis empleados fueron separados precautoriamente de sus funciones hasta tanto
se determinen las respectivas responsabilidades”.
“La
empresa reitera que no auspicia ni tiene relación alguna con las gestiones
mencionadas, y se encuentra a total disposición de la Justicia para colaborar
con el esclarecimiento de la situación”, concluyó la
concesionaria.Infogremiales.com
