Exterior
Cambios
regulatorios en la antesala de la liberalización del transporte de pasajeros
por ferrocarril. El anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, dado a conocer
hoy, establece un nuevo sistema de cánones que supondrá la supresión del canon
anual que las operadoras afrontan por el acceso a la red de Adif. El nuevo
texto incluye la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios
ferroviarios.
Fomento
reconoce que el anterior canon de acceso suponía "una importante barrera
de entrada" a nuevos operadores. Esta era una de las peticiones de las
empresas interesadas en trabajar en competencia con Renfe en el corredor
Madrid-Levante. Con la recién superada estructura de cánones las empresas
calculaban unas pérdidas de 70 millones en los siete años en que un primer
operador autorizado por Fomento podrá ofrecer servicios en el citado corredor.
La
estructura actual, prevista en la ley de 2003, incluye el citado canon de
acceso, otro pago por la reserva de capacidad, un canon de circulación y el
canon de tráfico. La transformación del modelo supondrá a Renfe y sus rivales
afrontar un canon por adjudicación de capacidad que fluctuará en función de un
sistema de bonus y penalizaciones; un segundo pago por utilización de líneas y
el canon por el uso de instalaciones de energía eléctrica de tracción.
Se
mantiene el canon por las estaciones de viajeros o el del paso por cambiadores
de ancho, entre otros.
El
Gobierno ha aprobado hoy este documento, que supone “el primer paso” de una ley
con la que se busca un modelo ferroviario de máxima calidad e incorpora la
directiva 2012/34 de la UE por la que se establece un espacio ferroviario único
europeo, y que está en plazo de transposición.
La
ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros, que el objetivo del nuevo sistema de cánones es
incrementar el uso de la red de ferrocarriles española, que cuenta con 15.215
kilómetros de longitud, de los cuales unos 3.000 son de alta velocidad, tanto
en el ámbito de viajeros como en el de mercancías.
Según
Pastor, la nueva ley consolida el rigor en la planificación y construcción de
nuevas infraestructuras y propicia la apertura de la red para potenciar el uso
de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la
oferta.
La
nueva ley promueve la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria
-organismo independiente que iniciará su actividad el próximo 1 de abril-,
reforzando todos los mecanismos relativos a la seguridad.
También
refuerza los mecanismos para una planificación “rigurosa” de las
infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de
financiación suficientes, para lo que se establecen tres instrumentos.
Fomento
desarrollará la “Estrategia Indicativa” como instrumento de planificación de la
infraestructura (desarrollo, mantenimiento y renovación), a partir de la cual
los administradores de infraestructuras (Adif, Adif-AV) elaborarán un “Programa
de Actividad”, que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una
previsión orientativa de sus cánones para los próximos cinco años.
Asimismo,
Fomento y Adif suscribirán un convenio que establecerá los objetivos a alcanzar
por el administrador de infraestructuras ferroviarias y las aportaciones
económicas del Estado.
La
nueva ley busca también mejorar la competitividad del transporte ferroviario de
mercancías, liberalizando los servicios que se prestan en las terminales
ferroviarias públicas, lo que supondrá una reducción de costes y simplificando
el régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias, entre otras medidas.
Requerimientos
En
materia de transporte de viajeros, se imponen a los operadores condiciones para
garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación
de aportar a Fomento información estadística y contable.
A
ello se suma la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de
mercancías y viajeros, y dentro de estos últimos, entre los servicios
comerciales y los declarados de obligaciones de servicio público.
Además,
se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas
y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.
Por
último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las
sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la
seguridad.
A
partir de ahora, se inicia un trámite de audiencia pública a todos los actores
del sector, con objeto de asegurar el mayor consenso posible, y, tras el
análisis de todas las alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que se
remitirá en abril al Consejo de Estado y, posteriormente, al Consejo de
Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al
Congreso.CincoDías.com
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