ACTUALIDAD
En la
resolución, los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky,
tuvieron en cuenta además que en la causa están imputados exfuncionarios, tales
como los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
El inicio del
juicio será para la segunda mitad de este año o bien directamente en los
primeros meses de 2014.
En forma
unánime los jueces de Casación desestimaron el planteo del Estado, que
pretendía ser aceptado como parte querellante, al considerar que sería una
"contradicción" hacerlo ante eventuales indemnizaciones que se vea
afrontado a pagar por el reclamo civil de víctimas o familiares.
En la
resolución, los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky,
tuvieron en cuenta además que en la causa están imputados exfuncionarios, tales
como los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Para los
jueces no está acreditado que el Estado, a través de la Secretaría de
Transporte, haya sido víctima del hecho, y remarcó que el Estado ya se ve
representado en la causa por el Ministerio Público Fiscal, con lo cual no hay
necesidad de otro tipo de participación.
La decisión
de aceptar como querellante al Estado Nacional había sido resuelta en primera
instancia por el juez Claudio Bonadío, al considerar que el otorgarle ese rol
"no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades
penales de sus funcionarios, que son personas físicas".
La causa con
28 acusados, entre ellos Jaime, Schiavi; el empresario Claudio Cirigliano;
directivos de TBA; los ex titulares de la CNRT Antonio Sícaro y
Pedro Ochoa Romero, y el motorman Marcos Antonio Córdoba están camino a juicio
oral y público.
El Tribunal
Oral Federal 2 es el que tiene el expediente y la realización del juicio a
cargo y, si bien aún no fijó fecha de inicio, todo hace prever que será para la
segunda mitad de este año o bien directamente en los primeros meses de
2014.26Noticias.com.ar
Es lógico que un estado que es en definición el poder concedente de un servicio público elemental como el que se presta, que durante años no existió instancia alguna de control salvo las reiteradas advertencias de la SIGEN y en los últimos tiempos uno de los sindicatos; entiendo que el estado ( dueño de la cosa) es solidariamente responsable del siniestro provocado por el prestador del servicio ya no por omisión sino como complice ( falta de control ante actos negligentes como mínimo, destrucción de bienes publicos, malversación del subsidio y su no aplicación como sospecha mas grave). Por tanto de seguir esta linea de razonamiento sería dable decir la configuracion de una asociación ilícita dada la evidente destrucción que el estado pretende ignorar de su patrimonio concedido desencadenando en una de las más luctuosas tragedias en nuestra hoy decadente red ferroviaria argentina.
ResponderEliminarEL JEFE
Lástima que con la reforma judicial este poder va a ser obsecuente con el ejecutivo.
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