EXTERIOR
En
interrogante, pues aunque es un proceso reiteradamente anunciado por el
gobierno (la última vez con fecha 31 de Julio de 2013) ni se conoce la fórmula
exacta a utilizar ni el objetivo final que se pretende empleando el término
liberalización, aunque nos podemos temer lo peor, tanto para trabajadores como
para usuarios del ferrocarril en España.
En unos
momentos en que existen multitud de movilizaciones de todo tipo que van a
culminar en la Huelga
General del próximo 14 de noviembre convocada por la Cumbre Social, con
la participación de CCOO y UGT, con el objetivo de la defensa del empleo, el trabajo digno y los
derechos sociales, la reivindicación de un transporte público, accesible y
seguro ha de formar parte prioritaria de estas reivindicaciones.
En España, y
esto no es suficientemente conocido ,existen en este momento tres empresas
públicas de carácter estatal : ADIF que vendría a ser la mayor parte de lo que
la población en general entendía por la antigua RENFE, esto es, la creación y
conservación de todas las infraestructuras, estaciones, vías y demás elementos
que sirven de soporte al transporte ferroviario, RENFE que, con el apellido de
Operadora, es una empresa de transporte
de viajeros y mercancías, propietaria de los trenes y de los talleres para su
mantenimiento y FEVE propietaria de los ferrocarriles de vía estrecha que no
han sido transferidos a las Comunidades Autónomas.
Pues bien, la
primera propuesta que hace el gobierno es la desaparición de FEVE el 1 de enero
de 2013; su división en dos partes y la transferencia de sus infraestructuras a
ADIF y de su negocio de transporte a RENFE.
La segunda
propuesta, una vez culminado este
proceso, es la división del ADIF así formado en dos nuevas empresas y de
RENFE en cuatro empresas nuevas, con fecha fijada no por casualidad el 31 de julio de 2013,
justo en el momento en que caducan los
convenios colectivos en vigor en todas ellas. Es fácil deducir la pretensión de
reducir empleos y eliminar derechos de los trabajadores facilitado, también
aquí, por la mal llamada Reforma Laboral: el cierre de líneas de ferrocarril
calificadas como deficitarias. que son justamente las que tienen un carácter
más social y de articulación del territorio Con la intención última de la privatización, como siempre de las partes más rentables, dejando al sector
público con más dificultades de rentabilidad, lo que serviría de justificación
artificial para su ulterior cierre.
También es
poco conocido que el ferrocarril en España fue construido y explotado por
empresas privadas inglesas y alemanas fundamentalmente, hasta su
nacionalización y conversión en empresa pública en el año 1943. Este
ferrocarril privado fue causa ya, desde el periodo de su propia construcción de
numerosas dificultades financieras, especulación de las acciones y quiebras de
las empresas ,que arrastraron a déficits desorbitados a las propias finanzas
del Estado en diversas ocasiones, lo que
retrasó enormemente su puesta en marcha respecto a los demás países
europeos. Junto al enorme deterioro con el que el ferrocarril español salía de la Guerra Civil, estas
también fueron causas determinantes en su nacionalización prácticamente
ineludible.
En contraste
con el gobierno español, otros países europeos con gobiernos conservadores o
progresistas (Francia y Alemania) han mantenido sus empresas públicas de
ferrocarril. Por otra parte, el caso de Inglaterra es objeto de estudio por el
fracaso de su privatización ,especialmente en lo referente a la seguridad con
numerosos accidentes mortales en su haber, producto de una desastrosa gestión
privada que llevó a su renacionalización
para remodelar todo el proyecto.
Parece que no
se ha aprendido nada ,ni de la experiencia histórica española ni de la más
reciente europea. El proyecto liberalizador del gobierno español, que encubre
la privatización, llevará sin duda a un deterioro del empleo y las condiciones
laborales, a una gestión orientada simplemente al beneficio, a la desaparición
del concepto del transporte como servicio público y social y al riesgo de una
peligrosa disminución en la calidad y seguridad de este medio de transporte en
nuestro país que en estas materias cuenta actualmente con los mejore estándares
en ambas categorías.
Es más ,de
producirse esta liberalización y posterior privatización, lo más seguro es que
se produzca la paradoja de que la fragmentación y venta de los ferrocarriles
españoles acaben en manos de empresas públicas estatales como la SNCF francesa y la DGB alemana. Fenómeno que ya
hemos visto producirse con anterioridad en nuestro país: la adquisición de la
pública y luego privatizada ENDESA, ahora en manos de la empresa eléctrica
pública italiana ENEL, es quizá el caso
más significativo de despropósito hasta la fecha.
Las grandes
movilizaciones sociales que se vienen produciendo en nuestro país contra el
recorte de servicios sociales: Sanidad, Educación, Dependencia, Empleo y
Derechos Laborales, asuntos trascendentales social y económicamente, han de
incorporar otros no menos importantes
para la sociedad como el del transporte público y su mantenimiento futuro. Debe
incorporarse en primer plano en la Huelga General del próximo 14 de noviembre.
Asimismo, los
trabajadores ferroviarios vienen manteniendo amplias movilizaciones en su
defensa. Se desarrolló una huelga de 24 horas el pasado 17 de septiembre y ya hay anunciada una nueva para los días 13
y 14 de diciembre próximo, ambas con unidad absoluta de todos los sindicatos
presentes en el sector .Sería muy oportuno que, al igual que ocurre con otros
servicios sociales Sanidad ó Educación por ejemplo, la defensa del transporte
público ferroviario fuese llevada al primer plano de las reivindicaciones
sindicales confederales.
El
ferrocarril público, su unidad de futuro, su formulación como valor social
garante en aportar movilidad a las personas y a las mercancías y, por tanto,
generador de riqueza pero también de cohesión social y territorial debe
ser incorporado al primer plano de las
reivindicaciones sindicales, de la propia cumbre social y del conjunto de la
izquierda progresista si no se quiere perder un factor de primer orden en la
defensa de la equidad y un valor económico añadido en una salida progresista de
la crisis.LaNuevaTribuna.es
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