Privatizaciones
Tras la reunión con Diego Santilli, la Nación aceptó avanzar con un mecanismo de negociación para el ramal C-14 y explorar financiamiento internacional para el C-15. No se comprometió a incorporar todas las obras como inversiones obligatorias en la concesión del Belgrano Cargas, tal como exigía el gobernador.
El gobernador Gustavo Sáenz se fue de la Casa Rosada con un avance para los ramales ferroviarios C-14 y C-15, pero sin la respuesta integral que había reclamado públicamente.
Ramal C14 de la Línea Belgrano
Después de cuestionar las condiciones de la privatización del Belgrano Cargas y exigir que las obras pendientes quedaran garantizadas en los pliegos, el mandatario acordó con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, avanzar con una adenda para uno de los corredores y gestionar financiamiento internacional para el otro. Sin embargo, la salida se parece más al esquema que ya se anticipaba desde el Gobierno nacional que a la modificación de fondo que pretendía la provincia.
La diferencia no es menor, pues Sáenz había planteado que la recuperación de ambos ramales no podía quedar librada a la rentabilidad que evaluaran los futuros concesionarios. Pero el resultado anunciado después de la reunión no garantiza que la totalidad de las intervenciones reclamadas se conviertan en obligaciones contractuales. Para el gobernador, que había elevado el tono de la disputa y reclamado reciprocidad a la Casa Rosada, el acuerdo permite exhibir una gestión en marcha, pero deja pendiente el objetivo central: asegurar las inversiones ferroviarias antes de que se adjudiquen las concesiones.
En sus redes sociales, Sáenz calificó el encuentro como una “positiva reunión” con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y aseguró que la “Nación garantizó inversiones para el C-14 y C-15, ramales de importancia estratégica para Salta y la región”. Y a continuación, precisó el alcance de lo acordado: “Se avanzará con una adenda al pliego de la licitación de la concesión del Belgrano Cargas para garantizar las obras del C-14 y en gestiones para la búsqueda de financiamiento internacional para el C-15”.
El detalle de las medidas muestra que los dos corredores tendrán caminos diferentes. Para el C-14, el mecanismo previsto es incorporar una adenda al proceso de concesión que habilite una negociación entre el futuro operador ferroviario y las empresas mineras para definir las condiciones de inversión y desarrollo. Para el C-15, en cambio, se buscará financiamiento internacional mediante gestiones del Ministerio de Economía de la Nación. No se anunció una incorporación general de todas las obras reclamadas a las inversiones obligatorias de la concesión.
Sáenz también sostuvo que “ambos ramales son clave para el desarrollo minero, agropecuario y turístico, la competitividad de Salta y la consolidación del Corredor Bioceánico”. Y agregó: “(como salteños) merecemos estar en el mapa de futuras inversiones”. En el cierre de su publicación, agradeció el acompañamiento de las cámaras empresarias salteñas y remarcó que “tanto la infraestructura ferroviaria como la vial son fundamentales para el progreso de Salta”.
Una solución que no modifica el núcleo del reclamo
La reunión se produjo después de que el gobernador llevara a la Casa Rosada una controversia que expone las contradicciones de su relación con el gobierno de Javier Milei. Como publicó Salta/12, el reclamo ferroviario tiene un trasfondo político: la Ley Bases habilitó la privatización del Belgrano Cargas con el acompañamiento de legisladores vinculados al oficialismo salteño, pero el esquema de concesión dejó intervenciones pendientes del C-14 y del C-15 como inversiones optativas o adicionales.
La provincia pretendía que las obras no quedaran sujetas a las decisiones de las empresas que resulten adjudicatarias. La alternativa anunciada tras la reunión no resuelve completamente ese problema. En el C-14, la adenda abrirá una instancia de negociación con las mineras, mientras que para el C-15 también habrá que conseguir el financiamiento necesario. En ninguno de los dos casos se informó que la totalidad de las obras reclamadas hubiera quedado incorporada como una obligación integral y automática de la futura concesión.
La licitación tiene prevista recibir ofertas el 11 de noviembre, por lo que el margen para modificar las condiciones sigue siendo una cuestión central. Hasta que no se conozcan los términos concretos de la adenda y las posibilidades efectivas de financiamiento, el anuncio constituye un avance en la gestión, pero no equivale a las garantías que reclamaban el gobierno provincial y el sector productivo.
Lo cierto es que el resultado del encuentro también fortalece el perfil negociador de Santilli, que consiguió encauzar el conflicto mediante una salida administrativa y financiera sin anunciar una revisión integral del esquema de privatización. En medio de las disputas internas —sobre todo con Martín Menem— por el control político del oficialismo nacional, el jefe de Gabinete se mostró como un interlocutor capaz de contener los reclamos de los gobernadores y sostener canales de diálogo, sin que eso implique conceder todos sus pedidos.
Para Sáenz, el saldo es más ambiguo. Consiguió que la Nación aceptara avanzar en dos mecanismos para atender la demanda salteña, pero no obtuvo el compromiso completo que había convertido en bandera pública. Así, el gobernador puede mostrar que el reclamo llegó a la mesa de negociación, aunque todavía deberá demostrar que ese diálogo se traduce en inversiones concretas.
La Mesa productiva celebró, pero pidió definiciones
Integrantes de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta también participaron del encuentro en la Casa Rosada y destacaron sus resultados. Además de Sáenz y Santilli, estuvieron el jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, y autoridades de Belgrano Cargas, encabezadas por su director, Alejandro Núñez.
Las cámaras empresarias expusieron la necesidad de que la concesión contemple soluciones para ambos ramales, considerados estratégicos para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad y ampliar las posibilidades de inversión y exportación del norte argentino.
El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, remarcó la necesidad de contar con un sistema ferroviario que acompañe el crecimiento de la producción de granos y el potencial ganadero provincial. Por su parte, el titular de la Cámara de Minería de Salta, Juan Martín Gilly, planteó que el crecimiento de la actividad y las inversiones previstas en nuevos proyectos demandarán una infraestructura logística de mayor capacidad.
Eduardo Gómez Naar, de la Unión Industrial de Salta, remarcó que la recuperación ferroviaria excede los límites provinciales y constituye una necesidad compartida por el norte argentino. A su vez, el vicepresidente de Prograno, Francisco Torino, junto con Camacho, destacó la dimensión geopolítica de los corredores y su potencial para mejorar las conexiones con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.
La Mesa valoró especialmente la posibilidad de establecer un mecanismo de negociación entre el futuro concesionario y las empresas mineras para el C-14, así como las gestiones de financiamiento internacional para el C-15. Sin embargo, en un comunicado dejó abierta la discusión sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos: las entidades remarcaron la necesidad de que los avances se traduzcan en definiciones concretas dentro del proceso de concesión y en mecanismos de inversión y financiamiento.
Participaron también los presidentes de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera; de la Cámara de Proveedores Mineros, Federico Russo; y de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf. En ese sentido, el respaldo empresarial le permite a Sáenz mostrar que el reclamo excede una disputa con la Nación y responde a necesidades productivas concretas. Pero la satisfacción expresada por las cámaras no elimina la pregunta que originó el conflicto, que insiste en cuestionar quién asumirá la obligación de financiar y ejecutar las obras pendientes y bajo qué condiciones.
Los votos salteños, otra pieza de la negociación
La reunión entre Sáenz y Santilli coincidió con una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que, al cierre de esta nota, continuaba debatiendo la emergencia en discapacidad. Mientras seguía pendiente ese tratamiento, el cuerpo avanzó con otras iniciativas, acompañadas en su totalidad por diputados salteños de La Libertad Avanza: Carlos Zapata, Eliana Bruno, Julio Moreno y Gabriela Floresy, en partes desiguales, por el bloque Argentina Federal, al que pertenecen los legisladores que responden al gobernador.
En la votación en general del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, Bernardo Biella, de Argentina Federal, votó afirmativamente, mientras que Pablo Outes y Yolanda Vega estuvieron ausentes. En el tratamiento del módulo informático interoperable para la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, Outes y Biella acompañaron la iniciativa, mientras Vega volvió a estar ausente.
La modificación del Código Penal sobre vandalismo rural también contó con el voto afirmativo de Outes. En esa votación, Biella y Vega estuvieron ausentes. Por su parte, en el proyecto de transferencia gratuita de un inmueble del Estado nacional a la provincia del Chaco, Outes y Biella votaron a favor y Vega no estuvo presente.
En la previa del encuentro, Outes había reclamado inversiones ferroviarias obligatorias; había advertido: “Sin compromisos concretos con nuestra provincia, no podemos seguir trabajando en el Congreso como si nada pasara”. Y había afirmado que “los consensos también exigen reciprocidad”.
El conflicto por el Belgrano Cargas sigue abierto. La adenda para el C-14, las gestiones para financiar el C-15 y las definiciones que se adopten antes de la licitación permitirán medir si el acuerdo fue el primer paso hacia una solución efectiva o si el reclamo salteño quedó, una vez más, sujeto a negociaciones posteriores. Página12.com
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