El norte salteño, envuelto en un conflicto por el millonario saqueo de lo que queda del ferrocarril

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Entre Padre Lozano, pequeño poblado del departamento San Martín, y Morillo, la localidad cabecera de Rivadavia Banda Norte, en Salta, el ramal C25 tiene 105 kilómetros de vías. En los últimos meses ese tramo de la línea ferroviaria que conecta a Embarcación con la capital formoseña, fue noticia por procedimientos policiales en los que se secuestraron cargamentos de rieles en distintas rutas y caminos vecinales.

Lejos de tratarse de robos aislados, como tantos que se denunciaron desde 2014 en el ramal C15, que se extiende desde Perico (Jujuy) hasta Salvador Mazza, los saqueos focalizados en el chaco salteño son parte de plan de desguace que una banda transnacional de contrabando orquestó y lleva adelante con vistas gordas y complicidades a ambos lados de la frontera con Bolivia.

Ramal totalmente depredado

Con distintas fuentes y evidencias documentales, se pudo reconstruir la trama ilícita que rodea al desguace de la infraestructura que el Estado Nacional dejó abandonada a su suerte tras el cierre ferroviario de los noventa.

Los controles de seguridad por los que cientos de toneladas de vías y piezas ferroviarias del C25 se filtraron hacia Bolivia, donde plantas chatarreras y de fundición las adquirieron ilegalmente a 250 dólares la tonelada, fallaron otra vez con una inexcusable falta de reflejos. 

Así como una resolución municipal de Aguaray operó en 2020 como paraguas del saqueo de caños del Gasoducto del NEA, ahora es una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la que se esgrime en los controles, para acreditar la donación de los rieles y el material rodante que quedaron en desuso entre Padre Lozano y Morillo a la comunidad wichi de Misión Salim.

Los membretes, folios y sellos del expediente de la AABE le dan a la llamativa donación toda la apariencia de legalidad, pero una hora de chequeos básicos basta para determinar la falsedad del paraguas del contrabando de material ferroviario.

La documentación respaldatoria del saqueo planificado incluye una nota a nombre y con sello de la presidenta de la Comunidad Aborigen de Misión Salim, Adelina Montes, quien en ese carácter le solicita al responsable de la AABE, Eduardo Alfonso Albanese, "la entrega legalmente o (en) donación para nuestra institución (de) los vagones y rieles en desuso que se encuentran en la zona de Padre Lozano hasta Murillo (sic)". 

La nota señala que los materiales ferroviarios "serán usados para la creación de aulas, oficinas, consultorios y un polideportivo "para albergar a jóvenes" y "alejarlos del consumo de drogas". 

El primer indicio de falsedad está en el inicio del trámite, fechado el pasado 27 de junio. 

Albanese dejó el cargo a fines de 2023 pero su firma y sello aparecen al pie de la nota. Más evidente aún es la fecha de la resolución que hace lugar a la donación: 24 de mayo de 2024. Esa fecha no solo es anterior al ingreso del pedido, sino que también tiene la firma y sello de Albanese como titular de la AABE.

El convenio de la donación es incluso más burdo. Está fechado el 5 de junio de 2024, y junto al sello y la firma de Albanese también aparecen los de Andrea Reggiani, exfuncionaria de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Ese sello tiene una doble inconsistencia, ya que mantiene la denominación de una cartera disuelta y el apellido de la ex funcionaria figura como "Peggiani".

El tramo del ramal C25 que está siendo barrido por una banda transnacional entre Padre Lozano y Morillo, en pleno chaco salteño, tiene 105 kilómetros. Son 210 kilómetros de rieles con un peso total aproximado de 10.500 toneladas. 

Cada tonelada se vende en Bolivia a 250 dólares, según fuentes del vecino país. Solo con los rieles el plan de desguace que tiene como paraguas respaldatorio a una falsa donación de la Administración de Bienes del Estado (AABE) y como fachada a fines altruistas de la Comunidad Aborigen de Misión Salim representa un botín ilícito de $3.500 millones.

La red organizada que opera con toda clase de vistas gordas y complicidades a ambos lados de la frontera no solo está contrabandeando vías, sino que también cruza a bolivia material rodante y otras piezas ferroviarias que representan otros $ 1.500 millones a precio de chatarra, según estimaciones realizadas con la ayuda de fuentes que conocen las características del patrimonio que el Estado Nacional dejó abandonado a su suerte desde los años noventa en la sección del ramal C25 que abarca a Padre Lozano, Pluma de Pato, Dragones y Morillo en jurisdicciones municipales de los departamentos Padre Lozano.

El lunes la ruta nacional 81 fue cortada a 2 kilómetros del ingreso a Dragones por un grupo de manifestantes encabezado por caciques de la zona, que comparten una larga agenda de reclamos sociales en una de las zonas más postergadas de la provincia, pero que mantienen serias diferencias frente al saqueo de la infraestructura ferroviaria por la que algunas comunidades son señaladas y otras vienen denunciando con insistencia complicidades de criollos, originarios, policías y gendarmes.

De hecho, hubo voces que acusaron a referentes de la comunidad La Chirola de "trabajar cortando rieles" para la banda organizada que está desguazando el ramal C25 y de "oponerse" a un cambio de policías. Criollos señalaron que ese reclamo se debe a que hay efectivos sospechados de "hacer de campanas" o "barrecaminos" para contrabandistas y narcotraficantes.

Ya en marzo último, a través de Salta 12, el presidente de la comunidad indígena Misión Wichí Kilómetro 2 de Pluma de Pato, Raúl Manuel, había advertido que sus insistente denuncias por el saqueo del C25 caían en saco roto en sedes policiales y de Gendarmería. El cacique marcó así su firme posición y manifestó su temor de que se termine culpando injustamente a su comunidad por el desguace ferroviario.

Manuel señaló entonces que sedes policiales no le tomaron la denuncia porque decían que a ellos "nos les compete" y que gendarmes le respondieron que "iban a ir a ver", sin llegar a constituirse en el lugar para constatar los hechos denunciados.

"Siguen cortando (los rieles). Llevan una amoladora y un grupo electrógeno. Según corre el comentario, llevan a Bolivia. Puede ser, porque ya van sacando casi como dos kilómetros" de vía, aseguró el cacique en sus declaraciones acompañadas por una foto en la que veía una larga sección del ramal C25 con los durmientes completamente despojados de los rieles que siguen saliendo por la ruta 53 y cruzados a Bolivia por pasos ilegales. /El Tribuno Salta