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Delgado apeló
el fallo del juez por entender que los ex funcionarios integraban una "asociación
ilícita"
Para la
fiscalía, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi
fueron cómplices de los hermanos Cirigliano en la tragedia ferroviaria de Once,
que dejó 51 muertos. Por eso ayer reclamó que sean procesados como integrantes
de una "asociación ilícita" al no controlar los trenes adrede, con el
fin de permitir el desvío de los subsidios.
Así el fiscal
federal Federico Delgado criticó el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que
la semana pasada había procesado a los hermanos Cirigliano, entre otros
empresarios de TBA, pero acusó a Jaime y a Schiavi sólo de abuso de autoridad e
incumplimiento de sus funciones. También había acusado por los mismos delitos
al ex subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna y a Pedro Ochoa
Romero, ex titular de la
CNRT. Su sucesor Antonio Sícaro fue directamente sobreseído
por Bonadio, lo que fue apelado por el fiscal, quien entendió que estos ex
funcionarios incurrieron en el delito de malversación de caudales públicos,
pues desviaron los fondos de su fin original.
"Sícaro
fue inexplicablemente exonerado por el instructor, ya que su comportamiento fue
idéntico al de los nombrados", escribió Delgado, y dijo que en todo caso
sólo puede haber diferencia a la hora de mediar las penas que correspondan y no
en esta etapa de investigación. De prosperar la calificación del fiscal, los
acusados se exponen a una pena de entre 5 y 20 años de cárcel.
El fiscal
apeló además la decisión del juez de sobreseer a Marcos Antonio Córdoba, el
maquinista que el 22 de febrero pasado se estrelló contra un andén de Once
cuando no pudo frenar.
Bonadio había
entendido que poco podía hacer con el tren que le dieron. Pero Delgado
interpretó que se lo debía responsabilizar por no parar la formación a tiempo.
Delgado fue
irónico con el juez, con quien mantiene un duelo histórico, y particularmente
duro con los ex funcionarios. A Bonadio lo tildó de "arbitrario", y
dijo que no se explica cómo los episodios de corrupción que describió en los
procesamientos contra los empresarios de TBA no se tradujeron en consecuencias
jurídicas para con los ex funcionarios.
Entendió el
fiscal que la calificación que eligió Bonadio de violación de deberes actuó
como una "barrera que oculta un recorte de los hechos y de las responsabilidades,
en particular de los funcionarios públicos".
Dijo que esto
es así debido a que, de este modo, se quebró "el ámbito de custodia"
de los bienes del Estado, porque los funcionarios optaron por no controlar.
Esta connivencia entre empresarios y funcionarios "se denomina complicidad
criminal", escribió Delgado.
El fiscal
destacó que el juez, con acierto, identificó a los Cirigliano entre quienes
usaron los subsidios para otros emprendimientos comerciales olvidándose de
cumplir con el contrato de concesión. "Tuvo por acreditado, y con razón,
que esa actividad fue intencional y que se realizó gracias a la connivencia de
los funcionarios y de un sector de los sindicatos del rubro", dijo
Delgado. Después agregó: "Los rostros de ese maridaje desde el lado del
Estado fueron los de Schiavi, Jaime, Ocho Romero, Luna y Sícaro".
"Tenían
la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos
subsidios públicos y a la par tenían el deber jurídico de controlar",
escribió.
Pero dijo que
el juez entendió que los ex funcionarios hicieron mal su trabajo y, en cambio,
para el fiscal "lo hicieron muy mal a propósito y esa intención se tradujo
en una complicidad criminal, porque el comportamiento de los funcionarios fue
parte de las causas que crearon el riesgo que produjo el resultado".
"Se
dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna
manera «volvían» hacia su entorno, como lo revela el propio juez", dijo
Delgado, que entendió que Bonadio "con alguna dificultad comprendió"
que el problema pasa por el estado del servicio, más la aplicación y vigilancia
de los fondos públicos..LaNación
