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El camino
para el juicio a dos ex secretarios de Transporte y otros ex funcionarios y
empresarios responsables de la empresa TBA por la tragedia de Once está desde
ayer más allanado: la Cámara
de Casación Penal rechazó los planteos de los abogados de los acusados y
confirmó sus procesamientos, con lo que el debate oral y público podría
celebrarse a fines de este año o a comienzos del año próximo, especularon
allegados al proceso.
El máximo
tribunal penal del país entendió que los procesamientos de los acusados no son
una sentencia definitiva ni representan una cuestión federal, por lo que
rechazó sus recursos de queja. De este modo, quedaron firmes las situaciones de
los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi -que no
había recurrido-, y de los ex titulares de la CNRT Antonio Sícaro y
Pedro Ochoa Romero, y del ex subsecretario de Transporte Ferroviario y
sindicalista Antonio Guillermo Luna.
Con los
fallos de la Sala III
de la Cámara
de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano
Borinsky, también quedó despejado el camino para que sean juzgados Claudio
Cirigliano, que controlaba TBA; el ex presidente de la firma, Carlos Michele
Ferrari, y los ex directivos Alberto de los Reyes, Carlos Esteban Pont Verges,
Marcelo Alberto Calderón, Carlos Alberto Lluch, Alejandro Rubén Lopardo y
Alberto Gariboglio. A estos acusados se sumará el conductor del tren descarrilado,
Marcos Córdoba.
Hay otros 16
procesados que irían a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 2 posiblemente a
fines de este año o en 2014, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.
Los
funcionarios y empresarios serán juzgados por los delitos de estrago culposo y
administración fraudulenta. Esta calificación legal los expone a penas que
pueden llegar a los 11 años de prisión.
La tragedia
de Once ocurrió a las 8 de la mañana del 22 de febrero de 2012 cuando una
formación repleta de pasajeros ingresó en el andén 2 de la terminal y no pudo
frenar, con lo que chocó contra los paragolpes. Murieron 51 personas, otra por
nacer y más de 800 resultaron heridas.
El juez
federal Claudio Bonadio, tras una rápida investigación, elevó el caso a juicio
un año después de ocurrida la tragedia. La Cámara Federal
confirmó la casi totalidad de los procesamientos dispuestos por el juez, agravó
la situación de los ex funcionarios públicos acusados y los puso en pie de
igualdad con los empresarios, que se vieron favorecidos.
RESPONSABILIDADES
Para la Justicia , hasta ahora, la
tragedia de Once fue responsabilidad del Estado, que no controló a las
concesionarias ferroviarias; de TBA, que no mantuvo los trenes, y del motorman,
que condujo de manera negligente. Fue especialmente dura con los funcionarios
que, indicó, permitieron que el dinero que transfería el Estado vía subsidios
terminara en los bolsillos de los empresarios y no fuera invertido en mantener
la infraestructura ferroviaria. Con la agravante de que los funcionarios que
debían controlar hicieron una tarea formal y permitieron que la defraudación se
extendiera en el tiempo.
Para que el
juicio oral y público se realice falta, de todos modos, transitar un camino
largo y cumplimentar no pocos pasos procesales. Durante este lapso los acusados
pueden interponer nuevos recursos, cuya resolución podría demorar el proceso.
Apenas fue
elevada a juicio, la causa recayó en el Tribunal Oral Federal N° 5. Pero los
jueces estaban abarrotados de trabajo y comenzaban a hacer el juicio por
violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del Plan Cóndor,
cuando dictaduras de América latina se aliaron para eliminar opositores
políticos.
Ante este
juicio, que insumiría al menos dos años, los jueces enviaron el caso de Once a la Cámara de Casación para que
decida qué hacer. Los jueces revisaron la situación de los seis tribunales
orales y teniendo en cuenta la carga de tareas que tenía cada uno, se lo
adjudicaron al Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge
Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu. Se trata de los mismo jueces
que condenaron a la ex ministra de Economía Felisa Miceli.
Pero la
defensa de los empresarios de TBA objetó la manera en que se eligió el
tribunal: plantearon que no fue determinado por sorteo, sino a dedo, lo que
afecta su derecho de defensa. Los jueces del TOF 2 deben resolver el planteo.
El tribunal
les dio ahora plazo a todos los acusados para fotocopiar todo el expediente y
preparar el ofrecimiento de pruebas. Es decir, deben informar qué testigos y
peritos citarán en el juicio, y si la investigación les parece suficiente o si
proponen nuevas medidas. Si esto es así, se hará una instrucción suplementaria,
por ejemplo, un peritaje contable más amplio. Cuando se agoten estos trámites
el tribunal oral le pondrá fecha al juicio.
LAS OTRAS CAUSAS DE JAIME
El ex
secretario de Transporte Ricardo Jaime es el más complicado de todos los
acusados. Además de este juicio por Once, enfrenta otras causas derivadas de su
gestión, entre 2003 y 2009. En la causa más avanzada está acusado de recibir
dádivas de empresas a las que debía controlar. En un caso, ya elevado a juicio,
los empresarios de la
Terminal de Ómnibus de Retiro pagaron los alquileres de los
pisos de Retiro que ocupó el ex funcionario. La firma fue beneficiada con una
prórroga de su concesión.
Las otras
dádivas recibidas fueron vuelos gratuitos en taxis aéreos y aviones de línea
pagados por hombres de negocios del área de transporte. Además, la Justicia lo investiga por
enriquecimiento ilícito. Un peritaje contable estableció que Jaime, familiares
suyos y allegados no pueden justificar bienes por 12 millones de pesos.
LOS PRINCIPALES ENJUICIADOS
Deberán
enfrentar el proceso a fines de este año o en 2014
Ricardo Jaime
Ex secretario
de transporte
Estuvo en el
cargo desde 2003 hasta 2009. Lo acusan de no haber controlado a TBA y haber
autorizado el pago de subsidios a pesar de que existían informes que señalaban
el mal estado de los trenes
Juan Pablo Schiavi
Ex secretario
de transporte
Estaba en el
cargo cuando ocurrió la tragedia. Fue procesado por no controlar y por permitir
que se siguieran transfiriendo fondos a TBA pese a que no se cumplieron
requisitos del contrato de concesión
Antonio Sicaro
Ex titular de
la CNRT
Era quien
debía controlar que se cumpliera el contrato de concesión, pero la Justicia concluyó que el
control que se hacía era formal, que se pasaban papeles y que no se tomaban
medidas contra TBA
Claudio Cirigliano
Ex titular de
TBA
Controlaba la
empresa a través de Cometrans. Para la Justicia , usaron en beneficio propio los fondos
recibidos como subsidios y no los aplicaron a la empresa. Para ello usaron una
red de empresas vinculadas
Fuente: La Nación
