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Por
tercera vez en 10 años el sindicato ferroviario impide mejorar el vital pero
deficiente servicio actual, con un argumento que se desvanece ante la magnitud
del problema.
Por
tercera vez en 10 años el sindicato ferroviario impide mejorar el vital pero
deficiente servicio actual, con un argumento que se desvanece ante la magnitud
del problema. Ya ni siquiera se desplaza el control estatal, como en las dos
oportunidades previas. Ahora la Unión Ferroviaria (UF) frustra un tímido
intento gubernamental de revertir la constante pérdida de cargas de trenes que
operan a paso de tortuga por vías deterioradas, con una caída en los últimos
cinco años de 1.400.000 toneladas anuales a 800 mil. Detrás del obstruccionismo
de la UF está su negativa a pasar a trabajar bajo el derecho privado. El cambio
no implicaba reducción de puestos de trabajo sino meramente perder la
irrazonable inamovilidad de que gozan los funcionarios públicos, excepto los
municipales. Pero si los miembros de la UF confiaran en su competencia laboral,
sus empleos estarían igualmente garantizados.
La
posición sindical constituye apenas la defensa de un interés ínfimo cuando se
lo compara con sus consecuencias. Recuperar el ferrocarril es esencial para
facilitar el trasiego de bienes, del cual depende la actividad económica en
momentos en que la amenaza el actual crecimiento enlentecido. Lo torna urgente
la averiada infraestructura de carreteras, sobrepasada por el tráfico de
camiones y cuyo mejoramiento llevará años si el gobierno concreta algún día la
asociación de capitales privados con el Estado. Esta necesidad apremiante
vuelve a ser ignorada por la UF. Ya lo hizo en el primer gobierno del Frente
Amplio, cuando frustró un acuerdo con un consorcio privado para restablecer y
gestionar el servicio, que erradas administraciones anteriores dejaron caer.
El
expresidente José Mujica aseguró más tarde que estaba asegurada la venida de
empresas chinas para recuperar el ferrocarril. Pero el sindicato volvió a decir
no y todo quedó en la nada por falta de energía gubernamental. Ante este nuevo
fiasco, la administración Mujica recurrió en 2011 a una rebuscada solución
improbable. Dividió a AFE en dos empresas estatales, creando Servicios
Logísticos Ferroviarios (SLF) para manejar las cargas y dejando al ente a cargo
de la infraestructura. Pero SLF, propiedad de AFE y de la Corporación Nacional
para el Desarrollo, pasó a operar bajo el derecho privado, en tanto AFE
continuaba como hasta ahora.
El
previsible resultado fue que durante cuatro años SLF operó con cuatro
empleados, porque los miembros de la UF se negaron al traspaso. Como
desesperanzada salida a ese fracaso, la administración Vázquez hizo un llamado
para cubrir 110 puestos de maquinistas y otros cargos técnicos. Se presentaron
1.198 aspirantes pero ninguno del sindicato, cuyo presidente, Carlos Aramendi,
proclamó que “ningún trabajador ferroviario va a dejar de ser funcionario
público para ir al derecho privado”. Los nuevos postulantes no llenaron los
requisitos y necesitarán al menos tres años de capacitación antes de que puedan
conducir trenes.
El
resultado de esta acumulación de desaciertos sindicales y traspiés
gubernamentales es que SLF está contratando al personal de la UF en AFE para
que haya algunos trenes en marcha. Esto significa que todo queda como está
desde hace décadas y que un servicio ferroviario medianamente eficiente no se
concretará en el mediano plazo a menos que el gobierno sea capaz alguna vez de
superar la ceguera de un sindicato que frena una urgente necesidad
nacional.ElObservador.uy
