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31 de agosto de 2024

"No tengo para pagar": el tenso momento que se vivió en el subte por un pasajero sin boleto

Actualidad

En la línea A se desató un escándalo por un hombre que no había abonado el pasaje. Integrantes del Grupo Especial de Asistencia intervinieron para pedirle que salga de la formación. La reacción de los usuarios.

Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas en la línea A de subtes con un pasajero que no pagó el boleto. El escándalo incluyó a algunos usuarios y a personal de seguridad que ordenaron al hombre bajarse de la formación para que esta avanzara. "No tengo para pagar", fue la frase que utilizó en reiteradas ocasiones con impotencia.

La secuencia, difundida por la cuenta de "X" Federico Lacroze (@Fedelacroz), que se encarga de difundir noticias y videos con todo tipo de denuncias referidas al transporte subterráneo, ocurrió en uno de los vagones correspondientes a la línea que une las cabeceras Plaza de Mayo y San Pedrito.

En una de las estaciones intermedias, un usuario fue abordado por varios integrantes del Grupo Especial de Asistencia (GEA) -el cuerpo de brigadistas que se encarga de patrullar la red subterránea- que le pidieron que descendiera de la formación. ¿El motivo? No había pagado el pasaje. En ese contexto, el tren se mantuvo detenido.

Me vas a llevar preso? ¿Vas a llamar a la policía para que me meta preso por no pagar el boleto?", dijo el hombre, visiblemente angustiado por la situación. Luego, esbozó una frase que repitió hasta el cansancio: "¡No tengo para pagar, no tengo para pagar!".

"Váyanse, no tengo para pagar y voy a viajar. ¿A quién defendés?", le expresó a uno de los brigadistas del GEA. En ese momento, algunos pasajeros comenzaron a intervenir. Algunos le decían a los agentes de seguridad "le pagamos el pasaje", mientras que otros comentaban "hermano tenemos que viajar todos, bajate del tren".

Se desconoce cómo terminó la historia de un episodio que retrata a flor de piel los efectos de la crisis económica y los inconvenientes que tienen los pasajeros para abonar un viaje en el transporte público.

¿Cuánto sale un pasaje en subte?

Desde mayo, la tarifa del subte acumula un aumento del 520%. El primer tramo del incremento llevó el boleto de $125 a $574. Mientras que luego, el 1° de junio, se aplicó la segunda suba, a $650 cada viaje.

El aumento a $757 estaba previsto para el 1° de agosto, pero se postergó, al menos hasta fines de septiembre. El cuadro tarifario actual del subte es el siguiente:

1 a 20 viajes: $650

21 a 30 viajes: $520

31 a 40 viajes: $455

41 o más viajes: $390

En tanto, a partir del 1° de octubre el precio del boleto del subte va a quedar de la siguiente manera:

1 a 20 viajes: $757,00

21 a 30 viajes: $605,60

31 a 40 viajes: $ 529,90

41 viajes en adelante: $454,20

La postergación en el aumento de la tarifa de subte se dio en el contexto de una marcada caída en los usuarios del transporte público.Página12.com

31 de julio de 2024

Ferrocarriles: Unos $250 millones por cortar el pasto, ventanillas paralelas y dudas sobre quién manda

Actualidad

La renuncia del presidente de Sofse, administradora del servicio, esconde un escándalo de inconsistencias, irregularidades e internas dentro de la empresa

Se ha vuelto todo tan habitual que los ferroviarios no hablan de “escándalo”. Aunque lo sea. El lunes, último día en funciones de Luis Adrián Luque, el directivo que acaba de renunciar a la presidencia de Sofse, administradora de Trenes Argentinos, llegó al Palacio de Hacienda una factura de 250 millones de pesos para que se le pague a un proveedor por haber cortado el pasto al borde de las vías en mayo. Un viejo ardid, dicen en el sector: que esta compañía, el empleador N°1 del país, no tenga un solo jardinero entre los más de 30.000 trabajadores a los que les paga el sueldo y deba contratarlo afuera.

Los tiene, en realidad, admiten en el Ministerio de Economía, porque hay personal afectado específicamente a esa función. Pero la proliferación de gastos sin control ha sido en los últimos años la costumbre de un servicio que, de milagro, no terminó con muertos el último 10 de mayo, cuando dos de sus formaciones chocaron sobre las vías del San Martín. Eso alertó a sus autoridades de lo obvio, que el servicio estaba desinvertido, y llevó al Gobierno a declarar la emergencia ferroviaria y a entregarle un presupuesto de 350.000 millones de pesos para revertir el deterioro.

Pero ese fue también el principio de tironeos internos que terminaron de estallar esta semana, con la renuncia de Luque, un abogado que viene de la administración anterior y que pertenecía a un elenco de funcionarios que no se renovó con Milei y que milita desde hace muchos años dentro del Frente Renovador. De hecho, Luque fue concejal por el massismo en San Miguel.

Al contrario de lo que se pensaba, la declaración de la emergencia no apaciguó las discusiones. Al contrario. Desencadenó, por lo pronto, una puja entre los más de 700 proveedores por conseguir cobrar algo de la enorme deuda que la empresa tiene con ellos desde los tiempos de Massa. Algo más de 100 millones de dólares acumulados. En realidad, el pasivo grueso es con unos 70 contratistas cuya acreencia supera el millón de dólares. Los primeros en enterarse de esto fueron gerentes regionales del Macro, el banco que se fue convirtiendo en los últimos años en financiador de varios proveedores y que intentaba cobrar créditos que había otorgado contra las facturas. ¿Cómo te voy a pagar si el Gobierno no me paga?, contestaban los deudores.

Es evidente que algunos vieron en la presión y la escasez un negocio. O al menos es la queja que llegó al Gobierno: más de un proveedor llegó a oír propuestas extrañas. Por ejemplo, que para tener una certificación de deuda debería dejar en alguna ventanilla lateral un 25% del monto. O, para cobrar, un 15%. Según admiten los empresarios, el servicio de pago venía con una explicación textual: “No hay plata y lo escaso tiene un costo”. Travesuras que acaso haya acelerado el proyecto de privatizar el servicio, incluido en la Ley Bases.

La Secretaría de Transporte acaba de encargar una amplia auditoría para los gastos y la deuda. Y le pidió la semana pasada la renuncia a Luque, aunque con otro argumento público: quería darle a la empresa una administración de carácter más técnico. No está claro qué se le dijo exactamente, pero sí la reacción que el presidente de Sofse tuvo, no bien oyó la orden: no se iría y, en todo caso, lo haría llevándose a unos cuántos consigo. ¿Lo estaban haciendo responsable de todos los desmanejos? ¿También de las irregularidades? “No se olviden que soy abogado”, lo escucharon decir.

Luque tuvo una conversación franca con Franco Mogetta, secretario de Transporte. Pero quien le había dado antes la noticia era alguien más cercano, Fabián Carballo, un empresario de ferias al borde del andén que ha cobrado una relevancia inusitada, se mueve internamente con la autoridad de un funcionario y tiene una antigua y muy buena relación con Massa. Carballo no sólo fue candidato a intendente de José C. Paz en 2015 por el Frente Renovador, sino que apuntaló varias campañas de ese espacio y le prestó en muchas ocasiones el helicóptero al exlíder de Tigre. Y, según una investigación de Maia Jastreblansky e Iván Ruiz en LA NACION, le alquiló 17 vuelos entre 2014 y 2019 a través de una empresa de su propiedad, Fusion Blue Services Aéreos SA.

El año pasado, mientras ocupaba el cargo de director de Contralor de Transporte Aéreo bonaerense, puesto al que llegó por la influencia massista en el gabinete de Kicillof, Carballo se acercó también a la Libertad Avanza. Lo hizo a través de dos dirigentes con llegada al poder: Carlos Romo, concejal de San Miguel por ese partido, y su hijo Agustín Romo, diputado provincial. Eran todavía tiempos de campaña en los que muchos candidatos de la provincia de Buenos Aires pasaron de uno a otro lado. El caso más emblemático fue Sergio Raúl “Nono” Vargas, actual senador bonaerense de la Libertad Avanza, exsocio de Guillermo Michel en el sector privado y todavía de licencia como consejero técnico de Fiscalización y Operativa de la Dirección de Aduana de Ezeiza.

Todo ese universo se jacta de tener muy buen vínculo con Santiago Caputo, asesor de Milei y el más influyente en el área ferroviaria. O el más citado dentro de la compañía ante eventuales discusiones. De hecho, durante el lapso de siete días en que se negó a dejar el cargo, Luque repetía que sólo se iría si se lo pedían: “Cualquiera de los Caputo, Karina o el Peluca”. La resistencia duró hasta la mañana de este martes, cuando el directorio le aceptó la renuncia. La incógnita es ahora si, más allá de los nombres, viene o no una nueva etapa. Por: Francisco Olivera para el Diario LaNación.com

11 de julio de 2024

La miopía federalista: Los Trenes Argentinos no son un tema sólo “porteño”

Actualidad

La privatización de la red ferroviaria debería ser un escándalo nacional, pero para muchos es un problema que atañe únicamente a CABA y GBA. ¿Es una reedición del resentimiento al centralismo de la capital? ¿O hay más en juego?

Vivimos en un país donde Trenes Argentinos es visto, vaya paradoja, como un “problema porteño”. Donde en medio siglo se pasó de una de las redes ferroviarias más grandes del mundo a estar a punto de perderla y que a nadie se le mueva un pelo. ¿Cómo llegamos a que el ferrocarril que permitió desarrollar economías locales ante una capital acaparadora sea hoy antónimo de federal y motivo de interés cero?.

Ante todo, una aclaración importante. En estos discursos sobre el ferrocarril suele darse un reduccionismo doble: se toma la parte por el todo (“Ciudad de Buenos Aires” por “Área Metropolitana de Buenos Aires”, que incluye al GBA) y el todo por la parte (“la Argentina” por el mal llamado “Interior”). Dos sinécdoques que se transforman en grieta de distintas maneras. 

Una es olvidar un dato clave y básico: los trenes conectan pasajeros y cargas a nivel nacional. La otra, muy de moda en redes sociales, es responder al plan de privatizar los ferrocarriles con dos reacciones, ambas negativas. Una es la mera apatía, porque “qué querés si el servicio es pésimo”. La otra es, ante la posible pérdida de ciertas líneas, expresar una suerte de Schadenfreude, palabra alemana para la alegría por la desgracia ajena, en este caso metropolitana.

“En el resto del país está la idea de que los trenes son un privilegio del AMBA –me apunta Galileo Vidoni, especialista en Política y Planificación del Transporte (UNSAM), con quien suelo debatir estos temas–. En cierta manera, que los trenes paguen el pato del ajuste es una forma de que el AMBA lo pague, porque se ve como algo que este tendría a costa de otras regiones”.

La forma más grave de este desinterés es la ausencia de la cuestión ferroviaria en la agenda pública en general y la legislativa en particular. Cuando se discutió la Ley Bases, casi nadie habló de los ferrocarriles: los legisladores los dejaron fuera de la lista de empresas públicas que pidieron preservar de la privatización, en la que sí incluyeron Aerolíneas Argentinas (clave en los vuelos a sus provincias) y Correo Argentino (porque la medida implicaba el cierre de sucursales en las localidades que les dan conectividad). Casi nada se dijo de Trenes Argentinos.

El Ejecutivo tampoco se hace cargo. Los trenes metropolitanos están borrados de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, excepto para reconducir el tránsito vehicular por debajo o por encima de las vías. De hecho, dos estaciones ferroviarias porteñas (Villa Crespo y La Paternal del Ferrocarril San Martín) permanecieron cerradas media década sin demasiada trascendencia. Y jamás se puso en marcha una autoridad metropolitana que se haga cargo del AMBA como tal, por lo que la cuestión queda librada a su suerte más que nunca.

¿Por qué Trenes Argentinos no es una cuestión meramente del AMBA?

En primer lugar porque, en transporte de pasajeros, se unen localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Además, hay trenes regionales en las provincias de Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. También uno que conecta Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación. 

En segundo lugar, el AMBA no es la única área metropolitana en la Argentina: en el país hay ocho más. De ellas, cuatro cuentan con servicios ferroviarios que las cubren total o parcialmente. Es el caso del Gran Mendoza, con su tren ligero Metrotranvía; el del Gran Rosario, con trenes entre Rosario y Cañada de Gómez; el del Área Metropolitana de Neuquén, con el Tren del Valle que une la capital provincial con Plottier (y, hasta hace dos años, con Cipolletti); y el del Gran Córdoba, con el Tren de las Sierras - Metropolitano.

En tercer lugar, sin trenes no hay desarrollo nacional posible. La red ferroviaria nacional conecta zonas de producción con puertos y centros de consumo. Traslada productos agrícolas, áridos, madera, azúcar, cemento, carbón, bebidas, metales, minerales y un largo etcétera. Opera a lo largo de 16.000 kilómetros, casi cuatro veces la extensión de la red de pasajeros.

La eficiencia y el costo de ese transporte ferroviario impactan directamente en la economía nacional. Un estudio del Banco Mundial de octubre del año pasado demuestra que, si se modernizara el Belgrano Cargas y su infraestructura asociada, podrían duplicarse los volúmenes transportados en el Noroeste argentino y así multiplicarse por ¡32! las exportaciones de litio y cobre. 

¿Por qué se cree que Trenes Argentinos es una cuestión meramente del AMBA?

Después de lo anterior, me pregunto de dónde surge la concepción de que los trenes son un problema que no atañe al país sino sólo a una parte. De dónde nació esa falsa dicotomía entre Trenes Argentinos y Aerolíneas Argentinas, y el supuesto “mayor federalismo” de la segunda, una idea que termina validando a los que buscan dividir y reinar. 

¿Hay una reedición, con matices, de cierto resentimiento hacia el “centralismo porteño”? ¿Son las deficiencias del servicio? ¿Es lo limitado de la red ferroviaria actual? Creo que opera todo eso y, últimamente, sobre todo, el sentimiento nacido de la injusta disparidad en las tarifas de transporte público a lo largo y ancho del país, que este último semestre se redujo para inmediatamente volver a ampliarse. En cualquier caso, todo lo que menciono en este párrafo se resuelve con más Estado y no menos. 

Es cierto que la red ferroviaria está más concentrada en el AMBA, mientras que el resto del país recibe menos inversión. Más allá de que cierta concentración es entendible en un Área Metropolitana donde vive casi un tercio del país (30,37%), ¿no debería en cualquier caso exigirse más para el resto, en lugar de menos para el AMBA? 

Somos el tercer país en Sudamérica en haber desarrollado ferrocarril. Llegamos a tener 47.000 kilómetros de red ferroviaria en los cincuenta. Hoy Trenes Argentinos está sujeta a “privatización o concesión”, tres décadas después de que un plan similar fracasó. Pasamos de comprar coches, revivir ramales y renovar vías, a que se analice implementar un Metrobus sobre la traza de la Línea Belgrano Norte. 

Lo que se pierde de vista con esta miopía es que todo el país paga las consecuencias del desguace ferroviario y a la vez termina justificándolo. La carga será demasiado pesada para generaciones futuras. Como en un partido trabado, las chances de meter un gol son pocas, a veces únicas. Apostar a que volvamos a meter uno, es decir, a que nuevamente en un futuro hagamos un sistema ferroviario de cero no puede ser una opción en un país golpeado como el nuestro.ElDiarioAR.com

6 de septiembre de 2019

Grave: Viaducto Línea San Martín: 50 subcontratistas denunciaron que los estafaron y les deben millones

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Advierten que la deuda supera los 400 millones de pesos. Reclaman los pagos a la empresa Green SA-Rottio SA-VFE- UTE, contratada por AUSA, que depende del Gobierno de la Ciudad. Alertan que la obra está sin terminar, con los riesgos que ello implica.

El Viaducto San Martín, inaugurado un mes antes de las PASO y con toda pompa, quedó envuelto en un escándalo. Medio centenar de subcontratistas denuncian que fueron estafados y les adeudan montos millonarios. Reclaman una respuesta del Gobierno de la Ciudad.


“Fuimos alevosamente estafados”, denunciaron las empresas subcontratadas por la constructora Green SA-Rottio SA-VFE- UTE, contratada a su vez por AUSA, que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En el sitio BA Obras se detalla que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad y la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) supervisaron las obras, adjudicadas mediante licitación pública a esa UTE por $3.098.820.470.


“La suma a la que asciende la deuda con nosotros supera los 400 millones de pesos, aunque sabemos que poco a poco la suma irá creciendo ya que tenemos conocimiento de que aún falta contabilizar la deuda de otras empresas como las nuestras”, señalaron mediante un comunicado difundido este jueves.

Según consignó el periodista Alan Longy en un informe para AM 750, los empresarios ya se reunieron con las tres partes (Ausa, Green S.A y el Gobierno de la Ciudad) pero no les dieron soluciones, mientras las deudas crecen. El Ejecutivo se comprometió a dar una respuesta el lunes. Desde la contratista dicen que apuraron la obra y ahora no quieren pagarles los adicionales.


“La situación de nuestras empresas es en algunos casos desesperante. Se trata en su mayoría de Pymes de conformación familiar”, remarcaron los afectados.  “La empresa Green SA-Rottio SA VFE UTE, con el consentimiento flagrante del Gobierno de la Ciudad, que está en absoluto conocimiento de lo que sucede hace ya muchos meses, está permitiendo que la estafa se termine de concretar: no sólo permitió que la UTE vendiera al Banco Supervielle los derechos de cobro de los certificados de obra, con todas las complicaciones legales que esto trae, sino que además siguió liquidándoles los certificados y redeterminaciones de obra cuando ya la empresa estaba en cesación de pago a sus proveedores. La maniobra no puede ser más descarada o, al menos, negligente”, cuestionaron las empresas afectadas:


Los empresarios advirtieron además que la obra se encuentra “sin terminar”, con los riesgos que ello implica: “Advertimos a todos los usuarios de la línea San Martín que dicha paralización acarrea inevitablemente una serie de peligros, y que responsabilizamos por ello al Gobierno de la Ciudad. También hacemos extensivo el llamado de atención pertinente a todos los trabajadores ferroviarios de la Línea San Martín para que estén más alerta que nunca ante cualquier inconveniente”.NuevaCiudad.com

4 de junio de 2018

Odebrecht: las firmas procesadas en Lava Jato argentino ejecutan obras por más de $20 mil millones

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Pese a que la Justicia las tiene en la mira y hasta las embargó, el Gobierno les permite continuar participando en gigantescas licitaciones. Sus vínculos con Macri y su familia.

Pese a contar con procesamientos, embargos y pedidos de indagatoria, las principales firmas involucradas en el escándalo del capítulo del Lava Jato argentino, que tiene a Odebrecht como el arrepentido estelar, continúan recibiendo y ejecutando gigantescas obras a lo largo y a lo ancho del país bajo la gestión de Mauricio Macri, al punto tal que la cifra ya supera los 20 mil millones de pesos.


Según puedo reconstruir El Destape en base a las recientes licitaciones y adjudicaciones recibidas por las empresas involucradas en el escándalo del Soterramiento del tren Sarmiento y de la Planta Potabilizadora de AYSA lograron continuar los monstruosos proyectos, aun pese a que los fiscales y jueces que investigan el entramado de corrupción ya han puesto sus ojos en su operatoria.

Curioso es el caso del soterramiento del tren: según dictaminó el fiscal Franco Picardi en noviembre pasado, la firma IECSA, que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue embargada por $54 millones, acusada de haber participado en las coimas pagadas a una consultora fantasma del ex funcionario K Ricardo Jaime. Incluso, el fiscal aportó correos electrónicos que probarían la participación de un gerente de la firma en el pago de coimas, en una obra que, se calcula, contó con un sobreprecio de casi mil millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió quitarle la concesión a Odebrecht, la arrepentida que paga todas las culpas, pero dejó que IECSA continuara llevando adelante su parte, aun cuando todas las pruebas lo incriminan y lo ponen en el centro de la investigación y aun cuando el propio Calcaterra tendrá que rendir explicaciones en declaración indagatoria.

Misma situación ocurre con la Planta Potabilizadora de AYSA: pese a que el juez Sebastián Casanello procesó y trabó embargos millonarios contra Odebrecht y las firmas que participaron del consorcio adjudicatario de una obra, el Gobierno decidió convalidar que apartaran a la constructora brasilera y que Roggio, Cartellone y Supercemento continuaran con normalidad el emprendimiento cuyo sobreprecio fue estipulado por el propio juez en unos 200 millones de pesos sobre los 2200 presupuestados.

Pero eso no es todo, tanto IECSA, involucrada en las coimas del soterramiento del Sarmiento, como las tres firmas implicadas en las de la planta potabilizadora, continuaron recibiendo obra pública y participando de licitaciones como si nada pasara.

En el caso de la firma del primo del Presidente, actualmente se encuentra ejecutando obras por al menos $4000 millones de pesos (Paseo del Bajo y Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural). Por su parte, Roggio participó de la licitación de Participación Público-Privada (PPP) que lanzó el Gobierno recientemente, y sigue ejecutando obras por unos $5000 millones en la actualidad (Arroyo Vega, avenida Beiró y contrato de basura con CLIBA), mientras que Supercemento, asociada con Cartellone, ejecuta la pavimentación de la autopista Federal número 33, por $3.718 millones.

Por su parte, el gigante de la construcción brasilera no está para nada conforme con el correr de los hechos, al punto tal que a través de sus representantes legales en Argentina manifestaron su disconformidad con el proceso local, al destacar que solo a ella le impiden participar de los procesos licitatorios, mientras que a sus socios nada les ocurre.

Según destacó el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la firma brasilera además sostuvo que "las coimas se pagaban de acuerdo a la participación de cada empresa en el emprendimiento", por lo que tanto IECSA como Roggio, Cartellone y Supercemento, las que actualmente reciben millones del Estado, también ejecutaron una clara participación en la trama de corrupción del Lava Jato.ElDestape.com