UN ESLABÓN EN LA CADENA DE LOS SOBORNOS

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Ante el Consejo de la Magistratura, el CELS insistió en la necesidad de que se analice el rol del juez de Casación, imputado en la causa penal por el presunto tráfico de influencias y coimas para liberar a los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra.

La causa penal por tráfico de influencias y sobornos en la que está procesado el ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza estuvo muy cerca de alcanzar a miembros del Poder Judicial hasta que quedó paralizada por una “contienda negativa de competencias”, o la negativa de varios jueces a dar los pasos necesarios, y ahora depende de la decisión de la Cámara de Apelaciones. Mientras la parálisis ganó allí, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aboga por romper con la quietud de otro expediente, aquel que se abrió hace más de un año en el Consejo de la Magistratura para que se investigue al juez de Casación Eduardo Riggi y en el que reiteró, a través de una solicitud presentada formalmente, la “necesidad” de que el organismo analice la situación de Riggi, imputado en el expediente penal como uno de los eslabones en la cadena de contactos que pretendía facilitar el desprocesamiento tanto de sindicalistas ferroviarios como de la patota de barrabravas y empleados de la ex línea Roca de trenes que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, en octubre de 2010.

Los teléfonos celular, particular y laboral de Riggi aparecieron en la agenda personal de Pedraza.

“Siendo uno de los casos de corrupción judicial más escandalosos de los últimos años, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con las pruebas que existen en la causa penal ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo”, explicó a Página/12 el abogado del CELS Maximiliano Medina, atento a la determinación que tomará el Consejo de la Magistratura una vez retomadas las actividades, el mes que viene.

“Observamos que no se han agotado las medidas investigativas destinadas a determinar la responsabilidad funcional del juez denunciado.” Así comienza el documento que profesionales del CELS dirigieron al presidente del Consejo, Carlos Moreno, y solicitaron integrar al expediente que nació con su denuncia contra Riggi, en abril de 2012. Entonces, la organización ligada a la defensa de los derechos humanos había pedido que se inicie el proceso de remoción del juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal para analizar su rol en los hechos que se desprendieron de la investigación central por el asesinato de Ferreyra y que constituyeron una causa en sí misma: el tráfico de influencias y el pago y cobro de coimas para liberar a los ferroviarios del procesamiento por la muerte del militante.

El expediente en el Consejo coexistió en paralelo a la causa penal, aunque prácticamente no se movió. Mientras en la causa penal se aportaron pruebas, se logró el procesamiento de Pedraza, del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, del ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, del entonces contador de la UF Angel Stafforini y de la apoderada de Pedraza, Susana Planas, y se exigió la elaboración de pruebas para avanzar en el procesamiento de otros, entre ellos Riggi, los pasos en el Consejo de la Magistratura fueron escasos. Hasta principios de diciembre pasado, la denuncia del CELS coexistía en el Consejo con un descargo liviano y superficial de Riggi en el que se desentendía de los hechos por los que se lo acusaba, y con el pedido, novedoso, de copias certificadas del auto de procesamiento de Luis Rodríguez, el primer juez que tuvo la causa.

Para imprimirle celeridad a la cuestión y para exigir un examen “serio” del caso, el CELS presentó un descargo de siete fojas en las que recorre la situación, hace hincapié en las medidas encargadas por el Ministerio Público Fiscal en la causa penal, que apuntan a reforzar pruebas que fortalezcan la participación de Riggi en la cadena de influencias y hace mención a un elemento llamativo que, hasta el momento, no integra el expediente penal: la agenda telefónica personal de Pedraza secuestrada en su vivienda de Puerto Madero el día en que fue detenido por la muerte de Ferreyra. “Llama la atención que Pedraza tuviera registrados en su agenda los teléfonos de la casa, celular y laboral” de Riggi, determina el CELS en el documento, en donde poco más adelante certifica que el teléfono del juez es uno de los dos únicos contactos de miembros del Poder Judicial en la agenda de más de 400 vínculos, entre los que abundan los de numerosos políticos, funcionarios a cargo de organismos públicos y periodistas.

“Siendo uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años, y en el marco de la investigación de un episodio de violaciones a los derechos humanos, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con la prueba que hay en la causa ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo”, insistió Medina en el mismo sentido que el CELS dio al documento presentado ante el organismo que controla a los jueces.

La causa penal

El nombre de Riggi aparece en el entramado delictivo en cuestión debido a su rol: presidente de la Sala III de la Cámara Penal. A partir de una serie de escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López sobre los teléfonos de Pedraza, en el marco de la investigación por el asesinato de Ferreyra, surge la organización de una trama de sobornos para lograr que esa sala tomara la causa, que entonces ya contaba con la patota y los instigadores –Pedraza y su entonces segundo en el gremio, Juan Carlos González, entre otros– procesados. Por una suma de dinero, la sala daría marcha atrás con esos procesamientos. En las escuchas, el ex agente de Inteligencia Riquelme, procesado como el vínculo entre Pedraza y la Justicia, llama a Riggi “el amigo Eduardo”.

En la causa penal, Riggi está imputado pero no procesado. En octubre pasado, el fiscal Horacio Azzolín “solicitó diversas diligencias probatorias dirigidas por considerar que no se encontraba agotada la etapa de instrucción” y que “aún no era posible descartar la intervención de Riggi”, entre otros miembros del Poder Judicial, involucrados en la trama delictiva, sostiene el CELS en el documento presentado ante el Consejo de la Magistratura. Allí describe, en detalle, las acciones solicitadas por Azzolín para reforzar la necesidad de que esa institución tome por seria la imputación al juez: el fiscal solicitó se llame a declarar a la jueza de Casación Angela Ledesma, así como también a los empleados de las vocalías de Riggi y su colega Wagner Gustavo Mitchell para que testifiquen sobre los encuentros de ambos con Riquelme, Aráoz de Lamadrid, Stafforini y demás procesados y, por último, que se investigue si el hijo de Riggi “se vio beneficiado” con la construcción de una vivienda a través de su vínculo con Riquelme.

Cabe remarcar que por tales medidas, el juez que entendía en la investigación, Osvaldo Rappa, se declaró incompetente. Fue el primero de tres magistrados que tuvieron la misma actitud en los últimos meses. La causa quedó en manos de la Cámara de Apelaciones, de la que depende su continuidad.

“Esto significa que Riggi no sólo aún continúa imputado en la causa penal, sino que además la investigación en relación con su participación delictiva de ningún modo se encuentra agotada”, concluyó el CELS en la solicitud que integró en el expediente. Para conocer la reacción del Consejo de la Magistratura habrá que aguardar hasta febrero, cuando el cuerpo retome sus funciones.Página12.com