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27 de abril de 2021

En el juicio por los trenes chatarra un ingeniero en ferrocarriles declaró: "Yo no los habría comprado ni mamado"

Actualidad

Norberto Rosendo tiene 63 años, es ingeniero en ferrocarriles e intregra la ONG “Salvemos al tren”. Trabaja de certificar el buen estado de las formaciones ferroviarias. En ese carácter declaró en el juicio oral y público que se realiza -vía Zoom- para determinar las responsabilidades penales de, entre otros, los ex funcionarios públicos que intervinieron en la millonaria compra de trenes chatarra en España y Portugal realizada durante el kirchnerismo.

En el juicio están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Transporte de entonces, Ricardo Jaime, que está detenido en la cárcel de Ezeiza. También son enjuiciados el testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, y dos ex funcionarios del área de Transporte. La acusación es por los delitos de administración fraudulenta y cohecho (coimas).

La consultora de Vázquez –socio y testaferro de Jaime- cobró y facturó coimas por realizar tareas que no hizo en la intermediación de las millonarias compras que se hicieron de Estado a Estado.

En su declaración, Rosendo indicó que él había certificado el buen funcionamiento de algunos de los insumos ferroviarios comprados a partir de 2005 en España y Portugal. Y que algunos de ellos, luego de reparados, están en uso en la actualidad. “Los que pusimos en movimiento en el Patagónico son mejores que los que teníamos antes”, dijo.

Así se refirió a las certificaciones que hizo del tren Patagónico en el que se usa material comprado en Europa y reparado en la Argentina. También contó que había visto algunos de los coches comprados en aquella ocasión funcionando bien en el Ferrocarril Sarmiento antes del recambio de las formaciones por trenes chinos. El trabajo de Rosendo implica que cada cierta cantidad de tiempo certifica el estado de las formaciones a pedido de las concesionarias: “Hago como la VTV de los autos pero en los trenes”, explicó ante el Tribunal Oral Federal 6 en referencia a la Verificación Técnica Vehicular obligatoria que rige para permitir la circulación de los autos.

Rosendo, que fue consultado por algunas empresas para comprar material ferroviario en Europa, criticó el modo en que se hizo aquella adquisición millonaria realizada a partir de convenios internacionales firmados por Néstor Kirchner.

“La compra fue un disparate mayúsculo. Si me hubieran llevado a mí a España y Portugal no los habría comprado ni mamado. Y el precio que se pagó no lo pago ni mamado. Ahora una vez que tengo el material acá lo reparo y lo uso. Tengo la obligación de usarlo porque si no lo pago dos veces”, dijo el ingeniero en ferrocarriles.

Y ante las preguntas de la fiscal Gabriela Baigún y del querellante en nombre de la Oficina Anticorrupción, Arturo Gutiérrez, concluyó : “Si ustedes me hubiesen contratado para asesorar en aquella compra yo no habría traído el material en el estado que lo trajeron porque no se justifica el precio del transporte. Habría que haber estudiado cada vehículo que se compró en el exterior: no es bueno haber comprado al bulto. Pero si me ponen como gerente de una línea ferroviaria el material lo uso. Lo reparo y lo uso”. Parte del material comprado fue reparado y otra no.

Teóricamente con destino de reparación unos treinta coches procedentes de España llegaron a los talleres ferroviarios de la empresa Emepa en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Empezaron a llegar en agosto y finalizaron en diciembre de 2007. Habían sido enviados por la subsecretaría de Transporte Ferroviario que dependía de Jaime y sin un remito en el que constara el detalle y estado de los mismos. La idea era que fueran reparados allí, uno de los talleres metalúrgicos especializados en ferrocarriles.

Era tal el estado de los coches españoles que Eugenio Alarcón, jefe de planta de Emepa en Chascomús, llamó un escribano para que quedara asentado no solo la recepción de cada uno sino también en qué condición se encontraban. El escribano Alejandro de Otazua -que también declaró en el juicio- anotó el número correspondiente de cada coche y el de cada uno de los bogies. Y además mandó a tomar fotografías de cada uno de ellos. De ese modo -mediante una actuación notarial- dejaron plasmadas las condiciones en las que estaban los coches llegados desde España.

Alarcón declaró vía Zoom. Trabajó en los talleres de Emepa durante décadas. Ahora está jubilado. Fue quien explicó que había llamado a un escribano porque los coches llegados desde España estaban en mal estado, “ninguno chocado, aunque con la chapa muy corroída”, aclaró.

Mientras declaraba desde el Tribunal Oral Federal 6 mostraban vía Zoom las fotos que se habían tomado en aquel lejano 2007. Y Alarcón las comentaba: “Eso es un coche comedor destruido, ahí se puede ver la cocina. Eso es un vagón de primera clase, ese es un coche con camarotes, ahí se ve un furgón. Muchos llegaron vandalizados, pintados con grafittis”. Se ocupó de recordar que desde la secretaría de Transporte jamás les llegó la orden indispensable para realizar la reparación que necesitaban los coches españoles.

Con cierta pena, porque en aquellos años de la llegada de los trenes les faltaba trabajo en la planta y habían reducido personal, Alarcón dijo que: “Se los podía reparar sin problemas. Nunca nos pidieron un presupuesto. Hubiese sido importantísimo porque no teníamos trabajo y nos habría venido muy bien. Era muy importante trabajar en la reparación de esos coches ya que teníamos muy poco trabajo. Habría sido muy bueno reparar los trenes que llegaron de España”. Pero eso no sucedió.

El caso judicial que llegó a juicio este año comenzó en junio de 2013. Se inició a raíz de una denuncia de legisladores de la oposición que se basaron en un informe del año 2012 de la Auditoría General de la Nación que señalaba las irregularidades en la compra del material ferroviario.

El 22 de mayo de 2014 el juez Julián Ercolini -que tuvo la instrucción del caso- ordenó un allanamiento en la planta de Emepa para comprobar el estado de los coches que habían llegado allí casi siete años antes. Lo realizó mediante exhorto el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Las fotografías tomadas en aquel allanamiento y que forman parte del expediente judicial no dejan dudas: al deterioro inicial que presentaban los coches dejados en Chascomús en 2007 se le había sumado el hecho de haber quedado a la intemperie. En algunos de los coches comprados para mejorar el sistema de ferrocarriles había crecido una tupida vegetación. No hay fotos de 2021 que documenten qué tanto creció aquella vegetación.Infobae.com

15 de junio de 2019

¿Quién le dio el dinero a López?

Actualidad

La condena a José López será recordada como un caso emblemático del Poder Judicial en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. El exfuncionario kirchnerista que una noche llevó nueve millones de dólares a un convento de General Rodríguez recibió la pena máxima -seis años de prisión- por el cargo imputado: enriquecimiento ilícito; su esposa, como cómplice, sufrió una condena inferior: dos años y medio; en tanto la monja involucrada fue absuelta por el beneficio de la duda.

Sin embargo y muy llamativamente el origen del dinero estuvo ausente en la preocupación del tribunal. Tampoco la Oficina Anticorrupción y los grandes medios oficialistas, siempre tan dispuestos a buscar con gran despliegue de luces las «rutas» de billetes de la corrupción, mostraron interés por ese «detalle». A pesar de las numerosas pistas que se detectaron sobre el camino que habían seguido los fajos de dólares termosellados desde Estados Unidos hasta nuestro país, esa parte sustancial de la causa quedó en la oscuridad.


De tal modo no se podrá saber quién estuvo del otro lado del mostrador pagando las millonarias coimas que recibió el exfuncionario condenado. Como se sabe, el cohecho es un delito que cometen dos partes: una, la que cobra, situada en el ámbito del Estado; la otra, la que paga, afuera de ese territorio, por lo general en el mundo empresarial.

Y esa es la razón principal del misterio. Durante el juicio quedó desbaratada la estrategia de inculpar a Cristina Fernández de Kirchner. López -«arrepentido» en la causa de las fotocopias de los cuadernos- declaró que el dinero había estado en poder de la expresidenta pero esa acusación se derrumbó en las audiencias. En cambio cobró más cuerpo la otra alternativa: el origen empresarial de los dólares.

El exfuncionario tuvo bajo su cargo la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento adjudicada a Odebrecht en sociedad con el Grupo Macri, Gella e Isolux. Se sabe que Odebrecht pagó coimas por esa megaobra y que la empresa brasileña tenía vínculos con el banco Finansur -por donde pasaron los dólares provenientes de Estados Unidos- que entonces estaba conducido por un extesorero de Boca Juniors bajo la presidencia de Macri.

En síntesis, como se demostró que los dólares no provenían de la política sino del mundo de los negocios esa parte de la investigación quedó clausurada ante el riesgo cierto de salpicar cabezas muy altas y distinguidas. Así proceden muchos jueces y fiscales en estos tiempos oscuros que se viven en nuestro país.
La cobertura mediática describió la misma parábola. Al comienzo del caso la imagen de López disfrazado con casco y chaleco antibalas se convirtió en el emblema de la «corrupción K». No había tapa de diario que no se imprimiera sin ella ni programa de TV que no debatiera sobre el tema.

Pero a medida que las investigaciones avanzaban sin poder comprometer a CFK y, en cambio, comenzaban a apuntar en dirección de MM, el interés mediático empezó a declinar hasta desaparecer casi del todo. El desarrollo del juicio prácticamente no estuvo presente en la gran prensa oficialista salvo la reciente noticia de la condena, convenientemente esterilizada de toda referencia al origen del dinero.DiarioLaArena.com

31 de enero de 2019

Frenan obra del Soterramiento de parte de la Línea Sarmiento y despiden más de 100 trabajadores

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

El antro de corrupción que es la obra del Soterramiento de parte de la Línea Sarmiento, no podía estar ajena a los graves problemas económicos que vive el país en la actualidad.

La falta de fondos y por la gran devaluación del peso ocurrida durante el año 2018 encareció terriblemente los costos de la obra. Justamente una de las claves del ajuste de gastos en el Presupuesto 2019 fue el recorte a la obra pública, como parte del plan oficial para cumplir con las metas del FMI.


Las empresas que llevan adelante los trabajos frenaron la excavación del túnel, el transporte de tierra y el armado de los anillos de cemento. Además se despidieron a más de 100 trabajadores que se ocupaban de las tareas de construcción y se pusieron en pausa veinte contratos con proveedores del Consorcio Ghella y Sacde, la constructora que Marcelo Mindlin el compró a Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, informa el diario Clarín.

Mientras que los sindicatos advierten que no hay una fecha concreta para que se retome la obra de excavación del túnel, al que todavía le restan 11 kilómetros de obra. Entre los trabajos que están pendientes se encuentra el de la construcción del túnel entre Haedo y Castelar.

Para observar el vídeo hacer click en el siguiente link

https://www.facebook.com/C5N.Noticias/videos/1024152761111098/

Como lo expresamos más arriba, esta obra nació mal parida ya que tiene varios juicios en la Justicia Federal Argentina por los problemas de coimas de la empresa brasileña Odebrecht y donde muchas voces se alzaron en contra de dicha obra porque achica notablemente la función que brinda la Línea Sarmiento.

8 de agosto de 2018

De Mendiguren y los "cuadernos": “Puede ser un búmeran para el gobierno”

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El diputado y ex titular de la UIA dijo que “todo el mundo miró para otro lado siempre” en el pago de sobreprecios y coimas en las obras. Por qué cree que además del kirchnerismo la causa puede golpear a Macri

El diputado nacional y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, pidió que la investigación iniciada por los denominados “cuadernos de las coimas” vaya a fondo, sirva para recuperar la “confianza en las instituciones” y señaló que además de involucrar a ex funciones del kirchnerismo este caso “puede ser un búmeran para el actual gobierno”.

De Mendiguren dijo que el esquema de sobreprecios pagados en las obras del Estado y las coimas o aportes de campaña que hacen los empresarios forman parte de un sistema conocido. "Con los empresarios de la construcción todo el mundo miró para otro lado siempre", afirmó en el programa A diario (Radio 2).


El legislador del Frente Renovador aseguró que si la Justicia “no se queda en la espuma del comienzo” y profundiza la causa que involucra a varios empresarios de primera línea puede complicar también al gobierno nacional.

Para De Mendiguren, esa lógica de pagos irregulares desde el Estado continuó después de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “¿Cuál fue el gobierno que pagó 45 mil millones de pesos de adelanto por la obra del soterramiento del Sarmiento a Iecsa, de Angelo Calcaterra (el primo de Mauricio Macri que declaró este lunes como arrepentido)? Fue este gobierno el que lo hizo y ya sabíamos lo de Odebrecht, que es socio de Iesca en esa obra”.

“Esto puede ser un búmeran. La patria contratista ha vivido de ordeñar al Estado y ese club siempre fue el mismo, ganaba una obra uno, después la ganaba otro y se repartían los trabajos”, afirmó el ex presidente de la UIA en diálogo con Alberto Lotuf y Ciro Seisas.

“Un empresario me dijo: «Gracias a que Argentina es así nosotros podemos competir y no vienen de afuera a competir». Todos se conocen. El mismo presidente viene de un grupo familiar que vivió de las contrataciones del Estado”, agregó.

“Vamos a ser francos”, dijo De Mendiguren irónico y continuó: “Si alguien vivió de las obras del Estado fue Franco Macri (padre de Mauricio), que no nos tomen por tontos”. Y puso como ejemplo el negocio del “ferrocaril Belgrano, donde se asoció con Hugo Moyano, o el Correo. ¿A quién le dio la AFA Macri, a Marcelo Tinelli o a Moyano? A Moyano, después se pelean y quieren que nosotros tomemos parte”.

“Cuando Kirchner le prorrogó por 30 años de concesión del juego a Cristóbal López antes de dejar el gobierno, ¿quien lo convalidó en la ciudad de Buenos Aires?: Mauricio Macri”, dijo y pidió que este caso sirva para ganar en “transparencia”.

“Ojalá sirva para volver creer en la Justicia, en el empresariado nacional y en la política. Hay que recuperar la confianza en las instituciones”, afirmó.Rosario3.com

6 de agosto de 2018

Calcaterra fue imputado y pidió ser "colaborador" en la causa de las coimas

Actualidad

El primo de Macri explicó al juez Bonadio que los pagos son como dicen los cuadernos de Centeno, pero aseguró que los montos fueron menores.

El ex dueño de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra se presentó de manera espontánea este lunes ante el juez federal Claudio Bonadio en Comodoro Py y confesó que hizo pagos ilegales para las campañas electorales del 2013 y del 2015.

Así se convirtió en "imputado colaborador". Aseguró que los pagos fueron como dicen los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, aunque los mantos serían menores. Coincidió también con con lo que declararon los empresarios Juan Carlos de Goycoechea y Javier Sánchez Caballero.


Dijo además que los pagos se hicieron en momentos en que IECSA, estuvo a punto de fundirse por su situación económica. Ésta fue una de las empresas que más contratos ganó entre 2003 y 2015, solo superada por Techint y Electroingeniería. Obtuvo, entre otras obras, el Soterramiento de la Línea Sarmiento.

En la causa hay 18 imputados y para este lunes se prevé que declaren cuatro empresarios más: Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea. A las 10, además, declaran el ejecutivo "arrepentido" Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán, y una hora más tarde lo hará Francisco Valenti, de IMPSA.AgenciaFe.com

5 de abril de 2018

Cuerpo de Delegados de la Línea Sarmiento: "Continuamos rechazando el Código de Ética y el Traspaso Condicionado"

Gremiales

Se hizo sentir y tuvo resultado la inquietud y el descontento de todos los compañeros en la mayoría de las líneas ante el intento de la empresa de implementar un código de ética y de condicionar el traspaso de administradora a la renuncia de los compañeros a sus demandas judiciales a la empresa y/o a la ART.

El Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria y los directivos de las líneas por un lado y la empresa por el otro tuvieron que salir a poner paños fríos ante el revuelo.

La empresa entre el martes y el miércoles de esta semana salió a anunciar que con los recibos se renovará la cobertura del seguro de vida obligatorio de cada trabajador.  Y la U.F. ayer sacó un comunicado en el que dice estar analizando el código de ética del que no tenía conocimiento y llama a no firmar nada hasta nuevo aviso.


Por buenas fuentes sabemos además que se tiró para atrás el traspaso condicionado ya mencionado.

Los trabajadores hemos ganado el primer round muy importante, pero la pelea sigue 

Desde el cuerpo de delegados BORDÓ del Sarmiento venimos insistiendo en que el gobierno quiere achicar los costos laborales (puestos de trabajo y salarios), quiere avanzar con la productividad (flexibilización laboral) y quiere terminar con la litigiosidad (los juicios de los trabajadores contra sus empleadores y las ART). Esto último es uno de los aspectos que se quiere implementar con la reforma laboral y significa perder el derecho constitucional de reclamar ante la justicia. Y en el ferrocarril lo quieren implementar por la vía del apriete a los compañeros y el traspaso condicionado.  Esto NO puede pasar.

Por otro lado, ya hemos dejado asentada nuestra posición con respecto al convenio colectivo que firmó toda la conducción nacional de Sasia y los directivos.  Es un convenio que entrega las conquistas de los últimos 25 años, que avanza hacia la flexibilización laboral, facilita la reducción del personal a través de la implementación de un régimen disciplinario persecutorio hacia los compañeros y nos quita el derecho a la huelga al determinar servicio esencial el transporte ferroviario.

La pelea sigue porque el código de ética es la implementación del régimen disciplinario mencionado que además ataca la unidad gremial de los compañeros fomentando y obligando a la alcahuetería y genera un manto de impunidad para los negociados de toda la cadena de mandos de la empresa ya que denunciar ante la justicia u organismos públicos una actitud fraudulenta implica, según este código, la divulgación de información sensible y perjudica los intereses de Trenes Argentinos, lo cual es una falta ética grave pasible de la sanción más drástica, el despido.

Pero lo más indignante de este código de ética es que además de haber sido escrito por la presidencia de la empresa, es que serán las fraudulentas autoridades de esta empresa las que integren el comité de ética que dará tratamiento a las distintas denuncias.

Es decir, el tribunal de ética son los mismos que se cuadruplicaron los sueldos ni bien llegaron al ferrocarril, que adjudicaron fraudulentamente los seguros del ferrocarril a una empresa del grupo Macri, que están ligados a las coimas de Odebrech por el soterramiento, que cierran ramales y dejan miles de familias en la calle y cientos de pueblos aislados y que echan a una compañera madre de cuatro criaturas sabiendo que sufre violencia de género, entre muchas otras cosas.

Por todos estos motivos y porque los principios de ética y buen comportamiento ya están legislados y normados en el R.I.T.O. es que decimos  que el código de ética debe ser RECHAZADO ABSOLUTAMENTE, no estudiado y analizado.SoyFerroviario.com

27 de marzo de 2018

Problemas jurídicos traban el financiamiento del Soterramiento de parte de la Línea Sarmiento

Actualidad

Los bancos dudan de la seguridad jurídica de la adjudicación a Ghella. El dictamen del Gobierno se demora 5 meses

El Gobierno tiene problemas para financiar el soterramiento del tren Sarmiento por las trabas jurídicas que encierra esta obra clave que estuvo salpicada por el caso Odebrecht.

Como contó LPO, molesto por las maniobras de los brasileños con la información del Lava Jato, Mauricio Macri presionó fuerte para que Odebrecht se retirara de la obra, algo que finalmente sucedió el año pasado. Con el retiro también de la española ComSa, la UTE que tiene a su cargo las obras quedó a cargo de la italiana Ghella, asociada con Iecsa (ahora llamada Sacde, tras la venta de Ángelo Calcaterra a Mindlin). Ese fue el plan de Macri desde un principio: correr a Odebrechet y dejar a las dos empresas que hicieron la obra del arroyo Maldonado.


Ghella acercó al Gobierno en septiembre pasado una propuesta de financiamiento por parte de los bancos HSBC y Deutsche, con la garantía de la Sociedad para el Seguro de Crédito a la Exportación (SACE), un organismo del gobierno italiano.

Sin embargo, desde entonces el Gobierno demora el reporte que tiene que emitir la comisión especial que se creó para investigar cómo se asignó el contrato de la obra. Los bancos hace cinco meses que esperan el dictamen o reporte, que está en "stand by", según aseguraron a LPO fuentes que siguen la obra.

La comisión que audita la obra del soterramiento está integrada por representantes del Ministerio de Transporte y por dos representantes de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La duda de los bancos, dos de los más importantes del mundo, es si no hay riesgo jurídico para invertir en una obra que quedó manchada por el Lava Jato. Aunque todas las sospechas apuntan a Odebrecht, sus ex socios en la UTE del Sarmiento no están exentos de las investigaciones.

El año pasado salió a la luz que los brasileños, Iecsa y ComSa habrían pagado "honorarios" durante años a Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. Y también se conoció un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que determinó que hubo "múltiples" irregularidades en la licitación.

Por este motivo, hasta que no aparezca el dictamen de la comisión investigadora y se disipen los riesgos jurídicos, los bancos se niegan a financiar una obra que demandará al menos 1.500 millones de dólares

En el Gobierno aseguran que de todos modos la obra continúa con fondos del Tesoro presupuestados por Macri y que la tuneladora, que avanza en sentido desde Haedo hasta la estación Once, ya terminó casi 4 kilómetros.LaPolíticaonline.com

11 de diciembre de 2017

¿Jaime recibía coimas del primo de Mauricio Macri?

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Un informe de ADN Federal explica de qué se trata el embargo millonario que libró la justicia sobre Ángelo Calcaterra, primo del Presidente y exdueño de IECSA, por el soterramiento del tren Sarmiento.

Siguen las implicancias para el gobierno de Mauricio Macri por el escándalo de corrupción Odebrecht. 

Por pedido del fiscal federal Franco Picardi,  fue solicitado un embargo millonario contra Ángelo Calcaterra, exdueño de IECSA socia local para el soterramiento del Sarmiento.

Picardi pidió embargar en $ 54.350.000 y por $4.350.000 al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López (ambos detenidos por otras causas) y al supuesto intermediario informal con el Ministerio de Planificación Federal, Jorge "Corcho" Rodríguez, junto a los directivos de Odebrecht.



Cuenta Gabirle Morini en Ámbito Financiero, que la investigación que falló en un primer objetivo de unificarse, apunta a determinar si existió pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella, y Comsa para acceder (de manera "direccionada") a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.

La recomendación cuenta con el aval de la Cámara Federal que sugirió este tipo de medidas de orden patrimonial. El pedido de Picardi impacta en las personas jurídicas, lo que le trae un dolor de cabeza a Sacde, el nombre que adoptó IECSA tras la compra realizada por Marcelo Mindlin de la empresa cuyo titular era Calcaterra. Al nuevo accionista el embargo le supone $10 millones, mientras que al controlante, Latifer, que se presupone que tiene por detrás a Calcaterra, unos $50 millones. ElDestape.com

16 de noviembre de 2017

“Escuchás los ruidos de los huesos abajo de la cama”

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En Argentina mueren unas tres personas por día gracias a los trenes, sea por accidente o suicidio. Los maquinistas relatan cómo se vive entre los recuerdos traumáticos y el sentimiento de culpa.

Después de cada accidente de tren, el foco de la información suele estar en las víctimas: quiénes eran, cómo murieron, si se trató de un suicidio o si hubo fallas en el sistema, si hubo imprudencia del conductor. No se habla tanto, en cambio, de las otras víctimas: los conductores ferroviarios que deben convivir con una o más muertes, que son parte de su trabajo pero que en la mayoría de los casos no son su responsabilidad. Tras vivir uno de esos casos, la culpa y el trauma son dos reacciones inevitables.



Al menos tres personas mueren podría en accidentes de trenes en Argentina, según cifras del Ministerio de Transporte. El último caso notable fue el de Jorge Delhon, el abogado que se quitó la vida horas después de que se lo vinculara a las coimas del FIFAgate, Como el suyo, el 60% de los casos son suicidios; el resto representan errores del sistema ferroviario, a veces relacionados a la imprudencia de los motorman, a veces por fallas en la infraestructura.

En cualquiera de los casos, el conductor cargará con ese sufrimiento por el resto de su vida. Perfil investigó cómo superan ellos las muertes y el daño psicológico para continuar con su trabajo.

Desde el gremio de conductores La Fraternidad, aseguran que cada vez que alguien se arroja debajo del tren, el motorman siente que lo asesinó. “En mis 15 años de servicio, cuento unas 26 o 27 víctimas fatales, la mayoría por suicidios, y más de 200 heridos graves. Eso no te lo olvidás más”, dice Errante, motorman del accidente de Flores en 2013 que dejó 11 muertos. 

La mayoría de los conductores pasan por varias de estas situaciones, con promedios de siniestros similares. Cada vez que hay un accidente con muertos, el chofer requiere asistencia psicológica y es separado del puesto por unas 48 horas, tras lo cual vuelve al trabajo con una carga importante: “No conozco un maquinista que se haya jubilado y hoy no padezca una afección cardíaca, trastornos del sueño o de la conducta por irritabilidad, por ejemplo”, remarca Errante.

Según Horacio Caminos, secretario de prensa del Sindicato La Fraternidad, el impacto en la salud del conductor no se tenía en cuenta hasta hace unos años y aún hoy les genera problemas laborales y legales. “Antes, no nos reconocían que era un accidente de trabajo”, explicó.

“La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) se encarga de controlar anualmente psico-físicamente a los conductores”, afirma el director general de la escuela de La Fraternidad, Carlos Zamora. En un video, que el propio gremio distribuía en su página, distintos maquinistas dan testimonios en los que se repite una frase conocida en el ambiente: “Escuchás los ruidos de los huesos debajo de la cama”. “En los gabinetes de psicología nos dicen que ya deberíamos estar acostumbrados, pero nosotros nos resistimos a estar acostumbrados ante esta situaciones”, estima Zamora.

La modificación de la Resolución 558/09 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce al estrés post traumático suscitado para determinados accidentes. La misma resuelve “aprobar el procedimiento de prevención y tratamiento del estrés post traumático suscitado a raíz de accidentes por arrollamiento de vehículos y/o personas…”.

En un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo cuyo título es Signos asociados al Trastorno por Estrés Postraumático en maquinistas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires que participan en accidentes de arrollamientos de personas o vehículos se encuestó a un total de 31 trabajadores del Ramal Retiro - Tigre (eléctrico) donde el total de la población en actividad en ese momento (1999) era de 120 trabajadores. Los encuestados, expresaron que a lo largo de su vida laboral participaron en por lo menos 148 arrollamientos, lo cual indica que un promedio de participación para cada conductor de 4.7 accidentes. 

Los maquinistas refirieron asimismo los siguientes síntomas: irritabilidad, ansiedad, trastornos hepáticos, digestivos, depresión, impotencia sexual, agresividad, miedo, dolores musculares, falta de apetito y cefaleas.

Fallas humanas. "En términos de análisis del trabajo y prevención de accidentes, el foco tiene que estar puesto en la organización del trabajo. Si cualquiera de nosotros, bajo esas mismas condiciones, hiciéramos ese trabajo, obtendríamos los mismos resultados", dice Patricio Nusshold, docente de la Facultad de Psicología de la UBA y de la especialización en Ergonomía de la UTN. "Errores humanos siempre hubo y siempre habrán. Hay que generar sistemas con diferentes instancias que eviten llegar al accidente", concluye.Perfil.com

10 de octubre de 2017

Dupuy de Lome: “El tren de Zbikoski se usa para el contrabando”

Actualidad

El abogado Santiago Dupuy de Lome ratificó que el Grupo Zbikoski, que explota el tren binacional Posadas-Encarnación, está implicado en su denuncia por contrabando y coimas en el puente San Roque. Este martes se realizaron allanamientos simultáneos en la Aduana, en la AFIP y en los domicilios de seis empleados aduaneros denunciados. Dupuy de Lome presentó la denuncia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a fines de septiembre pero los procedimientos de la Prefectura, la Policía Federal e Interpol, están enmarcados en otra causa que lleva adelante la jueza federal María Verónica Skanata. Aunque esta investigación estaría vinculada a la del expediente 12031/17 que lleva adelante el magistrado. - Vía MisionesCuatro.com



Santiago Dupuy de Lome, el abogado que denunció coimas y contrabando en la Aduana de Posadas, ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, habló con MisionesCuatro al concretarse una serie de allanamientos simultáneos en el Puente San Roque, en la Aduana, en AFIP y en viviendas de los aduaneros denunciados. El letrado ratificó lo que había mencionado en su presentación: que el Grupo Zbikoski, que explota el tren binacional Posadas-Encarnación, está implicado en las maniobras. 

A quince días de la denuncia que presentó en Capital Federal (Expediente 12031/17), la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y la Interpol, con apoyo de uniformados locales, llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos, pero este procedimiento fue ordenado por la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, en el marco de otra causa de presunto contrabando y coimas, que involucra a “paseros” y empleados y jefes de Aduana. Fuentes de MisionesCuatro confirmaron que hay cinco empleados y funcionarios detenidos, de los cuales, tres son de Posadas, uno de Eldorado y el restante de Bernardo de Irigoyen. 



“Me informaron recién que están haciendo allanamientos y están deteniendo a los funcionarios aduaneros. La justicia debería haber accionado en forma más pronta”, señaló el abogado, que recordó que ha mencionado nombres y sobrenombres de los funcionarios implicados. En su denuncia publicada en este medio, Dupuy de Lome menciona al Jefe del Puente San roque, Ramón Cuba, a su segundo al mando, Sergio Bezus y a los paseros René Juárez (“Indio”), Ariel Mendieta (“Trapito”) y Alfonso Orlando (“Kiwi”), entre otros. 

Pero Dupuy fue más allá y ratificó que el empresario Marcelo Zbikoski, estaría implicado en su denuncia por el contrabando y las coimas en el puente. “Se sabe que estos funcionarios tendrían la connivencia de un empresario conocido allá, Zbikoski (el rostro visible del Grupo Z), que sería testaferro, aparentemente, de la familia Cirigliano (se refiere a Mario y Claudio Cirigliano, los empresarios presos por la Tragedia de Once)”, reiteró el abogado, como lo hiciera ante el juez Canicoba Corral, que aún no ha definido si toma o no la denuncia. Por cuestiones de jurisdicción, Canicoba podría remitir lo aportado por Dupuy a la jueza Skanata, que, según fuentes reservadas de este medio, hace casi dos años que tiene en sus manos una denuncia por las maniobras de paseros y aduaneros. 

“Por informes que fui recibiendo, se sabe que las aduanas son un colador en el norte y empecé a descubrir quiénes son los aduaneros que dejan pasar de todo y las cantidades”, comentó Dupuy, considerando que a raíz del cambio del gobierno se está avanzando contra los focos de corrupción, no sólo en la Aduana, sino en todos los ámbitos. “Se sabe que no sólo contrabandean bagallos sino también elementos de metal-mecánica, con lo que perjudican a la industria nacional”, aseguró el abogado. 

Consultado por el involucramiento del Grupo Z en esta denuncia, Dupuy explicó: “Zbikoski es dueño del tren que une Encarnación-Posadas, y se estaría pagando una coima a los aduaneros, a funcionarios de Migraciones y de Gendamería para que no vigilen. El tren se utiliza para el contrabando. Y también se utiliza camiones y automóviles”, sentenció Dupuy, apuntando directamente contra Zbikoski y numerosos funcionarios en el paso fronterizo más transitado del país. 

Cabe acotar que los procedimientos se dan en el marco de la causa que investiga María Verónica Skanata, que no involucra al Grupo Zbikoski, uno de los principales aportantes a la campaña electoral del partido de la Renovación. Pero sí coinciden los nombres de algunos de los empleados y funcionarios aduaneros: es decir, los apuntados por Dupuy de Lome también están siendo investigados por Skanata. - Fuente: MisionesCuatro.com

13 de septiembre de 2017

Volvieron a allanar la empresa Odebrecht Argentina

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Es en la causa que investiga el soterramiento del Sarmiento

Por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, las oficinas de Odebrecht Argentina fueron allanadas por segunda vez. Es en el marco de la causa que investiga posibles sobornos que se pagaron en la obra del soterramiento de la Línea Sarmiento. Según informaron, en el operativo buscaron información vinculada a los contratos de obra y al proceso licitatorio. 

Con este accionar, según aseguraron fuentes judiciales, el magistrado busca reconstruir la ruta de los sobornos que se pagaron en el marco de la obra del Soterramiento que tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares; además de un exhaustivo peritaje que se está realizando sobre los contratos de obra y el proceso licitatorio.


En Argentina, Odebrecht habría pagado coimas por cien millones de dólares para manipular diversos procesos licitatorios y, así, ganar contratos en el país, ya que además del Soterramiento, la compañia participó en la construcción de la planta potabilizadora de AySa, también investigada; y de la ampliación de gasoductos, causa que lleva el juez Daniel Rafecas y que tendría un sobreprecio de 800 millones de dólares.

Por su parte, la compañía confirmó, a un matutino, el operativo que se llevó a cabo en su oficina. Es que la constructora brasilera ya se había presentado el 9 de mayo en el juzgado para "colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia", indicaron.

La decisión de Martínez De Giorgi del allanamiento habría sido posterior a que se levantara el secreto de sumario en la causa. Mediante este procedimiento, la justicia buscó información vinculada a los contratos de obras, pagos realizados al respecto y sobre todo aquello que refiera al proceso licitatorio. En tanto, los pliegos están siendo peritados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

Vale destacar que la constructora brasilera está siendo investigada, además, en territorio carioca por corrupción en el marco de la famosa causa Lava Jato. En nuestro país, la empresa vendió su participación en la obra del soterramiento a la italiana Ghella, actual socia mayoritaria con el 70,4% del consorcio. En tanto, la local Sacde (ex Iecsa, asociada al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante. Por el momento, Odebrecht se encuentra suspendida del registro de empresas constructoras proveedoras del Estado y solo trabaja en el gasoducto de la provincia de Córdoba.ElIntransigente.com

11 de septiembre de 2017

Línea Sarmiento: Denuncian que Iecsa, Comsa y Odebrecht pagaban coimas a testaferro de Jaime

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Continúan apareciendo investigaciones que demuestran como el grupo económico de la familia Macri se benefició con la gestión del Gobierno anterior.

Tres de las cuatro empresas que integran el consorcio que ganó el proyecto para soterrar el tren Sarmiento le pagaron coimas durante años a Vázquez, el testaferro de Jaime.

Según La Nación, un cruzamiento de mails reveló que Manuel Vázquez comenzó a recibir pagos meses antes de que el Gobierno llamara a licitación por esa obra.

Las firmas comprometidas en el pago de coimas incluyen a la constructora Iecsa -por entonces en manos de Franco Macri-, a la firma especializada en obras ferroviarias Comsa y al gigante brasileño Odebrecht.


A cambio de ese dinero, Vázquez les adelantó información sobre los proyectos del Ministerio de Planificación, les envió copias de resoluciones y convocatorias.

Además, Iecsa había aparecido junto a Techint, Esuco y Electroingeniería, entre otras, en un texto del escritor Jorge Asís sobre los sobreprecios, favoritismos y disputas en el reparto de la obra pública kirchnerista. Vázquez se lo envió a Calcaterra, también citado en ese texto, con la sugerencia de extremar la cautela para evitar “investigaciones indeseables” de la prensa.

Si bien Iecsa asumió el rol protagónico ante el Gobierno kirchnerista a la hora de pujar por el contrato para el soterramiento, antes y después de que Franco Macri cediera el control de la constructora a Calcaterra, a medida que mejoraba su relación con Odebrecht, Vázquez se distanció de Iecsa.

En agosto de 2008, Iecsa firmó el acuerdo formal de unión transitoria de empresas (UTE) para el soterramiento del Sarmiento junto a Odebrecht, Ghella y Comsa, que para entonces también le pagaba US$ 1000 a Vázquez por mes.

Parece que cuando se trata de los negocios de la patria contratista, se acaba la famosa “grieta” de la que hablan macristas y kirchneristas.

Cabe destacar que estos negociados aluden a lo que más tarde fue el mismo el escenario de la masacre de Once, un crimen social que reveló hasta dónde podían llegar los negociados y la desidia de políticos y empresarios.LaIzquierdaDirio.com

3 de agosto de 2017

Odebrecht admitió que pagó $35 millones en coimas

Actualidad

Las coimas fueron para para ganar diferentes contratos de obra pública e incluyen sobreprecios en los contratos. Involucran al entorno de De Vido y a Angelo Calcaterra, primo de Macri.

El gigante de la construcción brasileño Odebrecht pagó durante el kirchnerismo al menos U$S 35 millones en coimas para ganar contratos de obra pública. Entre ellos, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la construcción de gasoductos y de una planta potabilizadora en Tigre. Todas estos casos son investigados por la Justicia Federal, en causas que incluyen sobreprecios en los contratos.

En el caso del soterramiento los "arrepentidos" admitieron que pagaron sobornos por al menos US$ 3,3 millones a allegados a Julio De Vido, cuando lideraba el Ministerio de Planificación Federal, con el objetivo de asegurarse la megaobra. Esta suculenta suma podría llegar a los U$S 20 millones.


Las revelaciones surgen de documentos con las confesiones de "delatores" de la investigación del Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de Brasil. En sus declaraciones, los involucrados explicaron que los pagos de sobornos se hicieron por etapas y mencionaron entre otros a Jorge "Corcho" Rodríguez. Expareja de Susana Giménez, el empresario negó que fuera "valijero" de Odebrecht.

La primera etapa de las coimas se produjo previo a que Odebrecht estuviera a cargo del consorcio del soterramiento. De acuerdo a la confesión de los "arrepentidos" a la que accedió La Nación, exejecutivos le adjudicaron a Iecsa -la empresa que era de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri-, la negociación de los pagos irregulares con el entorno de De Vido.

Mientras que en la segunda etapa, con la empresa brasileña a cargo del consorcio, los involucrados declararon que Rodríguez se encargó de "arreglar" las coimas con los funcionarios por el soterramiento, al igual que en los casos de la ampliación de los gasoductos norte y sur y la construcción de la planta de Paraná de las Palmas.

Uno de los mencionados en las declaraciones exsel exgerente general de Iecsa Javier Sánchez Caballero, que negó las acusaciones y se desligó de cualquier tipo de maniobra ilegal. Mientras que la oficina de Odebrecht en Buenos Aires ratificó la decisión de la empresa de colaborar "de forma amplia y eficaz con las investigaciones".ElAncasti.com

23 de junio de 2017

Confirman el cierre de la investigación contra Arribas por supuesto cobro de coimas

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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cierre de la causa contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por presunto cobro de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.


La Sala III del tribunal confirmó lo resuelto en primera instancia y de esa forma Arribas termina sobreseído. Vale recordar que Leonardo Meirelles, arrepentido del Lava Jato de Brasil, había declarado que el funcionario cobró 850.000 dólares por gestiones para adjudicarle el soterramiento del tren Sarmiento a la constructora brasileña.Ámbito.com

21 de junio de 2017

Ferroviarios denunciarán penalmente las obras del Soterramiento de la Línea Sarmiento y piden suspenderla

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La Unión ferroviaria le dejará hoy la denuncia al presidente Macri. Aseguran que el costo será de u$s 20.000 millones, siete veces los u$s 3000 millones presupuestados

La obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento sumará hoy un capítulo llamativo en su historia de parálisis. El combativo sindicalista ferroviario Rubén el "Pollo" Sobrero llegará hoy a la Casa Rodada para anticiparle al Presidente Mauricio Macri la denuncia que llevarán a la justicia para pedir la "suspensión de la obra".

El soterramiento del Sarmiento es la obra emblemática de la constructora brasileña Odebrecht, sospechada de haber accedido a los contratos tras el pago de coima, y cuenta con un financiamiento que le otorgó la administración Cambiemos por u$s 3000 millones.


Unos días atrás, más precisamente el 14 de junio, el Cuerpo de Delegados le había enviado una carta a Macri como "la previa" de la denuncia que le llevarán hoy, a las 10 de la mañana, y que dejarán en mesa de entrada de la Casa Rosada. En la carta, y en el escrito, explican que la obra total "tendrá un precio final de u$s 20.000 millones".

La cuenta a la que se refiere Sobrero toma no sólo el costo de hacer los túneles para que pasen las formaciones, sino que suma lo que puede tener que pagar el Estado nacional por las propiedades que se tendrán que expropiar en todo el recorrido.

El sindicalista ya le envió una carta adelantando la posición de la UF en donde asegura que "el procedimiento de adjudicación está sospechado, no sólo por el Odebrechtgate, sino también, porque varias de las sociedades que fueron adjudicatarias están ligadas de alguna manera a su familia, ejemplo: Iecsa, Comsa, Calcaterra y Ghella". A partir de esto, fuentes del sindicato explicaron a El Cronista que la carta y el encuentro con Macri son "la previa a la presentación de una denuncia penal que estamos terminando de armar".

Según la UF, a pesar de que las empresas del consorcio ya cuenta con los fondos para la obra "se realizaron menos de 1.000 metros. Hasta ahora, todas las obras que se hicieron son para presentar los certificados y poder cobrar, no se avanzó casi nada", explicaron.

También le reenviarán a Macri un estudio del Instituto de Formación del Trabajador Ferroviario, que plantea la construcción de 52 pasos a nivel, incluyendo la mano de obra, expropiaciones y a cargo de empresas constructoras nacionales, "tiene un valor en promedio de u$s 520 millones lo que no solo abarataría los costos, sino que solucionaría el problema".Cronista.com

12 de junio de 2017

Auditarán las empresas que se adjudicaron el soterramiento de la Línea Sarmiento

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Se trata de la constructora Odebrecht, Iecsa, la empresa que era de Ángelo Calcaterra, Ghella y Comsa

Para averiguar el origen de los fondos con los que se habrían pagado los sobornos para obtener la licitación para el soterramiento del tren Sarmiento, pidieron realizar una minuciosa auditoría en las cuatro empresas que se adjudicaron el contrato. Se tratarían de Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa.

Los balances, facturas y otra documentación interna de Odebrecht y sus socios locales ya están en manos de la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi allanó la semana pasada todas las sedes de las empresas. A la espera de la orden del magistrado, entonces, los auditores ya cuentan con el material que componen las cuentas en blanco de las compañías en el período 2007-2014.


Los fiscales recomendaron que la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ) y contadores de las fuerzas de seguridad pongan en marcha una revisión profunda sobre los balances de Odebrecht, pero también de sus socios locales: Iecsa, la empresa que era que era de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente; la italiana Ghella, y Comsa.

La hipótesis de los investigadores es que los fondos utilizados para los sobornos pudieron haber salido desde las arcas de los socios locales o bien desde la estructura argentina de Odebrecht. La auditoría sobre las cuentas de las compañías hará foco sobre las posibles actividades ilícitas que pueden haber ayudado a justificar en los balances el desvío de fondos, como el caso de la utilización de facturas falsas, entre otros mecanismos.

"No puede descartarse que los sobornos guarden una correlación, aunque simulada, en los asientos contables y documentación de respaldo [de las empresas]; en este sentido un relevamiento podría dar con elementos de importancia para el esclarecimiento de los hechos", escribieron los fiscales.

"Los sobornos efectuados para que Odebrecht y sus vinculadas obtuvieran contratos en nuestro país pudieron tener origen en fondos correspondientes a las empresas locales. Sin embargo, no puede eludirse pensar en compensaciones internas si los sobornos hubieran correspondido a Odebrecht Brasil, pues difícilmente dicha matriz habría podido absorber el costo de los sobornos a nivel mundial", agregaron los fiscales.

Con esta medida de prueba, la Justicia por primera vez evalúa otra posibilidad sobre el origen de los fondos con que se habrían pagado los sobornos para quedarse con la obra, un contrato de US$ 3000 millones. Hasta ahora, la hipótesis más certera era que Odebrecht había utilizado su compleja estructura offshore para realizar los pagos indebidos a distintos funcionarios.ElIntransigente.com

5 de junio de 2017

Allanan IECSA, Odebrecht y Ghella por el soterramiento de la Línea Sarmiento

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó nuevos allanamientos a las sedes de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para el soterramiento de la Línea Sarmiento en el marco del escándalo del "Lava Jato" brasileño, causa en la que impuso el secreto de sumario.

Se trata de la causa por sobreprecios de $ 300 millones así como por el pago de sobornos para ganar la licitación. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en Alem al 800, a fin de recolectar registros de la obra.


Sin embargo, los allanamientos no son la única novedad judicial vinculada con la empresa brasileña. El fiscal federal Federico Delgado pidió que la Anses entregue a la Justicia un informe sobre el "respaldo legal" que tuvo la firma de un acuerdo mutuo entre ese organismo y AYSA por $ 890.000 millones, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas, adjudicada a la empresa Odebrecht.

Delgado requirió al juez federal Sebastián Casanello que pida a la Anses en un "plazo breve y perentorio" que informe "el respaldo legal del mutuo -así se dice cuando se trata de acuerdos de dinero- entre AYSA SA y el citado organismo por la suma de 890.000 millones de pesos del 21 de agosto de 2008 por un plazo de 10 años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación n° 776".

Vale recordar que el 24 de mayo pasado el juez federal Sebastián Casanello había ordenado un allanamiento en la sede argentina de la empresa Odebrecht, en el marco de la otra causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios y coimas en la construcción de una planta de Aysa en Tigre. 

"La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible", explicó el fiscal en el pedido al juez. Casanello investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht para adjudicarse esas obras, en el marco del escándalo conocido como "Lava Jato".Ámbito.com

30 de mayo de 2017

La mira en funcionarios y empresarios

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El fiscal imputó a Calcaterra –primo de Macri y hasta hace poco dueño de Iecsa–, al representante de Odebrecht en el país y a ex funcionarios como Jaime. Pidió cruces de llamadas y otras medidas.

El dictamen del fiscal federal Franco Picardi encuadra la adjudicación del soterramiento de la Línea Sarmiento en “un habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales con pretensiones económicas, contractuales y financieras en la adjudicación de obra pública”. A lo largo de cuarenta páginas, imputa tanto a empresarios como a funcionarios: por un lado apunta al dueño hasta poco de la empresa Iecsa y primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y el CEO de la firma, Javier Sánchez Caballero, y al hombre que representaba a la brasileña Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro; también sumó a Jorge “Corcho” Rodríguez, quien se sospecha pudo haber actuado como intermediario; y dentro del ámbito gubernamental, señala al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su mano derecha Manuel Vázquez y el ex secretario de Obras Públicas José López, el hombre atrapado con 9 millones de dólares entrando a un convento. Los principales delitos que les adjudica son defraudación, soborno transnacional y dádivas. La presentación que hizo Picardi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi señala que Iecsa y Odebrecht se postularon como socias y que protagonizaron junto con otras compañías mecanismos de “cartelización” implementados para reducir la competencia y que siempre ganaran las mismas. Dice que es un procedimiento análogo al que se detectó en Brasil en el caso Lava Jato.


Una larga lista de medidas de prueba pedidas por el fiscal incluye un entrecruzamiento de llamadas entre los funcionarios implicados y los empresarios del consorcio adjudicatario del soterramiento, integrado por la sociedad Iecsa/Odebrecht más la italiana Ghella y la española Comsa. Ante diferentes organismos (como la UIF y el Banco Central) solicitó datos sobre cuentas bancarias vinculadas a todos ellos y sus movimientos. El período que abarcan las medidas va de 2005 a 2014.

Picardi requirió también la ampliación de un peritaje sobre una notebook HP modelo 432 que utilizaba Couri Ribeiro, ya que en el análisis que hizo hasta ahora la Policía Federal se determinó que habían sido borrados gran cantidad de archivos que podían estar vinculados o identificados con las palabras “soterramiento”, “Sarmiento”, “Klienfeld Services Ltd” (una empresa offshore que se usó para canalizar coimas al menos en casos detectados en Brasil) y “Antigua Overseas” (un banco utilizado para recibir sobornos). Ahora el fiscal pidió que se rastreen archivos con otras palabras “clave”: “División de operaciones estructuradas” (un área creada por la empresa Odebrecht para ocuparse de los pagos ilegales con fondos que la firma no registraban en sus balances); “Drousys” (sistema de comunicaciones utilizaban en ese área); “my web day” (el sistema para hacer solicitudes de pago que utilizaba Odebrecht); la sigla “DGI”, usada para aludir a coimas; más los nombres de los funcionarios y de los empresarios.

Odebrecht, como ya es conocido, informó en Estados Unidos, que entre 2007 y 2014 ordenó pagos por 35 millones de dólares en sobornos a intermediarios de funcionarios del gobierno argentino. Así lo recuerda el dictamen de Picardi, y agrega que por los proyectos de obra que la empresa consiguió (soterramiento, plantas potabilizadoras y gasoductos del Norte y del Sur) Odebrecht “obtuvo ganancias por 278 millones de dólares”. Cerca de 3 millones de dólares, añade, fueron pagados entre 2011 y 2014, a sabiendas de que los pagos estaban destinados a funcionarios argentinos.  

La causa por el soterramiento del Sarmiento se inició en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña, quien dijo que había tomado conocimiento de un informe brasileño de la operación Lava Jato, que mencionaba a empresas que se habrían utilizado para recibir pagos de coimas de Odebrecht ligadas a la Argentina: Controles y Auditorias Especiales (de España y de Argentina), vinculada con Jaime y Vázquez, que habrían recibido dinero vía la offshore “Klienfeld Service Ltd”. Ocaña detalló pruebas que involucraban a Jaime, Vázquez y Ribeiro: correos electrónicos entre Vázquez y el hombre de Odebrecht, y registros de transferencias de “Klienfeld Services LTD” a “Pribont Corporation S.A.” por 80 mil dólares en el First Caribbean Internacional Bank. Ocaña decía que el beneficiario sería Jaime y que en un correo electrónico Vázquez le reclamaba a Couri Ribeiro por “problemas” con un pago, que sería una coima. Un informe del país vecino decía que el hombre con acceso a las cuentas de sociedades off shore era Fernando Migliaccio Da Silva, ejecutivo Odebrecht. Ribeiro le reenvía a Da Silva un correo con los reclamos Vázquez.  También habría dejado asentado que Sánchez Caballero, gerente de Iecsa, “mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del tren Sarmiento” por sumas superiores a 20 millones de dólares.

Tras la denuncia inicial Picardi impulsó la investigación, pero recién ahora definió la maniobra investigada y los imputados: “el posible pago de sobornos por parte del grupo Odebrecht y socios locales (Iecsa) a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno’ de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A”. Planteó que en Argentina, igual que en Brasil, se habrían cartelizado las contratistas entre sí “para reemplazar una competencia real por una aparente en el marco de la presentación de sus ofertas en los procesos licitatorios de las contrataciones o similares”.

Picardi también pidió datos sobre la investigación que señala al titular de la AFI, Gustavo Arribas, como posible receptor de coimas. Así lo señaló el arrepentido brasileño Leonardo Meirelles. En los próximos días llegaría al país información sobre las diez transferencia de 850 mil dólares que señaló.Fuente: Página12.com (Nota enviada por nuestro colaborador Jorge Zatloukal)

18 de mayo de 2017

Denuncian penalmente a Macri en la causa por las coimas que pagó Odebrecht

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El presidente Mauricio Macri, su primo Angelo Calcaterra y el empresario Marcelo Mindlin fueron denunciados penalmente hoy en los tribunales de Comodoro Py en relación a los pagos de coimas que el gigante de la construcción brasileño Odebrecht confesó haber hecho en Argentina, informaron hoy fuentes judiciales. 

La presentación alcanzó, a la vez, a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a Joseph Lewis, el magnate británico dueño de una estancia en Lago Escondido que alojó allí a Macri, y a Javier Caballero Sánchez, ex ejecutivo de empresas vinculadas a la familia presidencial. 


"Odebrecht Brasil le envió 20 millones de dólares a la empresa IECSA de los Calcaterra y en cinco mails se menciona a Caballero Sánchez, ex CEO de IECSA", consignó la presentación de Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y Cambio Climático. También consignó el denunciante que "Mindlin, cuando compró IECSA y la transformó en SADEC, lo primero que hizo fue desprenderse de Sánchez Caballero" y especuló con que "lo hizo, porque el escándalo Odebrecht lo puede salpicar". 

Sobre Arribas, mencionó que el ’arrepentido’ brasileño Leonardo Meirelles aseguró que le había hecho diez transferencias bancarias por 850 mil dólares al hoy titular de la AFI en 2013, en coincidencia con la reactivación del plan de soterramiento de la Línea Sarmiento. La denuncia fue presentada en la Cámara Federal porteña y con el número 6604/2017 recayó en el juzgado federal de Sergio Torres, con intervención de la fiscalía federal número cinco. 

En su presentación, el denunciante pidió que se investigue si los denunciados habrían perpetrado los delitos de "asociación ilícita", "estafa", "defraudación", "encubrimiento" e infracción al artículo 303 del Código Penal. 

Mientras, el diputado del Frente para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade insistió hoy en que el grupo empresario de la familia de Macri es "socio y cómplice" de Odebrecht y de Mindlin, a los que les dio las obras de soterramiento del Sarmiento. En ese contexto, aseguró que Arribas "es sólo un empleado de Macri y Odebrecht". 

Tailhade, quien impulsó la denuncia penal contra funcionarios del macrismo por operaciones sospechosas ligadas al grupo Odebrecht que tramita el juez federal Claudio Bonadio, sostuvo que "en la trama de corrupción de Odebrecht se omite un dato central: la sociedad de Macri y los brasileros. Socios y cómplices desde hace años". recordó que en 2006 Macri, a través de IECSA, "se asoció con Odebrecht para la licitación del Sarmiento. Esa sociedad continúa hoy plenamente operativa" y, dijo, recibió del actual Gobierno "3 mil millones de dólares" para financiar la obra. 

Relató que en 2010 Odebrecht compró el Meinl Bank y mediante esa entidad pagó "más de 1.600 millones de dólares en sobornos en todo el mundo" y compró por 400 millones de pesos los créditos que el BID y CFI verificaron en el concurso de Correo Argentino, para lo que tomó como garantía "las acciones de Sideco, controlante de Correo Argentino". "Aquí también Odebrecht es socio de Macri", dijo en un comunicado. 

Añadió que "Mindlin fue el principal ganador de los primeros 16 meses de Macri" ya que "compró Petrobras y fue el gran beneficiario de los tarifazos". "Fin del cuento: hoy Odebrecht y Mindlin son socios en el soterramiento del Sarmiento. Obra que les dio su socio y cómplice Mauricio Macri. En toda esta trama, Arribas es sólo un empleado de Macri y Odebrecht", remarcó.Fuente: ElLitoral.com

1 de mayo de 2017

La empresa Odebrecht, ¿otro dolor de cabeza para al gobierno?

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La lectura de los medios este domingo no debe haber sido agradable para el presidente Macri. El diario La Nación publicó una investigación que sostiene que la multidenunciada Odebrecht aportó dinero a la campaña presidencial de Macri, a través de Braskem SA, una de sus controladas.

El dato es muy significativo porque ya son muchos los eslabones que vinculan al presidente con la multinacional brasileña: El supuesto pago de coimas en una cuenta en Suiza de su amigo Gustavo Arrivas, desestimado por el cuestionado juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero apelado en duros términos por el fiscal Delgado.

Y luego, la denuncia de otro ejecutivo arrepentido -fueron más de setenta los que se acogieron a ese beneficio- que confesó el pago de coimas millonarias al primo del presidente, Angelo Calcaterra, por entonces dueño de la constructora familiar Iecsa, a cargo de la obra del soterramiento del Sarmiento, que requería la colaboración de la Ciudad que administraba Macri.



Cuando Macri realizó meses atrás una visita de Estado a Brasil, le solicitó tanto al gobierno de Michel Temer como a la Corte Suprema que le faciliten toda la información que poseían sobre el capítulo argentino del caso Odebrecht. El pedido llamó la atención, pero no fue respondido.

"Odebrecht pagó 500.000 mil pesos por una mesa en la cena para juntar fondos para la campaña de Macri, pero lo hizo bajo la firma Braskem de manera de pasar desarecibida".

Lo mismo requirió el gobierno de Macri a la justicia de Estados Unidos, que llegó a un acuerdo con los directivos de la multinacional brasileña y tiene declaraciones selladas con la ruta de las coimas que pagaron en todo el continente.

En ese marco, el diario La Nación, reveló hoy que Odebrecht desembolsó $500.000 para respaldar la candidatura del líder de PRO a comienzos de 2015.

La campaña de Macri recibió $500.000 de Braskem Argentina SA, empresa controlada por Odebrecht que también admitió prácticas ilegales y sobornos ante la Justicia de Estados Unidos. El aporte figura en el balance del PRO del 2015 porque la empresa pagó los cubiertos de toda una mesa en la cena de recaudación de fondos que organizó Cambiemos en marzo de ese año.

"La donación es totalmente legal. Es una más entre los 2000 empresarios que vinieron a la cena. No existe ningún tipo de incompatibilidad ni nada espurio detrás del aporte. Tampoco había ningún vínculo contractual entre la empresa y la ciudad de Buenos Aires (administrada en ese momento por Macri)", se defendió José Torello, apoderado del PRO y jefe de asesores del Presidente.

La obra del soterramiento del Sarmiento que costará más de u$s 3.000 millones sigue en manos de Iecsa y la brasileña Odebrecht y hasta ahora el presidente Macri no ha considerado quitársela a la brasileña, como si han hecho otros presidentes de la región como Enrique Peña Nieto con obras similares, ante el megaescándalo de la brasileña.

Esto pese a que el Decreto 1023, firmado por Fernando de la Rúa el 13 de agosto de 2001, dispone bajo el título Anticorrupción que se puede rescindir un contrato si hubo pago o incluso ofrecimiento de coimas.

"Otros presidentes de la región como el mexicano Peña Nieto le han suspendido obras a Odebrecht ante las confesiones de pago de coimas, Macri sin embargo mantiene a la brasileña en el soterramiento del Sarmiento".

La obra del Sarmiento fue adjudicada por Julio de Vido durante el kirchnerismo. No es un secreto que el ex ministro era el vínculo más sólido con los macristas Angelo Calcaterra y Nicolás "Nicky" Caputo y de hecho, aún hoy el macrismo se cuida de atacarlo o denunciarlo.

En este caso, el capítulo que golpea a Iecsa forma parte de un cerco que empieza a cerrarse y que tiene vinculación con los Panamá Papers y estalló por una explosiva revelación del diario brasileño Estado de San Pablo. Ese diario difundió a principios de año información proveniente de correos electrónicos y anotaciones que surgieron de un back up de la computadora de uno de los ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, confiscados por la Policía Federal de Brasil.

Allí aparece el nombre de Javier Sánchez Caballero, como el hombre de Iecsa para negociar el pago de las coimas. 

En la declaración ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció haber pagado coimas por u$s 35 millones en la Argentina, pero fuentes de la construcción afirmaron a LPO que sería mucho más. "Odebrecht ganó obras en el país por 5.000 millones de dólares y la coima habitual en el negocio es un 10 por ciento, así que estamos hablando de un piso de 500 millones de dólares", explicaron.

En el artículo de Estado se informa que en el acuerdo de colaboración que Odebrecht firmó con la justicia de Estados Unidos, la multinacional "confirmó que pagó coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Sarmiento" y "fueron entregados sobornos relacionados con la empresa Iecsa del primo de Mauricio Macri".

La investigación revela cinco mensajes vinculados al pago de sobornos en Argentina y en uno de junio de 2010, se menciona una reunión con Sánchez Caballero. Allí aparece la frase "DGI's-Contacto Directo". Los directivos de Odebrecht usaban el código "DGI" para referirse a los sobornos. La misma sigla se repite en otros mails, como el que se titula "Reunión Sarmiento" e indica tres "DGI" por distintas etapas de la obra por un total de 20 millones de dólares.

En ese correo electrónico también se menciona a Lourenço Ghella, de la multinacional italiana, socia de Iecsa en la obra del Sarmiento y antes de eso en la ampliación del viaucto de Juan B. Justo, que se concretó durante la administración porteña de Macri.

La conexión Correo y la renuncia de Balbin

En los documentos revelados por el diario brasileño también se menciona a Manuel Vázquez, cajero del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido por diversos casos de corrupción en la importación de trenes obsoletos de España.

En los mails que publica el diario brasileño se informa que en febrero de 2010 Vázquez le reclamó a Couri Ribero -que era el principal gerente de Odebrecht en la Argentina-el pago de una coima de 80 mil pesos. El gerente de Odebrecht se comunicó entonces con otro ejecutivo, Fernando Migliaccio, para destrabar el pago. Este empresario es la punta que une el caso del Soterramiento con el escándalo del Correo.

Migliaccio es clave y su testimonio puede ser explosivo. Fue detenido en Suiza y actualmente colabora con la justicia brasileña.

En octubre de 2010 Odebrecht ordenó a Migliaccio comprar el banco austríaco Meinl, con sede en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. Fue a través de esa institución que Odebrecht compró buena parte de la deuda que tenía el Correo Argentino S.A. con otros tres bancos -entre ellos el Banco Galicia- y se presentó como acreedor por 400 millones de pesos para convalidar la propuesta del Grupo Macri en la audiencia judicial en la que se acordó una quita del 98,87 por ciento, luego dejada sin efecto ante el escándalo público. 

El caso Odebrecht en la Argentina está fragmentado en una serie de causas, que a medida que trascienden nuevos testimonios empiezan a confluir. Las coimas por el Soterramiento, los giros a cuentas en Suiza de Arribas, las coimas a Jaime, los Panamá Papers y la utilización del estudio Mossack Fonseca para pagar sobornos en todo el continente.

El sitio de la ex legisladora kirchnerista Gabriela Cerrutti reveló este sábado que el despedido procurador Carlos Balbin -sin que mediara ninguna explicación pública del Gobierno-, había firmado una crítica auditoria sobre polémico acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Correo de la familia Macri.

La falta de un pronunciamiento de la Procuración del Tesoro en un juicio del Estado que alcanzaba miles de millones fue en su momento uno de los principales cuestionamientos a la administración Macri.

La nota revela además, que la Procuración se encontraba investigando las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, vinculadas al soterramiento del Sarmiento en conjunto con la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce el fiscal Sergio Rodríguez.

Este domingo, el mismo sitio reveló que Balbin cuestionó la polémica venta de tierras en Lago Escondido al billonario inglés Joe Lewis, amigo personal de Macri y financista de Marcelo Mindlin. El dueño de Pampa Energía semanas atrás compró Iecsa a Calcaterra.

Joe Lewis es el mayor inversor de Tavistock Group, un conglomerado de más de 150 empresas en diversos países y que es cuestionado en la Argentina por cerrar el paso al lago a los pobladores locales. En su mansión en esa zona, Macri fue de vacaciones junto a Juliana Awada y hasta utilizó el helicóptero del empresario.

Ahora se sabe que el despedido Balbín intervenía en tres investigaciones muy incómodas para el Gobierno: Correo Argentino, Joe Lewis y Odebrecht. En su lugar el Gobierno nombró al abogado Bernardo Saravia Fría, que tiene entre sus clientes al Grupo Macri.Fuente: LaPolíticaonline.com (Nota enviada por nuestro colaborador señor Jorge Zatloukal)