EXTERIOR
La
red se abrirá a nuevos operadores a partir de julio, pero el proceso será
progresivo para el largo recorrido
En
la carrera hacia la liberalización ferrroviaria española, aún quedan varias
estaciones hasta llegar a la línea de meta. La fecha de salida marcada por el
Gobierno remite a julio, pero no para toda la red. El decreto publicado en el
BOE el pasado mes de febrero señala que el transporte por ferrocarril de
viajeros con finalidad turística iniciará el proceso de liberalización el
próximo 31 de julio. En cuanto a las líneas de cercanías y largo recorrido, en
las que se incluye el AVE, el proceso será progresivo y el Gobierno decidirá el
número y las empresas que concursen para operar en las distintas líneas
ferroviarias. Para ello los operadores interesados deberán obtener un «título
habilitante» del Ejecutivo que Renfe dispone de forma automática. El objetivo
de esta fórmula es flexibilizar la liberalización por líneas y garantizar la
seguridad de las concesiones.
Sin
embargo, esta modificación ha levantado suspicacias. «Que las empresas privadas
tengan que acudir a licitación y Renfe no, supone una clara barrera a la
competencia real en el sector. De este modo, además, el Gobierno se asegura un
brazo ejecutor en este sector estratégico», denuncia Daniel Albalate, profesor
de la Universidad
de Barcelona. Una decisión también criticada por Javier Asensio y Anna Matas,
profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma
de Barcelona y del Instituto de Economía de Barcelona, quienes creen que
supondrá «una importante barrera de entrada que dificultará el desarrollo de la
competencia». En su opinión, esto implicará que «el Consejo de Ministros decida
el número de empresas que pueden entrar en el mercado».
No
obstante, gran parte del desarrollo del proceso dependerá del ritmo impuesto
desde Bruselas. Y de momento ya hay interferencias. Si bien la Comisión Europea
fija para 2019 la liberalización ferroviaria en el continente y España va a la
cabeza, desde Alemania y Francia ya han anunciado que postergarán sus procesos
de privatización hasta agotar el plazo. «El retraso de la liberalización del
AVE puede deberse, además de la falta de reciprocidad encontrada en otros
países, a la lentitud del proceso de transformación de Renfe, para darle tiempo
a prepararse ante la llegada de candidatos privados en las rutas rentables»,
señala Albalate, respecto al interés que la liberalización ha motivado en
grupos extranjeros .
Las
diferencias saltan también en otros puntos. El Tribunal de Justicia de la UE condenó el pasado mes a
España porque el administrador de las infraestructuras, Adif, no cumple el
principio de independencia en su gestión del Gobierno, ya que no fija el canon
a pagar por el uso de la red ferroviaria.«España sigue un modelo de separación
vertical incompleto (con empresas públicas en la operación y en la gestión de
la infraestructura) y Europa solo acepta estos modelos cuando el gestor de la
infraestructura es claramente independiente desde el punto de vista legal,
contable y operativo», señala Albalate.
Los
profesores Asensio y Matas opinan que, sea cual sea el grado de independencia
de Adif, lo importante es que «el desarrollo de la competencia no discrimine
entre los distintos operadores» Y, para ello, afirman, «es imprescindible que
el regulador sectorial tenga poder, medios y capacidad para supervisar su actuación».
Otro
paso que prevé la liberalización es la división de Renfe en cuatro sociedades
(unidad de viajeros, unidad de mercancías y logística, unidad de mantenimiento
y una última unidad de material rodante). El objetivo es abrir la competencia
con la máxima eficacia. En relación con esto, «la cuestión principal es el
funcionamiento que tenga la unidad propietaria del material móvil», explican
Asensio y Matas. Como señalan, la razón de su importancia es que su buen
funcionamiento será clave para que el trato no sea discriminatorio.
A
pesar de ello, los profesores celebran el hecho de que el Gobierno se dé más
tiempo para abrir el mercado a la competencia, como aprobó en el Real Decreto,
siempre que ello sirva «para diseñar el marco institucional adecuado para su
desarrollo».
Interés desigual
En
cuanto a cuáles son las joyas de la corona de la alta velocidad los datos del
último Anuario del Ferrocarril señalan las líneas donde se concentra el apetito
inversor: las líneas con mayor tráfico en 2011 fueron Madrid-Barcelona y
Madrid-Sevilla, que superaron los dos millones de pasajeros, seguidas de
Madrid-Valencia (1.836.000 viajeros) y Madrid-Málaga (1.433.000).
Ante
la diferencia de tráfico de viajeros entre unas líneas y otras, Albalate,
afirma que «la liberalizacion de las rutas convencionales comportará resultados
muy asimétricos». En su opinión, «un número muy importante de servicios son
actualmente deficitarios con ratios de cobertura demasiado bajos como para
creer que la mayor eficiencia y calidad privada (en el supuesto que sea así)
pueda rentabilizar el servicio. El mismo diagnóstico aportan Asensio y Matas,
que explican que «es difícil que existan líneas con un nivel de demanda tal que
permita el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado».
Pero
ello, argumentan, no significa que la liberalización no esté justificada. Ambos
profesores proponen que la competencia se desarrolle «por el mercado» a través
de licitaciones competitivas por el derecho a operar las líneas ferroviarias.
Ello las haría más competitivas.
Como
ha sucedido en Suecia o Reino Unido, donde las subvenciones al ferrocarril han
descendido en torno a un 30% desde que se han introducido estas medidas. El
proceso no corre prisa si se asegura su eficacia. La prioridad es un marco
regulatorio bien diseñado y una puesta en marcha que garantice su eficaz
funcionamiento, a pesar de las curvas.ABC.es
Es una lastima que no se lea,esta nota, asi como la venta de Renfe a Talgo de la reparación, asegurada hasta el 2027,Es un Ejemplo de como estos señores "profesores"son fieles esponentes de los intereses,que con variantes de circunstancias y epoca,nosotros padecimos con el gran estadista.
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