Exterior
* Para el letrado la empresa pública “cercena el derecho de defensa”
* Víctimas piden a empleados de Adif y Renfe que cuenten lo que saben
El abogado de Francisco José Garzón, el maquinista del tren Alvia
accidentado el pasado 24 de julio en Santiago, único imputado por el
fallecimiento de 79 personas, acusa a Adif de pretender “cercenar el legítimo
derecho de defensa” de su cliente al no querer entregarle al juez instructor de
la causa, Luis Aláez, determinados documentos que este le ha reclamado. El
letrado asegura que a la empresa pública gestora de las vías “no le interesa la
verdad, no quiere que se aclaren los hechos, le viene mejor enredar y marear”.
Hace dos semanas el juez Aláez hizo propia una petición del abogado de
Garzón y reclamó a Adif numerosos documentos, entre ellos los estudios de
riesgos que se hubiesen realizado para autorizar a Renfe a que desconectase a
bordo de los Alvia el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) y
circulase solo con el control puntual (ASFA), que fue incapaz de paliar el
despiste del maquinista. El pasado jueves Adif recurrió contra esa decisión del
juez, al que acusó de realizar una “inquisición general” con “exigencias
arbitrarias” que a su juicio asumen las “conjeturas” del abogado defensor.
Respondía así también a las duras críticas lanzadas por Aláez hace un mes en
otro auto en el que acusaba a Adif de “jugar con la vida de muchas personas”.
Ahora el abogado defensor carga contra el recurso de la empresa pública,
firmado por una abogada del Estado, y lo califica de “temerario”. El letrado
considera que contradice la promesa realizada por la ministra de Fomento, Ana
Pastor, de “buscar la verdad”: “Ya sabemos que ese no es el objetivo”,
sentencia.
En cuanto a los documentos reclamados, en su recurso del jueves Adif
daba a entender, aunque sin afirmarlo abiertamente, que no se realizaron
estudios de riesgos para desactivar el ERTMS porque no lo exige la normativa,
ya que el sistema inferior, el ASFA, es igualmente válido, aunque sea menos
seguro. Ahora el abogado de Garzón contesta enumerando normas europeas que lo
exigen “siempre que un cambio de las condiciones de funcionamiento, o un nuevo
material, supongan nuevos riesgos”. Adif considera que la autorización para
circular solo con el ASFA no supone un nuevo material ya que ese sistema
inferior siempre ha estado en funcionamiento. Pero el abogado entiende que el
análisis del riesgo “es absolutamente necesario” porque suponía una
“modificación significativa”. El letrado también pide claridad a Adif y que “si
por el contrario entiende que no tiene esa documentación porque legalmente no
está obligada pues que lo manifieste así”, añadiendo que “ya se determinará
cuáles son los efectos de carecer de esa documentación”.
En su impugnación del escrito de Adif, el abogado también asegura que al
resolver un anterior recurso “la Audiencia Provincial de A Coruña manejó un
Reglamento General de Circulación que nunca entró en vigor”. Igualmente,
denuncia que otros estudios de riesgos de Adif recogen dos listas de posibles
errores humanos extraídas de estudios sobre centrales nucleares y transporte
aéreo. “¿Puede ser serio y creíble un sistema de gestión de la seguridad en la
circulación ferroviaria cuyos análisis de errores humanos se refieren al sector
nuclear y los parámetros importantes relativos a la seguridad se realizan sobre
el transporte aéreo?”, se pregunta el letrado.
La pelota está ahora en el tejado del juez Aláez, que deberá decidir si,
a petición de Adif, reforma el auto en el que reclamaba la documentación a la
empresa pública. De no hacerlo así, Adif ya ha anunciado que recurrirá
nuevamente a la Audiencia Provincial. Lo que no ha recurrido Adif es la
citación como testigos de cinco de sus cargos intermedios, que deberán
comparecer dentro de dos semanas para aclarar un posible error en la
elaboración del Libro Horario que indica a los maquinistas qué velocidad
cumplir y qué sistema de seguridad hay en cada tramo de una línea.ElPaís.com
