Trenes Regionales
En su afán por expandir la infraestructura del tren eléctrico, el gobierno del Frente Cambia Jujuy movilizó la estructura judicial a su favor a costa del bienestar de los vecinos tilcareños. Mientras las denuncia contra el Estado por turbación pública y usurpación avanzan en la justicia federal, en otra causa relacionada, las pruebas documentales que llegaron al Ministerio Público de la Acusación reconocen al presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificiación Urbana como propietario de al menos cinco terrenos en discordia.
* El conflicto entre los vecinos de Radio Estación Tilcara y el Estado jujeño lleva más de dos años entre los distintos juzgados.
* Desde el gobierno insisten en que la justicia federal no tiene injerencia por tratarse de supuestos terrenos provinciales.
* En los últimos días la Dirección de Inmuebles confirmó que al menos 5 terrenos en disputa están sospechosamente a nombre de un funcionario.
Las familias de Radio Estación Tilcara no pueden salir de la pesadilla y algunas siquiera pueden salir de sus viviendas (literalmente), su derecho de libre tránsito fue vulnerado y en el peor de los casos fueron despojados de sus bienes materiales e inmuebles. El tren recorre un fragmento de la Quebrada luego de décadas abandonado, su objetivo en teoría es revitalizar los pueblos a través de la actividad turística, aún si eso implica perjudicar a los habitantes.
El calvario de los tilcareños (antes de los artesanos de Volcán) inicia en enero de 2022, cuando el actual gerente de operaciones del Ente Autárquico Tren de la Quebrada, Emiliano Rodríguez, por entonces coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial Tren Jujuy - La Quiaca, denunció por usurpación (expte. P268-000) a 16 familias que ocupaban terrenos en cercanías del cuadro de estación, dentro del ejido correspondiente a barrio Radio Estación Tilcara. La causa avanzó por los circuitos de la justicia provincial sin mayores inconvenientes pero sin elevarse a juicio jamás y por tanto no existe una condena sobre los propietarios de los inmuebles en disputa que finalmente serían desalojados, exceptuando aquellos que aceptaron ser reubicados en módulos habitacionales de 3x3 en otra zona del pueblo.
En noviembre de 2023 ante el inminente avance de la policía y las máquinas, Alejandra Cejas, abogada de algunas familias involucradas declaró a los medios: “Nunca les permitieron ejercer su derecho a la defensa, no hubo juicio de desalojo, es una denuncia falsa donde decidieron generar una cautelar en feria para su beneficio”, en referencia a la disposición judicial de Desalojo, dispuesta por el juez de control N°3 Salvador Gustavo Ortiz, pero solicitada y promovida por el fiscal Fernando Alancay, cuya labor sería recusada por la defensa entendiendo que había animosidad contra las familias. Finalmente sería reemplazado por orden del procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.
Varios meses después se divulgaría la foto de un petitorio del mencionado juez, donde solicitaba la exclusión de la propiedad a nombre de la familia Chiliguay, por considerar “…respecto del Sr. Jesús Chiliguay, que el mismo había celebrado un convenio de transferencia con el Ferrocarril, conforme surgía de la cédula parcelaria de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.). En razón de ello, entendemos que no corresponde la prosecución de la acción penal en contra de los mismos” ¿Por qué fue ignorada esta solicitud? Es un hecho que propios y ajenos todavía ignoran.
Fueron varias las presentaciones con aportes documentales que la abogada Cejas junto a su colega Silvana Llanes efectuaron, argumentando que los terrenos de la discordia no pertenecían al Estado provincial, toda vez que varias de las familias en cuestión accedieron a un acuerdo bajo la Ley N°24.146 de Emergencia Económica sancionada en 1992 que permitía la adquisición de ciertos inmuebles con destino para viviendas como reza el artículo 2°: “…que estuvieren destinados a vivienda del personal de los entes mencionados en dicho artículo, y los que estuvieren ocupados por entidades de bien público o familias de escasos recursos, podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial”.
También existen familias con posesión acreditada por décadas, servicios públicos a su nombre y tenencia validada por el histórico ex intendente Félix Pérez, aliado del oficialismo provincial (incluso fue candidato a diputado nacional en 2023 por el Frente Cambia Jujuy) quien cedió esos lotes. La actual intendenta, Sonia Pérez, pertenece a la facción de Gerardo Morales y Carlos Sadir, por lo que solo ha mostrado satisfacción por la llegada del tren a su ciudad, sin inmiscuirse en los asuntos legales y habitacionales.JujuyalMomento.com
