Tragedia de Once: Casación rechazó apelaciones y los condenados quedaron al borde de la detención

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La Cámara Federal de Casación Penal denegó los recursos extraordinarios con los cuales los sentenciados intentaron que intervenga la Corte Suprema. Jaime ya está preso desde 2015.

La Cámara Federal de Casación Penal denegó los recursos extraordinarios con los cuales los primeros condenados por la tragedia ferroviaria de Once intentan que intervenga la Corte Suprema de Justicia, por lo que los sentenciados quedaron al borde de la detención.

Entre las personas que podrían ir a la cárcel en las próximas horas se encuentran los exsecretarios de transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi (quien ya está preso desde 2015), el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Córdoba.

Fuentes judiciales informaron que la Cámara tomó la decisión con las firmas en mayoría de Eduardo Riggi y Liliana Catucci, en tanto que Carlos Mahiques votó en disidencia parcial. Los jueces denegaron los recursos de todos los condenados y ahora el Tribunal Oral Federal 2 tiene la decisión de disponer las detenciones.

Ricardo Jaime tiene una condena de 8 años de prisión; Schiavi 5 años y medio; Claudio Cirigliano 7 años; y el maquinista Córdoba 3 años y 3 meses.

"Los recurrentes no rebatieron los argumentos esgrimidos por esta sala en la resolución que se cuestiona, limitándose a describir su particular visión sobre el asunto", sostuvieron los jueces. Además, tuvieron en cuenta que "la presentación de las defensas no pueden prosperar toda vez que la decisión en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa".

Si bien todos los condenados tienen la posibilidad de apelar mediante recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, dicho trámite no es suspensivo de la condena impuesta a cada uno de ellos y por eso ya están para ejecutarse.

El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 impactó contra el andén de la estación Once, lo que provocó la muerte de 52 personas, por lo que los acusados habían sido condenados por estrago culposo.

Además, luego se verificaron irregularidades en el otorgamiento de subsidios de la concesionaria TBA, que tenía a cargo el tren Sarmiento, pues buena parte de los fondos públicos no eran destinados a la mejora del tren sino que el grupo Cirigliano los repartía a otras empresas del holding, al tiempo que se verificó también una gran cantidad de gastos particulares.

Si bien las pericias destacaron graves falencias en el servicio ferroviario, tanto de las formaciones como de los andenes, también estableció que los frenos funcionaban correctamente pese a una pequeña falla de aire y por eso también se le atribuyó culpabilidad al maquinista.

Los condenados de la entonces concesionaria TBA son Marcelo Alberto Calderón y Jorge Álvarez, ambos de TBA, habían sido condenados a 6 años; Carlo Michele Ferrari, Carlos Pont, Sergio Tempone y Jorge Alberto De los Reyes 5 años; Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo Antonio D Abenigno, Francisco Pafumi y Antonio Suárez 4 años; Roque Cirigliano 3 años y 6 meses; Pedro Roque Raineri, Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo, Daniel Guido Lodola y José Doce Portas a 3 años.Ámbito.com

La Cámara de Casación confirmó el procesamiento de Claudio Cirigliano

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La Sala IV no hizo lugar a una queja de la defensa. Se trata de una causa en la que se lo investiga por el descarrilamiento de un coche de un tren de la línea Mitre. En el hecho, un guarda quedó herido y produjo la cancelación del servicio.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Borinsky, resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la defensa de Sergio Claudio Cirigliano contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín que había confirmado su procesamiento por el delito previsto en el artículo 196, agravado en función de lo dispuesto en el segundo párrafo.

En el hecho resultó herido el guarda del tren y la cancelación del servicio público del transporte.SeráJusticia.com (Nota enviada por nuestro colaborador señor Jorge Zatloukal)

La sentencia por la tragedia de Once

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Familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de 51 personas, se mostraron confiados en que mañana, cuando se dé a conocer el fallo del Tribunal Federal II, habrá condena para los acusados que están siendo juzgados. Así lo auguró María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas, quien dijo tener la “tranquilidad” de que se escuchará en los tribunales “un fallo que, al igual que este juicio, será histórico”.

“Entiendo que será histórico por las condenas. Entiendo que será histórico porque será la señal de que, por lo menos, empieza a ponerle fin a la impunidad”, insistió.

Y completó: “Condenar a los responsables aunque sean funcionarios de un gobierno de turno, aunque estos sean empresarios poderosos, amigos de los gobiernos, me parece que es una señal de esperanza para todos de que la justicia nos iguala, nos pone en un pie de igualdad y que el que comete un delito tiene que dar cuentas y tiene que pagar”.

Mañana, el tribunal integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, leerá la sentencia del juicio que comenzó en marzo de 2014 y que intenta dilucidar responsabilidades por el choque del 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó en el andén número 2 de la estación terminal Once y provocó la muerte de 51 personas.

Por la tragedia se encuentran imputadas 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, para quienes el fiscal de la causa, Fernando Arrigo, pidió 11 años de prisión y 10 años y 10 meses de cárcel, respectivamente, por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo agravado. Además, se encuentran acusados el ex dueño de TBA Sergio Cirigliano y la cúpula directiva de la empresa y el maquinista Marcos Córdoba.

Consultada sobre el veredicto, Rey dijo sentir “total confianza” respecto a un resultado condenatorio y consideró que existen “pruebas contundentes que tiene el tribunal en sus manos para valorar la responsabilidad de cada uno de los responsables”.

“El día de la sentencia es el momento que esperamos, pero sabemos que no es el fin. Después viene otra lucha. Primero, para enfrentar toda la etapa de apelaciones porque según sean las sentencias o apelarán los condenados o apelaremos los familiares a instancias superiores.” Luego, dijo, será “momento de luchar para que sean sentencias firmes y de cumplimiento efectivo”. “Me atrevo a confiar y tener esperanza que las condenas sean firmes y que cada uno de los condenados cumpla su prisión de manera efectiva”, sostuvo.Página12.com

Los insólitos gastos de TBA, la concesionaria del tren Sarmiento

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Muebles comprados en la Polinesia francesa, joyas, carteras, vinos, champagne, bandejas de plata y hasta dos entradas para un recital de Roger Waters figuran entre los insólitos gastos que hizo Trenes de Buenos Aires (TBA).

Todo esto, mientras tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento (y también del Mitre), antes de la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012.

La empresa era dirigida por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano hasta que en mayo de ese año el Gobierno puso fin a la concesión tras el fatal accidente en el que murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. Ambos empresarios están siendo juzgados hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, acusados de estrago culposo.

La información forma parte de los alegatos de la abogada querellante, Patricia Anzoátegui, que representa a la familia de Darío Celle, un usuario que murió en el choque. En su exposición ante los tribunales, la letrada resumió parte de la pericia contable hecha a la empresa por peritos oficiales, y que fue expuesta durante el proceso y tomada como prueba por el Tribunal Federal N° 2.

El Grupo Cirigliano, que hasta el día del choque en la estación de Once era uno de los más poderosos en la gestión del transporte público, estuvo a cargo del tren Sarmiento desde 1995 hasta 2012, cuando el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la rescisión del contrato.

Entre otros argumentos, el funcionario resaltó las 250.000 multas que acumuló la empresa por $70 millones. Sin embargo, entre mayo de 2003 y diciembre de 2011 el Gobierno le otorgó unos $3.000 millones en subsidios por la explotación de las líneas Mitre y Sarmiento.

En el juicio, además de evaluar las responsabilidades de los Cirigliano y de otros 26 imputados en la tragedia, se está discutiendo si los empresarios y ex funcionarios, entre los que se encuentran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, cometieron el delito de administración fraudulenta de los bienes del Estado.

Los consumos que más llaman la atención son aquellos que no tienen nada que ver con los requerimientos para mantener en óptimo estado el material rodante o brindar un buen servicio de transporte.

Entre ellos aparece la compra de muebles en la Polinesia francesa por u$s10.193, joyas por u$s17.981 y carteras por u$s2544. A los pagos en moneda estadounidense se les deben sumar u$s5183 por la adquisición de rosas y orquídeas.

En el mismo apartado de "curiosidades" se incluyen dos entradas para un recital de Roger Waters por un valor de $1100 cada una. El ex líder de Pink Floyd dio nueve recitales en el estadio de River Plate, el primero de ellos fue el 7 de marzo de 2012, trece días después del trágico choque en la estación de Once.

En los alegatos de Anzoátegui también se hace mención a que la empresa TBA desembolsó $42.600 por la compra de dos bandejas rectangulares de plata 925, grabadas, y otra bandeja cincelada de plata 925, con estuche de antílope azul, todas adquiridas en La Casa de las Copas.

Según la letrada, la pericia contable dio cuenta de varios gastos en bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la empresa pagó $4731 por doce botellas de champagne de Bodegas Chandon (a razón de unos $400 cada una), y más de $120.000 en Winery en otros productos, con facturas que van desde los $7.000 hasta los 50.000 pesos.

Los pagos con tarjetas de crédito corporativas y los viáticos para los viajes al exterior con recursos de TBA también fueron cuantiosos. Colombia, México, Italia, Francia, España, Chile y Perú figuran entre los destinos más elegidos por personas ligadas a la empresa, con erogaciones que oscilan entre 31.000 y 10.000 dólares.

Los directivos de TBA también viajaron por Qatar, Doha y Dubai para lo que necesitaron u$s8.000 y $30.000. Y a China, donde llegó un grupo de enviados de Cometrans (una de las empresas del Grupo Cirigliano), con viáticos por u$s10.000 y $40.000, por ejemplo.

Hay más: dos tarjetas de crédito American Express sumaron gastos por más de medio millón de pesos. Una de ellas, emitida a nombre de Claudio Cirigliano, registró compras por $400.000 entre enero de 2010 y junio de 2012, según especificó la querella que consigna La Nación.

Parte de estos datos también fueron tomados por el fiscal de la causa, Fernando Arrigo, al argumentar el pedido de penas para los empresarios.

El funcionario público solicitó diez años y once meses de prisión para Claudio Cirigliano y diez años y medio para Mario Cirigliano. Además, pidió once años de cárcel para Jaime y Schiavi, y tres años y ocho meses para el maquinista, Marcos Córdoba.IProfesional.com

Tragedia de Once: "Si no había pruebas, no hubiera acusado a todos los imputados"

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Fernando Arrigo, el fiscal de la tragedia de Once, repasó sus alegatos en las cinco audiencias. "Lo que pasó no fue una casualidad", aseguró.

En las últimas dos semanas del juicio que investiga las responsabilidades por la llamada "tragedia de Once", la atención estuvo dirigida a una sola exposición: el alegato del fiscal. Durante cinco audiencias, Fernando Arrigo expuso su visión de lo ocurrido y culminó la alocución pidiendo penas por estrago culposo y administración fraudulenta para la mayoría de las 28 acusados, incluyendo a directivos de TBA -la empresa que tenía la concesión de la línea Sarmiento-, a ex funcionarios del área de Transporte de la Nación -entre los que se cuentan los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi- y al maquinista Marcos Córdoba, el único al que sólo le adjudicó el delito de estrago (ver aparte).

Fernando Arrigo, el fiscal de la tragedia de Once

Quizás porque es la primera vez que le toca alegar en una causa con víctimas fatales, o tal vez por la magnitud de este proceso judicial y los dos años que lleva trabajando en él, el fiscal se mostró emocionado al cierre de la presentación que hizo ante el Tribunal Oral Federal Nº2: "Esta causa es por una injusticia que todavía duele mucho", se justifica ante este diario, y agrega: "Toda esa gente, los pasajeros, fueron invisibles hasta que pasó lo que pasó."

Antes de empezar a ocuparse de las presentaciones que los abogados defensores harán la próxima semana en torno a su alegato, Arrigo recibió a Tiempo y explicó su parecer sobre lo que pasó el 22 de febrero de 2012 en la estación terminal de Once, cuando el tren Chapa 16 chocó contra el paragolpes y dejó a 51 personas muertas –una de ellas embarazada- y 789 heridos, en una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia argentina. "Lo que pasó no fue una casualidad", asegura.

–Se puede suponer por qué los imputados pudieron haber sido responsables de lo que pasó e incluso del mal estado de los trenes. Pero, ¿por qué usted entiende que la responsabilidad es penal?

–Hay que tener en cuenta, por un lado, la administración fraudulenta, que significa que no custodiaron, no cuidaron, y perjudicaron al Estado Nacional en sus bienes, particularmente en el Chapa 16. Por otro lado, la tragedia de ese día fue consecuencia de la negligencia e impericia. Hubo distintos aportes y todos fueron determinantes. Por ejemplo, la falta de mantenimiento: las reparaciones generales empezaron a vencer en 2003. Se encontró óxido en las formaciones, que genera tensiones y facilita la rotura del material. De las personas que murieron, 21 fueron por estar aplastadas y el resto por las lesiones del impacto. Este acaballamiento se facilitó por la existencia del óxido. Ahí se ven los distintos roles de cada uno y el modo en que no cumplieron con que el transporte de pasajeros fuera seguro. Esto abarca a los funcionarios de la secretaría, a los de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), a los empresarios y a Córdoba. Lo que pasa es que la conducta de Córdoba estaba condicionada por el mal estado de las formaciones y su poca capacidad para conseguir otro trabajo. Si alguno de los imputados hubiera actuado diligentemente, no hubiera pasado lo que pasó.

–En el alegato, usted habló de la necesidad de investigar al ministro de Planificación Julio De Vido. ¿Por qué el último responsable es el secretario de Transporte?

–Una de las querellas pidió que (De Vido) fuera citado a declarar. Yo lo que dije fue que hay una causa en trámite, en la que está imputado, y que ese trámite debe continuar para que se resuelva su situación procesal. Sobre las responsabilidades, eso se dispone en el requerimiento de elevación a juicio (que estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio), y por otro lado están las pruebas. Ese es el límite.

-En los choques de trenes posteriores del Sarmiento, la imputación alcanza sólo al maquinista. ¿Por qué este caso es distinto?

-No sé, porque no estuve en los otros. Lo que veo en este caso es que hay pruebas para demostrar la falta de supervisión y de mantenimiento. Si no hubiera habido pruebas, no los hubiera acusado.

–¿En qué se evidencia la negligencia de Córdoba?

–En no haber aplicado el freno de emergencia a los 100 segundos de haber advertido el freno largo (con poco aire) en la zona de ingreso a la estación y con eso probablemente evitar el choque.

–Él dice que no le funcionó.

–Al igual que todos los imputados, está tratando de defenderse. En ese ejercicio de la defensa le está permitido hasta mentir. El accidente podría haberse evitado y con eso es suficiente para formular una acusación. Él se dio cuenta de que la formación no frenaba. Y luego está el tema de la velocidad desarrollada por la formación, por arriba del permitido.

–¿Y qué pasó con el freno llamado "hombre muerto"?

–Si hubiera funcionado el freno de emergencia, no hubiera tenido que recurrir al hombre muerto o al freno de guarda. Pero demuestra una conducta negligente por parte de Córdoba el haber tomado la formación sin el freno de guarda y haber desconectado el hombre muerto. 

–¿Puede ser que eso tenga que ver con su poca experiencia?

–De haber seleccionado para conducir ese tren a una persona con más antigüedad, que la había, muy probablemente hubiera tirado el freno de emergencia a tiempo. Pero son hipótesis.

–Schiavi sostiene que no era potestad de él dar de baja la concesión del servicio y que le resulta llamativo que usted tenga coincidencias con la defensa de Córdoba.

–Se está defendiendo. Dejen que exponga lo que quiera.

–¿Cuán importante como prueba es el mail que Roque Cirigliano (ex gerente de Material Rodante de TBA) mandó a la empresa cinco días antes del choque diciendo que el Chapa 16 estaba "condenado a la inactividad"?

–Muy importante. La falta de mantenimiento se sabía pero lo que no imaginamos era que ellos mismos iban a reconocer que en marzo podía colapsar, como dice ese mail. Como dijo un testigo, era un Cromañón ferroviario.

–Si Córdoba hubiera hecho lo mismo en un tren nuevo, ¿la cantidad de muertos hubiese sido la misma?

–Creo que hubiese sido menor.

–¿Cómo explica que en la mitad de las querellas sólo se haya acusado al maquinista y en la otra mitad se señalara a todos excepto al motorman?

–Son estrategias diferentes. Y actuaciones con intereses diferentes. Los abogados están representando víctimas. Algunos, y me parece legítimo, acuerdan por una suma de dinero una reparación.

–¿Qué hubiera cambiado en el juicio la presencia de Leandro Andrada (el maquinista que le entregó a Córdoba la formación esa mañana y fue asesinado al año en un confuso episodio)?

–Creo que mucho, porque él da un dato importante: esta formación tardaba mucho más en dejar operativo el sistema de freno. Ahí teníamos la primera pista de que era un freno de emergencia con poco poder.

–¿Por qué incluyó la pericia, a pesar de las objeciones que se le hicieron?

–Me dio la sensación de que no querían ir mucho más allá de lo que había. Además le modificaron tantas cosas al tren peritado que cada vez se parecía menos al Chapa 16. Traté de no considerar muchas conclusiones porque había inconsistencias, pero sí los datos que contenía.

–¿Por qué se emocionó durante el alegato?

–Cada vez que me acuerdo de esas familias, en las que algunos sintieron culpa de sobrevivir y se suicidaron, familias que quedaron desintegradas… Y cómo murieron… Les tiraron aceite con vaselina y agua. A uno le arrancaron el brazo porque no lo podían despegar. Cómo viajaron durante años… Ese dolor y esa posición tan digna de las víctimas hoy reclamando justicia... Yo no sé cómo sigue una mamá a la que se le muere un hijo. Me genera mucho dolor. El grupo social de estas víctimas es el más vulnerable. Pensemos que hay gente que viajaba en tren porque no le alcanzaba la plata para viajar en otro medio. Es una injusticia que duele mucho. De las que me tocó, es la causa que más me ha conmovido. Estamos hablando de gente que viajaba en jet privado o que se iba de vacaciones al extranjero con la plata de TBA. La contrapartida de eso es lo que pasó.  «

Las penas pedidas en la causa

Para el maquinista Marcos Córdoba, el fiscal pidió tres años y ocho meses y es al único que sólo imputó por estrago culposo agravado. El resto suma el delito de defraudación contra la administración pública, con penas que van de 3 a 11 años, y son de cumplimiento efectivo.

Las penas más altas fueron solicitadas para el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime -a quien pidió unificarle la pena con una sentencia previa de seis meses en suspenso- (11 años, y Juan Pablo Schiavi, quien ocupaba ese sillón al momento del hecho (diez años y diez meses). Les siguen los empresarios Sergio (diez años y once meses) y Mario Cirigliano (diez años y seis meses, al igual que a Roque) y los interventores de la CNRT Pedro Ochoa Romero (diez años y seis meses) y Antonio Sícaro (diez años). A Miguel Werba y a Carlos Lluch, con roles jerárquicos en TBA, no les imputó el estrago.InfoNews.com

Argentina: Fiscal pide cárcel para acusados por choque tren

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Un fiscal argentino pidió el martes penas de entre tres y 11 años de prisión para el maquinista, varios empresarios ferroviarios y ex funcionarios por la muerte de 51 personas en el choque de un tren en 2012.

Un tribunal juzga desde 2014 a 28 imputados por el siniestro ocurrido cuando un tren de la línea Sarmiento embistió la cabecera de la estación Once de Buenos Aires, que además causó más de 700 heridos y puso al descubierto el deficiente estado del sistema ferroviario que diariamente transporta a millones de personas en Buenos Aires y los municipios cercanos. Los acusados rechazan las imputaciones.

El fiscal Fernando Arrigo pidió 11 años de prisión para Ricardo Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, por presunta "defraudación contra la administración pública... en concurso real con delito de estrago agravado por muerte". Arrigo consideró que el ex funcionario es responsable por las graves irregularidades en la gestión de millones de dólares en subsidios al sistema ferroviario. También solicitó su inhabilitación para la función pública por 10 años.

Al exigir esa pena de cárcel, el fiscal tuvo en cuenta una condena a seis meses de prisión en suspenso que afronta Jaime en el marco de otra causa por la sustracción de documentos de prueba. Arrigo solicitó en tanto 10 años de cárcel para el sucesor de Jaime, Pablo Schiavi, quien renunció en 2013, bajo las mismas imputaciones.

Para Sergio Cirigliano, titular de la empresa Trenes de Buenos Aires que en el momento del siniestro era la concesionaria de la línea ferroviaria Sarmiento, pidió 10 años y 11 meses de cárcel por estrago doloso y administración fraudulenta a raíz del presunto manejo irregular de los subsidios recibidos del Estado. Según el funcionario judicial, ese empresario debió dar "estricto" cumplimiento al contrato de concesión y adoptar "todas aquellas medidas tendientes a revertir el estado del material rodante" que era defectuoso.

Mario Cirigliano, hermano del anterior y quien también ejerció como directivo en la concesionaria, se enfrenta a una a condena a 10 años y seis meses de prisión. Por su parte, para el maquinista Marcos Córdoba el fiscal pidió una pena tres años y ocho meses de cárcel por "estrago culposo agravado por muerte y lesiones".

El fiscal había señalado la víspera que los acusados "fueron funcionales a una misma forma de prestación y conducción del servicio de transporte ferroviario de personas de manera insegura" y que la empresa ferroviaria y su controladora "incumplieron sus obligaciones y ello provocó un deficiente sistema para que los empleados desarrollen las tareas en forma segura".

Aunque el fiscal sostuvo que ante la deficiencia del sistema el maquinista debía guiarse por "sus propios sentidos auditivos o visual, con las inexactitudes que ello implicaba", sostuvo que fue negligente porque "luego de la primera aplicación de freno que obtuvo un bajo valor de desaceleración... no aplicó el freno de emergencia y continuó la marcha hasta la zona de ingreso del andén".

Arrigo destacó que el tren circuló "con exceso de carga... le faltaba un compresor, otro que no funcionaba, con pérdidas excesivas de aire en el sistema neumático de freno", entre otras deficiencias.

El siniestro, que se sumó a otros accidentes menores ocurridos en los últimos años, obligó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández a emprender una reforma del sistema ferroviario.20Minutos.es

Tragedia de Once: Arrigo dijo que el tren del accidente debería haber sido reparado

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La Fiscalía acusó a directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) por las irregularidades y deficiencias en el funcionamiento del ferrocarril Sarmiento, en la continuación de su alegato en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de 51 personas.

El fiscal Fernando Arrigo dedicó su segunda audiencia de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 a advertir sobre la falta de mantenimiento en los trenes del Sarmiento, línea ferroviaria en la que se produjo el siniestro del 22 de febrero de 2012.

"Las formaciones del Sarmiento registraban atraso en las reparaciones", sostuvo, y aseguró que esas irregularidades eran avaladas por ex funcionarios imputados en el juicio, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El representante del Ministerio Público insistió en advertir que los ex funcionarios kirchneristas tenían "la posibilidad de fiscalizar a TBA y ordenarle modificar el servicio" y no lo hicieron.

El fiscal Arrigo apuntó en este sentido al ex responsable de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Eduardo Sícaro, a quien responsabilizó de "omisión deliberada" por no haber "resguardado debidamente los bienes del Estado".

El martes, el fiscal Arrigo inició su alegato apuntando a todos los imputados por la tragedia ferroviaria, y explicó que iba a desglosar sus fundamentos en tres grupos de responsables del siniestro.

El fiscal continuó su alegato, que demandará varias jornadas, fundamentando las bases de su acusación contra los ex funcionarios kirchneristas, los hermanos Mario y Sergio Claudio Cirigliano que estaban al frente de la concesionaria TBA, y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros imputados.

La Fiscalía manifestó su intención de acusar a los funcionarios y empresarios por los delitos de "administración fraudulenta" y "estrago".

Asimismo, atribuyó responsabilidad en el siniestro ferroviario al maquinista Córdoba por su "negligente forma de conducción" del tren chapa 16 que chocó contra el paragolpe del andén 2 de la estación de Once.

Las audiencias por la tragedia de Once seguirán hoy en los tribunales federales de Retiro, donde el fiscal Arrigo continuará con su alegato.

Las cuatro querellas que representan a familiares de víctimas realizaron pedidos divididos de condenas para los 28 imputados. Dos querellas pidieron penas de 22 años para la maquinista por considerarlo el único responsable del siniestro ferroviario.

En tanto, las otras dos querellas consideraron inocente al motorman y reclamaron condenas de hasta 18 años de prisión para ex funcionarios y empresarios de TBA.InfoBae.com

Ex secretario de Transporte declarará este martes por la tragedia ferroviaria de Once

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Juan Pablo Schiavi pidió declarar sobre algunas cuestiones que se dijeron durante el juicio y no tiene previsto contestar preguntas de las partes. Este lunes un perito dijo que los números de TBA eran "muy desordenados". El accidente ocurrido en 2012 provocó 51 muertes

 ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi declarará este martes por segunda vez en el juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once, en la murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, que este lunes cerró la etapa de prueba.

Fuentes judiciales informaron a DyN que Schiavi y otros cuatro acusados, entre ellos el ex funcionario kirchnerista Eduardo Sícaro, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), harán una declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2).

Dos testigos declararon en la audiencia de este lunes y este martes comenzarán las indagatorias de los acusados que pidieron hacerlo, para luego ingresar en la etapa de alegatos en la que la Fiscalía y las querellas pedirán las penas para los acusados por el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.

En la audiencia de este lunes declaró el perito contable oficial Oscar Fernández, quien advirtió que la contabilidad de la empresa TBA "no estaba discriminada, ni por costos ni por línea de trenes. Estaba muy desordenada".

Además de Schiavi y Sícaro, declararán este martes Roque Cirigliano, gerente de material rodante de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA); Carlos Lluch, apoderado de TBA; y Luis Ninona, gerente de la línea Sarmiento de trenes.

Schiavi, quien ocupaba el cargo de secretario de Transporte cuando ocurrió la tragedia, pidió declarar sobre algunas cuestiones que se dijeron durante el juicio y no tiene previsto contestar preguntas de las partes, adelantaron allegados al ex funcionario.

Esta será la segunda vez que el ex secretario de Transporte declara ante el tribunal, dado que lo hizo por primera vez el 21 de abril de 2014 cuando se inició el juicio.

"El secretario de Transporte no tiene potestad para controlar la administración de una concesión. Eso se hace a través de la CNRT. Mi trabajo no era el de auditor el material rodante o si los fondos del Estado eran aplicados. No tenía competencia sobre esto, sí para la supervisión del control, que se hizo y se hizo muy bien", dijo Schiavi en esa oportunidad y agregó: "El Sarmiento no era un sistema de viaje inseguro".

La tragedia de Once ocurrió la mañana del 22 de febrero del 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó con el andén 2 de la estación de Once.

Al día siguiente del accidente, Schiavi dijo que "si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor".

En total 28 personas están siendo juzgadas, entre ellas el ex titular de TBA, el empresario Claudio Cirigliano; el también ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en el cargo; el ex titular de la CNRT Pedro Ochoa Romero; ex gerentes de TBA; y el maquinista que conducía el tren siniestrado, Marcos Córdoba.

El juicio empezó hace un año y cinco meses con 29 acusados, pero en mayo pasado falleció Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario.

Todos están siendo juzgados por los delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación.IPrfoesional.com

Paolo Menghini: "La reconversión ferroviaria se hizo a partir de los 52 muertos de Once"

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A tres años y medio de la Tragedia de Once, terminaron de declarar este lunes los últimos dos testigos en el marco del juicio oral que investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 víctimas fatales y 789 heridos.

La querella apunta a una doble responsabilidad por parte del Gobierno Nacional y de las concesionarias frente a las irregularidades en el control de las contrataciones ferroviarias. Estas anomalías que implican una oscura trama de corrupción entre el exsecretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, y  el extitular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano.

“Consideramos que está absolutamente probado que la tragedia tuvo que ver con el abandono que se hizo en los trenes por parte del Estado y de los concesionarios”,  dijo a NOVA Paolo Menghini, padre de una de las víctimas fatales. Su hijo, Lucas, se encontraba en uno de los vagones de la formación de la línea Sarmiento que chocó con el andén de  la estación “Once de septiembre”.

La condena que se espera es por el delito de estrago doloso seguido de muerte, “ya que existió un abandono con absoluta conciencia de lo que podía generar, llevado adelante por los funcionarios del Gobierno nacional, los hermanos Cirigliano y los gerentes de la línea”, agregó.

En este sentido, si bien desde el Ejecutivo intentaron desde el primer momento deslindarse del incidente –y acusaron a los medios de influenciar la opinión de víctimas y familiares- los denunciantes sostienen que  tiene una inherente participación en el choque mortal: “Los trenes nunca dejaron  de ser estatales: el servicio estaba concesionado, con un contrato que debería haber sido supervisado para que se cumplan las normas de seguridad, inversión y cuidado al pasajero. Si esto lo hubiese hecho el Gobierno Nacional, probablemente la tragedia se hubiera evitado”, disparó Menghini. 

En tanto, el padre de Lucas recordó la condonación del gobierno kirchnerista a las multas de la empresa TBA “que permitieron mantener la concesión”. “El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime tiene causas pendientes con la Justicia por enriquecimiento ilícito de todo orden, incluso hay un juicio penal por dádivas recibidas por los hermanos (Mario, Roque y Sergio) Cirigliano: se trata de un contexto de corrupción muy grande que queda demostrado”, afirmó.

Con respecto a las consecuencias del juicio oral que se lleva a cabo, Menghini opinó que el primer efecto del lamentable episodio fueron los cambios producidos en la industria ferroviaria: “Aunque el Gobierno nunca haya asumido como tal, la reconversión ferroviaria con los trenes nuevos que compraron fue a consecuencia de los 52 muertos de Once: no fue una política de Estado ni una política que se haya definido de ninguna otra manera”, explicó.

“El Gobierno tuvo todo el tiempo y dinero para encararlo, pero decidió hacerlo cuando 52 personas murieron arriba de un tren. Tampoco reconoce la responsabilidad en la tragedia, que para nosotros está absolutamente demostrada”, insistió.

“Lo que esperamos es que a partir de ahora es que gobierne quien gobierne, los encargados de llevar adelante políticas públicas tengan conciencia de que nada bueno sale de los negociados entre los poderes políticos y económicos, y que el Estado tiene que mantener  un control férreo sobre  las concesiones que se hagan, sin ningún tipo de  contemplaciones. Y si hay que sacar concesiones, se sacan y se penalizan.  Esperamos que nunca más la corrupción entre en los despachos y deje librado a su suerte a los usuarios y a los ciudadanos en general”, concluyó.

Los imputados

El juicio oral que investiga las responsabilidades en el choque comenzó en marzo de 2014.  Con las dos declaraciones del lunes habrá pasado por este proceso un total de 216 testigos de los 376 aceptados (el resto fueron desistidos o dados de baja). Se trata de una etapa definitoria, ya que una vez que se hagan algunas ampliaciones declaratorias solicitadas, se pasa a los diez días hábiles previos a los alegatos.

El proceso es encabezado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta. Según informó el Centro de Información Judicial, se encuentran imputados Sergio Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto D’Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, Roque Ángel Cirigliano, José Doce Portas, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Raúl Jaime, Antonio Guillermo Luna, Pedro Ochoa Romero, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Antonio Eduardo Sícaro, Marcos Antonio Córdoba y Mario Francisco Cirigliano.

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio se les imputa a todos, a excepción de Córdoba, los delitos de defraudación contra la administración pública (previsto por el artículos 174 -inciso 5°- en función del 173 -inciso 7°- del Código Penal) y descarrilamiento culposo (196 -primer y segundo párrafos-). Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.NOVAArgentina.com

TBA: del auge de los subsidios a la tragedia que derivó en la quiebra

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Eran otros tiempos. De impecable saco y camisa, aquel 29 de agosto de 2011, el empresario llegó puntual. Tenía que esperar a dos presidentes. Cristina Kirchner y José Mujica se no ahorraron elogios por la iniciativa. Claudio Cirigliano había hecho posible un pequeño sueño de integración. Después de 36 años, un tren argentino cruzaría el río Uruguay para unir Entre Ríos con tierra uruguaya. Subieron al primer vagón y transitaron media hora para cubrir Concordia con Salto. Fue la última vez que la Presidenta viajó en un tren. Y la última que vio en persona al empresario. Hacía ocho años que el transportista era parte del entramado más poderoso del mundo de trenes y colectivos que repartía (y reparte) millones en subsidios. Casi tres años después, el Grupo Cirigliano está más cerca de la agonía por los problemas financieros que del éxtasis de los millones con los que coronó sus épocas de gloria.

La semana pasada, la Justicia en lo Comercial declaró la quiebra de Trenes de Buenos Aires (TBA), la concesionaria ferroviaria que operaba el tren Sarmiento cuando ocurrió la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012. Desde aquel febrero trágico, el mundo cambió para los hermanos Cirigliano, para sus empresas y para sus empleados.

La General Paz fue el lugar elegido por los trabajadores de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) para protestar por los graves problemas que atraviesa el taller ferroviario del grupo. Metros más adentro, sus colegas de la fábrica de colectivos Tecnología Avanzada del Transporte (Tatsa), otra empresa del conglomerado, están llenos de dudas sobre el futuro.

Desde 2012, los hermanos Cirigliano se quedaron sin las concesiones de trenes, quebró TBA, vendieron algunas líneas de colectivos en la Capital, dejaron de operar en Bahía Blanca y en Santa Rosa, La Pampa, y se deshicieron de ómnibus de media distancia que funcionaban bajo la marca Dumas. Emfer, prácticamente, tiene una actividad de subsistencia, y Tatsa es todo interrogantes. Aún mantienen dos empresas de colectivos en Miami, Travelyncx y Red Coach, la primera destinada a alquilar buses y colectivos a turistas, y la segunda, operadora de transporte de pasajeros de media y larga distancia.

Plaza, la empresa de colectivos que fue el origen del grupo, se empezó a achicar en febrero de 2012. En ese momento, los coches rojos funcionaban en Bahía Blanca bajo las líneas 502, 503, 509, 512, 513 517, 518 y 519 A. Había 89 unidades. Algo similar sucedía en Santa Rosa: tenían 30 colectivos con las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En septiembre de 2012, Cirigliano dejó La Pampa, pocos meses después de que se despidiera de Bahía Blanca. "No eran concesiones rentables", dijeron entonces en la compañía. Justo en ese momento TBA dejaba de ser concesionaria de las líneas Sarmiento y Mitre.

"Hasta ese momento, el sistema de empresas funcionaba con una caja única y se podían compensar pérdidas de una con ganancias de otra, o con subsidios", dice una fuente que conoce los números del grupo. TBA recibía de subsidios alrededor de $ 75 millones por mes y recaudaba unos 7 millones por boletos vendidos.

El negocio se derrumbó tras la tragedia de Once. Excepto un puñado de ejecutivos, la planta entera de empleados pasó al Estado, lo que le significó un impresionante ahorro de millones en concepto de indemnizaciones laborales.

En el área metropolitana, también empezó el ajuste. En 2012, Plaza operaba las líneas de colectivos 61, 62, 143, 140, 133, 129, 124 y 114. Alrededor de 50 colectivos que funcionaban en la línea 124 dejaron de hacerlo, y la empresa vendió ese recorrido a los dueños de las actuales líneas 12 y 68.

De acuerdo con lo que surge de la base de datos construida por LA NACION Data, el grupo Plaza recibió desde 2002 subsidios por 2080 millones de pesos, entre pagos en efectivo y compensaciones para comprar gasoil a precio de saldo. A esa cifra hay que sumar otra empresa del grupo, Ecotrans, que opera líneas en el oeste del conurbano, que recibió 1415 millones de pesos más.

Pero el monumental pase de dinero se desaceleró cuando el grupo perdió el favor oficial. En 2012, Plaza y Ecotrans recibieron transferencias de la Secretaría de Transporte de la Nación por $ 484 millones. Al año siguiente, ya sin la operación en Santa Rosa y en Bahía Blanca, la cuenta subió apenas 10 millones y quedó en 494 millones de pesos. Mientras tanto, el promedio de suba de subsidios al transporte era de 24%, según datos oficiales.

Este año la cosa está peor para Plaza. En 2012 recibía, en promedio, $ 40 millones por mes de subsidios y en los primeros cinco meses de 2014 se hizo de un cheque de $ 35 millones. Desde entonces, la inflación fue de por lo menos 60%. Los tiempos cambian...

En retroceso

Emfer dejó de ser el taller ferroviario estrella. De aquel orgullo presidencial por la construcción de los coches de doble piso o las remodelaciones de vagones para el malogrado tren a Uruguay, el rumbo se torció hacia un camino oscuro, con los trabajadores movilizados sobre la avenida General Paz intentando que se muera la empresa.

Dentro de la ex fábrica de tanques, donde funciona el cuartel de la compañía en el límite de la Capital, ya se hicieron algunos cambios. Se separó con tabiques y muros a Emfer de Tatsa, con la idea de operar por separado. Además, aún resuena la promesa del grupo chino que equipó las líneas Mitre y Sarmiento para instalar una planta en el país. Emfer está en medio de los dos ramales, y los chinos siempre miraron con interés el predio. Pero, por ahora, la inversión oriental nunca llegó.

En Tatsa, las cosas no están mejor. En septiembre, la fabricante de colectivos vendió una unidad de su modelo Puma y acumula 11 vendidas en lo que va del año. El mismo mes de 2013 ese número llegaba a 74. En 2012, la terminal Tatsa despachó 176 unidades. Las 11 actuales parecen no alcanzar para mantener la planta.

Atrás quedó la ductilidad de un empresario que aprendió inglés o se inició en el golf para acercarse a Carlos Menem. Y que años después entendió y cumplió a la perfección las particulares reglas que les marcaron Néstor Kirchner y Ricardo Jaime a los transportistas amigos.Los tiempos, sin embargo, cambiaron.

Continúan los juicios civiles

Los juicios civiles por el accidente de Once entablados por los más de 700 heridos o los familiares de las 51 víctimas mortales no corren riesgo y seguirán su curso a pesar de la quiebra de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), decretada la semana pasada, la cual fue apelada. Cada uno de ellos pudo haber iniciado una demanda contra la ex concesionaria, cualquiera de los 29 imputados, el Estado o todos ellos juntos. Si no se levanta la quiebra la firma no estaría en condiciones de hacerse cargo; tampoco sus ex directivos, Mario y Claudio Cirigliano, ya que fueron inhibidos. La presencia del Estado les garantizaría la cobertura, aunque las sentencias, en ese caso, podrían demorarse.La Nación

Los pasajeros del tren siguen sufriendo

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Claudio Cirigliano dice que "algo le pasó al maquinista". Este afirma que el tren no estaba en condiciones. El servicio sigue siendo pésimo.

El accidente ferroviario de Once creó una tangente en la sociedad y la política acerca del servicio de trenes interurbanos. El Gobierno actual empezó a poner manos a la obra de la mano de Florencio Randazzo y los arreglos se ven, aunque la realidad es que no se puede hacer en una gestión lo que no se hizo en medio siglo. Igual, esto no deja exento al kirchnerismo que tuvo diez años de los 50 de la debacle ferroviaria.

Las frecuencias son pésimas, los trenes suelen dejar de funcionar y no hay seguridad en los andenes. Muchas veces se viaja con las puertas abiertas, o por que no cierran o por que los mismos pasajeros las traban. El hecho de viajar como ganado es casi una normalidad cuando el tren tarda 20 minutos en venir en un día laboral. Ellos son prisioneros de la corrupción de los últimos años y la negligencia militar por derrumbar lo hecho por Perón en su gestión, por el sólo hecho de que fue él quién lo hizo.

La bronca e impotencia que deben sentir los familiares de las víctimas es algo que no le debería ocurrir a nadie. Escuchar una y otra vez a los culpables de la pérdida de un ser querido pasándose la culpa, sin tener en claro que pasó realmente. Cirigliano y los funcionarios K apuntan al maquinista para excusarse de las cosas que estaban mal. El maquinista, que no se sabe si actuó bien o no, apunta a la empresa. Pero el tren andaba cada vez peor.

Tuvo que ocurrir una tragedia, como casi siempre nos pasa a los argentinos, para que nos toque en el fondo y reaccionemos. Tarde. Se perdieron 51 vidas cuando se pudo haber prevenido, pero la corrupción de unos pocos pudo más. Ahora tenemos la misión de salvar a los trenes, reactivar los ramales, arreglar las vías, poner en marcha los planes que nunca se concretaron.

En un país tan extenso como es la Argentina no podemos darnos el lujo de vivir sin trenes. Los pasajes de avión son caros para la mayoría de la población y en los micros se tarda una eternidad. El ferrocarril es una herramienta para pasajeros y cargas que puede generar muchas cosas positivas como empleo, pueblos y conectividad. Ya quedó demostrado cuando Perón y sus Ferrocarriles Argentinos eran la octava red ferroviaria del mundo con casi 100 mil kilómetros de rieles.

Los planes actuales del Gobierno son buenos, pero no van a lograr un efecto a corto plazo. Además, si llega a haber cambio de mandatarios habría que ver si mantienen esta política, algo que siempre hubo en nuestro país: destruir lo creado por el otro. Al igual que pasó con el tranvía, el tren casi tuvo su mismo final. Sin embargo, una tragedia, lamentablemente, lo impidió.

El plan ahora debería ser tener una red que conecte a todo el país, con servicios diarios o semanales. ¿Por qué no se puede tener una red como en Europa, donde todos los países están conectados entre sí, en Argentina? Lo tuvimos, ahora hay que volver a recuperarlo, mientras los culpables de la debacle de nuestros trenes se limpian las manos para salvarse a sí mismos.DiarioVeloz.com

Los Cirigliano se desprendieron de la fábrica de trenes la empresa EMFER S.A.

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Los empresarios Mario y Claudio Cirigliano, procesados y a punto de ser juzgados como responsables por las 51 muertes del choque del tren Sarmiento en la estación Once hace dos años, informaron al Gobierno que vendieron su fábrica de vagones EMFER S.A., que perdió atractivo comercial para el grupo desde que le quitaron la concesión del ferrocarril Sarmiento.

Aunque no confirmaron el comprador, los contratistas –que aún administran al menos 30 líneas de colectivos, compañías de seguros, aviación y ómnibus de larga distancia– dejaron de pagar los sueldos de sus 340 operarios y amenazaron con seguir incumpliendo si el Estado no se hace cargo de sus quebrantos.

Vista de las instalaciones de EMFER S.A.

La crisis de EMFER, una fábrica que perteneció a Fabricaciones Militares hasta la privatización del ferrocarril, fue in crescendo durante los últimos dos años. El viernes pasado volvió ser noticia cuando los obreros decidieron cortar la General Paz en la hora pico de la mañana, tras varias demoras en el cobro de sus quincenas. Por la noche los delegados de los trabajadores y de la compañía fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quienes escucharon la confirmación de la venta de boca de su gerente, Vicente Sansalvador.

El comprador, según fuentes de la industria, es el gigante chino CSR, proveedor de los vagones que empezaron a llegar la semana pasada a Buenos Aires para la línea que une Once con Moreno. Pero según dijo Sansalvador a Tomada en la reunión del viernes, la operación se pactó partiendo de que “la fábrica puede funcionar con 50 personas”. Los delegados sindicales, nucleados en la UOM, sospechan que también puede tratarse de una operación para encubrir a los verdaderos accionistas tras testaferros antes del inicio del juicio oral por la tragedia de Once.

Las negociaciones se retomarán hoy en el Ministerio de Trabajo, pero Sansalvador aclaró que la empresa está “en crisis estructural” y que el incumplimiento en el pago de salarios puede repetirse en el futuro inmediato. Para evitarlo, el gerente exigió que el Estado apure el pago de una partida de ómnibus que le encargó a su empresa gemela –TATSA, que funciona en el mismo predio de General Paz y Migueletes– para el Ministerio de Educación. Delante de los delegados sindicales, Capitanich le encargó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que acelere su liquidación.

Del encuentro del viernes no surgió ningún acta ni acuerdo, pero los gremialistas se comprometieron a no interrumpir el tránsito ni el trabajo en la planta al menos hasta mañana. Tomada propuso informalmente que una parte de los trabajadores sean absorbidos por la línea Sarmiento, la única íntegramente operada por el Estado, pero los empleados no tienen garantías de la continuidad en sus puestos de trabajo.

Pocos días después de la tragedia de Once, los obreros de  EMFER denunciaron que en la planta de San Martín habían sido incinerados en un volquete cientos de documentos y balances de los Cirigliano, que la Justicia buscaba para establecer la ruta de los subsidios entregados por el Estado. El dato, publicado en exclusiva por BAE Negocios, abrió una nueva línea de investigación judicial sobre la presunta malversación de esos fondos.Por Alejandro Bercovich (BAE Negocios)

TRAGEDIA DE ONCE: LA JUSTICIA INSPECCIONARÁ EL TREN ANTES DEL INICIO DEL JUICIO ORAL

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A dos años del choque que provocó la muerte de 51 personas y que dejó más de 700 heridos comenzará el proceso en el Tribunal Oral Federal N° 2. En la causa serán juzgados los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el ex titular de TBA, Claudio Cirigliano

La Justicia inspeccionará el tren que en febrero del 2012 chocó contra la estación de Once y que provocó 51 muertes antes del inicio del juicio oral del caso en el que serán juzgados los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso que el martes a las 10:30 horas se realice la inspección judicial al tren que se encuentra en los talleres del barrio de Villa Luro de la línea Sarmiento, ubicados en Irigiyogen 198.

El tribunal informó de su decisión a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y a la División Sarmiento de la Policía Federal, organismos a los que les solicitó colaboración para realizar la inspección.

La medida fue ordenada un mes antes del inicio del juicio oral que comenzará el 18 de marzo. La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la estación y provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos.

Por el hecho fueron enviados a juicio oral 29 personas, entre ellas Jaime y Schiavi, el ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, y el maquinista del tren que chocó, Marcos Antonio Córdoba, quienes serán juzgados por los delitos de estrago culposo y defraudación contra la administración pública.IProfesional.com

ESCRACHE DE TRABAJADORES DE EMFER S.A. A CLAUDIO CIRIGLIANO

GREMIALES

Redacción CRÓNICA FERROVIARIA

La Comisión Interna de la empresa EMFER S.A. informa que mañana a las 15,00 horas los trabajadores de dicha empresa se concentrarán en la intersección de Tagle y Avda. del Libertador, donde "realizarán un escrache frente al domicilio de Claudio Cirigliano, impulsor de las causas iniciadas contra los trabajadores por aportar pruebas a la justicia en la Causa de Once. Otras delegaciones, comisiones y juntas internas acompañarán el reclamo por el desprocesamiento de los compañeros y contra el embargo a uno de ellos".

Alfredo Luque señaló: “Estas prácticas lejos de amedrentarnos  nos fortalecen en la pelea contra los Cirigliano, empresarios corruptos, que el gobierno apoya y financió durante tanto tiempo. Por eso, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir dando pelea hasta lograr frenar el desafuero y desprocesar a todos los compañeros”.

TRAGEDIA DE ONCE: RECHAZAN RECURSOS PARA RETRASAR EL JUICIO

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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó varios recursos presentados por los exfuncionarios y empresarios procesados por la tragedia ferroviaria de Once, quienes pretendían retrasar el inicio del juicio oral y público.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky rechazaron un recurso extraordinario presentado por el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime contra su procesamiento y por el cual pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, el Tribunal rechazó el recurso presentado por el exinterventor en la Comisión Nacional de Regulación del transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y por el expresidente de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Carlo Ferrari; así como una nulidad interpuesta por el abogado de la exconcesionaria Carlos Alberto Lluch.

También la Casación rechazó una recusación contra el juez Claudio Bonadio a raíz del desdoblamiento que tuvo la causa ya que éste juez investigó el caso en particular, y a su vez su par Sebastián Ramos fue designado para hacerse cargo de la pesquisa sobre las supuestas irregularidades en los subsidios que el Estado otorgaba a TBA.

La causa que también tiene como imputado al otro exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi; al motorman Antonio Córdoba y a los empresarios Mario y Claudio Sergio Cirigliano, está camino a juicio oral y sólo resta que el Tribunal Oral Federal 2 fije fecha de juicio oral y público.

En la causa hay varios imputados, además de exfuncionarios del área de Transporte, también todo el directorio de la firma TBA, que tenía la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento y le fue revocada por el Gobierno ni bien tuvo lugar el accidente que le costó la vida a 51 personas.

Fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas aseguraron que el Tribunal evalúa realizar el juicio a fines de este año o bien a principios de 2014.Ámbito

UN NUEVO RECHAZO

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo del Estado nacional para que la Corte Suprema analice si puede ser querellante en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. La negativa se suma a la decisión de la Sala III, que había avalado la negativa de la Cámara Federal a aceptar que el Ministerio de Planificación Federal fuera parte del expediente. Tras este nuevo rechazo, en este caso de un recurso extraordinario, el Gobierno podría acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de queja.

En el juicio por el choque del tren de la línea Sarmiento contra la estación de Once, producido el 22 de febrero de 2012 y que provocó 51 muertes, el Estado había intentado tener parte activa previamente. De haber sido admitido como querellante en la causa el Ministerio de Planificación Federal, el Estado nacional podría haberse convertido en parte del expediente, proponer medidas de prueba y testigos.

Sin embargo, los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi rechazaron el recurso extraordinario con el que el Estado esperaba llegar a la instancia de la Corte Suprema. De todos modos, tras el rechazo, el Gobierno podría acudir directamente al máximo tribunal a través de un recurso de queja.

Por la tragedia de Once fueron enviados a juicio oral unos 30 acusados, entre ellos los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano y el maquinista de la formación siniestrada, Marcos Córdoba.

El jueves de la semana pasada, en un aniversario de la tragedia, familiares de las víctimas renovaron su reclamo de justicia y pidieron el “urgente” inicio del juicio oral, al advertir que “no hay nadie detenido” en la causa por el accidente ferroviario. También insistieron en responsabilizar al gobierno nacional y a la empresa TBA por el choque, y aseguraron que van “a luchar hasta ver a los responsables de la masacre entre rejas”.Página12