José Pedraza, el hombre que maneja los destinos gremiales de los trabajadores del ferrocarril desde hace un cuarto de siglo, despertó este martes extrañado por el ruido del timbre: era demasiado temprano para que sonara. La oscuridad dominaba el cielo, no había terminado todavía la madrugada. El personal de servicio que atendió el portero eléctrico vio por la cámara que los visitantes vestían uniforme de policías. Con cierto temor, se aproximaron a la habitación del dueño de casa y le informaron que lo buscaban miembros de la una fuerza de seguridad. Pedraza les dijo que les abrieran y lo esperaran. Desde su ventana en el octavo piso del lujoso edificio El Faro –que queda en Puerto Madero y está valuado en un millón de dólares–, miró una vez más el Río de la Plata. Tal vez haya pensado que siempre llega un momento en el que se acaba la impunidad. O tal vez recordó sus inicios en el sindicalismo, cuando formaba parte de la CGT de los Argentinos, un reagrupamiento gremial combativo. Quizá pensó que si no hubiera transformado sus ideas y acciones en las opuestas a las que levantaba en aquel entonces, no sería lo que en ese momento era: un hombre a punto de perder la libertad. Se vistió y recibió a las madrugadoras visitas, que le informaron que debía acompañarlas, que estaba detenido. Pedraza extendió sus manos, que desde hace varios años muestran un temblor constante, para que le pusieran las esposas.
Cuatro meses atrás, exactamente el 20 de octubre de 2010, un ataque de la patota reclutada por la Unión Ferroviaria entre trabajadores de los Talleres de Remedios de Escalada, en Lanús, y barrabravas había dejado un saldo de un muerto y tres heridos de bala en las solitarias calles del barrio de Barracas. Mariano Ferreyra no resistió la herida que el disparo le había producido en un pulmón y falleció apenas llegaba al Hospital Argerich, en La Boca. Elsa Rodríguez ingresaba en coma debido a una bala que le había pegado en la nuca. Nelson Aguirre y Ariel Pintos habían sido heridos también con proyectiles de plomo. Todos pertenecían al Partido Obrero, que se había manifestado junto a trabajadores tercerizados del ferrocarril que exigían la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente. El sindicato había decidido impedir la protesta planificada por los tercerizados, que consistía en cortar las vías del Ferrocarril Roca, pero también había decidido hacer tronar el escarmiento: debía actuarse con la mayor firmeza, incluso emplear armas de fuego y, es más, tirar a matar, si era necesario, para que los tercerizados aprendieran. Para que no insistieran más con su reclamo. Para que no interfirieran en los negocios que se realizan a costa del Estado en el ferrocarril.La cronología del crimen lleva la impronta de los negocios violentos. En mayo de 2007 se quitó la concesión de la línea Roca a la empresa Metropolitano, de Sergio Taselli, después de unos violentos incidentes causados por pasajeros furiosos por el mal funcionamiento del servicio. El Roca se incorporó a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), una empresa en la que las antiguas concesionarias de los trenes se asociaban al Estado para administrar el servicio. La particularidad de la nueva sociedad anónima residía en que la Secretaría de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario enviarían fondos estatales para pagar los sueldos de las antiguas empresas concesionarias. Metrovías, Ferrovías y TBA comenzarían un período de acumulación de ganancias que se sumarían a los subsidios que recibían por parte del Estado en el precio de cada boleto. Pronto una nueva carga se sumaría a los compromisos estatales.
El 16 de octubre de 2007 José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria, concurrieron al Ministerio de Trabajo para firmar un documento que permitía el ingreso de empresas tercerizadas al ámbito del ferrocarril. Taselli había intentado varias veces introducir esta manera empresarial de precarización de las condiciones de trabajo: las tareas del trabajador de una empresa madre eran trasladadas a otra compañía especializada en la función, cuyos empleados podrían encuadrarse en convenios diferentes a los que correspondía y con salarios sustancialmente más bajos. Sin embargo, cada intento de precarizar a los trabajadores por parte de Taselli había fracasado. El convenio firmado por los sindicalistas permitió el reingreso triunfal de las tercerizadas. Y los directivos de la Unión Ferroviaria también ingresaron al negocio.
Previsores, los sindicalistas conformaron su empresa en mayo de 2007, meses antes de permitir el ingreso de ese tipo de compañías al ferrocarril. Designaron como presidente a Raúl Castellano, secretario de Medios de la Unión Ferroviaria. El vicepresidente es Armando Matarazzo, secretario de Finanzas del sindicato, y el secretario, Domingo Galeano, secretario de Emprendimientos Laborales. Los sueldos que los dirigentes les pagan a los tercerizados equivalen a la mitad del salario de un trabajador convencionado, adhieren al régimen de monotributo, no poseen ART, no cobran aguinaldo, no tienen vacaciones pagas ni días por enfermedad, tampoco se les realizan aportes jubilatorios ni de asignaciones familiares. Sin embargo, son obligados a afiliarse a la Unión Ferroviaria y se les informa que su delegado es Pablo Díaz, el hombre que, según sospecha la Justicia, dirigió el ataque de la patota contra los tercerizados aquel 20 de octubre.
Las constancias que obran en el expediente muestran que Díaz se comunicaba permanentemente con “El Gallego” Fernández para explicarle el minuto a minuto de su acción. También fue Díaz quien habló con Cristian Favale para que asistiera con un grupo de barras a atacar a los tercerizados. Favale está acusado de haber sido el tirador que mató a Ferreyra.
Mientras una bala perforaba un pulmón de Mariano Ferreyra y lo conducía a la muerte, Pedraza y Fernández participaban de LatinRieles 2010, un evento que no congregaba a los obreros del ferrocarril, sino a empresarios. Mientras Elsa Rodríguez era herida en la cabeza y caía en estado de coma, Pedraza y Fernández compartían ponencias, coffee breaks, lunchs y almuerzos de trabajo con ejecutivos de las empresas tercerizadas. Entre los auspiciantes de la reunión sindical/empresarial se encontraban las tercerizadas Emepa, Emfer, Materfer, Benito Roggio Ferroingeniería, Comsa y Herso. La postal habla por sí sola; sin embargo, decidieron hacerla explícita. En el afiche del congreso, a continuación de la leyenda “Acompañan a LatinRieles 2010 las siguientes empresas”, figuraba, en primer lugar, el logo de la Unión Ferroviaria. No se trató de un error de caracterización, sino el reflejo de la transformación de una organización gremial en una asociación comercial con tintes mafiosos. (Fuente: El Argentino Por: Por Diego Rojas)
